CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CONDENA EN QUILMES, GATILLO FÁCIL EN CASEROS, PEDIDO DE PENA EN MORÓN
Entre los números que hacen las cifras de gatillo fácil, muchas son las víctimas que fueron heridas de muerte por un policía que intentaba matar a un supuesto ladrón y terminó matando a lo que los medios gustan llamar “víctima inocente”.

El jueves 16 se dio a conocer el fallo en que el Tribunal Oral nº 3 de Quilmes condenó a 17 años de prisión al policía bonaerense Antonio Fabián Sosa, que disparando contra unos chicos que jugaban al carnaval, mató de un tiro en la cabeza a Verónica Gauto (19). Quizás el hecho de que el caso involucre la muerte de una “víctima inocente” y en circunstancias tan especiales (Verónica estaba embarazada de 8 meses, y su bebé nacida en una cesárea de emergencia del cuerpo ya muerto de su madre sobrevivió milagrosamente) es lo que impulsó al TOC 3 a condenar al policía, en vez de dejarlo libre como hizo con todos los torturadores de Andrea Viera (la única condenada tiene arresto domiciliario), y con el policía que disparó contra Carla Lacorte.

Esta misma semana, Sergio Niznik fue víctima de la “seguridad” que brindan los uniformados en las calles. Un ex-policía federal que estaba haciendo lo que hacen los ex-policías, es decir, trabajando de custodio, intentó frustrar un robo y mató de un tiro en la cabeza y otro en la espalda al hombre, que se hallaba en la vereda de su casa. El hecho ocurrió en Caseros, partido de Tres de Febrero y quedó a cargo de la fiscal Carina Carbonella de la fiscalía número 12 de San Martín. Como Verónica, que estaba llevándole un mate a su marido, Niznik estaba en la puerta de su casa cuando recibió la bala del estado que “combatiendo la inseguridad” es el peor peligro para la población.

Finalmente en Morón, el fiscal Patricio Pagani pidió esta semana, al término del juicio oral contra el ex cabo de la federal Daniel Carlos López, que se lo condene a la pena de 25 años de prisión por haber asesinado a balazos, delante de su hijo de un año y medio, a su ex concubina y a su suegra, con las que mantuvo una discusión. Las víctimas, Gisella Yanina Dorosario (22), y su madre, Cecilia Alicia Gerbio (51), murieron el 19 de abril de 2004 frente a su propia casa en Morón, con entre cuatro y cinco tiros cada una.

El policía entregó su arma reglamentaria y esperó confiado los resultados periciales, pues había usado otra, una .45, que fue posteriormente hallada en su poder y confirmada como el arma homicida. Se trata del mismo fiscal y el mismo tribunal que intervinieron el año pasado en el juicio oral al policía Cristian Solanas, asesino de Rodrigo Corzo. La sentencia se conocerá el miércoles.

OTRA ESTAFA IDEOLÓGICA DEL GOBIERNO K
Una parte de la estrategia del gobierno K en materia de derechos humanos se basó en circunscribir la cuestión a los crímenes de la dictadura militar, con lo que se granjeó la simpatía de los organismos tradicionales a los que terminó cooptando, además, mediante jugosos subsidios y financiamientos de proyectos de todo tipo, incluso arquitectónicos. Siempre dijimos que esa política era el manto para ocultar las víctimas de la “democracia” y con más precisión a las de su propio gobierno, escondiendo bajo la alfombra de los campos de concentración de los militares la inmensa cantidad de muertos (más de 700) cometidos por las fuerzas de seguridad de Kirchner, y enarbolando ante cualquier acusación de represor las fotos del presidente con las señoras Pastor de Bonafini o Barnes de Carlotto. Pero como dice el slogan de campaña de su señora candidata, “el cambio recién comienza”. Y para muestra, basta un botón.

