CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

SI ES EN “DEMOCRACIA”, NO ES TORTURA
El gobierno de Kirchner dice que es “el gobierno de los DDHH”. Sus aliados, sus sostenedores más o menos “críticos”, e incluso buena parte de la “oposición”, aun con matices, insisten en que “no es lo mismo” en este tema Kirchner que sus antecesores. Para afirmarlo se sostienen, en líneas generales, en la idea desarrollada en el nuevo prólogo del informe “Nunca Más”, redactado por Eduardo Luis Duhalde, Secretario de DDHH de la Nación, a 30 años del golpe de 1976: ”
Nuestro país está viviendo un momento histórico en el ámbito de los derechos humanos, treinta años después del golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia. Esta circunstancia excepcional es el resultado de la confluencia entre la decisión política del gobierno nacional, que ha hecho de los derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas, y las inclaudicables exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las últimas tres décadas. (…) a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso ha anulado las leyes de impunidad y una Corte Suprema renovada las ha declarado inconstitucionales y ha confirmado el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad”.

Esta semana vimos cómo se aplica en la práctica la decisión política del gobierno nacional, por boca de esa corte suprema “renovada”, la que dicen que no tiene mayoría automática ni responde a las necesidades del poder político. Con su “criterio independiente”, con el “progre” Zaffaroni a la cabeza, bien cuerdo él para estar al servicio de los que necesitan torturar para dominar, la corte decidió esta semana que no toda la tortura es tortura, porque la tortura policial, aun cuando esté demostrada, no es un crimen de estado ni un delito de lesa humanidad cuando se comete en democracia.

En una causa iniciada en 1988, cuando un ciudadano uruguayo denunció que fue torturado en una comisaría para forzarlo a confesar una estafa y para que acusara a un abogado de ser su cómplice, la corte dijo textualmente: “Aun cuando el hecho de la tortura particular se encontrara demostrado, es evidente que en la República Argentina, durante el año 1988, no existía un Estado o una organización dependiente del Estado que evidenciara la característica básica de haberse convertido en una maquinaria perversa de persecución sistemática y organizada de un grupo de ciudadanos, desviándose en su fin principal de promover el bien común y la convivencia pacífica de la sociedad”. Conclusión, declararon que la acción penal está prescripta, y aquí no ha pasado nada. Podríamos escribir varias hojas de análisis jurídico, mostrando cómo este fallo implica desconocer la sentencia de la Corte IDH en la causa Bulacio, los pactos internacionales y mil argumentos técnicos más, pero no hace falta para entender lo que los jueces dijeron: No es crimen de lesa humanidad que un policía te pegue en una comisaría, te de bolsita o te picanee si su sueldo lo paga un gobierno “democrático”. No hay tortura en democracia…

Dicen que cuando a Richard Nixon le dijeron que el dictador nicaragüense “Tacho” Somoza, protegido por el gobierno yanqui, era un hijo de puta, el presidente respondió “sí, pero es nuestro hijo de puta”. Otros atribuyen la misma frase a Henry Kissinger, en relación a Saddam Hussein. Cierta o falsa, la anécdota se aplica perfectamente a la corte kirchnerista y a los torturadores en democracia. El torturador de la democracia, el que picanea, apalea o bolsea hoy, es “su” hijo de puta, y no lo tratan igual que al que ya no precisan y sólo representa un lastre, como Etchecolatz, el Turco Julián o Von Wernich. Y lo más grave es el error, o el deliberado sofisma, de los que señalan en esta política un “doble discurso”, una “contradicción” o una “política buena en un sentido pero insuficiente en otro”. Nada de eso, sino dos patas de una misma y eficiente política represiva.

