CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

SIGUE EL JUICIO AL SUBOFICIAL DE LA PREFECTURA
Las abogadas de Vicente Mercado, Rosario Guerrero y Silvia Góngora (CORREPI) pidieron 20 años de prisión para el suboficial de la prefectura naval argentina, Sergio Miguel Silva, por el homicidio de Christian, hijo del particular daminificado. La fiscal pidió 18 años por el mismo delito.

El prefecto Silva fue detenido en octubre de 2003, acusado de matar a balazos a Christian Mercado (21) y herir a su primo en un barrio de Villa Ballester. El suboficial, después de advertir a los vecinos que los iba a matar a todos, la había emprendido a los tiros contra la casa de una joven, prima de los Mercado, a los que disparó cuando se acercaban a ayudarla.

En el juicio se manifestaron todas las características comunes que diariamente denunciamos en estos crímenes: balas sin detonar plantadas en la vereda, mezcladas con las disparadas por el arma reglamentaria del suboficial; el intento de excusarse al denunciar falsamente que respondió a una pelea con armas que nadie vio en manos de las víctimas; alcoholizarse después del hecho para simular inimputabilidad; presentarse en la comisaría previo a pasar por la Prefectura para recibir directivas; entregar el arma reglamentaria con limpieza incluida. Finalmente, por boca de su defensa, destacar la pertenencia de clase social de las víctimas y su familia, al introducir en el debate que eran pobres, sin instrucción, vendedores ambulantes y que “en algo podrían andar”.

El gatillo fácil del prefecto Silva es el que se da en tantos barrios de trabajadores contra jóvenes, a través de la pretendida autoridad que representa un agente de la fuerza de seguridad del estado viviendo en la zona. Allí encontrarán los penalistas el “móvil del crimen”: disparar contra el pobre, como parte de la eliminación sistemática de personas para la que funcionan las 24 horas del día como parte del Estado, en actividad o de franco, asesinando un pibe día por medio.

Interviene el Tribunal Oral Criminal 4 de San Martín, a quien le toca juzgar, tal como lo sostuvo en su alegato la compañera Rosario Guerrero: “no la comisión de un delito que simplemente vulnera un derecho individual, aunque en el caso sea el más preciado, el derecho a la vida, sino que el crimen de Silva, en tanto miembro de una fuerza de seguridad, es un crimen de estado, y constituye una violación a los derechos humanos. Esta afirmación es doctrina legal en Argentina, desde que la Corte Interamericana de DDHH, órgano jurisdiccional superior a nuestra Corte Suprema, así lo dictaminara en el caso Bulacio. Es sobre un crimen de estado que los jueces deberán dictar sentencia, donde un agente del estado con un arma y municiones que le fueron provistas por el Estado agredió y mato a una persona”. El martes 17 se leerá el veredicto en la sala de debates del 3º piso de los Tribunales de San Martín.

CASO BULACIO: NUEVA DENUNCIA POR EL INCUMPLIMIENTO
Ya perdimos la cuenta de las veces que tuvimos que responder a la Corte Interamericana de DDHH que el estado argentino sigue sin cumplir la condena en el caso Bulacio. Desde hace casi 4 años, cada vez que la Corte pregunta cómo avanza el cumplimiento de su sentencia, contestamos lo mismo: El estado argentino sigue sin cumplir los dos aspectos más importantes, centrales, de la condena, y nada permite suponer que algún día los cumplirá. Lo mismo tuvimos que responder esta semana, por enésima vez. La desobediencia argentina es de tal magnitud que la Comisión Interamericana (CIDH) hizo llegar a la Corte IDH una presentación denunciando el incumplimiento hace unos días.

Dos son los temas centrales del incumplimiento. Uno es el castigo efectivo a los responsables de la detención y muerte de Walter Bulacio. La causa penal interna sigue hoy en el mismo estado que hace 11 años, con el comisario procesado y sin sentencia. El comisario Miguel Angel Espósito ni siquiera ha sido excluido de la policía federal, a la que sigue pertenenciendo como oficial en retiro efectivo, con todos sus beneficios (haber de retiro, obra social, etc.).

El otro -y fundamental- incumplimiento tiene que ver con las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. La Corte IDH tuvo por probado que en Argentina existe un sistema de normas y de prácticas no normadas que permiten a las fuerzas de seguridad detener personas arbitrariamente, y condenó al estado, como forma de reparar lo ocurrido con Walter Bulacio, a eliminar ese sistema y adecuarse a los “estándares internacionales” en materia de libertad individual, es decir, que sólo se puede detener a alguien por orden judicial o en caso de delito flagrante.

