CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LOS MATICES DE LOS REPRESORES
El gobierno, sus aliados y sus defensores proclamaron que el pueblo porteño hoy elegía en las urnas entre “dos modelos”, calificando al de su circunstancial opositor Mauricio Macri como el “de la derecha”, del autoritarismo y la represión. Como lo que se dice de uno se niega del otro, la necesaria conclusión de los que dijeron que había que votar al ministro kirchnerista Daniel Filmus y al banquero del PC Carlos Heller (o lo que es lo mismo, que no había que votar a Macri, pero había que votar) es que la fórmula oficial expresaría lo contrario: la izquierda, el garantismo, la libertad.

En lo que a CORREPI compete, esto es, la política represiva que impulsan unos y otros candidatos, hace años que sentamos posición, señalando la falsedad del aparente debate que “no es entre garantistas y autoritarios, sino entre quienes proponen ser literales y expresos en materia represiva y quienes recurren al ropaje democrático para legitimar las políticas represivas con consenso popular”. Así definíamos en agosto de 2000 la discusión en la legislatura bonaerense entre el peronismo y la alianza UCR-Frepaso cuando se decidía una reforma, represiva por supuesto, al código procesal penal. Como entonces, esa es la única diferencia real entre Macri y Filmus en materia represiva.

Ellos mismos lo dijeron al diario La Nación en la víspera del ballotage. Cuando el periodista preguntó “¿Qué hará cuando un piquete o una marcha frente a un ministerio obstruya una calle o avenida?” Macri, sin eufemismos, gatilló: “Hago cumplir la ley. No voy a permitir que se corte la calle. Una policía bien capacitada puede contener cualquier manifestación”. Filmus, el que vendría para “frenar la derecha”, eludió el asunto: “Aplicar la ley. El Código de Contravenciones respeta los dos derechos: el de cortar una parte de la calzada y el de circular por la calle”. El periodista insistió: “¿Y si no se respeta uno de ellos?”. El ministro kirchnerista, obligado a mostrar las cartas, dijo: “Hay que ir a la Justicia, y ésta tiene que dar orden a la policía de despejar una parte de la calle”.

Clarito. Como en Las Heras, donde según dijeron Kirchner y la “mediadora” Bonafini, la represión de gendarmería no fue mandada por el gobierno, sino por la jueza federal. Como si los jueces, y no el poder ejecutivo, fueran los que dirigen a las fuerzas de seguridad. Como si la pátina de legalidad de una orden judicial purgara la decisión de reprimir.

CORREPI decía en agosto de 1999 que debíamos armarnos teórica y doctrinariamente, no ya para cuestionar la ilegalidad propiciada desde los sectores autoritarios, sino la “legalización” del endurecimiento del sistema penal, reformado por los “demócratas”. Insistíamos un año después en que hay quienes (como Macri hoy) representan “un sector que prefiere reprimir aquí y ahora, sin eufemismos, apelando al miedo del burgués amenazado. Los otros, que se apropiaron del concepto de democracia, también quieren enarbolar la bandera de los Derechos Humanos, y prefieren ser más sutiles a la hora de diseñar sus políticas represivas, apostando a la retórica que disfraza su discurso garantista y les da consenso. Es una disputa entre ellos, que confirma una vez más que nuestra lucha es contra el sistema en su conjunto”. Nada, sino los nombres de los protagonistas de la disputa, ha cambiado en estos siete años. Macri y Filmus, y los sectores dominantes que ellos expresan, no debaten si tienen o no que reprimir. Sólo discuten de qué manera pueden reprimir con mayor eficacia.
(nota: los párrafos citados pertenecen al documento “Mano dura de la Alianza: hacia el estado policial con consenso y legitimidad”, agosto de 2000, www.correpi.lahaine.org)

CANA TUCUMANA
A lo largo de este mes de junio la policía del radical K Alperovich ha dado muestras de su capacidad represiva. A principios de mes los municipales del interior, tabacaleros autoconvocados, jubilados, estudiantes universitarios y sectores de desocupados se congregaron en la Plaza Independencia para exigir aumentos salariales. La respuesta del ejecutivo fueron los gases lacrimógenos lanzados por la Guardia de Infantería que, apoyada por la Caballería, reprimió a los manifestantes.

