CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CUANDO LES TOCA A ELLOS, NO HAY MANO DURA

Cada vez que un tema judicial grave salta a la tapa de los diarios es casi unánime desde todos los sectores del discurso oficial el reclamo de mano dura o tolerancia cero para los autores reales o presuntos.

Los comunicadores y formadores de opinión publica(da) no retacean adjetivos -con más o menos ropaje “democrático”, según el perfil editorial- para exigir que jueces y fiscales sean inflexibles en el castigo a los delincuentes, al tiempo que se aprovechan hasta el infinito las posibilidades de colar en el reclamo de “esclarecimiento” nuevos y más profundos recortes de las libertades y garantías individuales.

No ocurre lo mismo cuando los investigados son selectos miembros del club de los poderosos. A esta verdad de perogrullo han aportado en los últimos tiempos las causas Grassi, García Belsunce y Herrera de Noble, que han desatado una epidemia de garantismo, defensa del debido proceso y del principio de inocencia como pocas veces se ha visto.

La detención de la señora Ernestina Herrera de Noble, en una causa que investiga si sus hijos adoptivos son niños arrebatados a sus padres detenidos desaparecidos durante la dictadura, “ha abierto un importante debate acerca de los derechos y garantías del debido proceso de las personas acusadas de cometer delitos”, según publicara el Diario Clarín el 21 de diciembre, citando un comunicado del CELS, suscripto por su presidente periodista.

La defensa de los “derechos procesales” del cura Grassi -imputado de un delito sexual aberrante en cualquier caso, pero que horroriza aún más por tratarse de un religioso famoso por su supuesta dedicación a amparar menores sin familia- o de la mediática y probable apropiadora Ernestina pone a los cultores del manodurismo en el difícil trance de recular en sus eternas posiciones, obligándolos a asumir un discurso respetuoso de las garantías constitucionales del que denostan como vehículo para “proteger delincuentes” cuando el imputado no es amigo o partícipe directo del poder político y económico.

No sucede otra cosa con el homicidio de María Marta García Belsunce, enterrada con un certificado falso de muerte natural cuando la pobre recibió cinco tiros en la cabeza, sin autopsia ni intervención judicial. Si el escenario del crimen hubiese sido cualquier barrio alejado de los lujos del Country Carmel, si la familia en cuestión fuese de carne y hueso, amigos del verdulero de la esquina y no del Fiscal de Casación Romero Victorica -¡nada menos!-, ningún juez sería indulgente con la “confusión” de un proyectil con un “pituto” para sotener estantes, ni con la manía de limpieza que eliminó los rastros de la lucha por su vida de la infortunada víctima.

¿Dónde están los clamores por la castración -química o quirúrgica- para los violadores? ¿Dónde quedó el alegato a favor de la pena de muerte para los homicidas? ¿Dónde fueron a parar la invocación a la “seguridad ciudadana”, la denostación del beneficio excarcelatorio, el horror ante el “delincuente que entra por una puerta y sale por otra? ¿Es que se han vuelto todos garantistas, democráticos y defensores del debido proceso y la presunción de inocencia? No, simplemente defienden su clase demostrando la instrumentalidad de su cotidiano discurso represor.

Grassi, Herrera de Noble y García Belsunce son casos útiles para poner en evidencia ante ingenuos y desprevenidos el carácter de clase del aparato judicial-policial y la manipulación informativa que desvía del tema de fondo -el abuso sexual de menores, el secuestro y sustitución de identidad de hijos de desaparecidos, el homicidio intrafamiliar-, para instalar un debate que los mismos personajes silencian o directamente combaten cuando no son sus pares los sospechados.

JOSÉ C. PAZ: GENDARMERÍA REPRESORA
El domingo 4 de enero, cerca de las 21:00, Néstor Javier Castillo, de 29 años, fue detenido por personal de gendarmería cuando viajaba en tren hacia la estación de José C. Paz. Néstor, acusado de viajar sin boleto -como tantos que de otra manera, no pueden viajar- fue bajado del vagón a trompada, patada y palazo limpio.