Es altamente simbólico saber quién es el policía beneficiado con esta decisión judicial que establece una línea para todas las causas de tortura tramitando actualmente o por tramitar. René Jesús Derecho, un nombre que no es fácil de olvidar, sobre todo si es un policía el que se llama Derecho, fue Jefe de la Comisaría 2ª de la PFA desde el 15 de noviembre de 1998 hasta el 8 de noviembre de 2001. es la comisaría con jurisdicción en Plaza de Mayo, así que el hombre dirigió todas las represiones a cuanta manifestación, concentración o acto público hubo en las inmediaciones de la Casa Rosada en ese tiempo.

El 20 de diciembre del 2001, aunque era el jefe de la Circunscripción VII, bien lejos de Plaza de Mayo, fue convocado por De la Rua, Mestre y Mathov para “despejar la Plaza”, por su condición de “especialista en esas acciones”, como surge textualmente de la causa judicial. Es entonces uno de los responsables de la muerte de 5 argentinos, entre ellos nuestro compañero Carlos “Petete” Almirón, asesinados durante la rebelión popular por los policías bajo su mando. Días después, Derecho fue también el responsable de la represión a los vecinos del barrio de Floresta que se manifestaron contra la policía por el triple fusilamiento del 29 de diciembre.

También fue René Jesús Derecho el encargado del operativo que retuvo a varios miles de manifestantes por más de 8 horas en el Puente Pueyrredón el 26 de noviembre de 2002, en el marco de la marcha contra la represión y la impunidad convocada por CORREPI y casi medio centenar de organizaciones populares. El comisario hoy sobreseído terminó su carrera judicial reemplazando a otro conocido “poronga” de la federal, Jorge “El Fino” Palacios en la Superintendencia de Investigaciones (la célebre “Madariaga”) cuando al jefe anterior se lo llevó puesto el escándalo de sus vínculos con bandas de piratas del asfalto y secuestradores extorsivos.

El buen nombre y honor de René Jesús Derecho fue dejado a salvo por la corte, en este fallo que confirma que en Argentina, SI HAY TORTURA, QUE NO SE NOTE.

UN GENDARME CON 316 KILOS DE MARIHUANA
Un gendarme de 28 años, que prestaba servicios en Campo de Mayo, fue detenido hace unos días cuando transportaba 316 kilos de marihuana en una camioneta Kangoo azul por la Panamericana. El ministro del interior, Aníbal Fernández, dispuso su pase a disponibilidad, que no es lo mismo que expulsión de la fuerza.

La noticia es breve, y no es novedosa. En septiembre de 2006 trascendió que la división narcotráfico de La Plata actuaba en connivencia con narcotraficantes, y varios de sus integrantes, incluido su jefe, fueron imputados penalmente por la desaparición de un cargamento de drogas incautado en un boliche de Lobos. Un año antes, en Salta, un accidente de tránsito reveló que cuatro policías federales llevaban en una camioneta Fiat Fiorino blanca 116 kilos de cocaína desde Jujuy. El episodio reveló una compleja trama que involucraba jueces y fiscales, además de la delegación de la federal en Salta completa.

Estos episodios son simples confirmaciones de lo que cualquiera sabe en un barrio: las fuerzas de seguridad manejan el negocio de las drogas en Argentina, desde los grandes operativos con centenares de kilos como los mencionados, hasta el menudeo a cargo de punteros que reportan a la patota (la brigada) de la zona. Pero a no equivocarse: no se trata de una corruptela individual o de ciertos “bolsones mafiosos” que podría erradicarse con una adecuada política de purgas y más control institucional. La expansión del consumo de estupefacientes, sobre todo en los sectores más pobres y en especial los juveniles, y en el último tiempo a través de sustancias de descarte como el “paco”, es una política de control social incentivada desde el poder, al que le conviene la descomposición social y la destrucción individual resultante, porque le conviene que no pensemos, y sobre todo, que no pensemos en organizarnos y rebelarnos contra la opresión.