Otra vez el tema de los derechos humanos para posicionarse y enmascarar la ideología de este gobierno populista y de derecha. La noticia dice que el gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley que apunta a proteger del maltrato en todas sus formas a niños, niñas, mujeres, ancianos y discapacitados, lo que nada objetable tiene. Es encomiable que la violencia familiar sea condenada y sus víctimas amparadas legalmente. La iniciativa tiene una trampa, no es una nimiedad, sino que devela el verdadero objetivo del proyecto y lo intoxica convirtiéndolo en una nueva estafa ideológica del gobierno K. El proyecto define “la violencia y el abuso de poder en el ámbito de las organizaciones familiares” como una violación a los derechos humanos.

No es casualidad que el mentor de esta nueva ley haya sido el ministerio del interior, el ministerio político, el ministerio represor, a cargo de Aníbal Fernández, el ministro que más hecho para relegitimar a la policía federal y que ha “gendarmizado” la política nacional. Lo transcendente es que hechos delictivos absolutamente comunes e individuales, por repudiables que resulten, se conviertan en “violaciones a los derechos humanos”. No minimizamos la gravedad de la vulneración a los derechos subjetivos como la vida, la integridad física o psíquica que pueden ser cometidos en el ámbito familiar. No quitamos seriedad a la enorme cantidad de mujeres, niños y ancianos víctimas de violencia intrafamiliar. Pero si el victimario, el que comete el hecho injusto, no inviste la condición de agente represor del estado, el hecho no pasa de ser un delito común, y nunca puede ser una violación a los derechos humanos.

Insistimos hasta el cansancio, el único que puede violar los derechos humanos es el estado, a través de sus fuerzas armadas o de seguridad, o de grupos paramilitares o parapoliciales. No hay violación a los derechos humanos si el victimario es un particular.

El repetido discurso de periodistas, políticos y “juristas” de derecha que ante cualquier hecho criminal hablan de “violación de los derechos humanos”, que se alarman de que los organismos de DDHH somos “tuertos”, o procuramos sólo el respeto de los “derechos humanos de los delincuentes”, es un chantaje para equiparar las responsabilidades del estado en materia represiva y diluir la noción real de “derechos humanos”.

Si todo es una violación a los derechos humanos, en realidad, nada lo es. Integrar la violencia intrafamiliar a la noción de derechos humanos no busca elevar su repudio social, sino equiparar hechos reprochables pero individuales con otros que son contrarios a la condición humana porque los comete el estado. Así, se reduce la entidad de los segundos, y se diluye la responsabilidad del estado como violador de los DDHH.

Ni los ladrones comunes, ni los golpeadores de niños o de mujeres, por repudiables que sean sus delitos, cometen una violación a los derechos humanos. Sí a los derechos individuales, subjetivos, de sus víctimas. Sólo en aquellos casos en que se conjugan ambas categorías, como es el repetido caso de violaciones y homicidios de mujeres (esposas, novias, hijas) por parte de policías u otros uniformados, podrá la violencia familiar ingresar al territorio de la violación a los derechos humanos.

Estas iniciativas no son inocentes confusiones. Es una nueva vuelta de rosca de la estrategia K para los DDHH, que mete todo en la misma bolsa, lo mezcla creando confusión, y con ello, busca diluir la verdadera esencia de los DDHH, para poder, desde el estado, seguirlos violando, mientras “vende” que es el campeón de los Derechos Humanos.

ABUSO SEXUAL: UN MÉTODO DE TORTURA POLICIAL
La violación de los derechos humanos en forma sistemática en nuestro país, pese a sendas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que la ubican y congelan en el pasado dictatorial militar, se sigue manifestando en nuestro país con métodos diversos. En barrios humildes, donde la represión es moneda común, la violación como método de tortura de parte de los agentes policiales sirve al doble objetivo de disciplinar y sumar esclavas a la red de prostitución de la que son explotadores.

Pese a que la policía de Córdoba procuró ocultar desde la información del suceso, tomó trascendencia pública esta semana que el 27 de julio pasado, personal de la comisaría 19ª, dependiente del Distrito 2, ingresó a un domicilio del barrio San Roque en un procedimiento y atacó, golpeó y se llevó en un patrullero a María Victoria Suárez, junto a su hermana quien intentó defenderla de los golpes a la vez que les advertía que María Victoria estaba embarazada de tres meses.

