CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LA “MAFIA” DEL TRIPLE CRIMEN DE LA PLATA RESULTÓ SER EL APARATO ESTATAL
Desde el viernes 19 de octubre se tejieron las más variadas hipótesis para explicar el triple asesinato de policías en la planta de comunicaciones del ministerio de seguridad bonaerense cerca de La Plata. El presidente Kirchner habló de “un complot de la derecha”; el ministro de seguridad Arslanián de “venganza de delincuentes o acto de terror, un atentado a la democracia, a la nación y al orden público”. Desde la “oposición”, la mayoría apuntó genéricamente a la “inseguridad”, aprovechando para hacer campaña a costa de los tres muertos. López Murphy, más osado, afirmó que era un hecho con “manifestaciones muy propias del terrorismo”; coincidiendo con el Centro de Oficiales Retirados de la provincia de Buenos Aires, que apuntó al “accionar de grupos radicalizados de ultraizquierda”. Conocidos analistas del tema policial bonaerense no dudaron en señalar a policías echados de la fuerza por Arslanián, como los que integran la agrupación “Sin Gorra”, con el objetivo de enrarecer el clima preelectoral. El periodista Ricardo Ragendorfer, en ese sentido, dijo “los mataron para tirar los cadáveres sobre el escritorio de algún funcionario”.

CORREPI, con la cautela que la falta de información directa nos imponía, recordó que semanalmente informamos numerosos casos en que los agentes del orden solucionan sus internas de la única forma en que lo saben hacer y bajo la misma modalidad con la que ejecutan su tarea de control y limpieza social en los barrios: a los tiros.

Finalmente, la investigación judicial concluyó que se trató de un crimen “pasional”, a raíz del romance de uno de los oficiales más jóvenes, y el más salvajemente castigado, con una empleada del ministerio de seguridad. Un ex novio despechado de la muchacha habría contratado a varios individuos para cobrarse la traición amorosa, y ya que estaban, o para confundir la investigación, mataron también a los otros dos policías. Pero todos, organizador, partícipes y ejecutores, terminaron siendo parte del aparato estatal. Corroborando lo que dijimos hace una semana, el crimen, aunque motivado aparentemente por una disputa personal, fue orquestado y llevado adelante usando los recursos que el estado pone a disposición de su aparato de seguridad oficial y oficioso para cumplir sus objetivos institucionales.

El novio despechado, Leandro Fabián Colucci (28), trabaja en la mesa de entradas del Ministerio de Desarrollo Humano provincial, y es militante de la agrupación Eva Perón, alineada con el Frente para la Victoria y que apoya al intendente peronista Julio Alak. Habría convocado para el trabajito a Gustavo Mastrovitto y Javier Uriarte, barras bravas de Estudiantes y Cambaceres, que militan en la corriente peronista de Pablo Bruera, y son integrantes de la UOCRA La Plata, el gremio que dirige Juan Pablo “Pata” Medina. El “Pata” se hizo conocido públicamente hace un año por los hechos de violencia el día del traslado de los restos de Perón, en la quinta San Vicente. De hecho, los investigadores usaron los videos de ese día para identificar a Mastrovitto y Uriarte.

Los otros dos investigados son el jefe de la barrabrava de Estudiantes, el policía Fabián Gianotta, echado de la fuerza en 1997, y un segundo policía, sólo que éste recibido en enero de 2007 y en actividad. Este uniformado, compañero de promoción de dos de las víctimas, es uno de los 17 policías que integraban la dotación de la planta transmisora, y sería quien proveyó la inteligencia interna y facilitó el ingreso de los homicidas al predio. Fue el único de los destinados a esa dependencia que se negó a entregar su arma reglamentaria para los estudios periciales, argumentando que se la robaron justo al día siguiente de los homicidios, lo que indicaría que sería una de las armas que se dispararon esa madrugada. Aunque no estaba de servicio ese fin de semana, sus huellas digitales aparecieron en diversos lugares comprometedores.

