CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LEY ANTITERRORISTA
En medio de la campaña por la intendencia de Buenos Aires, donde algunos como Carlotto hablan de tienen “convicciones” y por eso votan al candidato kirchnerista y otros lo hacen para que no gane la “derecha”, los diputados kirchneristas consumaron un nuevo capítulo de las relaciones carnales epoca II (o KK) y aprobaron la nueva ley antiterrorista. Debe destacarse que los K no estuvieron solos, sino que fueron entusiastamente apoyados, casualmente, por los diputados macristas y del radicalismo, juntándose -incluyendo a los diputados oficiales- diferentes versiones de la derecha.

CORREPI se pronunció reiteradamente acerca de esta medida represiva, que obviamente será utilizada para criminalizar a la protesta pública y para meter presos a los que resistan las impopulares medidas que cualquier gobierno de derecha impone. Lo que se debe resaltar es que esta iniciativa responde a la imposición del Departamento de Estado yanqui sobre la política internacional de este gobierno, bajo la amenaza de que Argentina sea “certificado” por los lobbistas republicanos del “Grupo de Acción Financiera Internacional” como “país inseguro” para las inversiones internacionales.

Por eso dijimos en nuestro comunicado “Este es un gobierno que cumple con lo prometido. Obedece al imperio mantiendo tropas en Haití, promueve y vota las leyes necesarias para combatir la organización y las luchas de los pueblos. Es el mismo gobierno que desobedece una condena de la Corte IDH para que su policía no pierda la facultad de detener personas arbitrariamente, el mismo gobierno que tiene presos políticos y que nos mata un pibe día por medio con el gatillo fácil y la tortura. Obediente de los yanquis, represor y de derecha”.

GATILLO FÁCIL FEDERAL EN EL ANIVERSARIO
El 25 de mayo pasado, mientras el presidente celebraba sus cuatro años de mandato, la familia Juárez estaba en su casa del barrio de Tribunales, como cualquier familia en cualquier feriado. Visita de los hijos mayores con los nietos, charla intrascendente, unos mates, alguna factura. Cerca de las siete de la tarde, Sergio, de 19 años, dijo “viejo, me voy a juntar con los pibes”. Salió. Apenas unos minutos después una vecina tocó el timbre. “Venga pronto, algo le pasó al Sergio, acá a la vuelta”. Cuando Juárez llegó a la calle Lavalle al 1400 vio a su hijo tendido en el piso, cubierto de sangre. Lo atajaron policías de la 3ª. “A un boludo de la brigada se le escapó un tiro” fue la explicación. Toda esa noche y el día siguiente, los médicos trataron de salvarlo. En la mañana del 27 de mayo murió.

La versión policial, recogida en la causa judicial que el juez delegó a la fiscalía de turno, explica que minutos después de las 19:00 Mario Maidana, integrante de la brigada de la comisaría 3ª, iba -obviamente de civil- hacia 9 de Julio y Corrientes. Había sido “desplazado por la superioridad a la zona del obelisco con motivo de una movilización de hinchas del club River Plate”. Cerca de la esquina de Talcahuano y Lavalle, vio una moto que “le resultó sospechosa porque tenía un calco con una hojita de marihuana”. No queda muy claro cómo fue que intervino, pero lo cierto es que según el policía, el conductor de la moto, al verlo, aceleró y huyó, mientras que otro muchacho que estaba a pie salió corriendo. Maidana lo persiguió hasta Lavalle al 1400, es decir una cuadra y media, donde “el caco mostró señales de cansacio” y se detuvo. A partir de ahí hay un confuso relato de un forcejeo, en el curso del cual “se produjo un disparo del arma reglamentaria del funcionario, que impactó en la cabeza del masculino”.

La autopsia reveló que el proyectil 9 mm ingresó en el cráneo del joven sobre la ceja derecha, a menos de 50 cm. de distancia, y con una leve trayectoria de arriba hacia abajo. Sergio Juárez medía más de 1,85. El policía, aclaremos, no mide 2,10 m. Curiosa trayectoria.