Como ya ha ocurrido en otros casos (caso Escalante en Burzaco, por ejemplo) una vez descendido del tren el joven fue arrastrado a un “cuartito”, en este caso detrás de los baños, donde continuó la golpiza.

Esto fue observado por quienes se encontraban en el andén, que de inmediato reaccionaron en defensa de Castillo, golpeando la puerta del cuartito y exigiendo a gritos que se sacara de allí al pibe. Los efectivos de Gendarmería salieron empuñando sus armas y apuntando hacia el exterior para “disuadir a los revoltosos”, pero se sorprendieron al ver que eran más de 70 personas quienes habían bloqueado la entrada y reclamaban el cese de los golpes y la libertad de Castillo.

Al ver esa cantidad de gente, los gendarmes se volvieron a encerrar en la habitación. Mientras tanto el muchacho gritaba muy fuerte y pedía ayuda, hasta que repentinamente cesaron los gritos. Muchos de los que estaban afuera pensaron que se había desmayado.

Entre los presentes habia compañeros de una radio comunitaria local y docentes que comenzaron a contactarse con otros compañeros, y cerca de las 21:30 se comunicaron con CORREPI.

De inmediato la compañera Rosario Guerrero se dirigió a los tribunales de San Martín, territorialmente competentes, para exigir al juez de garantías de turno que cesara la arbitraria detención, verificara las lesiones y salvaguardara la vida de Néstor. No había un solo juez en todo el edificio, por lo que se dirigió a la UFI 7, donde el fiscal adjunto López fue informado de la urgente situación. Mientras tanto, se seguían juntando compañeros en la estación.

El fiscal adjunto, a pesar de las protestas de la compañera, se negó a dar trámite a la acción de habeas corpus (lógico, tenía que despertar al juez) y se limitó a dar intervención… ¡a la policía bonaerense! enviando un patrullero a rescatar a la víctima, algo así como querer apagar un incendio con kerosene. Lo pintó de cuerpo entero su afirmación de que “si iba la policía era como si él fuera en persona”. A confesión de parte, relevo de prueba, pensó Rosario, mientras el fiscal se quedaba muy tranquilo con la confirmación policial de que el detenido había sido llevado a la comisaría 1ª de José C. Paz en “averiguación de antecedentes”, y que no presentaba señales de lesiones.

Obviamente la compañera continuó su camino hasta la comisaría, pero a su arribo habían trasladado a castillo al hospital Ramón Carrillo de Ciudadela para el reconocimiento médico. En el camino el patrullero pinchó una cubierta y ocurrieron otros episodios dilatorios, hasta que a las 2 y media de la mañana fue puesto en libertad.

Junto con compañeros de la comisión interna de Ate que participa de una multisectorial a la que tambien pertenece la radio comunitaria, lo acompañaron al hospital Mercante, donde se verificaron sus lesiones.

Néstor Castillo promoverá con nuestro patrocinio la denuncia contra el personal de gendarmería. Muchas de las personas que participaron en la movida que permitió su libertad comentaron que habían sido víctimas de casos semejantes o conocían otros similares, lo que motivó que desde la radio se esté estudiando hacer una campaña para ubicar otras víctimas de situaciones parecidas.

CORREPI se sumará a la iniciativa comunitaria, por lo que convocamos a quienes tengan conocimiento de casos como éste a ponerse en contacto con nosotros.

RECUERDO DE UN LUCHADOR
Falleció hace horas el dirigente de los jubilados Carlos Victoriano Imizcoz. El veterano luchador, de 85 años, estaba internado en el Policlínico Bancario, víctima de una insuficiencia cardíaca.
Siguiendo su expreso pedido, la familia resolvió no velar sus restos, que serán cremados hoy a las 12.30 en el Cementerio de La Chacarita.

Carlos Imizcoz había nacido en Génova, Italia, y arribó a la Argentina en 1938, cuando estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Su larga vida estuvo indisolublemente unida a la militancia, que jamás dejó a pesar de haber sufrido once años de cárcel en pasadas décadas.

Durante más de diez años fue dirigente de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, que protagonizó más de 500 movilizaciones cada miércoles frente al Congreso.