También es una confirmación, por si hiciera falta, de quiénes controlan y dirigen los grandes negocios de la criminalidad, los que originan la tan cacareada “inseguridad” ciudadana. Secuestros extorsivos, narcotráfico, piratas del asfalto, asaltos comando, contrabando de armas, trata de personas, en una palabra, el “crimen organizado”, cuenta siempre con la activa intervención del aparato estatal, como lo prueba el hecho de que cada vez que se identifica alguna de las grandes bandas, tarde o temprano, “salta el botón”.

LEYES ANTITERRORISTAS EN TODO EL MUNDO
En nuestro Boletín nº 435 comentábamos cómo el gobierno de El Salvador ya estaba usando, para reprimir la protesta social, la ley antiterrorista sancionada en octubre 2006 por imposición norteamericana, y señalábamos su equivalencia con la recientemente votada por el congreso argentino en cumplimiento de la misma exigencia, igual que con las ya existentes en Inglaterra, Perú, Paraguay, España, etc.

Día a día se suman a la lista otros países que obedientemente se cuadran ante el imperialismo y adoptan normas parecidas en América, Asia, Europa y América, siguiendo los lineamientos publicados por organismos internacionales como el FMI y el GAFI, dejando bien claro quién manda, y en defensa de qué intereses.

Canadá aprobó una amplia ley antiterrorista que incrementa los controles fronterizos, hace más estrictas las normas de inmigración y otorga a la policía y otras fuerzas de seguridad la facultad de detener “sospechosos de terrorismo” por varios días sin acusación formal ni garantía procesal alguna.

Dinamarca dictó un paquete de medidas “antiterroristas” que dan a las autoridades más poder para controlar internet, intervenir comunicaciones telefónicas y allanar domicilios. Los servicios de inteligencia de la policía pueden vetar solicitudes de asilo por razones de “seguridad nacional u orden público”.

India promulgó una ley que otorga a la policía amplios poderes para arrestar, interrogar, interceptar comunicaciones y detener sospechosos de “terrorismo” hasta por 90 días sin someterlos a juicio.

La “ley de seguridad interna” de Malasia permite también detener “sospechosos de terrorismo” sin someterlos a juicio, igual que una reciente norma en Filipinas, llamada Ley de Seguridad Humana, que permite detenciones indefinidas.

Argentina, como le gusta decir a nuestros gobernantes, está integrada al concierto de naciones que tocan al unísono la sinfonía de la obediencia al imperialismo.

JUSTICIA PARA POCOS (LOS POCOS RICOS)
Cuando se reanude el lunes 6 de agosto la actividad judicial al término de la feria de invierno, entrará en vigencia en el orden nacional una nueva acordada de la corte suprema que reglamenta los requisitos formales para los recursos extraordinarios y de queja, es decir, de los que pueden interponerse ante el máximo tribunal.

Con el indudable objetivo de “filtrar” la cantidad de recursos ingresados a la corte, se extrema en la resolución el detalle de requisitos de forma, fijando reglas precisas sobre la extensión, legibilidad y presentación de los escritos, dando al tribunal la posibilidad de desestimar sin otro fundamento que la mención de esta acordada cualquier apelación que no los respete a rajatabla.

También aprovecharon los “supremos” para actualizar el monto de la tasa de justicia que hay que depositar antes de presentar un recurso de queja. De mil pesos, pasó a ¡cinco mil !. El recurso de queja es la última herramienta recursiva con que cuenta un justiciable frente a una resolución adversa, y tiene la particularidad de ser el único que se presenta directamente ante la corte, ya que el extraordinario tiene una etapa previa de admisibilidad ante el mismo tribunal que dictó el fallo que se impugna. Pues bien, a partir de ahora, para que los jueces de la corte admitan el ingreso de una queja, habrá que ponerse con cinco mil pesitos, uno sobre otro, depositados en el banco de la Nación.

