SUMARIO
1- Los números de Kirchner
2- El vice que se viene
3- Es palabra de Carlotto
4- Los antecedentes de los policías K
5- Gatillo fácil en Santa Fe
6- Los peritos de García Belsunce
7- Represión a trabajadores en Moreno y La Plata
8- Próximas actividades
LOS NÚMEROS DE KIRCHNER
Se han cumplido 4 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Un aniversario plagado de informes y números -algunos calculados al estilo INDEC- para sostener la inminente campaña electoral presidencial. Pero hay números que se silencian, que se callan, porque son los que señalan la naturaleza represora del gobierno. Los números de la represión; los que año a año CORREPI denuncia en Plaza de Mayo; los que demuestran sin margen para la duda que este gobierno supera a sus antecesores en mucho, por lo menos en lo que hace al alcance nacional del gatillo fácil, de la tortura, de las muertes en cárceles y comisarías.
El 15 de diciembre de 2006 decíamos en la Presentación del Archivo de Casos: “Desde el 25 de mayo de 2003, el actual gobierno, que gusta definirse como EL GOBIERNO DE LOS DDHH, ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 635 personas, sosteniendo en estos 42 meses el promedio -que ningún gobierno anterior tuvo- de un muerto día por medio”. Hoy, y sólo a partir de los casos de los que hemos tomado conocimiento sin realizar todavía la búsqueda activa de datos que precede cada actualización del Archivo, denunciamos que en los escasos cinco meses transcurridos desde ese día en la Plaza de Mayo, esa cifra ha crecido a 692.
Que se entienda: seiscientas noventa y dos personas, la mayoría menores de 25 años, la casi totalidad pobres, asesinadas por el aparato represivo del estado. Un promedio de 173 por año, quince por mes. Un pibe fusilado o torturado hasta morir día por medio en la Argentina.
Esos son los números de la gestión K, los números del disciplinamiento social.
EL VICE QUE SE VIENE
Había expectativas periodísticas fuertes respecto del acto en Mendoza por el cuarto aniversario del kirchnerismo, disfrazado de “acto patrio”. Todo indicaba que se podía lanzar la fórmula presidencial para octubre. El lugar elegido no era casual. Es la provincia del que suena como el acompañante del “pingüino o pingüina”, qué más da, de la sucesión oficialista.
No hubo anuncios directos, pero Kirchner levantó los brazos de su señora esposa y del gobernador de Mendoza, el radical K. Julio Cobos, haciendo un claro guiño a las versiones. Y ahí es donde resulta interesante destacar el perfil en materia de DDHH de este último, en previsión de lo que se puede venir.
No hace falta remontarnos a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las penitenciarías de esa provincia y las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para descubrir el tratamiento inhumano y degradante que el ejecutivo mendocino brinda a los presos detenidos en dichas cárceles, o al abultado índice de muertes por gatillo fácil en los barrios de la provincia “del sol y el buen vino”.
Basta con prestar atención a la política de violación a los derechos humanos que ha propugnado Cobos como gobernador, ahorita nomás, al inaugurar las sesiones parlamentarias. Entre otras medidas blumberguianas, Cobos anunció que se propone ampliar las posibilidades de escuchas telefónicas por parte de la policía y endurecer el régimen de excarcelación. A tono con estas propuestas legislativas, Cobos y su gabinete vomitaron una serie de diatribas tan de estilo ruckaufista que sólo les faltó pedir el “meta bala”.
En la apertura de sesiones, el vice que se viene llegó a decir Hay que trabajar en la prevención, así sea poniendo límites a los derechos, o sea cualquier cosa con tal de “combatir al delito”. Su ministro de seguridad Cornejo fue más lejos y confesó “vamos a actuar al filo de la ley”. Dicho de otro modo, vamos a detener arbitrariamente, vamos a torturar, vamos a fusilar. Fue tan fascista el discurso que el CELS -de buena llegada a la casa rosada- salió a cruzar al aspirante K., y en una carta a Kirchner su presidente Horacio Verbisky criticó las reiteradas declaraciones oficiales que presentan a los derechos como obstáculos a sus políticas de seguridad y que incluyen elementos propios de discursos marcadamente autoritarios”.
La iniciativa del futuro vice pretendía ampliar las facultades policiales para detener personas, borrar del mapa procesal las posibilidades de excarcelación y expandir la prisiones preventivas, esto en la provincia, recordemos, con mayor déficit carcelario del país. Por otro lado, autorizaba las pinchaduras telefónicas de manera preventiva antes de que se cometiera un delito, es decir, “por las dudas”, la policía podría escuchar las intimidades de “un sujeto sospechoso”.
Si bien el proyecto de la ley de excarcelaciones fue modificado y se lo envió a una comisión del Senado donde permanecerá varios meses antes de ser tratado, y el de escuchas fue aprobado con cambios en su redacción que le quitaron parte de la dureza que el gobierno local pretendía darle, lo cierto que el radical K muestra la hilacha, y si se frenaron esas iniciativas fue por mejor análisis de sus jefes nacionales.
