CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

EL OTRO FALLO “HISTÓRICO” Y “EJEMPLARIZADOR”
El fallo que condenó a reclusión perpetua al cura represor Christian Von Wernich fue calificado como “histórico” y “ejemplarizador” por la gran mayoría de los medios, opinadores, comentaristas y demás formadores de opinión, y no pasó inadvertido tampoco para los que, como el diario La Nación, sostienen sin claudicar la defensa de la dictadura (ver nota editorial del 11/10/07). A escasas 48 horas, otra sentencia igualmente “histórica” y “ejemplarizadora” de gravísimas consecuencias para los trabajadores y el pueblo apenas si fue comentada.

El miércoles 10 de octubre el Tribunal Oral nº 2 de Morón dijo, sin matices, que el gatillo fácil es un accidente. Tres años de prisión por homicidio culposo y nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de su función, fue la condena que se escuchó en la sala de audiencias ante la presencia de militantes de CORREPI y un puñado de organizaciones hermanas que nos acompañaron. La bala que entró por la nuca de Cristian Marcelo Bogado, boca abajo en el suelo y con las manos hacia atrás, fue un simple accidente para los jueces, que lo castigaron con menos rigor que si hubiera sido uno de tránsito.

No fueron suficientes los testimonios precisos ni las pericias incontestables para que el tribunal le diera perpetua a este otro asesino, el policía José Luis Díaz, un típico ejemplar de policía modelo Arslanián-Kirchner, de 31 años, que hizo todos los cursos habidos y por haber de reentrenamiento y capacitación (también en DDHH). No fue suficiente el “pescado podrido”, como dijo el fiscal, traído al debate por los camaradas de la bonaerense, para que el tribunal reconociera la burda maniobra de complicidad y mentiras para encubrir el gatillo fácil. Para el Tribunal Oral nº 2 de Morón, fue sin intención, fue un accidente, aislado e individual. Usar el arma que el estado provee para cometer un delito no es un crimen de estado, es un accidente, dijeron.

Fue la nuca de Marcelo la culpable de que el integrante del comando de patrullas Hurlingham, con el arma reglamentaria en la mano y el dedo en el gatillo, disparara. Fue el pelo largo de Marcelo el culpable de que Díaz lo considerara “peligroso” y decidiera usar la pistola que portaba desde 1993 en que se recibió y que, según el tribunal, disparó sin querer hacia la cabeza del indefenso pibe.

Ser policía garantizó a Díaz que su “prisión preventiva” fuera de privilegio, en su propia casa y paseando por Tortuguitas. Después de escuchar su “condena”, se fue caminando airoso, libre, quizás pensando ya en dedicarse a la seguridad privada y volver a lucir un uniforme para asolar nuestros barrios. Esta es la condena ejemplificadora, la que nos sigue confirmando que el estado asesina con sus policías y los jueces garantizan su impunidad.

Porque para juzgar los crímenes de lesa humanidad de hace 30 años, suenan fanfarrias y se levantan las banderas de los DDHH con la única deuda de la aparición con vida del compañero Julio López, mientras se silencia que el gatillo fácil se lleva la vida de un pibe pobre día por medio, y que la tortura es tan crimen de lesa humanidad en un chupadero ayer como en una comisaría hoy.

El tribunal de Morón dictó una condena ejemplificadora del carácter clasista de la represión en “democracia”, y del carácter clasista de su justicia. Marcelo era un trabajador de 20 años. Tenía un hijo de un año que sólo lo podrá recordarlo por las fotos en los afiches que sus padres, junto a todos los familiares en CORREPI, seguirán blandiendo, conscientes de que la justicia la conseguiremos con organización y lucha.

