CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD… CUANDO LES CONVIENE
Ya hemos comentado en Boletines anteriores que la “renovada” Corte Suprema, en una causa por torturas aplicadas a un detenido en 1988, benefició al comisario René Jesús Derecho con la prescripción de la acción argumentando que el hecho fue un delito común y no un crimen de lesa humanidad. El fundamento del fallo fue decir que, como todos sabemos, para que se configure un crimen de lesa humanidad se debe tratar de un delito cometido por y desde el estado en el marco de una política sistemática y generalizada contra la población o parte de ella. Y, razonaron los cortesanos, que bajo gobiernos democráticos la tortura no es nunca usada en forma sistemática…

Dijimos entonces que con ese fallo quedaba bien claro que la justicia argentina está plenamente dispuesta a reconocer el carácter de crimen de estado a los hechos del pasado, cuyo castigo legal no afecta la capacidad represiva actual de los gobiernos de turno, pero nunca a los hechos, igual de sistemáticos y generalizados, que sirven para ejercer el control social hoy, como el gatillo fácil y la tortura.

Esta semana conocimos otro ejemplo de cómo funciona la lógica de jueces y fiscales, y cómo adaptan los supuestos “debates jurídicos” a las necesidades represivas del momento. El fiscal general de cámara de Rosario, Claudio Palacín, promovió la apertura de una causa contra quienes hubieran participado en los hechos que concluyeron en 1974 con la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, y rechazó que esa acción penal estuviera prescripta porque la consideró crimen de lesa humanidad. El fiscal, que actuó luego que planteara el asunto el juez Sutter Schneider, hijo de quien fuera ministro de gobierno de la dictadura en Santa Fe, usó los mismos precedentes legales que la Corte en el caso Derecho, al que incluso cita entre los fallos más recientes, para terminar diciendo que aunque el pretenso delito no fue cometido por integrantes del estado, no fue parte de una agresión masiva a la población civil ni parte de un plan de exterminio sistemático… es un crimen de lesa humanidad, porque el ERP tenía como objetivo la toma del poder en Argentina.

Para resumir lo mucho que podríamos abundar en este tema, hay que dejar claro que el aparente “debate” jurídico no es tal. La “posiciones doctrinarias” sobre si el crimen de lesa humanidad puede extenderse o no a organizaciones o individuos que no forman parte del estado, no es un debate entre jurisconsultos químicamente puros, sino que es parte del enfrentamiento de las clases. El diario La Nación ha sido el vocero de la posición del fiscal rosarino desde que se logró el fallo liberatorio del compañero Josu Lariz Iriondo hace ya varios años. Hubo intentos judiciales anteriores, como cuando los ex montoneros Perdía y Vaca Narvaja fueron imputados por las muertes de sus propios compañeros en el marco de la contraofensiva.

Nos interesa señalar el riesgo de aportar consciente o inconscientemente a la legitimación del estado si pensamos que éste es un debate de definiciones o conceptos jurídicos. Lo que estamos discutiendo, es otra cosa. Lo que quieren el fiscal rosarino o La Nación, es que el aparato judicial del estado sea usado solamente para lo que fue creado, es decir, para garantizar su existencia, y no para buscar justicia para los que quieren destruirlo.

Y nosotros, lo que queremos, es una sociedad diferente. Mientras esa deuda pendiente de la humanidad consigo misma no se salde, tendremos que seguir usando, para defendernos de nuestros verdugos, las mismas armas que ellos inventaron para dominarnos, como el estado de derecho.

CUATRO POLICÍAS TORTURADORES CONDENADOS, OTRA VEZ, POR APREMIOS
El 4 de julio de 2004 Juan Eduardo Riquel vio cuando personal policial chaqueño, en su pueblo de Castelli, maltrataba a dos hombres aborígenes en un baile del club del cual él era presidente. Al intervenir para defenderlos fue detenido, esposado y duramente golpeado. Lo subieron al móvil policial, donde le siguieron pegando hasta llegar a la comisaría, lugar donde tampoco se detuvo el castigo. Como de costumbre, Riquel fue acusado de atentado y resistencia a la autoridad. Seguramente la versión policial fue que con las costillas (tenía dos rotas) agredió al personal policial, golpeándoles los puños y borceguíes.

La circunstancia de que Riquel era un ciudadano conocido y dirigente de la CTA local, permitió que pudiera acceder a una defensa penal adecuada, y finalmente, hace poco más de un mes, seis policías intervinientes fueron juzgados por lo sucedido aquella madrugada.