Nuestro saludo solidario a sus familiares y compañeros, y nuestro respeto a la coherencia y constancia de su lucha.

VENEZUELA: EL IMPERIO CONTRATACA
Una vez más el imperio intenta desestabilizar un gobierno legítimamente constituido. Hace 34 días que en Venezuela reina una situación de confusión y convulsión social. Empresarios y sindicalistas burócratas traidores -al mejor estilo de Daer y Moyano- vendidos a los intereses del imperio, no se bancan que un gobierno popular toque los intereses del petróleo y sus multinacionales.

Justamente los baluartes venezolanos de la orden del “TIO SAM” son los que pagan a francotiradores contra las manifestaciones en apoyo al gobierno Chavista generando una desestabilización como para rehacerse del poder que el pueblo les quitó.

Así como Bush y sus acólitos quieren sacar a Sadam Hussein cueste lo que cueste, también quieren barrer los gobiernos que no responden a sus órdenes imperiales. Desde hace más de 40 años los yanquis mantienen el Bloqueo a Cuba; en 1973 derrocaron y asesinaron a Salvador Allende en Chile, y desde que Chávez ganó el gobierno en Venezuela tratan de hacer lo mismo.

En los ‘70 instalaron dictaduras en América Latina que generaron miles de muertes de compañeros, luego se lavaron la cara con las democracias restringidas que completaron el trabajo de someter a millones al hambre y la falta de trabajo, siempre con el recurso de mandarte alguna FLOTA IMPERIAL que restaure “su orden” si lo ven en peligro.

OTRO “FRACASO REFORMISTA” (Y VAN…)
El cable de las agencias de noticias dice más o menos así:

El ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, resolvió hoy reemplazar al subsecretario del área, Marcelo Saín, luego de la polémica pública generada por su propuesta de sindicalizar la Policía provincial. De acuerdo con informaciones periodísticas, el subsecretario de Seguridad había comunicado su renuncia a Cafiero, en desacuerdo con la política para el área sobre autonomía policial y la sindicalización de la tropa.
Cafiero y el propio gobernador bonaerense, Felipe Solá, tuvieron más de una polémica con Saín, sobre todo cuando éste denunció el financiamiento ilegal de la política a través de la Policía y con el proyecto de sindicalización de los agentes de la fuerza. Saín presentó en diciembre pasado un plan integral para reformar las estructuras de la Policía Bonaerense, pero la primera línea política y la policial no habrían estado de acuerdo con el proyecto.
De hecho, según dicen en voz baja asesores de Solá, el gobernador temía la reacción que podría generar el proyecto entre los jefes policiales, a los que hasta hoy nunca pudo controlar del todo. Los críticos del actual funcionamiento de la Bonaerense aseguran que el proyecto que proponía Saín iba a permitir que los suboficiales puedan quejarse de sus jefes, y hasta denunciarlos, con la cobertura que les daría el gremio, lo que provocaba la abierta oposición de los altos mandos policiales.

Un análisis superficial conduciría a suspirar por otro “proyecto de reforma integral de la maldita policía” interrumpido por las idas y vueltas de la política, como ya ocurrió con De Lázzari, Lugones, Arslanián, los interventores civiles, las 18 departamentales, el nuevo código procesal, etc., etc.

Una mirada más profunda advierte de inmediato la repetición del ciclo de todos estos proyectos de reforma, purga, reestructuración, o como los querramos bautizar. Hemos definido muchas veces la autodenominada “interna” de quienes plantean uno u otro modelo policial como la disputa, no entre quienes quieren reprimir y quienes quieran garantizar la seguridad del pueblo, sino como la confrontación instrumental entre quienes están por la represión lisa, llana y franca y los que prefieren adoptar un tono democrático y garantista para sumar a sus herramientas de coerción el consenso social.

Antes de equivocar las caracterizaciones, recordemos la larga lista de los muertos del pueblo a manos de progresistas y democráticos defensores de las garantías. Saín, en su breve paso por su oficina, comparte con Solá y Cafiero la responsabilidad por cada gatillo fácil, cada tortura y cada detención arbitraria de la policía bonaerense desde el 6 de julio pasado hasta ayer.

CORREPI