LOS ALBATROS CONTRA LOS TRABAJADORES PESQUEROS
La Agrupación Albatros es, según explica la web de la prefectura naval, su fuerza de operaciones policiales, organizada, instruida, adiestrada y equipada para responder rápida y eficientemente a una amplia gama de requerimientos del servicio que puedan desbordar la capacidad operativa de los servicios policiales regulares. Este grupo comando es entrenado por instructores nacionales y extranjeros (suelen ser enviados a perfeccionarse con los SEALS yanquis) para actuar “como elemento táctico policial homogéneo” en forma aislada o en conjunto con otras fuerzas, en su propio ámbito jurisdiccional o fuera de él. Sus objetivos son “preservar la seguridad y el orden público o restablecerlos si son perturbados (…) en misiones de alto riesgo por las características del lugar, por la naturaleza del ilícito o por la peligrosidad de los delincuentes”.

Los vimos en acción en los operativos de Corrientes (1999) y Avellaneda (2002), en ambos casos coordinados con otras fuerzas provinciales y nacionales, con el saldo de centenares de heridos y cuatro asesinados entre ambos hechos. También podemos recordar su participación central en los alzamientos carapintadas de 1988 y 1990, donde su jefe Raúl de Sagastizábal fue una especie de lugarteniente táctico del ex coronel Seineldín, al punto de que 18 de sus integrantes huyeron a pedir asilo político en Uruguay cuando fracasó la última asonada.

Hace una semana que están en Mar del Plata, a cargo de la represión del conflicto de los trabajadores pesqueros de tierra, que están reclamando cuestiones tan elementales como tener un salario fijo garantizado, una obra social o cobertura previsional, volviendo al convenio que tenían en 1975. Fueron convocados por el intendente Katz, segundo candidato a diputado bonaerense en la lista del Frente para la Victoria (de los explotadores) que encabeza el gobernador Solá. Aníbal Fernández, jefe político de la prefectura, de inmediato accedió al pedido.

El jueves pasado mostraron su capacidad táctica militar cuando atacaron una nueva movilización de los trabajadores, que terminó con cuatro presos, heridos y golpeados a granel. Hasta el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, que intentaba “mediar” convocando con la misma consigna que enarbolan gobernantes y empresarios, “Paz Social”, es decir disciplinamiento de la protesta y sumisión a la súper explotación, fue lesionado.

Los trabajadores detenidos fueron trasladados de inmediato a 50 km. de la ciudad para evitar la movilización a la comisaría. Eso no impidió la rápida intervención de los compañeros del Frente Antirrepresivo marplatense, que se dirigieron a Balcarce para asistir a los presos y rápidamente convocaron una cadena de solidaridad con organizaciones hermanas como CORREPI. Aunque los trabajadores fueron ya liberados, quedaron imputados por varios delitos como incendio en grado de tentativa, daño y atentado a la autoridad.

En cambio, el que no pasó ni un ratito preso fue el empresario Rubén Sosa, autor del disparo que el 27 de septiembre hirió gravemente al trabajador Diego Argañaraz durante otra movilización.

DETENCIONES ARBITRARIAS Y EXTORSIONES, UNA PAREJA ETERNA
En esta semana se conocieron dos noticias similares, una en el conurbano norte y otra en el sur, que en ambos casos fueron presentadas por los medios como “novedosas” o “increíbles” modalidades criminales de la policía, cuando cualquier vecino de un barrio pobre, en provincia, en la ciudad de Buenos Aires, o en cualquier lugar del país sabe que es el pan nuestro de cada día.

El fin de semana pasado dos pibes de 17 y 18 años fueron detenidos por personal de la comisaría 1ª de Escobar. Los llevaron a la dependencia, no sin pegarles antes un par de puñetazos por haber tenido la osadía de avisar por mensaje de texto a un familiar que los llevaban presos. La familia llegó a la comisaría para enterarse que los acusaban por el robo de unas zapatillas a un linyera. Como caído del cielo apareció en el lugar un abogado que ofreció sus servicios invocando “amistad con la guardia”, y previo pago de $2.000 logró la libertad de los muchachos sin que se iniciaran actuaciones penales. Antes de retirarse satisfecho, el letrado les dio un consejo curiosamente gratis: les dijo que no convenía que hicieran la denuncia, para no correr riesgos, porque “todos sabemos lo que hace la policía”.