También como siempre ocurre, tanto la fiscal como el juez eligieron para calificar los hechos sufridos por Riquel el tipo levísimo de los apremios ilegales, descartando el de torturas, y despegaron de toda responsabilidad a casi la mitad de los imputados. Sólo cuatro de los policías,Juan Carlos Samaniego, Daniel Aguirre, Yamil René Cáceres y Ricardo Tomás Duarte, fueron condenados. Y también como es habitual, la pena fue de dos años y 6 meses de prisión en suspenso, así que nadie fue preso.

ABSOLUCIÓN FÁCIL PARA GATILLO
También en la provincia de Chaco, pero en Resistencia, hace escasos días otra sentencia puso en negro sobre blanco la forma en que jueces y fiscales amparan el gatillo fácil. Hace cinco años, el 11 de julio de 2002, Mercedes Sotelo (23) iba en bicicleta con su hermano. Estaban detenidos en un semáforo cuando vieron venir dos motos a gran velocidad y oyeron disparos. Eran policías persiguiendo unos ladrones, que venían a tiro limpio por las calles a las siete y media de la tarde. Algunos disparos impactaron en un camión, y otro pegó de lleno en la cabeza de Mercedes, que agonizó nueve días.

Ahora se llevó a cabo el juicio oral, que terminó con la escandalosa absolución de los policías Marcelo Núñez y Francisco Daniel Sánchez. La jueza argumentó que no podía descartarse que hubieran sido los delincuentes los autores de los disparos, a pesar de que no tenía ningún sentido que lo hicieran para adelante, donde estaban os hermanos Sotelo, y no hacia atrás, en dirección a los policías.

Al término del debate, sin embargo, hubo un detenido: Ramón, el hermano de Mercedes, arrestado por provocar “disturbios” frente a los tribunales después de escuchar la sentencia que consagraba la impunidad para los asesinos de uniforme.

TRABAJADOR PESQUERO A JUICIO EN MAR DEL PLATA
En el marco del conflicto laboral de los trabajadores pesqueros de Mar del Plata, además de las represiones a cargo de la policía provincial y la prefectura naval argentina, especialmente el grupo Albatros, y de las amenazas, patoteadas y agresiones que ya ocasionaron varios heridos de bala, está a la orden del día el uso del aparato judicial como herramienta para quebrar a los trabajadores.

Son alrededor de una docena las causas judiciales que ya se han iniciado contra distintos trabajadores por hechos directamente vinculados al reclamo de estabilidad laboral, salario mínimo, cobertura social y posibilidad de agremiación, es decir, todo lo que el actual sistema de precarización disfrazado bajo la pantalla de las cooperativas no les permite.

Este lunes 5 de noviembre a las 8:30 de la mañana se estará decidiendo el primer juicio y condena a un trabajador portuario desde que comenzaron los reclamos por registración laboral de los compañeros fileteros en la ciudad de Mar del Plata hace 4 meses. La fiscalía de flagrancia a cargo de Juan Pablo Lódola acusará de “atentado contra la libertad de trabajo” a Claudio Daniel Cisneros. El hecho que se le imputa ocurrió el 11 de octubre, cuando Cisneros fue hasta la planta donde trabaja a informar a sus compañeros de las medidas votadas en asamblea por los trabajadores en lucha luego de la violenta represión de esa jornada.

El fiscal ya anticipó que pedirá pena de prisión de cumplimiento efectivo, detalle que da una idea de la decisión política que tiene el gobierno de ir a fondo en la represión a los que no se disciplinan. Cisneros es defendido por los compañeros Eugenia Romero y Juan Pablo Gelemur del Frente Antirrepresivo, quienes están convocando a todos los trabajadores, movimientos secundarios y universitarios, organizaciones sociales y políticas, a concentrarse en la puerta de los tribunales marplatenses en solidaridad con el compañero procesado.

El comunicado del Frente Antirrepresivo describe así la situación en Mar del Plata:
- Más de 500 trabajadores y trabajadoras han sido despedidos. Muchos, según consta en el telegrama enviado por la empresa, por ser considerados “PELIGROSOS para las fuentes laborales”. El detalle en mayúscula es textual de la notificación enviada.