Por supuesto que la causa no está caratulada como homicidio, ni el policía está detenido. Lo que la fiscalía está investigando es la denuncia de un empleado de un restaurante de Corrientes al 1200 (la Trattoria Il Gatto), que dijo que le rompieron el vidrio de su Fiat 147 estacionado sobre la calle Talcahuano, y le robaron el pasacassette que había dejado sobre el asiento. Sergio Juárez, el muerto, está imputado por el robo. El Sr. Juárez se presentó esta semana como querellante, patrocinado por CORREPI, imputando al policía por homicidio calificado.

No hay armas secuestradas al fallecido, seguramente porque la suerte quiso que antes de que llegara el primer patrullero de la 3ª, pasara por el lugar un policía de la 7ª que venía de Retiro, y que sin saber que el civil armado que acababa de matar a una persona era un camarada, lo detuvo. No hicieron a tiempo a plantar nada. Nadie le preguntó todavía a Maidana porqué llevaba su arma en mano, porqué le sacó el seguro, porqué accionó la corredera para tener bala en recámara, ni porqué apretó el gatillo.

Un gatillo fácil que no ocurrió en cualquier lado ni cualquier día: fue en el cuarto aniversario del gobierno kirchnerista, en la esquina del palacio de los tribunales. No fue su autor un bruto policía provincial, sino un educado federal de una céntrica comisaría “bien calificada”. Un gatillo bien kirchnerista, el mismo día que el “gobierno de los DDHH” festejaba lo bien que hace las cosas.

INTERCAMBIO DE FAVORES
Esta semana fue noticia la Sra. Pastor de Bonaffini “caminando” la ciudad con Filmus, reunida con Kirchner, y el oficial canal 7 filmando tales epopeyas. En la primera, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue junto a la telermanista Gabriela Cerruti a dar apoyo al candidato K. En la segunda, el presidente le hizo entrega de una nueva radio de frecuencia modulada que se unirá a la AM que ya dirige esa agrupación.

La misma que recordamos puteando a todos los candidatos, ahora hace campaña electoral y, de paso, mantiene un buen negocio comunicacional. Nos preguntamos qué habrá dicho en su radio de la ley antiterrorista, según la cual sus hijos, y los 30.000, y todos los que siguen su ejemplo, son infames terroristas.

Está claro el intercambio de favores, y el negocio redondo para el gobierno, que con la dádiva de esta FM compensa “ideológicamente” la renovación casi eterna de licencias de radio y TV que hizo Kirchner al emporio del empresario Daniel Hadad.

JUICIO A LA COMUNIDAD LONKO PURAN
El martes 12 la Cámara Penal de Zapala juzgó a cuatro integrantes de la comunidad mapuche acusados del delito de usurpación y turbación de la posesión de empresas expoliadoras como Repsol y la Apache Corporation. Los hechos datan del año 2001, cuando la Comunidad Lonko Purán realizó acciones para impedir el trabajo de las petroleras. La Pionner (hoy Apache Corporation), con el apoyo del gobierno del protofascista Sobich, inició la persecución penal de los comuneros, culminadas con la detención de Martín Maliqueo, lonko de la Comunidad, cuando llegó desde Nueva York después de denunciar al Estado Argentino ante la ONU.

El fiscal de Cámara, Héctor Trova, pidió 9 meses de prisión para los cuatro imputados. En un “interesante” alegato reconoció la demanda de los comuneros en lo concerniente a los impactos ambientales, pero sostuvo que era más importante la “seguridad jurídica” de las empresas petroleras, entendida como posibilidad de seguir haciendo pingües negocios gracias a la concesión del gobierno neuquino. En el colmo de la desverguenza, el fiscal reprochó a los mapuches haber cortado rutas y no haber ido a “peticionar ante las autoridades judiciales”…

Los imputados reivindicaron el ejercicio del control y vigilancia sobre su territorio, fundándose en su derecho tradicional y en la legislación indígena. Lo realmente llamativo fue la declaración de la experta en legislación indígena, Verónica Huilipán – werkén de la CMN y testigo de la defensa – que demostró la absoluta ignorancia de los jueces que los están juzgando.