Ya dentro de la dependencia policial del barrio Los Naranjos, continuaron golpeando a Maria Victoria y le ordenaron que se desnudara en presencia de otros efectivos policiales que observaban a la vez que la manoseaban, tocándole sus partes pudendas.

Toda la sesión de tortura se desplegó en horas de la mañana, en el mismo lugar donde funciona la Unidad Fiscal Nº 21 cuyos empleados, como reconoció el Fiscal Matheu, podrían haber conocido el hecho y no hicieron nada para impedirlo.

Luego, cuando la joven estaba encerrada en un calabozo, comenzó a perder sangre. Recién siete horas después recibió atención médica en la maternidad provincial, donde se le efectuó un legrado ya que no se podía salvar el bebé.

Matheu, presionado por la denuncia pública, detuvo por un breve tiempo al sargento Jorge Zapata, imputado de vejámenes y abuso sexual agravado por abuso de la función policial, y a los oficiales Marcos Carnevale, Sergio Campos y Luis Miranda, quienes quedaron imputados por los delitos de lesiones leves agravadas por el abuso de la función policial y aborto preterintencional. Ni bien pudo, los puso en libertad con excusas procesales. La víctima, mientras tanto, vive junto a su madre y sus dos hijos, de 6 y 4 años, en una casa que actualmente está bajo custodia de los compañeros de los torturadores.

Un hecho de similares características habría ocurrido en otro barrio de la ciudad de Córdoba, el mismo día. En este caso aún no se habría realizado la denuncia. Al igual que en el episodio de barrio San Roque, una mujer habría sufrido la pérdida de su embarazo al ser brutalmente agredida por policías que realizaban un allanamiento en barrio de trabajadores, Ampliación San Jorge. La víctima, cuyas iniciales serían M.R., de 26 años, habría intentado impedir la detención de su esposo, momento en el que habría sido golpeada por los efectivos que quisieron retirarla.

A comienzos de agosto se conoció también el caso de Débora Correa, una joven de 19 años con retraso madurativo que, tras haber sido reportada como perdida por su padre, que exhibió su fotografía y proporcionó sus datos a los patrulleros de la zona de Benavidez, Partido de Tigre, fue interceptada por un patrullero de la comisaría cuarta de la localidad. Entonces el sargento René Romero y su compañero la llamaron por su nombre y la subieron. Pasaron por la comisaría porque en el camino le avisaron al acompañante de Romero, por radio, que debía relevar la guardia de los calabozos. El sargento Romero llevó a Débora a un descampado la violó en el patrullero, luego de lo cual la dejó correr advirtiéndole que “no le dijera nadie, que no era la primera vez que lo hacía”.

Con la presión del estado público del caso, unos días después, Romero fue aprehendido por orden del fiscal Gonzalo Acosta y desafectado –una simple suspensión en las tareas anteriores, no es exoneración- de la policía bonaerense por orden de Asuntos Internos. El sistema de rastreo satelital demostró que el auto estuvo detenido dieciséis minutos en un descampado. También se encontraron pelos y semen en el móvil policial. Y los peritos comprobaron que Débora tenía un desgarro perineal.

El sargento Romero quedó imputado por el delito de abuso sexual agravado con el acceso carnal y por ser cometido por un integrante de una fuerza de seguridad, en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En tanto el caso de la menor de 16 años violada en mayo pasado, por dos policías de General Rodríguez, que entraron al albergue transitorio en patrullero, dio un giro gracias a un doble aporte: la colaboración de otros compañeros que declararon haber tenido relaciones consentidas con la víctima y el “profundo” interés de los funcionarios judiciales de investigar el delito de peculado por el uso indebido del auto público.