Resumiendo: La “banda mafiosa” que urdió el “complot de la derecha” para “atacar al gobierno por su política de DDHH y atentar contra la democracia” estaba integrada, al menos, por un puntero del partido de gobierno y “ñoqui” del ministerio de desarrollo social; un ex policía que dirige fuerzas de choque informales para el mismo partido; dos patoteros de un gremio oficialista, y un policía en actividad, recibido hace ocho meses. ¿Son o no son parte del mismo aparato represivo que integraban los tres muertos? De nuevo, se matan entre ellos usando los mismos métodos y recursos que el estado les da para atacar al pueblo.

EN EL RÍO URUGUAY NO HUBO ERRORES NI EXCESOS
Ante la inminente entrada en funcionamiento de la pastera Botnia, se redoblaron las protestas. Una de ellas se llevó a cabo en el río Uruguay, con una marcha náutica. Evidentemente provocó lo suficiente como para que la prefectura uruguaya saliera a reprimir en el medio del río. Así, mientras pretendían atar cabos a las lanchas más rápidas, una embarcación que simulaba ser un barco pirata, fue directamente abordada por los represores orientales. Se produjeron forcejeos con los asambleístas, dos de ellos sufrieron lesiones y tuvieron que ser hospitalizados cuando regresaron a Gualeguaychú. Graciosamente un prefecto se cayó al agua y tuvo que salir nadando.

La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú denunció que los prefectos impedían la libre navegación del río, y que al reprimir ambientalistas que protestaban pacíficamente, actuaron “con exceso y abusando de su autoridad”. No podemos acordar con la definición de los reprimidos asambleístas: La represión nunca importa errores, excesos o abusos, sino que es método e ideología. Método e ideología del capitalismo.

Mientras los vecinos de Gualeguaychú protestaban contra los contaminadores, una comitiva de diplomáticos de la Unión Europea visitaba placenteramente las instalaciones de la papelera, bajo el beneplácito vergonzante de los otrora izquierdistas del Frente Amplio, y a pocos kilómetros de Fray Bentos, en la paquetísima Punta del Este, Felipillo González expresaba su malestar por los cortes de rutas y piquetes.

El capital le ordena a Tabaré Vázquez que terminen estas protestas que le hacen perder dinero. Así como hace no mucho militarizó la zona que rodea la planta, ahora, el empleado de las pasteras mandó a la prefectura contra los gomones de Gualeguaychú. Para justificar estas medidas inventaron inminentes sabotajes y de posibles “acciones terroristas”. El presidente Vázquez y sus funcionarios han utilizado argumentos nacionalistas para justificar su entrega a Botnia, pero ante el desarrollo de conciencia dentro del propio Uruguay, no cometerá errores ni excesos, sino que hará lo que el capitalismo espera de él: reprimir a los que impiden que crezcan las ganancias.

20/12/01: PROCESAMIENTO INSUFICIENTE Y TARDÍO
Por primera vez en la historia argentina, y quizás de buena parte de la historia moderna universal, un presidente constitucional fue procesado por la muerte de manifestantes reprimidos por su aparato policial. Fernando De La Rua, el presidente de la Alianza, es hoy uno más de los funcionarios de su gobierno que deberá ir a juicio oral por los asesinatos de Diego Lamagna, Gastón Riva, Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, y nuestro compañero de CORREPI, Carlos “Petete” Almirón. Junto con él, fueron también procesados varios de los jefes policiales que integraban la cúpula de la federal en diciembre de 2001. Antes, desde 2002, están en igual situación su ex secretario de seguridad interior, Enrique Mathov, el ex jefe de la federal Rubén Santos, y otros dos comisarios.

Sin embargo, este procesamiento tiene el amargo sabor de lo INSUFICIENTE y lo TARDÍO.

¿Se acuerdan como comenzó el mandato de Fernando De la Rua? A sangre y fuego el 17 de diciembre de 1999 en Corrientes, con la masacre del puente Belgrano, dos muertos y medio centenar de heridos, apenas una semana después de asumir. Y terminó con centenares de heridos y 37 muertos en todo el país, el 20 de diciembre de 2001.

Este procesamiento es insuficiente, porque sólo contempla cinco víctimas. Ni siquiera lo responsabiliza por todos los muertos que hubo en la ciudad de Buenos Aires entre el 19 de diciembre a la noche y el 20 por la tarde. Sólo fue procesado por los cinco caídos el día 20, en lo que los jueces llamaron “el corredor Plaza de Mayo-Congreso”.

