CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

EL GOBIERNO “SOCIALISTA” ESPAÑOL ES “DERECHO Y HUMANO”
Los inmigrantes de países pobres, generalmente sin suficiente documentación a su ingreso y por eso llamados “ilegales”, constituyen el más vulnerable de los estamentos sociales en los países que buscan para superar su miseria. No asombra que, a la par de la explotación laboral sin límites, sean quienes reciben con más dureza la represión estatal. Son conocidas las masacres cometidas por los “rangers” yanquis en su afán por impedir el ingreso a EEUU de los “espaldas mojadas” provenientes principalmente de Mexico, y las condiciones infrahumanas en las que son encerrados en verdaderos campos de concentración a la espera de su deportación cuando son atrapados con vida. No nos quedamos atrás en Argentina, como lo prueban las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de talleres clandestinos, particularmente textiles, como se hizo público a partir del incendio de uno de ellos el año pasado.

Pero la democrática, socialista y muy defensora de los DDHH España tampoco tiene mucho que envidiar al trato que se da a los inmigrantes de piel oscura en Alemania, Francia u otros países del llamado “primer mundo”. El gobierno español no sólo repatrió 8.500 inmigrantes “sin papeles” en lo que va del año, sino que esta semana el ministerio del interior difundió las nuevas normas de seguridad que regirán para los traslados forzados de los inmigrantes. En primer lugar aclara la ley que los policías “no podrán drogarlos ni hacer uso de la fuerza de forma que puedan poner en riesgo las funciones vitales del repatriado”. El solo hecho de que se prohiban expresamente semejantes barbaridades da una idea de la forma en que los inmigrantes expulsados son tratados habitualmente. Pero peor es lo que sí se autoriza: el uso de camisas de fuerza y otros medios de sujeción antes y durante el viaje, eso sí, “con el fin de evitar que se autolesionen”.

La medida ordena que los inmigrantes sean abordados a los aviones con las manos atadas con cuerdas, quedando a criterio de los policías que los custodien mantenerlos así durante el vuelo. Mientras dure el viaje, deberán utilizar cinturones y prendas inmovilizadoras. Sólo podrán ir al baño escoltados.

Según fuentes del ministerio del interior, “la medida busca evitar otros casos como el de Osamuyia Aikpitanhi”, que en junio último falleció maniatado y amordazado mientras iba a bordo de un vuelo de repatriación. Es que según el gobierno español al nigeriano no lo mataron ellos, sino que se suicidó dándose cabezazos contra el avión.

No se sabe que el juez Garzón, el recontra humanista y garantista, haya objetado la medida. Seguramente tendrá informes confidenciales de que los nigerianos y otros inmigrantes sin papeles son todos etarras.

TORTURA Y MUERTE EN CÓRDOBA
El jueves pasado, integrantes de la Comisaría 12, ubicada en el Barrio Colón de la ciudad de Córdoba, detuvieron a Maximiliano Alexis Aguirre (21) y a otro joven, y los condujeron a la seccional, acusados de intentar robar un quiosco.

En la comisaría, Maximiliano fue torturado por un grupo de policías y luego trasladado a la cárcel de Bouwer, a la que ingresó con golpes en todo el cuerpo y hasta la marca de los borceguíes en la cabeza, según constató el médico del penal. Al agravarse su estado, lo llevaron al Hospital de Urgencias, donde pronto quedó en estado vegetativo. Finalmente falleció el domingo, mientras Juez y Schiaretti contaban sus votos.

Sus padres, Jorge Quevedo y Ana María Aguirre, realizaron la denuncia en tribunales y a los medios tres días después, en medio de la parodia electoral. Ningún policía ha sido indagado por el fiscal Rubén Caro, ni mucho menos detenido. Como sucede en la mayoría de los casos de torturas, ni la evidencia más clara es elemento suficiente para que los autores sean castigados. Y en los pocos casos que lo son, esperan en sus casas o en celdas VIP una leve condena de parte de los encargados de aplicar justicia, que califican la tortura como excesos o abusos, como simples apremios excarcelables, o, como dijo la Corte en el caso Derecho, como delitos individuales que no configuran un crimen de estado ni un delito de lesa humanidad porque según ellos, “esto es una democracia, y en democracia el estado no es una máquina represora”.

Como lo dijimos durante el juicio por Diego Gallardo, como lo denunciamos ante cada reiterado caso de torturas seguidas de muerte, los crímenes de estado se siguen perpetrando durante la “fiesta de la democracia”.

COIMAS POLICIALES, NINGUNA NOVEDAD
El diario La Nación difundió hoy una encuesta hecha por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Universidad de San Andrés, según la cual uno de cada cinco entrevistados fue víctima o testigo de un pedido de coima por parte de integrantes de la Policía Federal. Un detalle interesante es que los barrios en los que fueron más altos los índices de pedidos de coima policial corresponden a los más humildes de la ciudad, como Villa Riachuelo, Villa Lugano o Villa Soldati, mientras se registraron -o se confesaron- menos casos en los barrios más ricos, como Retiro y Puerto Madero.