Se suman estos casos que se conocen recientemente a otros en que al abuso o la violación siguió la muerte, como el crimen de Natalia Melmann, de 15 años, en febrero del 2001, en Miramar, por parte de los policías bonaerenses Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini y los asesinatos en serie a mujeres en estado de prostitución perpretados por la policía marplatense cuando no transaban con dinero o con sexo.

ESTILO K: PATOTA INCENDIA CARPA DOCENTE Y FUNCIONARIO ATROPELLA TRABAJADORES
Tras cinco meses de ausencia como consecuencia de la organización y movilización de distintos gremios estatales, Néstor Kirchner volvió a Río Gallegos para presentar en su feudo, saturado de policías y gendarmes, la candidatura de su esposa Cristina Fernández. En la madrugada del último viernes, tres personas arrojaron bombas incendiarias sobre las carpas que los docentes levantaron frente a la gobernación en reclamo de mejoras salariales. De casualidad no hubo ningún herido. Resulta muy extraño -o no tanto- que mientras los agresores huían, los policías que custodian la gobernación salieron con matafuegos para sofocar el incendio. De los incendiarios, que si se tratara de militantes de alguna organización no cooptada por el oficialismo ya estarían encarcelados y hasta acusados de terrorismo, ni noticias.

Por otra parte, este mismo viernes por la noche, Néstor y Cristina se encontraban en pleno acto proselitista en un club de la capital santacruceña. Una marcha organizada por la Mesa de Unidad Sindical había logrado convocar 3.000 personas para repudiar las “ilustres” visitas. La columna se desplazaba por la avenida San Martín cuando una camioneta 4 x 4, con el ex ministro de la gobernación Daniel Varizat al volante, quiso salir entre la
multitud. Al reconocerlo, los manifestantes lo rodearon y comenzaron a insultarlo. Sin importarle la presencia de jubilados, mujeres y niños, Varizat aceleró el vehículo, atropellando a 19 personas de las cuales cinco se encuentran internadas con heridas graves. El ex funcionario nacional, ex ministro de gobierno provincial y actual miembro del directorio de una empresa provincial de minería, se encuentra “detenido comunicado”, y bien cuidado de la indignación popular, en la escuela de policía provincial.

A escasas cuadras de allí, la histriónica Cristina vociferaba al micrófono del Boxing Club que “no puede ser que la intolerancia y la violencia ganen
las calles de Santa Cruz”. Mientras tanto, sus patotas queman carpas de docentes y sus funcionarios atropellan trabajadores.

PALOMAR: VECINOS ORGANIZADOS FRENAN OPERATIVO
Los vecinos del barrio de monoblocs Nueva Italia, en la localidad del Palomar, impidieron la represión dirigida a los pibes del barrio, a cargo de integrantes de la comisaría de Villa Tessei, a las 16:00 de este domingo. Primero fue un móvil que apareció por la calle Jufré a toda velocidad disparando contra cinco jóvenes, algunos de ellos menores, que se encontraban sentados en la entrada de los pasillos de sus casas. A los pocos minutos de esta balacera, llegaron al lugar cuatro patrulleros y dos camionetas 4×4, pero fueron detenidos por los vecinos.

Cuando los efectivos se bajaron de los móviles para entrar al barrio, fueron atajados por una veintena de vecinos que muy amablemente les pidieron que antes de realizar el operativo se identificaran, de manera de saber después a quiénes reclamar si de casualidad rompían algo. El jefe de calle se negó y luego de unos minutos de conciliábulo, ordenó el retiro del lugar.

Las víctimas del primer ataque, junto a militantes de CORREPI Zona Oeste (entre ellos, la familia Mansilla) y quince vecinos del barrio, concurrieron luego a las fiscalías de Morón, donde la UFI 4, de turno, les tomó la denuncia.

Los ataques armados y las amenazas de muerte de parte de la patrulla de calle de Villa Tessei a los jóvenes del lugar es moneda común en la zona, donde hace poco más de un año, integrantes de la comisaría 6ª de Palomar fusilaron a Tato Mansilla desde la camioneta 4×4 conducida por Marcos Rubén Rojas con un escopetazo de Sergio Nogueira.