MOTOPOLICÍAS y MOTOCHORROS
No hace más de un mes, un gran número de jóvenes que intentan ganarse la vida haciendo deliveries o trámites en sus motos, se autoconvocaron en el obelisco con el fin de que se atiendan los reclamos de este sector, super explotado como tantos otros trabajadores. El reclamo no sólo exigía mejoras salariales, obra social y cumplimiento de convenios de trabajo: uno de los trabajadores denunció, ante las pocas cámaras presentes, que desde el día en que Aníbal Fernández inventó la categoría de motochorros, clasificando así una nueva modalidad delictiva, la policía federal había comenzado a detener masivamente a cuanta moto anduviera circulando por ahí.
Para tal fin, el ministerio del interior asignó, en el mes de mayo, 1.600 policías, 300 patrulleros y 130 motos de la federal para combatir esta “nueva cara” de la inseguridad que -oh casualidad- comenzó a ocupar importantes espacios en las crónicas policiales de los diarios, las radios y la televisión.

Esta semana se anunció en la ciudad de La Plata la creación de un cuerpo de efectivos motorizados que “podrá movilizarse más ágilmente en zonas bancarias y comerciales para afrontar los delitos conocidos como salideras bancarias” (Diario Hoy, 14 de junio). Para demostrar el estricto carácter de control social de esta medida de seguridad, los números hablan por sí solos: según el mismo diario “se iniciaron operativos de control de motos secuestrándose 360 rodados por diversas infracciones”, número que por mucha diferencia, no se condice con la cantidad de arrebatos adjudicados a los motochorros y le permite a la policía recaudar para sus “cajas chicas”.

Las motos se han convertido hoy en un medio relativamente económico de movilidad y de “rebusque” laboral al que pueden acceder muchos jóvenes de los barrios periféricos de la ciudad, lo que convierte a sus dueños en potenciales delincuentes, si se tiene en cuenta la caracterización mediática del motochorro: “casi siempre circulan de a dos, pero uno sólo utiliza casco. Usan motos con patentes originales para evitar sospechas y ser detenidos en los controles policiales”. Amplia y para nada inocente descripción que pone bajo sospecha a cualquier pibe de barrio que circule por la ciudad y que justifica y naturaliza aún más las facultades policiales para detener a cualquiera en cualquier lugar, arbitrariamente y, por qué no, par ajustificar algún que otro gatillo fácil.

OTRA VEZ LAS PATOTAS
El lunes 11 los trabajadores del Casino Buenos Aires, luego de una lucha de mas de 40 días para mantener su fuente de trabajo, debían volver a trabajar según lo establecido por la conciliación obligatoria dictada el viernes anterior por el Ministerio de Trabajo.

En horas del mediodía, cuando se encontraban en el comedor del lugar, fueron atacados por una patota del SOMU (Sindicato Obreros Marítimos Unidos), de entre 20 ó 30 energúmenos que, entrando por la manga de uno de los barcos, lugar restringido para el público y al que sólo se puede acceder teniendo la “zona liberada” tanto por la prefectura, como por la empresa de seguridad del lugar y al grito de “el SOMU se la banca”, portando armas blancas y de fuego, golpearon y arrastraron por el piso a delegados y demás trabajadores –incluida una embarazada- volaron sillas, mesas, platos. Tras la defensa que opusieron los sorprendidos laburantes y al verse los atacantes acorralados cuando, informados los que se encontraban en el barco, acudían en auxilio de sus compañeros, los “ilustres visitantes” abandonaron el lugar con la ayuda de la prefectura que armando un “cordoncito”, les facilitó una cómoda huida.

