CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CORREPI VA AL FORO SOCIAL MUNDIAL

Los compañeros Rosario Guerrero y Claudio Pandolfi participarán del tercer encuentro del Foro Social Mundial en Porto Alegre. Además de las actividades generales previstas y de la difusión de nuestros materiales sobre la situación represiva en la Argentina, el compañero Pandolfi ha sido invitado a integrar la mesa en un taller sobre abogacía popular.

El taller, organizado por la “Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares - Renap” del Estado do Rio Grande do Sul, abordará el tema de la “Advocacia Popular: a sistemática das violações estatais contra os operadores jurídicos e os atos de resistência e de avanço na perspectiva internacional”.

El taller funcionará el 24 de enero, de 14:30 a 18:00. La idea es discutir la abogacía popular y plantearnos estrategias de articulación conjunta en América Latina. Participarán también dos compañeros abogados de Colombia y Ecuador.

MÁS SOBRE EL OPERATIVO “CALLES LIMPIAS” MENDOCINO

Contábamos en el Boletín anterior que la policía mendocina ha detenido en los últimos días a los menores que mendigan en el centro, cosa que la ciudad aparezca limpita y prolija a los ojos de los turistas extranjeros con dólares.

Diarios locales han dado cuenta del rechazo que la noticia produjo en organismos internacionales de derechos humanos, que enviaron una misiva al gobernador Roberto Iglesias, al ministro de Justicia y Seguridad, Leopoldo Orquín, a varias comisarías y al intendente capitalino, Raúl Vicchi, pidiendo que cesen estos operativos por considerarlos violatorios de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley Provincial de Minoridad 6.354.

Dice el diario de Mendoza que la preocupación de estos organismos internacionales –entre los que se cuentan Equipo Nizkor, de España, la americana Human Rights y la Serpaj de Europa– puede derivar en una demanda al Estado provincial.

Mientras tanto, el abogado Pablo Salinas interpuso un habeas corpus en beneficio de los niños de la calle detenidos, el que ya fue rechazado por la justicia mendocina.

Amnesty Internacional y el Inadi (Instituto Nacional Contra la Discriminación) fueron también anoticiados de las detenciones de los chicos en Mendoza, y según Salinas “reaccionaron espantados al enterarse”.

OTRA VEZ LA POLICÍA DE 25 DE MAYO

En nuestro Boletín nº 178, del 4 de agosto de 2002, denunciamos las torturas a las que fue sometido Juan Esteban Coronel (18) en la comisaría de su ciudad, 25 de Mayo (Pcia. de Buenos Aires). La decisión de su padre de denunciar el hecho y buscar el apoyo de organismos de DDHH hizo que otras víctimas de la policía local se animaran a contar sus propias historias. Todos señalaron a los mismos policías.

A pesar de la conmoción que esto produjo, nada ha cambiado en la ciudad bonaerense. El diario La Mañana acaba de publicar la experiencia que vivió Analía Fernández junto a su marido el pasado viernes por la madrugada, cuando desde su ventana observó a policías que estaban golpeando a un joven frente a su casa. La mujer pudo reconocer entre los cinco policías a Rodríguez y Farias, los mismos que le pegaron a Juan Coronel y a otros jóvenes.

Analía declaró al diario: “Primero lo insultaban y le decían ¡No llorés maricón! Porque este chico estaba llorando y se quejaba de los golpes que le daban. Después uno le dijo: “traeme la picana de atrás”. El otro sacó algo de la camioneta y lo golpeaba dentro de la camioneta en el asiento de atrás. (…) Después lo siguieron golpeando, hicieron marcha atrás y el policía que acompañaba a Rodríguez, me levantó la mano porque se dio cuenta que yo los estaba espiando, como para saludarme. Yo lo vi todo de acá dentro, y la vecina también”.

Seguramente en los próximos días, si el escándalo crece, escucharemos las explicaciones de algún atildado funcionario que dirá que estas dos “manzanas podridas” serán cesanteadas para “depurar la fuerza”, o que “van a investigar hasta las últimas consecuencias”. Rodríguez y Farías serán exonerados si hay mucho ruido, o si la cosa no da para tanto, los mandarán a alguna otra departamental. En uno u otro caso, otros dos torturadores, de cualquier otra zona de la provincia, los reemplazarán en 25 de Mayo. Como nos gusta decir, para muestra, basta un botón… (o dos).

NUEVO PROYECTO DE LEY ANTITERRORISTA (Y VAN…)

Los diarios de hoy anuncian la inminente presentación de una especie de “informe final” de la SIDE sobre el atentado a la AMIA. Simultáneamente, según publica Página/12, por “sugerencia” del departamento de estado yanqui la SIDE le va a enviar al Gobierno junto con el informe un proyecto de “ley antiterrorista”.