Pero lo que verdaderamente llama la atención es que se titule como si fuera novedad que la policía (federal u otra) realiza a diario extorsiones de todo tipo, y que esas exacciones no son “hechos individuales” sino tan institucionales que se reparte siempre hacia arriba (y bien arriba) y se destina buena parte a gastos de mantenimiento de vehículos y otros igualmente “oficiales”.

A pesar de los elevados guarismos, seguramente no están incluidos en el cómputo los recurrentes casos de extorsión en el marco de detenciones arbitrarias, enormemente frecuentes en las barriadas populares de la ciudad y el conurbano. Está probado, incluso en procesos judiciales con condena como el de la brigada de la comisaría 30ª de la PFA, que es habitual la detención de personas a las que se amenaza con el “armado” de una causa, generalmente por tenencia de drogas, armas o elementos robados que serán “plantados” en su domicilio o vehículo, si no aportan sumas que varían entre $2.000 y $10.000 según la zona y la posibilidad de la víctima.

Estas extorsiones se realizan al amparo de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, y si el damnificado denuncia luego el hecho, su arresto aparece legitimado en los libros policiales como una averiguación de antecedentes o una aplicación del código de faltas o contravenciones. Por eso sólo suelen llegar a juicio casos en los que la víctima, antes de pagar, recurre a organizaciones que, como hicimos en el caso de la comisaría 30ª, la orientan para hacer una sigilosa denuncia judicial que implemente una cámara oculta para registrar el delito en el momento de la consumación.

En no pocas ocasiones este tipo de situaciones ha ocasionado la muerte de la víctima, ya que la imposición de tormentos es parte del mecanismo de “ablande” para forzar el pago. Así ocurrió en el caso de Jorge “Cahco” González, cuya madre fue obligada a entregar $2000 en la comisaría 5ª de Villa Fiorito para evitar que a su hijo le endilgaran el robo de una bicicleta. Aunque Ramona pagó para recuperar a su hijo, los golpes que le propinaron los policías Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo le causaron la muerte unos días después.

El 22 de noviembre de este año ambos policías serán juzgados por un tribunal de Lomas de Zamora, para el cual -vaya novedad- la tortura seguida de muerte es, en esta ocasión, “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”. De más está aclarar que ambos policías están excarcelados, y uno de ellos, por añadidura, es vigilador privado de una fábrica a un par de cuadras de la casa de la familia de su víctima.

TERROR POLICIAL EN LA VILLA LA CATANGA
Desde que en febrero de 2005 se inauguró una seccional de la policía Bs. As. 2 en Coronel Mom y 3 de Febrero de San Martín, los vecinos de la muy cercana villa La Catanga viven aterrorizados. Razzias en todo momento y a toda hora, detenciones arbitrarias, palos, balazos, y hasta un “novedoso” método que ya lleva más de dos años de uso: las picadas entre los patrulleros en las calles alrededor de la villa, que siembran el terror permanente e impiden el libre acceso al barrio. Además, como los pasillos de la villa no tienen lugar para que los chicos jueguen, los padres los llevaban a las calles cercanas a correr y jugar, pero desde que llegó la Bs. As. 2 no pueden hacerlo sin riesgo de ser atropellados por policías divirtiéndose.

El miércoles 5 de septiembre irrumpió en la villa una de las razzias habituales. Los policías entraron repartiendo golpes con sus bastones “tonfa”, rociando gas pimienta en los pasillos y disparando sus armas con balas de plomo. Una mujer que esperaba un llamado en la puerta de la casa de una vecina, porque su hija acababa de morir, recibió un palazo en la cabeza y luego se ahogó entre una nube de gas pimienta. Una vez derribada la mujer, los policías entraron a la casa y se llevaron al hijo de la vecina. De más está decir que para tal detención jamás existió una orden, lo que constituye lisa y llanamente un secuestro. Además de ese chico, otros tres fueron detenidos, no sin antes tirarlos al piso y aplastarles las piernas con sus borceguíes.

Luego de la razzia, los policías llevaron los chicos a la comisaría 1ª de San Martín, desde donde los trasladaron al hospital Ramón Carrillo, en el partido de Malvinas Argentinas. Habiendo tantos otros hospitales en el partido de San Martín, llama la atención que los llevaran tan lejos. Quizás nos dé una pista lo que cuenta uno de los pibes detenidos. Agobiado por los golpes que había recibido, le pidió al médico del Carrillo que abriera la ventana de la sala donde lo estaban revisando, a lo que el médico respondió “Callate la boca y dejate de joder o te vamos a poner un fierro y te vamos a hacer aparecer en una zanja”.

De los cuatro detenidos en la última razzia, dos eran mayores y dos menores. Una vez liberados, quizás confundidos con la idea del loquito suelto o del policía al servicio de la comunidad, los vecinos de La Catanga fueron a denunciar el accionar de la Bs. As. 2 a la comisaría 1ª. Nadie les prestó atención. Los “camaradas” de “la familia policial”, como dicen los delegados de los sindicatos policiales, bien saben a quien deben proteger.