Insuficiente, también, porque se le reprochan, igual que a los demás procesados, cinco homicidios culposos, es decir, por haber sido “negligente”, “imprudente”, por haber “violado el deber de cuidado”… como si dar la orden de desalojar miles de manifestantes de una plaza fuera comparable a cruzar sin querer un semáforo en rojo.

Y es tardío, porque esta resolución tan “oportuna” en tiempo y modo del juez Bonadío llega seis años tarde, y no porque se hayan arrimado nuevos elementos de juicio para probar la responsabilidad de De La Rúa en la represión. Todo lo contrario: el procesamiento se funda en lo mismo que ya estaba en la causa desde el principio, cuando una y otra vez la justicia dio vueltas en redondo para evitar el escarnio de procesar a un “político de raza”.

Sin profundizar sobre las internas que disputan Servini de Cubría o Bonadío, que al margen de eso defienden los mismos intereses, a estos jueces les llevó seis años concluir que los argumentos de la defensa de De La Rúa eran absurdos. El ex presidente se pasó seis años diciendo que él no sabía lo que estaba pasando en la calle, porque no tenía radio ni televisión, y su despacho daba sobre Paseo Colón, así que no veía la Plaza de Mayo. Se pasó seis años diciendo que no sabía que a metros de su mullido sillón la caballería cargaba contra los manifestantes, y los grupos de combate de infantería tiraban gases y baleaban a la multitud. Se pasó seis años afirmando que sólo supo de las muertes a la noche, después de renunciar. Se pasó seis años diciendo que no ordenó la represión. A la par, la justicia se pasó seis años dudando si eso no sería cierto, hasta llegar a esta decisión, repetimos, tardía e insuficiente.

De La Rua, Mathov, Santos y los comisarios dicen en sus defensas que no ordenaron matar a nadie, y como los cobardes que son, cada uno le echa la culpa al otro, en un gigantesco juego del Gran Bonete donde parecería que miles y miles de policías decidieron, solitos y cada uno por su lado, armar el operativo represivo más imponente de nuestra historia reciente.

También el ex presidente Hipólito Yrigoyen decía que no ordenó fusilar a nadie en la Patagonia. Le alcanzó con decirle al coronel Varela “vaya y haga lo que tenga que hacer” para que la masacre de obreros rurales fuera un hecho. Cuando el jefe político circunstancial del aparato represivo del estado dice eso, o dice “Hay que vaciar la Plaza”, está claro qué es lo que están ordenando. “Vayan y hagan lo que tengan que hacer”. Y la orden se cumple al precio que sea, para garantizar la gobernabilidad, “para defender los intereses de la Patria”.

Decirle eso a los milicos, a la policía, a la gendarmería, no es imprudencia o negligencia. No es violar un deber de cuidado. Es emplear los términos adecuados en una relación de mando donde está todo claro. Aníbal Fernández o Néstor Kirchner tampoco tuvieron que explicar a sus gendarmes y prefectos cómo torturar a los santacruceños, o cómo balear a los trabajadores pesqueros de Mar del Plata.

De la Rua ganó las elecciones presidenciales agitando la bandera de la transparencia democrática y la austeridad republicana. Una bandera tan mentirosa como la del crecimiento económico y la defensa de los DDHH, que vemos agitarse por estos días.

SE VIENE EL ARCHIVO DE CASOS
En apenas un mes y medio, como todos los años desde hace 1996, CORREPI realizará la presentación del archivo de casos de personas asesinadas por la represión estatal. Esta vez será el viernes 14 de diciembre a las 17 horas, como siempre, en Plaza de Mayo.

La elaboración del Archivo, en el que trabajamos a lo largo de todo el año, surgió de la necesidad de exponer, con los crudos datos a la vista, las conclusiones a las que fuimos llegando a partir la experiencia en la militancia antirrepresiva. Pero aunque el eje del trabajo sean los nombres y números, éste no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos. Contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal es sumamente útil, y permite acceder a una realidad que aparece desdibujada y oculta para la gran masa de la opinión pública. Pero lo que CORREPI se propone con la elaboración del Archivo es generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de militantes, organizaciones, periodistas, y la sociedad en su conjunto, un reflejo, aunque pálido e incompleto, de lo que es el día a día represivo en nuestro país.