Evidentemente el Indec, además de dibujar los números del costo de vida como se le da la gana al gobierno, no incluye en sus mediciones los constantes aumentos de las tasas y otros impuestos exigidos a quien recurre ante un órgano judicial, que en los últimos años se han multiplicado de manera asombrosa. Todo se cobra en la justicia argentina. Hay que pagar distintas tasas e impuestos para designar un abogado, para ser querellante o particular damnificado, hasta para tener derecho a sacar fotocopias (aparte del costo material de las copias). Y muchos de esos costos no son alcanzados por los beneficios de litigar sin gastos, que además requieren un largo trámite previo, que a su vez ocasionan más gastos, por ejemplo para acreditar que el justiciable no es propietario de inmuebles o vehículos.

Justicia para los pocos ricos, y trabas cada vez más insalvables para los pobres, cosa que les quede claro que esta “justicia” no es para ellos.

POLICÍA PRESO EN CÓRDOBA POR ASESINAR EL 20 DE DICIEMBRE
David Ernesto Moreno fue una de las casi cuarenta víctimas de la represión a la rebelión popular que echó a Fernando de la Rúa y su Alianza del gobierno argentino el 20 de diciembre de 2001. David tenía 13 años y vivía en Córdoba. Un gran número de vecinos se agolpaba frente a un supermercado cuando la policía comenzó a disparar para dispersarlos. David fue herido con cinco proyectiles, algunos de goma y otros de plomo, en la espalda y la nuca. El oficial Hugo Ignacio Cánovas fue individualizado al poco tiempo como autor de los disparos fatales, y en 2003 estuvo detenido un corto tiempo. Fue liberado y siguió prestando servicios a pesar de la continuación de la causa.

Esta semana fue nuevamente detenido, imputado por homicidio simple, después que nuevas pericias ratificaron que disparó contra el niño con un arma cargada con balas de plomo. Cuando lo fueron a buscar estaba garantizando la seguridad en un banco, donde hacía servicios adicionales. Por supuesto que no fue alojado en una unidad penitenciaria, sino en su propio lugar de trabajo, una dependencia de la guardia de infantería de la policía provincial, al cuidado de sus camaradas.

PINTAR “APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ” ES DELITO
Para la justicia nacional, pintar en una pared pública “Aparición con vida de Julio López”, constituye el delito de daño calificado, y merece persecución penal.

El 1º de mayo pasado, temprano a la mañana, en la esquina de Riobamba y Marcelo T. de Alvear, un patrullero avistó un graffiti reciente con el reclamo de aparición con vida en el muro de un viejo edificio. Inmediatamente detuvieron a un joven al que imputaron la pintada. Aunque a las pocas horas fue liberado, el juez consultado decidió que como en ese inmueble funcionan dependencias de la cámara de seguridad social, el delito era daño calificado. La causa fue delegada a la fiscalía de instrucción nº 35, que esta semana citó al muchacho para hacerle saber sus derechos (que obviamente no incluyen reclamar por la aparición con vida del compañero).

Una empleada de la defensoría oficial le sugirió hacer un descargo argumentando que no sabía que en ese edificio deteriorado funciona una oficina del poder judicial federal, de manera que recalifiquen como daño simple y a competencia pase a la justicia correccional, donde le aconsejó “hacerse cargo” y pagar una multa. CORREPI asumirá la defensa del compañero, que no está dispuesto a aceptar el gentil consejo de la funcionaria.

Falta poco para que se cumpla un año de la desaparición del querellante en la causa Etchecolatz Jorge Julio López. No hay patrullero de la federal o la bonaerense sin el cartelito oficial que reclama su aparición con vida en la luneta, ni comisaría o dependencia oficial que no luzca el afiche con su foto y el ofrecimiento de recompensa por datos sobre su paradero. Cada tanto Kirchner o su señora lo mencionan en sus discursos, y se divulga algún nuevo fallido de la pretendida “investigación” judicial. Hasta ahí llega la “preocupación oficial” por la desaparición, mientras policías y jueces se apresuran a criminalizar una pintada.