La villa La Catanga está ubicada entre las calles Libertad, Coronel Mom, Suipacha y José C. Paz, a una cuadra de la seccional que se dedica a aterrorizar a los vecinos, principalmente a los más chicos. Recordemos que este destacamento está conformado por policías “educados” en los cursitos de derechos humanos del actual gobierno, y no son “resabios de la dictadura” sino producto de esta “democracia”. En la inauguración, dijo el ministro de seguridad Arslanián: “Queremos una policía prestigiosa, reconocida y útil para el mantenimiento de la paz y la relación con la comunidad (…) De esta manera, el gobierno sigue avanzando en la apertura de estándares de seguridad modernos y respetuosos de los derechos humanos, (…) la nueva Bonaerense II está pensada para actuar en conjunto con fuerzas de seguridad nacionales”.

Ya vemos lo respetuosa que es la Bs. As. 2 en materia de DDHH, y sobre todo cómo actúa en conjunto con las otras fuerzas, como las que persiguen y asesinan maestros en Santa Cruz y Neuquén y hostigan barrios completos como el Alto en Bariloche, o secuestran personas como en Las Heras por citar algunos ejemplos. Lo que publicita el gobierno nada tiene que ver con como viven la “democracia” los vecinos de los barrios pobres. Una vecina de La Catanga que se comunicó con CORREPI dijo: “Yo estoy aterrorizada, me da escalofríos ver que estos tipos hacen lo mismo que hacían los militares”.

OTRO “NEGOCITO” POLICIAL: LA VENTA DE BEBÉS
Es bien conocido que existen en todo el país, y especialmente en las provincias más pobres, amplias redes que se dedican al tráfico de niños, que en el caso de bebés son vendidos a parejas adineradas que no reúnen condiciones para ser adoptantes legales, o no quieren seguir el proceso de adopción. Corrientes es una de las provincias donde con más frecuencia se denuncian estas mafias, que como toda organización criminal de envergadura, cuentan con la participación, cuando no la dirección, de integrantes del aparato estatal.

El domingo pasado, en Corrientes, fue detenido un matrimonio italiano que salía de la provincia con un bebé de 4 días, hijo de una mujer de 40 años con otros ocho hijos, residente en la localidad de San Cosme, a 27 kilómetros de la capital provincial. Poco después fue también detenido el “intermediario”, un policía provincial de apellido Gómez. Usando sus dotes para la investigación, Gómez era el encargado de detectar mujeres embarazadas sin recursos, a las que convencía de entregar el bebé por unos pesos. El policía había vendido el chiquito a los italianos por $ 20.000, entregándoles además una partida de nacimiento falsa en la que figuraban como sus padres biológicos. Además del policía, fue detenido el jefe del registro civil que emitió la partida falsa, y están investigándose la conexión en el hospital local.

REPRESIÓN A TRABAJADORES EN PARAGUAY
Durante casi una semana los trabajadores de la planta industrial Acepar, en Villa Hayes, Paraguay, se manifestaron frente a la fábrica exigiendo que la patronal cumpla una resolución oficial sobre salubridad en el trabajo, además de otras reivindicaciones salariales. El domingo pasado, aprovechando que circunstancialmente el número de huelguistas era menor que los días anteriores, efectivos antimotines de la policía nacional se abrieron paso a cachiporrazos y disparos de escopetas con postas de goma para dispersar el piquete.

Hubo varios heridos entre los trabajadores, dos graves, uno al que los balines le provocó la pérdida de la visión y otro con heridas en la cabeza. Cuatro trabajadores fueron detenidos. El fiscal les imputó el delito de “perturbación de la paz pública”.

La medida de fuerza continuó en forma masiva hasta el pasado viernes, en que se llegó a un acuerdo que hizo lugar parcialmente a los reclamos de los obreros, aunque los cuatro trabajadores continúan presos.

En Paraguay, como en nuestro país, como en toda sociedad dividida en clases, las fuerzas de seguridad y los jueces cumplen el rol de reprimir a los que protestan, defendiendo los derechos de los explotadores y garantizando sus ganancias.

¡¡RIFA!!
Colaborá con la rifa a beneficio de Familiares CORREPI Zona Oeste. Primer premio: un corderito listo para asar. Segundo premio: un set de bebidas. Valor: $ 3. Sortea el 22/9/07 con la jugada nocturna de Lotería Nacional. Reservá tu número escribiendo a correpi@fibertel.com.ar.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Sábado 15 de septiembre, en ATE Moreno (Piovano 3077), charla sobre Ley Antiterrorista con compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva Oeste y la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos. Por CORREPI, integrará el panel Nicolás Espósito. Los días previos se organizarán volanteadas de difusión en la estación y la Plaza San Martín de Moreno, la Plaza Rocha de Morón y la estación Once.

Domingo 16 de septiembre, 13:00, marcha a 31 años de la Noche de los Lápices, desde Plaza San Martín, La Plata.

Domingo de 7 de octubre, desde las 15:00, Festival Antirrepresivo con radio abierta en el barrio “El Satélite” de Moreno. Recordamos en esta actividad a Miguel Da Silva, víctima del gatillo fácil e invitamos al barrio a compartir una jornada de música e información sobre la represión en los barrios.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar,
tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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