Por eso, también como todos los años, convocamos a todas las organizaciones, a todos los compañeros de cualquier punto del país a que colaboren en este tramo final remitiéndonos los datos que conozcan de casos de gatillo fácil, de muertes en cárceles y comisarías, de muertes en la tortura, de desapariciones, enfin, de todo hecho en el cual el estado, a través de su aparato represivo, haya matado una persona. Esta cooperación que recibimos de organizaciones y compañeros de las distintas provincias del país es esencial para suplir nuestra incapacidad y escasez de medios para acceder a la información en todo el país. Por eso el Archivo, como decimos siempre, no es de CORREPI, es de todos los que nos ayudan a confeccionarlo.

Les pedimos también que el 14 de diciembre nos acompañen en la Plaza, en esta actividad cuyo eje central es la denuncia de la política represiva del estado argentino en cualquiera de sus variantes, la del control social sobre los sectores sociales más vulnerables con el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias, y la que se descarga contra esos mismo sectores organizados, bajo la forma de la represión política, la persecución, las amenazas, la criminalización de la protesta y el encarcelamiento por razones políticas. este año, tendrá la particularidad de coincidir con el fin del primer gobierno kirchnerista y la inauguración del segundo. El primero, que quiso ser “el de los DDHH”, nos mató más de un pibe día por medio y batió el record de presos políticos en Argentina. El que vendrá promete más de lo mismo, pero con otro “glamour”.

Rogamos enviar todo dato de actualización de casos ya registrados, o de casos nuevos, a correpi@fibertel.com.ar

EN LOS GATILLOS YANQUIS, TODOS LOS MUERTOS SON PARDOS

El domingo pasado Jayson Tirado, de 25 años y origen puertorriqueño, fue baleado por un agente encubierto en Nueva York. En el momento del hecho el policía estaba fuera de su horario de servicio de la unidad antinarcóticos, cuando tuvo un incidente de tránsito menor con el joven latino. En respuesta a su mala maniobra, Jayson sacó su mano por la ventanilla, y levantó su dedo medio. El gesto de insulto motivó que el policía empuñara su arma y la disparara tres veces. El joven, herido en el tórax, murió unas horas más tarde en el hospital de Harlem, mientras el policía escapaba. Aunque después se lo identificó, sigue en libertad.

“Este policía mató a un hombre. ¿Qué vamos a hacer? Nada, porque están matando negros e hispanos como si fuéramos cucarachas” dijo a un diario Marcel Herrera, veterano de la marina. Jason Batista, que viajaba en el auto con Tirado, sonó como tantos familiares de víctimas del gatillo fácil en Argentina cuando declaró “si fuera cualquier otra persona, un afroamericano o latino, estaría en la cárcel ahora con toda la fuerza de la ley encima. Él es policía y por eso está libre. Pero mató a un hombre”.

Por descontado que el policía declaró que disparó en defensa propia, aunque está probado que el muchacho estaba desarmado. En el velatorio se vio a los padres de Sean Bell, un muchacho que en diciembre de 2006 fue acribillado por 50 disparos de policías que lo confundieron con un delincuente. El hecho se produjo cuando aún no se apagaron los ecos del sonado episodio de principios del mes pasado, cuando un agente de policía local de Candon, Wisconsin, asesinó a seis chicos e hirió de gravedad a otro tras irrumpir en una fiesta de jóvenes de entre 14 y 20 años que hacían mucho ruido.

Cuando nuestros “expertos en seguridad” miran y alaban lo que ocurre allá en el norte, tengamos bien claro que es esto lo que quieren emular.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 1º de noviembre, 16:30, participación de María del Carmen Verdú, de CORREPI, en la jornada “El Gatillo Fácil como Política de Estado”, en el marco de la “Cátedra Abierta Crítica al Derecho. Derecho a la Crítica”, Facultad de Derecho, UN de Mar del Plata.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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CORREPI