Apenas unos días después, se supo que el 18 de mayo pasado seis policías de la 7ª de Lomas de Zamora pararon en la calle a cuatro hombres que iban en un auto, los golpearon, y los llevaron a la comisaría, donde los siguieron golpeando y pateando, mientras les exigían la entrega de una suma de dinero para recuperar la libertad. El monto, y no por casualidad, fue de $2.000. Hecha la denuncia, y comprobado el relato de las víctimas, una de las cuales presentaba un gran corte en el cuero cabelludo, fueron procesados por extorsión en grado de tentativa y apremios ilegales (no sea cosa que los jueces o fiscales digan tortura), y su jefe Arslanian los echó de la policía.

Cada vez que se conocen situaciones como éstas, los periodistas se sorprenden cuando nosotros les decimos, justamente, que no nos sorprendemos. El “armado” de causas, sea con fines extorsivos o estadísticos, o ambos, es una de la prácticas policiales más frecuentes y homogéneas en todas las jurisdicciones. En infinidad de casos se ha comprobado que detienen personas, generalmente chicos jóvenes, y siempre pertenecientes a los sectores vulnerables, los acusan de un delito inexistente, y luego extorsionan al familiar o al preso mismo para “limpiarlo”. No menos habitual es que, para dar credibilidad a la amenaza, también torturen al preso, como ocurrió con Jorge “Chaco” González, detenido en 2004 por la 5ª de Lomas de Zamora en idénticas circunstancias, y que murió luego como consecuencia de los golpes recibidos. A su mamá, Ramona, también le exigieron $2.000… parece que el gobierno tiene razón, y no hay inflación.

El hoy juez federal Daniel Rafecas, siendo fiscal, detectó más de 70 causas fraguadas de la policía federal en un par de años. Desiderio Mesa sufrió la misma modalidad en abril de 2001, causa por la que toda la brigada de la comisaría 30ª terminó presa. En marzo de 2005 denunciamos varios casos en la zona sur del gran Buenos Aires, especialmente Villa Fiorito y Villa Caraza, informe que fue publicado en tapa del diario Clarín. Sin embargo, insisten los medios frente a cada caso en que es el primero que se conoce, mostrando cómo, al desinformar, son parte del mecanismo de disciplinamiento. Tampoco señalan lo obvio: que es para poder hacer estas detenciones, y no para “defender la seguridad ciudadana” que son tan valiosas para los policías y sus jefes herramientas como la Averiguación de Antecedentes o los Códigos de Faltas y Contravenciones. Gracias a las normas que los facultan a detener personas a su antojo, pueden “blanquear” la presencia en la comisaría del detenido con uno u otro recurso, y de esa manera los libros quedan bien prolijitos, y a ellos no se los puede acusar por privación ilegal de la libertad.

Tampoco puede sorprender, con este panorama, que el estado no cumpla la sentencia del Caso Bulacio, donde la Corte IDH le ordena, precisamente, derogar las facultades policiales para este tipo de detenciones arbitrarias, que son la puerta de acceso, la oportunidad y la causa de torturas, extorsiones, y muertes.

DOS AÑOS DE LA MASACRE DE MAGDALENA
Se cumplen esta semana dos años de la Masacre de Magdalena, donde 33 detenidos bajo custodia del estado fueron abandonados entre las llamas y el humo tóxico que se desprendían de los colchones quemados en el pabellón 16 de la unidad 28. Los autores materiales de la masacre reprimieron con balas de goma (las pericias indican que se efectuaron alrededor de 21 disparos dentro del pabellón), cerraron con candado la única salida y reprimieron a los detenidos de los pabellones contiguos que intentaron socorrer a sus compañeros con extintores vacíos que sólo servían para romper las paredes. Siete días después de la masacre, Fernando Díaz, jefe del servicio penitenciario, dijo “todavía no hay ningún error que reconocer (…) el manejo por parte de los agentes fue impecable” y se comprometió a elaborar un código de procedimiento carcelario porque –afirmó- “frente a estos hechos no sabemos cómo actuar” (sic).