El “sistema de normas y prácticas no normadas” cuya eliminación ordenó la Corte IDH incluye la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes o para identificar y los códigos contravencionales y de faltas, que desde la sentencia han sido endurecidos en más de un distrito argentino, como la ciudad de Buenos Aires. Ayer, en una nueva presentación a la Corte, reiteramos que el “gobierno de los DDHH” sigue sin cumplir, porque necesita que su policía tenga herramientas para ejercer el control social.

NUEVO JEFE EN LA PLATA
El ministro de seguridad León Arslanián nombró esta semana al inspector Salvador Baratta como el nuevo jefe de la Departamental La Plata. Tres cambios en la titularidad de esta Departamental se sucedieron desde fines de 2006. La comisionada Victoria Haydee Huck, la que dijo que el cuerpo calcinado hallado en Punta Lara el 20 de septiembre de 2006 era el de Julio López, fue trasladada en noviembre a la Jefatura Departamental Cañuelas. En su reemplazo fue designado el comisionado Héctor Oscar Martínez, quien el último enero mandó intervenir la comisaría 3ª de Los Hornos tras el fusilamiento, dentro de un patrullero, de Darián Barzabal por parte del sargento Santiago Regalía, al que se le “escapó” un certero disparo que fue a dar en la cabeza del adolescente. El miércoles 11, Arslanián dispuso que el lugar de Martínez en la jefatura fuese ocupado por Baratta, a partir de ahora responsable de las distritales La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente y Brandsen.

Mucho mérito ha hecho Baratta al servicio de la represión -bien lo sabe Arslanián que lo ascendió- para ser premiado con la Jefatura Departamental. Entre algunas de sus destacadas actuaciones, se pueden contar:

* Como subcomisario de la comisaría 4ª de Lanús en 2001, participó de la represión en Puente Pueyrredón, donde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y fueron heridas 33 personas con balas de plomo.
* Fue denunciado por un vecino de un barrio humilde de Ringuelet, cuando subordinados del nuevo jefe allanaron su casa mientras cenaba en familia. Los policías, como suelen hacer cuando actúan en un barrio pobre, entraron rompiendo puertas, apuntando con armas a la cabeza, sacando de los pelos a una mujer de la cama y amenazando de muerte a los ocupantes. “El personal actuó correctísimo -atinó a decir Baratta, naturalizando la brutalidad del operativo- la policía entró como entra en cualquier allanamiento en busca de un arma”.
* Al frente del gran negocio que significan los adicionales en estadios de fútbol, fue uno de los responsables de la represión en el partido San Telmo-Talleres, en febrero de 2006. Según un diario deportivo, en el lugar se encontraban solamente un tercio del total de policías, previamente pagados, para la “seguridad” de este evento deportivo. Nueve meses más tarde, dirigió la represión en el partido de primera división Independiente-Racing, con el saldo de un herido de bala de goma y una docena de detenidos.
* También en noviembre de 2006 estuvo al frente de la represión y posterior cacería desatada en el marco del escrache al ex bonaerense en tiempos de Camps, González Conti, en La Plata, con decenas de heridos. “No puedo permitir que se rompa nada, en el último escrache hubo mucho daño. Tenemos orden del juez Corazza”, se justificó el inspector.
* El 15 de mayo de 2007, por orden del juez de garantías Néstor de Aspro, mandó desalojar los terrenos ocupados por familias sin techo en el barrio Altos de San Lorenzo, La Plata. “Durante toda la noche hablamos familia por familia para que abandonaran el lugar. Por eso, de a poco fueron desarmando sus casillas”, dijo a los medios el inspector Baratta. Las familias desalojadas denunciaron que la noche previa al desalojo sufrieron aprietes por parte de los uniformados que los “invitaron” a desarmar las casillas a cambio de no ir presos.

Entrevistado por Página/12 en febrero de 2007, Arslanián dijo sentirse seguro por contar con una policía “más vinculada y articulada con la comunidad. Creo en cambios profundos que se están dando en el corazón de la institución policial y de sus hombres”. Felicitamos a León por este nombramiento, otro aporte a la construcción de la policía del siglo XXI.

NO ES UN POLICIA, ES TODA LA INSTITUCION
Por más discursos, cursitos de DDHH y retórica, esta consigna nunca dejará de expresar una verdad. Como prueba de ello, el jefe de policía de Neuquén, Rolando Figueroa, salió a respaldar públicamente al asesino del docente Carlos Fuentealba, Darío Poblete, del que, dijo “es un referente de la institución por más que esté detenido”.

Por supuesto, agregó que el fusilamiento fue “un hecho lamentable” y apoyó la medida de trasladar a Poblete a una detención VIP fuera de la cárcel de Neuquén capital por “razones de seguridad”. Sólo un ejemplo más de que no son loquitos sueltos ni desbordes individuales, sino una política de estado.