Sumemos a la gestión K la gestión mendocina, y tendremos una idea de lo que se viene. Los últimos meses en Santa Cruz son una pequeña muestra.
ES PALABRA DE CARLOTTO
En la página 8 de la edición del 27 de mayo de Clarín, en una nota que habla de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, hay palabras alusivas de Doña Estela Barnes de Carlotto, quien dijo “Seguramente Cristina será la candidata y en derechos humanos no va a cambiar”.
Coincidimos. No va a cambiar la política del gobierno en materia de DDHH. Faltando apenas meses para que se vaya el marido hay casi 700 muertos por la violencia policial; Julio López sigue sin aparecer; la tortura es aplicada sistemáticamente en comisarías y cárceles; este ha sido el gobierno con mayor número de presos políticos. Carlotto y unos cuantos más, que no ignoran todo eso, siguen sosteniendo que éste es el gobierno de los DDHH. ¿Para que cambiar, no es cierto?.
LOS ANTECEDENTES DE LOS POLICÍAS K
El 9 de mayo, la policía santacruceña reprimió a los empleados municipales, con un saldo de 16 personas heridas, entre ellas, Miguel Aranda, empleado municipal riogalleguense desde hace 12 años, que recibió un itacazo que le destrozó el pie. Debió ser trasladado a Buenos Aires y actualmente los médicos que lo atienden están haciendo lo imposible para no amputarle los dedos. El policía que le disparó a una cuadra del edificio municipal, gritó mientras apretaba el gatillo, “esto va por Kirchner”.
De acuerdo a la investigación del diario Perfil, se trata del oficial Jesús Moroso, un efectivo policial que fue trasladado de un lugar a otro de la provincia por su “costumbre” de torturar a cuanto desafortunado pasara por sus manos. Una vez más, no hace falta ser Sobisch para conservar en sus fuerzas represores valiosos a la hora de “guardar el orden público”.
GATILLO FÁCIL EN SANTA FE
Otra vez Santa Fe, la gobernada por el ex montonero Obeid. Otro gatillo fácil para conservar el lugar de la policía más fusiladora del país. Pablo Espíndola, un joven de 25 años, recibió el viernes 24 de mayo un disparo en la cabeza efectuado por un cabo de la policía santafesina en la zona sur de Rosario. El domingo 27 falleció.
Alrededor de las 11.30 el muchacho fue recriminado por un suboficial de la Patrulla Urbana, cuya hija mantenía una relación amorosa con el hermano del joven. Se armó una discusión y el policía, por supuesto, la finalizó con su arma reglamentaria. El disparo ingresó por la zona occipital derecha, es decir, la nuca. Espíndola quedó tendido en el suelo, mientras que el policía, cuya identidad no se informó, persiguió al hermano del herido, que logró huir en una motocicleta.
Testigos del hecho intentaron, con muestras de indignación, incendiar el automóvil del suboficial, aunque la policía logró contenerlos. El efectivo fue detenido y trasladado a la Comisaría 19, donde quedó a disposición de la jueza de instrucción penal de turno, Alejandra Rodenas, que estará a estas horas inventando alguna excusa para excarcelarlo.
LOS PERITOS DE GARCÍA BELSUNCE
El primer crimen del country ha estado signado por la impunidad desde el principio, pues una familia tan “bien” no podía estar involucrada en un homicidio. Mil veces hemos señalado la funcional aplicación de la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires, donde el que roba un teléfono celular puede pasar años a la sombra, mientras que el viudo Carrascosa, acusado por homicidio calificado, goza de los beneficios de la excarcelación.
Entre los que favorecieron esa inmunidad de clase, estuvieron sus paquetísimos abogados, encabezados por el interlocutor preferido de Neustadt y Grondona, el Dr. José L. Scelzi. Este letrado ya ganó un lugarcito en nuestra galería de “Abogados de Represores” que se puede consultar en nuestra página web. Esta semana, la defensa de Carrascosa exhibió en la audiencia a sus consultores técnicos, los peritos privados que utilizó la familia para encubrirse. Uno de los que declaró, profusamente cubierto por los medios que una vez más probaron su corta memoria, es nuestro viejo conocido Edgardo Hugo Russo, ex comisario de la federal.
Russo, retirado ya de la PFA, aporta hoy sus conocimientos adquiridos como comisario de la policía científica a la empresa de asesoramiento pericial y de seguridad que dirige su cuñado, el criminólogo Raúl Torre, y fue la estrella de la jornada al tratar de poner en tela de juicio la cadena de custodia de las muestras de piel de la víctima antes de la famosa pericia conocida como “la de la gotita”. Claro que no se preocupaba tanto el comisario Russo por la conservación de evidencia cuando era policía. Más bien su especialidad era la “creatividad” en materia de plantado de pruebas, como se investigó en una causa del juzgado de instrucción nº 15 hace unos años, cuando Russo era titular de la 36ª.