El Casino flotante de Buenos Aires permanecía cerrado desde el 3 de mayo, debido a una disputa por el encuadramiento de los trabajadores entre ALEARA (juegos de azar) y el SOMU, que dirige el “caballo” Omar Suárez. Diez por ciento de unos 2.000 trabajadores de los barcos casinos están afiliados al SOMU, el resto a ALEARA. Tras la compra por parte del empresario patagónico-kirchnerista Cristóbal López (también dueño de la concesión de la sala de máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo), de gran parte de las acciones del Casino al grupo español CIRSA, el SOMU reclama el pase de la totalidad del personal a sus filas, lo que significaría flexibilización laboral y precarización del salario de los trabajadores, al cambiar de convenio colectivo.

No fue la primera vez que la gente del casino era golpeada por reclamar sus derechos. También días atrás y mientras permanecían en la puerta del ministerio de trabajo durante una reunión que sus delegados mantenían con el ministro Tomada (quien en su curriculum cuenta con haber sido abogado del SOMU), los trabajadores fueron reprimidos, ésta vez por la policía.

Una vez mas, queda al descubierto la estrecha alianza entre el gobierno que no duda en utilizar ya sea la policía, la prefectura, la gendarmería o las patotas al servicio de los burócratas, si de someter y alinear a los trabajadores a su intereses económicos se trata. Eso si, avísenle a Cristina que hacer tratos con esta mafia tiene sus costos, como pasar un papelón. Por ejemplo en Ginebra, justo cuando iban a realizar el falso anuncio al mundo de que “en la Argentina de los DDHH del presidente Kirchner, disminuyó el trabajo en negro” y entonado con unas ginebritas de más, tuvieron que sacar del recinto justamente al “caballo” Omar Suárez. En fin, amigos son los amigos…

REPRESIÓN CON MUERTOS EN PERÚ
El día 15 de junio, a 48 horas de iniciarse un bloqueo de la Carretera Central de Perú por parte de trabajadores de la minera Casapalca, el secretario general del sindicato de mineros, Rafael Cabezas, denunció la muerte de dos de los mineros que participaban de los bloques a causa de la represión desatada por el gobierno y ejercida por las fuerzas policiales. Los nombres de los trabajadores muertos son Óscar Fernández, de 31 años, y Julio Raymundo, de 38.

La represión respondió a la necesidad del gobierno de liberar la ruta cortada, que aislaba Lima del centro del país, ya que evidentemente los reclamos de los obreros son de difícil atención par el Estado. Los trabajadores reclaman el reintegro de 300 trabajadores despedidos, el aumento del salario por la jornada de trabajo y la entrega puntual del almuerzo. Al igual que en nuestro país, la respuesta a las necesidades de los trabajadores es la represión, y el asesinato, lejos de ser un error o un accidente, es una media para infundir temor entre los sectores en lucha y desbaratar su conflicto.

Luis Alva Castro, ministro del Interior de Perú, primero puso en duda el hecho simulando que se entera de las cosas como cualquier otro habitante, diciendo “dicen que ha muerto una persona”. Luego despegó al estado y a sí mismo anunciando que “no avala excesos”, y al fin terminó haciendo la conclusión infaltable: “esos son los riesgos que se corren en defensa del estado de derecho y la democracia”. Receta que nada tienen que envidiar nuestros propios represores locales y que hemos visto aplicada por el gobierno nacional y provincial en el caso de Fuentealba: primero, no saben nada cuando todo el pueblo ya lo sabe, luego si saben no tienen nada que ver y condenan la mano ejecutora, y por último, si ha habido muertos ha sido en defensa de la sociedad y la democracia y algo habrán hecho esos supuestos muertos para que el estado deba reaccionar.
PROXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 18 de junio, desde las 12:00, gran locro organizado por Familiares en CORREPI de Zona Oeste. Calles Bradley y Jufré, Villa Tesei, a cuatro cuadras de Av. Vergara y 5 minutos de Estación Morón (colectivo 463 ramales 3 y 4).

Martes 26 de junio, 19:00, Presentación del Libro “Palestina, el otro apartheid” del compañero Daniel A. Stragá en el Salón Consular II del Hotel Bauen.