El proyecto define el concepto de terrorismo y penalidades para las actividades terroristas, quién investiga, qué jueces actúan, el papel de las policías y la SIDE, instrumentos antiterroristas (agente encubierto o infiltrado, colaborador o arrepentido, informante o “buchón”), recompensas y fondos para la lucha antiterrorista, colaboración con otros países, asistencia judicial entre estados y las investigaciones conjuntas.

¿No les suena conocido? En enero de 1997 un conjunto muy representativo de entidades de derechos humanos, organizaciones sindicales y estudiantiles, partidos políticos y personalidades de diferentes ámbitos convocamos a la prensa para hacer saber al conjunto del pueblo que había conseguido dictamen favorable en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados un proyecto de ley llamada “antiterrorista” que agredía los más elementales principios democráticos y constitucionales.

Señalamos también que dicha propuesta había sido tratada en un clima de secretitud altamente sospechoso y que se recurría hipócritamente a los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA para justificar el nacimiento de una ley que sería usada para reprimir opositores políticos y luchadores sociales.

En marzo del mismo año -ya sólo desde CORREPI- alertamos respecto de un nuevo proyecto “consensuado” entre el PJ, la UCR y el Frepaso, que no difería demasiado del primero: vaguedad en la definición de lo que serían delitos “terroristas”, competencia de la justicia federal, posibilidades del juez de actuar fuera de su jurisdicción, posibilidad de instaurar el secreto de sumario por tiempo indefinido, prórroga automática de todos los plazos procesales, creación de las figuras del arrepentido, el agente encubierto y el testigo de identidad reservada, creación de la Dirección General de Protección de personas, etc.

La movilización popular que generaron esas denuncias lograron que ninguno de esos proyectos prosperara, pero tal como lo anticipamos, quedaron en la gatera esperando mejor oportunidad. Como entonces, la excusa son la masacre de la AMIA, la embajada, las torres yanquis, y el objetivo, los luchadores populares.

Dijimos el 20 de marzo de 1997: “Nuestro país y nuestro pueblo necesitan trabajo, salud, educación, vivienda. El gobierno se empecina en aplicar un proyecto marginador y hambreador, a la vez que se prepara para endurecer aún más los niveles represivos. El lamentable proyecto (…) pone en peligro las más elementales garantías constitucionales. Desde la CORREPI redoblaremos fuerzas para que dicha norma jamás sea aprobada y seguiremos participando de cuanto ámbito se cree para exigir el inmediato retiro de todos esos proyectos.” A casi seis años, no necesitamos cambiar una letra para responder a esta “nueva” iniciativa represiva.

BOLIVIA (extracto de cable de Clajadep)

La destrucción de dos puentes en el ingreso a los pozos petroleros de Carrasco Tropical, Cochabamba, y la muerte de un minero en Oruro son los dos incidentes que marcaron este sábado una nueva jornada de conflictos que no cesan ante la ausencia de diálogo entre el Gobierno y los sectores sociales del país.

El ingreso a los pozos petroleros de Carrasco Tropical, ubicados en la zona de Entre Ríos, fue suspendido debido a la caída de dos puentes que fueron cortados con motosierra, supuestamente por colonos de la zona que estarían apoyando el movimiento cocalero, confirmó el comandante de la 8va División de las Fuerzas Armas, Elías Eduardo. Este hecho habría ocurrido entre la noche del pasado viernes y el sábado por la madrugada.

Otro de los hechos lamentables de estas jornadas de conflicto fue la muerte de un minero en la ciudad de Oruro, ocurrido ayer durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. La víctima fue identificada como Adrián Martínez (48 años), quien falleció a causa de un impacto de bala que recibió presuntamente por parte de los militares en el cruce de Machacamarquita, carretera Oruro-Huanuni.

Más de 1.500 miembros de la Federación de Trabajadores de Mineros de Huanuni se dirigían a la ciudad de Oruro con el propósito de definir las medidas de presión que iniciarán los próximas días si el Gobierno no acepta aprobar la reactivación de la mina Huanuni bajo la administración de las cooperativas mineras instaladas en el lugar. El Gobierno, sin embargo, ordenó el despliegue de tanques, tropas del Ejército y de la Policía fuertemente armados para evitar el ingreso de los mineros a la capital orureña, argumentando que este sector llevaba consigo un importante cargamento de dinamitas que podrían atentar contra la propiedad pública y privada.

La impotencia y el llanto se apoderaron de los mineros que amenazaron con radicalizar sus medidas de presión en contra del Gobierno, al que acusaron de ejecutar una política de represión que, según los trabajadores del subsuelo, tiene el objetivo de acabar con las protestas de los sectores sociales más oprimidos.

PROXIMAS ACTIVIDADES:

Viernes 24, 10:00, desde la estación Lanús, Marcha contra la Represión al municipio de Lanús, en repudio a los hechos de intimidación y violencia contra distintas organizaciones sociales y políticas.

CORREPI