A este accionar se le sumó la represión que sufrió un grupo de jubilados esta semana. Los ancianos, que pretendían instalar una carpa en la plaza, fueron duramente expulsados. Dos mujeres de casi 70 años fueron garroteadas por los “machazos guardianes del orden” y debieron ser hospitalizadas. La excusa con que el Jefe de Policía, Hugo Sánchez justificó el accionar policial fue que “no está permitida la quema de cubiertas por razones de seguridad y del cuidado del medio ambiente” y que como no se dispararon balas de gomas ni se lanzaron gases lacrimógenos, no hubo represión policial…

Por último, el jueves 15 el policía Carlos Miguel Ocaranza mató a su esposa, María Mirta Burgos (42) después de una disputa relacionada por el juicio de divorcio que habían encarado. La mujer había denunciado al policía por lesiones y amenazas. Hasta ahora el cabo Ocaranza está preso por orden del juez que entiende en la causa.

ABSUELVEN A CUATRO MAPUCHES
Como informáramos la semana pasada, se llevó a cabo un juicio contra cuatro integrantes de la comunidad Lonko Puran, imputados de los delitos de usurpación y turbación de la propiedad privada de una empresa petrolera yanqui. La Cámara Penal de Zapala absolvió a los compañeros que habían sido acusados por haber cortado una ruta del año 2001 en protesta por la explotación de los recursos naturales de la petrolera Pioneer Natural Resources (hoy Apache Corp).

Aunque no todas son buenas para los mapuches que viven en Argentina, ya que mientras los absolvían en ésta, en otra causa otro fiscal desestimaba en Chubut una denuncia penal que la comunidad Mapuche Santa Rosa presentó contra la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), que pertenece a la corporación Benetton. Por supuesto, en este caso -también por usurpación- no había pruebas suficientes.

LAS TRUCHADAS DE LA FEDERAL
En el Boletín nº 432 informamos sobre el fusilamiento de Sergio Juárez (19) por el oficial ayudante de la comisaría 3ª Mario Maidana, ocurrido el 25 de mayo a metros del palacio de tribunales. Si fue un ejemplo de libro de “gatillo fácil” por la mecánica (disparo a menos de 50 cm. en la cabeza, excusa de que el tiro “se le escapó”, atribución de un hurto menor al muerto para ensuciarlo, etc.), es ejemplo de academia en lo que hace al encubrimiento posterior.

Cuando llegó al lugar el personal uniformado de la comisaría, lo primero que hicieron fue pedirle a un portero de la cuadra un balde de agua, según dijeron, para apagar un foco de incendio en un tacho de basura de la esquina. Nadie vio el fuego, ni hay señales de ello en el lugar, la esquina del banco Nación, en Lavalle y Uruguay. Sin dudas querían baldear la mancha de sangre para armar la escena en otro lado, probablemente cerca de un auto con un vidrio roto que les venía como anillo al dedo para la tesis del “delincuente abatido”. Pero como el papá y los hermanos de Sergio llegaron enseguida porque viven muy cerca, no pudieron hacerlo, como tampoco atinaron a plantarle el reglamentario “perro”.

Pero eso no es todo. Uno de los testigos, cuando le mostraron en la fiscalía su declaración del día del hecho en la comisaría 3ª, dijo “Esa no es mi firma. Esa no es el acta que yo firmé, ni está ahí todo lo que yo dije”. Por ejemplo, que cuando lo llevaron para oficiar de testigo, vio que el principal de la 3ª se agarraba la cabeza mientras hablaba con Maidana. Otro testigo contó que cuando salió de su casa, y al ver la sangre en la vereda preguntó si había alguna persona herida, un uniformado le respondió sin darle importancia “no, es el ladrón nomás”.

Y sigue. El edificio que está justo frente al lugar donde cayó Sergio tiene una cámara de video que apunta a la vereda. Cuando el fiscal mandó pedir la cinta, el encargado del consorcio le contestó que ya la había pasado a buscar un policía, que se la devolvió al día siguiente, diciéndole que no se veía nada, así que la podía reutilizar. El video está borrado.