- El puerto ha sido militarizado por el gobierno nacional y provincial. Mil quinientos efectivos permanecen en la ciudad solo para custodiar y perseguir trabajadores en conflicto. Cincuenta compañeros –laburantes- han sido detenidos. Diez de ellos, ya tienen causas penales.

-Represión de toda manifestación publica de los obreros.

- La persecución incluye aprietes en la vía publica, amenazas y en dos casos trabajadores heridos por balas de plomo: el trabajador Diego Argarañaz de 21 años, herido fuera de la planta “El Dorado” por matones de la patronal y Franco Juárez, de 28, herido en el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado cuando desde un Gol blanco dispararon contra la sede gremial mientras se disponía a compartir una olla popular con sus compañeros.

GATILLO FÁCIL EN HURLINGHAM
El jueves 1º de noviembre el sargento de la policía bonaerense Carlos Madrid, de 44 años, que trabaja la División Traslado de Detenidos, vio que un joven que pasó por la calle “miró mal” a su hijo. Como en la familia policial esas cosas no se aguantan, alentó al pibe a trenzarse en una pelea con el transeúnte, que se defendió. Todo indicaba que el hijo del sargento sería vencido, de manera que Madrid desenfundó su arma, aprestándose a intervenir.

En ese momento Daniel Céspedes, de 18 años, que se había detenido junto a otros curiosos al ver la pelea, le dijo “¿Por qué sacás eso, si es un mano a mano?”. El sargento dejó de apuntar al que le estaba dando una paliza a su retoño, y le pegó un tiro en la nuca al entrometido…

El suboficial quedó detenido, acusado de homicidio simple, y el ministerio de seguridad bonaerense decidió “desafectarlo” de la policía, lo que significa que no podrá usar uniforme y cobrará sólo la mitad de su sueldo.

LLEGÓ DANIEL…
Y aunque el “ingeniero” Blumberg no arrimó ni un voto para De Narvaez, y tampoco le fue tan bien al eléctrico Luis A. Patti, pueden estar tranquilos los bonaerenses, que ya tienen comisario… perdón, gobernador. Un día después de ganar las elecciones, el gobernador electo Daniel Scioli, en su primeras declaraciones, anunció que la seguridad será su prioridad, para lo cual “desde el primer día vamos a desarrollar acciones fuertes para revertir esta situación”.

Dijo también el actual vicepresidente que su principal objetivo es “reconstruir la confianza” entre la gente y la policía, y que encarará con esmero “la lucha contra la droga, los desarmaderos, los piratas del asfalto”. No se entiende bien cómo va a hacerlo, teniendo en cuenta que es la policía quien gerencia y dirige esos delitos en el territorio bonaerense, igual que sucede en todo el país con el resto de las fuerzas de seguridad.

Contó en el reportaje que “cuando llegué a este barrio hace veinte años, mi familia y mis amigos no me querían venir a ver. Se robaban estéreos, arrebatos, era oscuro. Había miedo en denunciar. Yo llamé al comisario. Y empezaron a aparecer las soluciones”. En esa línea, afirmó, “a los buenos policías hay que motivarlos”. Vayan preparándose para los aumentos de sueldo, de más presupuesto para reprimir y de premios especiales al estilo de aquél que creó su antecesor Ruckauf, con sobresueldos para los policías que cumplían “actos heroicos” como fusilar pibes por la espalda o darles bolsita en las comisarías.

GATILLO FÁCIL EN CÓRDOBA
Como a principios de año en La Plata, ahora fue en Córdoba que un policía fusiló a un chico que ya estaba detenido y esposado dentro del patrullero. Igual que en el caso Barzábal, primero quisieron hablar de armas escondidas, forcejeos, y hasta intentaron simular que el pibe se había suicidado.

Ocurrió el 1º de noviembre, cuando Raúl Mola, de 18 años, recibió un disparo en la sien izquierda y otro en la nuca. Cuando la versión del suicidio se cayó, porque cualquiera de ambos disparos hubiera impedido que disparara de nuevo, la historia cambió a que el pibe quiso fugarse, por lo que el sargento Héctor León intentó calmarlo, forcejearon y el arma se disparó dos veces en forma accidental.

Tampoco esta tesis fue muy exitosa, y el policía quedó detenido por homicidio calificado. Desde el novísimo Tribunal de Conducta Policial, que hace poco reemplaza a Asuntos Internos, se tomaron fuertes medidas: “el policía fue separado de la fuerza y cobrará el 30% de su sueldo”, dijo su directora. Con castigos así…

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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