MÁS MUERTOS POR LA REPRESIÓN EN PERÚ
Los sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales y agrarias de Perú viene llevando una dura pelea contra el gobierno de Alan García, que desde su asunción ya cuenta con 18 muertos en represiones a medidas de lucha. Hace sólo un mes morían 4 mineros de Casapalca, el 11 de abril Marvin Gonzáles Castillo era asesinado de un balazo policial en la cabeza durante un paro regional en la zona de Áncash, y hoy, con la información que hay disponible, podemos contar 3 muertos más como resultado de la represión contra la huelga indefinida del Sutep (Sindicato Unitario de Trabajadores del Educación) que ya lleva más de 10 días en contra de la privatización de la educación y la implantación de una ley que permite despidos masivos de docentes; la huelga general convocada hace ya 4 días por la CGTP y las distintas medidas que llevan adelante obreros, mineros, agricultores y ambientalistas.

En la ciudad de Abancay, capital del departamento de Apurímac, en el sur de Perú, el Sutep realizó un corte en la ruta que la policía dispersó y al arrojar los troncos y piedras que bloqueaban la ruta golpearon con un tronco de eucalipto a Janet Sánchez Huamaní, una niña de 13 años, hija de una familia campesina de la zona. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, dijo que “el gobierno contempla un apoyo en temas de oportunidades de trabajo, de ser necesario” para los familiares de la niña fallecida.

También fueron detenidos 14 profesoras y 3 profesores como presuntos responsables de la muerte de la niña, pero no fue detenido ningún policía y el premier Jorge del Castillo declaró a la prensa que los profesores huelguistas mataron a la pequeña con “una piedra”, afirmación que los medios de Lima no tardaron en reproducir. La docente Herminia Herrera Erraza recibió golpes de dos policías en una manifestación el 6 de julio, los que recibió en la cabeza la hicieron agonizar hasta que murió el 11 de julio.

Según denunció la Coordinadora Nacional de Radios, durante la represión que se desató en Arequipa, la empresa local de energía eléctrica cortó el suministro de luz para evitar la transmisión de los medios que estaban presentes.

Los conflictos en Perú se extienden por los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Ucayali, Apurímac, Tacna, Lima y Ayacucho. Los manifestantes han bloqueado las principales vías, tomado un aeropuerto y estaciones de trenes, y bloqueado el acceso a los principales centros turísticos como Macchu Picchu. Son cientos los manifestantes que han sido detenidos, entre ellos los principales dirigentes de Sutep y la CGTP. Aunque ya muchos han sido liberados, con este panorama podemos esperar que el gobierno de Alan García aumente el número de presos y muertos por la represión.

LAS CELDAS DE RIO NEGRO
Nuevamente un calabozo de la policía rionegrina terminó siendo el escenario de la muerte de un detenido. El caso más reciente ocurrió en el pueblo de Cervantes, donde los trabajadores golondrinas Ramón Santiago Suárez (32) y Oscar Francisco Sal (44) fueron detenidos por la policía en los primeros días de julio. Les aplicaron el código de faltas, acusándolos de estar borrachos. Según la versión oficial, debido al intenso frío, prendieron fuego el colchón en la celda, terminando uno de ellos muerto y el otro internado en terapia intensiva.

Apenas unos meses atrás, el 9 de febrero, en la localidad de Mainqué, también de Río Negro, dos jóvenes fueron detenidos acusados de un robo en un colectivo interurbano. Apenas minutos después de ser encerrados en una celda, Norberto “Pitu” La Fuente y Sebastián “El Abuelo” Pacheco fueron sacados con más del 80% de quemaduras en sus cuerpos. Ambos murieron una semana después.

Lo raro es que el calabozo era bastante grande como para evitar ser atrapado por el fuego, y hasta había dentro un baño con agua corriente que les hubiera permitido apagarlo, o al menos, protegerse hasta ser auxiliados. Se sospecha que el fuego tuvo como fin enmascarar la tortura a la que fueron sometidos los detenidos, aunque la justicia encuentra más funcional creer que por el contacto con el fuego, comenzaron a salir despedidas bolitas de goma espuma incandescentes de la colchoneta, las que se pegaron al cuerpo de los jóvenes y les provocaron las gravísmas y extensas quemaduras.

REPRESION A VENDEDORES AMBULANTES
La plaza Cortázar en Palermo fue escenario de desalojo y represión a los trabajadores ambulantes el sábado 14 de julio, por orden del gobierno de la ciudad. El ataque de la infantería de la policía federal dejó varios heridos y cuatro detenidos, acusados del típico “combo” de atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones. Tanto los lesionados, que formularán las denuncias correspondientes mañana, y los detenidos, que ya han sido liberados, serán defendidos por compañeros de CORREPI.