Pero eso es lo de menos en el legajo (¿o deberíamos decir prontuario?) del comisario Edgardo Russo. Cuando era subcomisario de la 52ª, allá por mayo de 2000, le puso una bala de punta hueca en el cuello al trabajador peruano Tomás Llancari Núñez porque le resultó “sospechoso”. Digamos de paso que el hombre no usó la reglamentaria, sino una sofisticada Walther P99 calibre 40, la misma de James Bond, y que a lo largo de esa causa, fue defendido por el ex juez y ex camarista federal de San Martín, Fernando Archimbal, quien supo ser defensor de Erman González y Emir Yoma, y que, según Página/12 (27/04/01) está “largamente vinculado con la SIDE, comparte su estudio jurídico con otro abogado que presta servicios para la central de espionaje nativa: Mario Bissoni, que arribó a la SIDE de la mano del ex Señor 5 … el ex banquero Fernando de Santibañes”.
La esposa del comisario Russo es María Rosa Torre de Russo, relatora y amiga desde hace años del camarista Mario Filosof, quien no se privó de presionar a sus colegas a cargo de la causa Llancari para lograr el sobreseimiento de Russo, que fue dictado sucesivamente y a pesar de nuestros esfuerzos por los jueces Rodríguez Lubary, Calvete, y luego la Cámara del Crimen, entendiendo todos que un balazo con las prohibidas balas de punta hueca en el cuello del inmigrante fue un claro ejercicio de la legítima defensa.
Como dice la sabiduría popular, “dime con quién andas, y te diré quién eres”. O dime quiénes son tus peritos…
REPRESIÓN A TRABAJADORES EN MORENO Y LA PLATA
El 25 de mayo la empresa Fargo de Moreno despidió a trabajadores organizados para luchar por el salario y las condiciones laborales. La protesta de los trabajadores frente a la puerta de la planta, en la intersección de las rutas 197 y 24, Moreno, fue reprimida por la policía, con el saldo de dos detenidos, los compañeros Julio Guidiño y Gabriel Morales, acusados de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad.
Ambos permanecen detenidos en la comisaría 1ª de Moreno, y el lunes serán indagados en Mercedes, donde serán asistidos por los abogados de Apel. Mientras tanto, los trabajadores de Fargo siguen de paro.
Por otro lado en la localidad de Lisandro Olmos, en las afueras de La Plata, los trabajadores de la empresa textil Mafissa mantienen tomada la fábrica desde el martes reclamando $2300 de salario, la reincorporación de todos los despedidos y la efectivización de todos los contratados. Desde el primer momento, un operativo conformado por unos 200 efectivos de la infantería de la policía bonaerense rodeó la fábrica esperando la orden de desalojo por parte del Juez Melazzo. Mientras, los efectivos intentaron provocar la reacción de los trabajadores que mantienen la toma con insultos y gestos. Desde que se inició el conflicto, ya se ha hecho costumbre para los trabajadores la persecución por las calles del barrio cercana a la fábrica por parte de agentes de civil (en algunas ocasiones disfrazados de linyeras) con el claro objetivo de amedrentar y debilitar la convicción y fortaleza de los luchadores organizados.
Como siempre señalamos, en el proceso de criminalización de los sectores en lucha participan necesariamente los medios de comunicación, construyendo la ilegitimidad del reclamo. La prensa local difundió diversas versiones de que los trabajadores estarían rompiendo y robándose maquinaria e insumos de la fábrica para justificar el desalojo, llegando al punto inverosímil de que en los días de mayor tensión, el diario El Plata, publicó diversos contenidos según la zona: en los ejemplares que llegaron a la localidad de Olmos la nota sobre la toma de Mafissa había sido reemplazada por otra con el fin de desinformar a los vecinos de la planta sobre lo que estaba ocurriendo en su barrio.
Maffisa, que exporta gran parte de su producción textil y cobra en dólares o euros, hace oídos sordos al reclamo de los trabajadores. Y la respuesta del Estado para aquellos que se resisten a los despidos o reclaman un aumento para poder llegar a fin de mes al ritmo de la inflación es la de siempre: persecuciones, presencia policial; y cuando la situación se pone tensa, las balas, los gases, los palos y las detenciones.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Jueves 7 de junio, 19:00, charla sobre situación represiva a 4 años de gestión kirchnerista a cargo de la compañera María del Carmen Verdú en la Facultad de Filosofía y Letras, Puán 470. Organiza Agrup. Norberto Blanco.
Viernes 8 de junio, 20:00, charla sobre derecho contravencional a cargo del compañero Daniel Stragá en la Facultad de Derecho, Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Aula de Extensión nº 1. Organiza CORREPI.
Viernes 20 de junio, desde las 12:00, gran locro organizado por Familiares en CORREPI de Zona Oeste. Bradley y Jufré, Villa Tesei, a cuatro cuadras de Av. Vergara y 5 minutos de Estación Morón (colectivo 463 ramales 3 y 4).
En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.
CORREPI