Aunque el policía no declaró, porque para el juez y el fiscal no hay todavía suficientes elementos para imputarlo, en el acta inicial se reproduce lo que dijo a sus camaradas en el lugar del homicidio. Además de lo de la moto “sospechosa” porque tenía un sticker con una hojita de marihuana, dijo que Sergio “merodeaba” por el lugar. Claro, un feriado, un pibe morocho que camina tranquilo, sin rumbo, mirando vidrieras, a dos cuadras de su casa, no pasea: merodea.

El policía de la 7ª que pasaba casualmente por el lugar, y sin saber que Maidana era su colega lo detuvo al verlo con el arma en la mano, declaró: “Mientras estaba tirado en el piso me gritaba que era poli, que lo dejara levantar, que hacía un día y medio que le habían dado la libertad en provincia, cuatro días antes había matado dos delincuentes”. O sea, en una semana mató tres personas, y sigue libre y trabajando. Un verdadero “gatillo fácil serial”. Vamos con el gobierno de los derechos humanos.

A CINCO AÑOS DE LA MASACRE DEL PUENTE PUEYRREDÓN
Cinco años se cumplen desde que el gobierno nacional de Eduardo Duhalde - a través de la policía federal, gendarmería y prefectura- y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires encabezado por el ahora K Felipe Sola, con la bonaerense, implementaron una operación conjunta que culminó en una de las más alevosas cacerías contra los trabajadores y el pueblo de que se tenga memoria.

La sentencia que condenó a los que apretaron el gatillo asesinando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, e hiriendo a un centenar más de compañeros, no alcanzó a los que dieron las órdenes, que siguen impunes, y a buen resguardo, integrando las filas del oficialismo y también de la oposición. Seguimos exigiendo el castigo a todos los culpables.

TATO MANSILLA: UNA MUESTRA DE LA IMPUNIDAD QUE GARANTIZA EL PODER JUDICIAL
Jonatan “Tato” Mansilla (18) fue asesinado el 11 de julio de 2006 a metros de su casa en Villa Tesei, por un escopetazo del Oficial Nogueira a bordo de la Patrullero marca Toyota Hilux conducida por el Sargento Rojas de la Seccional de El Palomar. Típica modalidad policial para tapar los casos de gatillo con la simulación del “enfrentamiento”, a Tato le plantaron un revólver “lechucero”, con el que dicen que disparaba al personal policial, que según las pericias no servía para disparar por razones tan básicas como que no tenía martillo percutor. Además la pelusa, polvo y óxido que tenía en los alvéolos demuestra que hacía muchísimo que no era usado. Como dijo una compañera, “ese perro, sí que ladraba”.

Reunidas las medidas impulsadas por los abogados de CORREPI, el Fiscal de la causa pidió la detención del cana por homicidio calificado, a lo que el Juez de Garantías 3, Gustavo Robles, en la línea de correlato con la impunidad del gatillo fácil que venimos denunciado de parte del poder judicial, denegó por considerar que es prueba “insuficiente” la brutal evidencia del fusilamiento.

Pero no le fue suficiente al Sr. Juez. Además, usó un cuarto de página para destacar que le resultaba “llamativo” no tener claro cuál es el objeto de la investigación: si el accionar policial que causó el fallecimiento de Mansilla o por el contrario, el desapoderamiento de un cuatriciclo y un vehículo, aclarando (que oscurece) que con ello no intentaba brindar una línea de dirección de lo que resulta adecuado investigar.

En una palabra, le dijo al fiscal que se deje de embromar con investigar al policía, y se ocupe del robo. Valga como muestra de cuánto vale la vida de un pibe trabajador de un barrio pobre para un juez de garantías.

OTRA LAMIDA A EEUU
Cuando Fidel Castro definió al gobierno de De la Rua como lamebotas de los yanquis no se equivocó. Tampoco se equivocaría si definiera de la misma manera al gobierno K. Los que dicen que éste no es un gobierno proimperialista deberían recordar las operaciones navales conjuntas con los marines de EEUU llamadas UNITAS, la invasión argentina al pueblo hermano de Haití o la reciente aprobación de la ley antiterrorista por pedido expreso del Departamento de Estado.