Conocedor de las penurias económicas por las que atraviesa la clase social a la que el estado ha empobrecido y con el claro objetivo de desarticular cualquier tipo de organización confrontativa de los familiares de las víctimas con su aparato represivo, el gobierno les asignó, a modo de indemnización, la irrisoria suma de $1.000 por muerto en agosto de 2006, que no todos aceptaron.

Tres meses más tarde, funcionarios del Ministerio de Justicia provincial y del SPB que estuvieron en la unidad 28 la noche de la masacre, junto con algunos familiares de los asesinados, descubrieron una placa en la que se grabaron, a modo de “homenaje”, los nombres de las víctimas. En un acto marcado por el cinismo y con el claro objetivo de remitir la responsabilidad de las muertes a lo inevitable de las tragedias, el subsecretario de política penitenciaria Carlos Rotundo dijo que el incendio fue “consecuencia de una política irracional de encarcelamiento masivo”. Pese a ser el responsable de la implementación de esa política irracional, Rotundo no ha sido imputado por la justicia en la causa Magdalena.

En octubre de 2006, a pedido de los fiscales Delucis y Di Gregorio, 13 agentes del servicio penitenciario bonaerense fueron detenidos como responsables de los hechos sucedidos la noche del 16 de octubre de 2005, acusados del delito de abandono de persona seguido de muerte. Dos semanas después, la Sala II de la Cámara a cargo de Ricardo Szelagowski, Sergio Almeida y María Elia Riusech, los eximió de prisión porque “hay demasiados implicados en esta causa como para que sólo ellos tengan prisión preventiva” y pese a que dos de ellos se profugaron ni bien se libraron las órdenes de detención.

Por ser integrantes de las fuerzas de seguridad del estado, estos hechos constituyen delitos de lesa humanidad, además de graves ilícitos contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas. Todos, pese a ello, están en sus casas.

Treinta de los treinta y tres asesinados, igual que el 70% de las personas que pueblan las unidades penitenciarias, se encontraban sin sentencia firme. La presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario no se aplica cuando el acusado es pobre. Como el primer delito es ser pobre, las cárceles están atestadas de presos. Personas viviendo como deshechos humanos, en las condiciones más miserables de hacinamiento, suciedad, sin comida, sin ropa, sin espacio para higienizarse, sin lugar para dormir, sin acceso a la salud, lejos de sus familias y sufriendo la tortura cotidiana por parte de sus carceleros con el aval y la promoción por parte de los directivos y la justicia.

Así como la justicia no duda en condenar, a cuentagotas, a los violadores de los derechos humanos de los ’70, garantiza la impunidad para los violadores de los derechos humanos de hoy.

Camino al juicio oral, la investigación sobre la Masacre de Magdalena no ha avanzado en determinar las responsabilidades políticas de estas 33 muertes; el perro no muerde la mano que le da de comer. Es así que el ministro de justicia Eduardo Di Rocco y el jefe del servicio penitenciario bonaerense Fernando Díaz, siguen en sus funciones: poniendo placas con los nombres de los muertos en la masacre, reclamando más presupuesto, formación en derechos humanos para los agentes y, por supuesto, torturando y matando.