MERCOSUR, MERCADO COMÚN DE LA TORTURA
Como nuestro país con el caso Bulacio hace 4 años, Brasil fue condenado en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
de Damião Ximenes Lopes, muerto hace 8 años por tortura en una clínica psiquiátrica en el Estado do Paraná, según lo informa el matutino O ESTADO DE PARANA en su edición del sábado pasado. Recién en estos últimos días se “empezó a cumplir” con la sentencia que dictara el organismo continental de justicia, depositando la indemnización para los familiares de la víctima.

Precisamente fue la hermana quien denunció ante la CIDH al Estado Brasilero por la muerte de Damião en la Casa de Repouso Guararapes ocurrida el 4/10/99, donde fue internado para recibir tratamiento psiquiátrico por padecer una enfermedad mental. Dos días después, su madre lo encontró con marcas visibles de tortura, las manos atadas, la nariz sangrando, el rostro y el abdomen hinchados. Horas más tarde, pese a haber sido medicado, Damião falleció.

Como en el caso Bulacio, el estado brasileño sólo está dispuesto al cumplimiento parcial de la condena en su parte más sencilla, como es la reparación material, sin acatar los puntos más importantes del fallo, que ordenan al estado brasileño la aceleración de los procesos internos que investigan la muerte de Damião Ximenes Lopes. Evidentemente, los gobiernos de Kirchner y Lula tienen más de un punto en común: tortura, muerte, represión como parte del control social, son elementos estructurales de su política. No importa quién administre el estado, no importa cuánto tenga su discurso de “popular”. Las balas y los tormentos van dirigidos siempre a la misma clase, consolidándose aquello de que EL ESTADO ES EL APARATO REPRESIVO.

LULA: ¿”PRONASCI” o PRONAZI?
El gobierno de Lula Da Silva, a través de su ministro de justicia Tarso Genro, anunció a los medios de comunicación de Curitiba un plan de seguridad al que bautizaron “Pronasci” (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania). Dicho programa, según el gobierno, apunta a “promover la integración de acciones de seguridad pública y políticas sociales para enfrentar la criminalidad”.

Inicialmente se implementará en once regiones metropolitanas del país con grandes índices de criminalidad, con un presupuesto actual de $R 483 millones (algo así como 240 millones de dólares), suma que deberá aumentar a la suma de 6.7 billones de dólares hacia el 2012, es decir más de 11 veces en 5 años.

El ministro hizo hincapié en la necesidad de dar respuesta a los estados en los que se incrementa el índice de criminalidad, lo que se traduce en la construcción de 6 penitenciarías en el Estado Do Paraná, una de las cuales alojará a jóvenes entre los 18 y 24 años bajo el argumento de la “necesidad de separar los presos por edades”, mientras otras dos albergarán población carcelaria femenina.

Para lograr la ejecución efectiva de este plan, en los últimos días asumió el nuevo superintendente regional de policía en Paraná, Delci Teixeira, a quien próximamente le han prometido poner en funcionamiento el nuevo predio para centralizar la tarea “laboriosa” de los distintos servicios represivos de la policía federal distribuidos hoy en distintos predios. Los antecedentes de este nuevo jefe no fueron otros que la comandancia de unidades en Mato Grosso Do Sul y Río de Janeiro. El hombre se jacta de saber combatir al narcotráfico en regiones de frontera.

El Plan Pronasci tiene incorporadas las directrices del departamento de estado yanqui, no tan novedosas en su concepto: si para el régimen nazi los negros, judíos y gitanos representaban el peligro social, el poder hoy lo visualiza en jóvenes marginalizados y pobres, a los que si no se puede exterminar de hambre o con el gatillo fácil, hay que encerrar en modernas cárceles… y tirar la llave.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
6 y 7 de septiembre, charlas sobre la ley antiterrorista a cargo de María del Carmen Verdú y Nicolás Espósito de CORREPI en localidades de Río Negro y Neuquén. Informaremos horarios y lugares precisos a la brevedad.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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