En esta semana también se conoció una nueva expresión de chupamedismo al imperio por parte del gobierno de Kirchner. La Ministra de Defensa, Nilda Garré, mandó tropas argentinas a otro operativo conjunto, esta vez en Honduras. Militares de diecisiete países de América Latina están participando junto a tropas estadounidenses de un ejercicio muy especial, ya que se trata de entrenar a los efectivos en la lucha antiterrorista auspiciada por Washington.

Como se ve, la “gran mujer” (al decir de Bonafini) manda milicos argentinos para que se entrenen en “tácticas, técnicas y procedimientos usados en la guerra contra el terrorismo”. Suena parecido a lo de la Escuela de las Américas, sólo que en vez de enseñarles técnicas de tortura del siglo pasado, ahora, los yanquis enseñan las que aplican en Guantánamo o Abu Graib.

Un nuevo capítulo de las neorelaciones carnales, estilo K.

LOS EXONERADOS DE ARSLANIAN
El subcomisario Walter Parnisari es uno de tres policías que están siendo juzgadon por el Tribunal Oral II de La Plata por un caso de extorsión a un productor rural, al que le fueron secuestrados 2.500 porcinos, y por los cuales Parnisari y sus secuaces uniformados pedían 18.000 pesos de “rescate”.

Durante el juicio, el subcomisario denunció que desde la Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de León Arslanián, los funcionarios reincorporaban en sus cargos, con nuevo destino incluido en el trámite, a policías condenados por homicidio y otros delitos. Todo por la módica suma de entre 5 mil y 25 mil pesos. Según la denuncia de Parnisari, en el rentable negocio de reincorporación “se habrían recaudado entre mayo de 2004 y diciembre de 2006 unos 3 millones de pesos”. La Fiscalía de Delitos Complejos allanó el Ministerio de Seguridad y se llevó 62 legajos de policías que podrían haber sido beneficiados con esta reincorporación. La investigación, aunque no se diga en voz alta, involucra directamente al ministro de seguridad Arslanián, que no va a llegar muy tranquilo al final de su gestión en diciembre.

Presentado como un hecho de corrupción dentro de la fuerza, no es ninguna novedad que policías involucrados en diversos delitos sean trasladados a otras dependencias o jurisdicciones. Está comprobadísimo que, lejos de ser un impedimento para seguir en la fuerza, contar con un gatillo fácil o una muerte por torturas en el legajo es mérito para ser ascendido, situación que se da en todas las fuerzas provinciales y federales. El policía Darío Poblete, autor material del asesinato de Fuentealba, contaba con un par de condenas por torturas y fue uno de los policías que apretó el gatillo cuando asesinaron a Teresa Rodríguez diez años atrás. En septiembre de 2004, el policía tucumano Walter Daniel Taljuk asesinó de un disparo a Mauro Orellana y fue “premiado” con la designación como custodia personal de León Alperovich, hermano del gobernador. El mismo año, el cabo de la federal Pablo Marcelo Domínguez fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para portar armas por dispararle por la espalda a José Rodolfo Toledo. Lejos de cumplir con la sentencia, Domínguez fue contratado por la embajada británica en Buenos Aires como seguridad privada. Ernesto Weber fue ascendido a comisario luego de la sangrienta represión en Plaza de Mayo en diciembre de 2001, por citar algunos casos.

El reacomodamiento y ascenso de policías imputados o condenados en casos de homicidios y otros delitos es la regla y no le excepción, como se lo pretende presentar catalogándolos de casos de corrupción. El estado forma y entrena a los policías que, en democracia, siguen torturando y matando. ¿No es inocente pensar que el mismo estado se deshaga de los funcionarios policiales que tan bien ejecutan la labor de control y limpieza social por él encomendada?.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

26 de junio, 11:00, movilización y acto en Puente Pueyrredón.

Martes 26 de junio, 19:00, Presentación del Libro “Palestina, el otro apartheid” del compañero Daniel A. Stragá en el Salón Consular II del Hotel Bauen.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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