GATILLO FÁCIL Y MUERTES EN CÁRCELES, SIEMPRE SUMANDO
Se acerca fin de año, y la fecha en la que habitualmente presentamos el informe sobre el aspecto más oscuro y silenciado de la política represiva del estado: el recuento de los asesinatos cometidos por el aparato de seguridad del estado en el año en curso. Como todos los años, los datos que ya hemos procesado señalan la hegemonía de las dos modalidades principales, el gatillo fácil y las muertes en cárceles y comisarías. Esta semana dos casos que trascendieron el muro de silencio mediático los confirman.

En Rosario, una de las ciudades que encabeza el ranking de muertes policiales en el país, Diego Blanco (29) apareció ahorcado en su celda de la comisaría donde estaba detenido desde la noche anterior. Según informaron voceros policiales, se ahorcó sujetando su pantalón enrollado a una reja. Cada vez están más creativos los suicidas.

Por otra parte, en Zárate, una joven fue violada. A pesar de haber hecho la denuncia e identificado al sujeto, la policía no lo había detenido. Gustavo Barrientos (37), padre de la víctima, embargado por el dolor, salió corriendo de su casa diciendo que iba a detenerlo él. Sus familiares, preocupados por la desesperación del padre, llamaron al 911.

La policía, esta vez, respondió de inmediato, enviando una patrulla de la comisaría 1ª. Al llegar al lugar, el sargento José Luis Careta disparó directamente a la cabeza de Barrientos con su Ithaka, matándolo en el acto. Aunque después le explicó al fiscal que tenía el arma cargada con cartuchos antitumulto, es decir con postas de goma, en el lugar se encontró un cartucho con postas de plomo como la que mató al desesperado padre. Varios testigos afirmaron que el policía disparó sin dar la voz de alto y por la espalda de Barrientos, mientras éste corría.

Sólo dos ejemplos más de una política tan constante y sistemática como su ocultamiento. El 14 de diciembre, a las 18:00, presentaremos el Archivo de Casos de este año en Plaza de Mayo, para intentar romper el silencio que renueva la victimización permanente de los reprimidos de todos los días.

KIRCHNER REDOBLA EL APOYO ARGENTINO A LA OCUPACIÓN DE HAITÍ
“La Argentina aumentará su compromiso en Haití”, informó el domingo el diario La Nación. Fiel al mandato de sumisión al amo imperial yanqui, la ministra de defensa, Nilda Garré, anunció que la armada de nuestro país contribuirá con dos naves para conformar una escuadra naval sudamericana de 12 buques que operará en la zona antes de fin de año, con la excusa de “combatir el narcotráfico” hacia EEUU.

El mismo diario despeja toda duda: aunque la iniciativa requiere formalmente la aprobación del congreso, “la decisión política ya está tomada”, según le aseguraron en el ministerio de defensa.

En este momento hay un batallón (500 efectivos) ayudando a hacer el trabajo sucio de los yanquis en la isla caribeña, acantonados en la ciudad de Gonaives, donde desarrollan patrullajes y controles de rutas, en coordinación con la fuerza de seguridad local y policías de Pakistán, que actúan con la cobertura de los militares argentinos, con 12 tanquetas Panhard.

Desde el comienzo de la ocupación, Chile, Brasil y Argentina fueron los países que asumieron la mayor intervención en el “control de la seguridad” haitiana, liberando así a las tropas yanquis para ser destinadas a Irak, y dando un perfil “multilateral” a la invasión imperial. Ahora, involucrándose directamente en el bloqueo marítimo, el gobierno argentino demuestra otra vez quiénes son sus jefes.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 16 de octubre, 16:00, en la Plaza San Martín de La Plata, radio abierta a dos años de la Masacre de Magdalena. Organiza y convoca CORREPI La Plata.

Jueves 18 de octubre, 18:00, charla en la calle, frente a la Facultad de Filosofía y letras (Puán 470), sobre la situación d elos presos políticos en Argentina, con compañeros de CORREPI, la Coord. por la Libertad de los Presos Políticos, Néstor Kohan y Jorge Beinstein. Organiza la Comisón Antirrepresiva de Filo.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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