Parece que para reprimir a quienes trabajan en los espacios públicos, como una plaza, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no necesita esperar a que asuma Macri, ni le hace falta a la ciudad el traspaso de la policía o de los jueces para dar las órdenes, y que se cumplan.

AMIA (Reproducimos el comunicado de los compañeros de APEMIA a 13 años del atentado)
Al cumplirse un nuevo aniversario de la masacre de la AMIA, las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos abajo firmantes convocamos al pueblo argentino para denunciar la impunidad y la falta de justicia en la causa AMIA, y para advertir a toda la sociedad que el gobierno de Kirchner, que prometió terminar con esta vergüenza nacional, está liquidando cualquier posibilidad de investigación y de juicio y castigo a los culpables para cumplir con los compromisos internacionales de poner el tema AMIA al servicio de la guerra de agresión en Medio Oriente. (…)

Después de impulsar el llamado “juicio histórico”, Kirchner dijo que se trataba de un “entretenimiento”… Después de que sus ministros alentaran la libertad de los policías inculpados y aplaudieran a los jueces “valientes”, Galeano y el ex-comisario Castañeda no van presos… Después de firmar decretos para abrir los archivos secretos, los mantiene cerrados… Después de rescatar a las fuerzas de seguridad e inteligencia que intervinieron en la comisión del atentado y en su posterior encubrimiento, dijo que no quiere “inventar culpables”…, pero promueve al fiscal Nisman que, en base a informes de la SIDE, la CIA y el Mossad, conspira armando pruebas para fabricar una “conexión internacional” ajustada a las necesidades políticas de sumarse a la Guerra contra el Mal. Así, en lugar de terminar con la “vergüenza nacional”, el Presidente pone un punto final a cualquier posibilidad de investigación y esclarecimiento del atentado, de la mano de DAIA/AMIA y de los Estados que lo encubren.

Cuando lo que se busca es enterrar cualquier investigación en nombre de supuestos “avances”, las maniobras se convierten en una política de Estado. Kirchner sigue manipulando el no esclarecimiento de la masacre de la AMIA para justificar la reciente sanción de la ley antiterrorista reclamada por el Departamento de Estado, que no viene a esclarecer ningún crimen ni a imputar a sus responsables, sino a atacar las libertades públicas y al derecho de la población a agruparse libremente en organizaciones sociales y políticas.

El próximo 18 de julio, DAIA y AMIA junto al gobierno nacional preparan un acto para felicitarse a sí mismos por estos “logros”, fruto del compromiso de Cristina Kirchner con el Comité Judío Americano, que busca “cerrar este episodio trágico de la historia argentina” acompañando las políticas de los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

En este nuevo aniversario, A.P.E.M.I.A. denuncia al gobierno de Kirchner, responsable de la impunidad en el crimen de la AMIA y del encubrimiento de la desaparición de Julio López, y convoca a la sociedad toda a participar de un ACTO independiente, el próximo 18 de julio a las 18:30 en Pasteur y Corrientes.

MÁS REPRESION CONTRA TRABAJADORES
En la madrugada del lunes 10 de julio los trabajadores del Lavadero Industrial Virasoro de la ciudad de Rosario fueron sorprendidos por descomunal despliegue policial, formado por cuerpo de infantería, comando radioeléctrico y la policía provincial con perros, que agredieron a los trabajadores que se encontraban en la puerta de la planta.

La policía afirmó contar con una orden judicial para el desalojo, aunque se negaron a mostrarla y a dar el nombre del juez que la habría ordenado. También se negaron a decir quién era el responsable del operativo policial a los trabajadores del lavadero industrial y a la prensa presente en el lugar.

La “intervención policial” dejó varios heridos por balas de goma, golpes de palos y mordeduras y algunos detenidos, entre ellos el secretario gremial de SUTRAQYP, quienes posteriormente fueran liberados.

De todas formas la fuerza policial se encuentra siempre presente, ya que la Unidad Regional II está a sólo seis cuadras de la planta y sus móviles merodean de forma permanente por el lugar, incluso sin patente, intentando intimidar a los trabajadores que se encuentran en plan de lucha por aumento salarial, la anulación de todas las causas judiciales que se le iniciaran y la reincorporación de los 45 compañeros despedidos.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Miércoles 18 de julio, 18:30, acto en Corrientes y Pasteur, a 13 años del crimen de la AMIA. Convoca APEMIA.

Sábado 21 de julio, 19:00, charla debate organizada por el Asamblea de Villa Urquiza, en Triunvirato 4778 (entre Roosevelt y la vía), sobre El avance represivo a nivel nacional - ley antiterrorista, con Francisco Gigena (ELCI, La Rioja) y Nicolás Espósito (CORREPI).

Sábado 4 de agosto, charla sobre la ley antiterrorista en local de la FORA de la calle Salvadores en La Boca, con Daniel Stragá (CORREPI).