EMPIEZAN DOS JUICIOS POR CASOS DE GATILLO FÁCIL
El 29 de enero de 2003 Fabián Sosa, cabo primero de la comisaría 7ª de Quilmes, sacó su arma y disparó contra un grupo de adolescentes que jugaban al carnaval arrojando agua y espuma. Uno de los disparos dio en la cabeza de Verónica Gauto (19), embarazada de 8 meses, y otro hirió en el hombro a Ezequiel Núñez, de 14 años. Aunque Verónica murió, los médicos del hospital Ana Goitía, de Lanús, lograron una cesárea de emergencia que salvó a la beba, que se iba a llamar Melina y que recibió el nombre de Milagros Melina por la tragedia que rodeó su nacimiento.

Este lunes, en los tribunales de Quilmes, comenzará el juicio oral y público al policía, que está acusado de “homicidio simple con exceso de legítima defensa en concurso real con lesiones leves”, y por supuesto, en libertad.

Por otra parte, en San Martín de los Andes, Río Negro, comenzó la semana pasada el debate contra el guarda ambiental Horacio Calderón, confeso autor de la muerte por un tiro del pescador Cristian González. Mientras el homicida, que al momento del hecho se desempeñaba como vigilador privado, argumentó que disparó en legítima defensa, las pericias médicas demuestran que Calderón no presentaba los golpes que dijo haber recibido del pescador, ni González tenía otras lesiones que la perdigonada en el cuello que lo mató.

El arma (un pistolón de dos caños) era propiedad del conocido empresario de ascendencia alemana, dueño del elegante complejo Cabaña Andina frente al Lago Lolog, para el que Calderón trabajaba como empleado de seguridad.

LA PLATA, CAPITAL DE LA BONAERENSE
El domingo 29 de julio, al terminar un recital de cumbia de “La Banda del Lechuga”, agentes de la Comisaría 3ª de Ensenada, que funcionan como seguridad permanente del boliche “Platino”, intervinieron en una pelea con su herramienta favorita para demostrar su supremacía física y legal: disparando contra todos los pibes que se encontraban a la salida del boliche y corriéndolos por la avenida 122 hacia el Bosque. Nicolás Domínguez (17), recibió un disparo de frente a menos de dos metros hecho por el policía José Violini, que le rozó el hemisferio izquierdo de la cara y por el que tuvo que ser internado en terapia intensiva en el Hospital Gutiérrez.

Después de sangrar por 30 minutos en la vereda - ya que además de los represores, la seguridad privada del boliche se negó a asistirlo-, y cómo nunca se presentó ninguna ambulancia, el chico fue trasladado en un vehículo particular, luego de que el conductor de un auto que se ofreció a llevarlos fuera interceptado por los agentes policiales que le advirtieron: “flaco, dejalo porque te metés en problemas”.

Durante el primer día que Nicolás estuvo internado, distintos agentes circularon por el Hospital presionando a su mamá, Myriam, para que se acercara a “dialogar” en la Comisaría. Al negarse a colaborar con quienes por milagro no mataron a su hijo y proponerse la denuncia pública de los hechos, Myriam sigue siendo hostigada, y durante toda la semana, hasta tres veces en el mismo día, los hermanos del chico fueron detenidos por diversos agentes de la comisaría, con un claro mensaje para quienes se niegan a “dialogar”.

Por más que Arslanián haya anunciado la exoneración de 105 empleados de las fuerzas de seguridad bonaerenses por diversos hechos de encubrimiento, corrupción y apremios, lo cierto es que no hay purga ni curso de DDHH que reforme lo que es una necesidad de disciplinamiento para las clases populares, y por lo tanto, una política de estado.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 6 de agosto, 9:30, concentración con los trabajadores del Hotel Bauen para acompañar la entrega de la apelación a la sentencia de desalojo frente al juzgado, Marcelo T. de Alvear y Callao.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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