CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LA JUSTICIA AMPARA AL ASESINO DE SONIA COLMAN
El teniente 1º Oscar Benítez bajó de su patrullero en pleno centro comercial de Del Viso, puso su escopeta Ithaka 12/70 cargada con cartuchos con posta de plomo en condición de disparar, apuntó y apretó el gatillo. En víspera de Nochebuena, un sábado a las dos y media de la tarde, el lugar era un hormiguero de gente que iba y venía. Cuatro perdigones dieron en un auto estacionado, cuyo conductor acababa de bajar para entrar a un comercio. Otros dos pegaron en un cartel de publicidad de un kiosko puesto en la vereda. Otro dio en pleno pecho de Sonia Colman, militante socialista que se ganaba la vida vendiendo mercadería diversa en la calle. Ese día tenía accesorios para el asado, palitas y atizadores.

Para la fiscal Domínguez de la UFI de Benavídez, y para el juez de garantías Diego Efraín Martínez, fue un accidente. Un accidente como el que según los jueces del TOC nº 2 de Morón sufrió Marcelo Bogado, cuando tendido boca abajo en el suelo y esposado a la espalda recibió el disparo en la nuca del policía Díaz. La defensa de Benítez pidió esta semana la eximición de prisión del teniente, para asegurarse que siga en libertad. El juez Martínez, dejando bien claro qué garantías protege, se la concedió, porque entiende que el delito cometido, a lo sumo, es un homicidio sin intención, un descuido. Un homicidio culposo como el de quien, sin querer, mata en un accidente de tránsito. Una gaffe del oficio, un riesgo del trabajo “que le cabe a cualquier policía”, como una vez dijo algún otro juez. Nada más explícito para comprobar en la práctica por qué decimos y repetimos que el gatillo fácil es una política de estado, de la que participan, cada cual en su rol, todos los poderes del estado.

Las abogadas de la familia de Sonia, las compañeras Gisela Bustos de Izquierda de los Trabajadores y María del Carmen Verdú de CORREPI, aún no pudieron ver la causa, leer las declaraciones testimoniales o el protocolo de la autopsia. Primero había que garantizar la libertad del “descuidado” policía. La justicia tiene sus prioridades…

La semana pasada, las compañeras presentaron formalmente a Antonio Espasa, compañero de Sonia, y a sus hijas Laura, Natalia y Melisa, como particulares damnificados en la causa. Pidieron medidas periciales para demostrar que el policía, voluntaria y deliberadamente, con toda intención, apuntó y disparó para matar a los pibes que huían desarmados, y que ese disparo, con 8 o 9 perdigones de plomo, podía con certeza también matar a Sonia, al conductor del auto parado, o a cualquiera de las muchas personas que había en esa esquina.

Si el 14 de diciembre dijimos que 2334 personas fueron fusiladas, masacradas en la tortura, en cárceles o comisarías desde fin de 1983, hoy, incluyendo a Sonia, ya son 2350. Desde que cerramos el Archivo 2007 el 30 de noviembre, registramos 16 casos más. Como el de Sonia Colman, siete son del mes de diciembre de 2007. Seis son posteriores al recambio del gobierno de Néstor Kirchner por el de su cónyuge. Los policías hacen su trabajo, los jueces el suyo, juntos para que el estado siga fusilando trabajadores y pobres.

JOVEN MUERTO EN REPRESIÓN CONTRA MAPUCHES EN CHILE
En el marco de la constante disputa entre el estado chileno y el Pueblo Mapuche por la posesión de las tierras ancestrales que esta comunidad reclama como “propiedad comunitaria histórica”, el pasado 3 de enero, Matías Catrileo Quezada, weichafe mapuche (combatiente mapuche) de 23 años de edad, estudiante de la carrera de Agronomía de la Universidad de La Frontera, de Temuco, fue asesinado por la espalda por ráfagas de ametralladoras que disparó la policía chilena cuando miembros de esa etnia reclamaban la devolución de un predio agrícola en la región de La Araucania, en el sur de Chile, el fundo Santa Margarita de propiedad del empresario agricultor Jorge Luchsinger.
El mapuche identificado como Rodrigo relató: “Nosotros intentamos hacer una recupeación pacífica, ingresamos al fundo, inmediatamente Carabineros comenzó a disparar con subametralladoras, en eso nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías”.
Se trata del tercer mártir mapuche en tiempos de “democracia” que fallece en manos de la policía chilena. El primer caso corresponde al joven Alex Lemun Saavedra de 17 años, quien murió en la comuna de Ercilla el 12 de noviembre de 2003 a consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano abierto por herida de bala disparada por Carabineros de Chile. El segundo caso ocurre el 28 de agosto de 2006 cuando el sargento de carabineros Luis Mariman Levío mató al peñi Lonko (Hermano Jefe o cabeza de su comunidad mapuche) Juan Collihuín Catril de 71 años, durante un allanamiento policial nocturno en la casa de la víctima.
El último estudio estadístico de la CASEN 2006 nos muestra que en Chile la población de origen mapuche registra los índices más altos de pobreza, de mortalidad infantil, cesantía, y analfabetismo. El promedio de vida es 10 años menos que el resto de la población. Los mayores índices de miseria de todo el país, se registran en las comunidades mapuche vecinas a las plantaciones forestales y en áreas de acuicultura. En contraste vale de considerar que la actividad económica que se desarrolla en el territorio ancestral mapuche genera la riqueza de los más ricos entre los ricos de Chile.
Así, el gobierno de Bachelet continúa esforzándose para efectivizar el desempeño estatal como siempre en defenza de los millonarios contra el pueblo que reclama lo que es suyo. Ésta es la versión chilena de la democracia de los ricos, esta es la política represiva que se viene sosteniendo para los que reclaman por sus derechos más básicos, con herramientas como las leyes de excepción heredadas de la dictadura de Pinochet, las llamadas “Ley de seguridad del interior del estado” (Nº 12.927) y “Ley antiterrorista” ( Nº 18.314).

Bajo estás leyes están presos dirigentes mapuche que hoy mantienen prolongadas huelgas de hambre, debemos destacar a la lamngien weichafe (hermana combatiente) Patricia “Chepa” Troncoso cuyo estado de salud se ha agravado al interior de las cárceles chilenas luego de una huelga de hambre que ya lleva casi 90 días y que ha puesto en grave riesgo su vida.
El fundo donde tuvo lugar el asesinato del jóven Matías Catrileo Quezada cuenta (desde mucho antes del hecho) con vigilancia policial permanente. Asimismo, los ricos de todo Chile cuentan con la permanente vigilancia del aparato represivo del estado para garantizar que sus negocios sigan funcionando según su conveniencia.

LA PFA COMPLETA LA TAREA DE ESTE LADO DE LA CORDILLERA
Como consecuencia del crimen de Matías Catrileo Quezada, miembros de la comunidad Mapuche lamién se convocaron el día viernes 4 de enero en el consulado chileno en San Carlos de Bariloche para entregar personalmente al cónsul un pronunciamiento en repudio por el cruel asesinato perpetrado por el estado chileno contra el joven luchador. En el mismo solicitaban la renuncia de la presidenta chilena Michele Bachelet y de todos sus ministros.
El cónsul no solo no recibió el pronunciamiento sino que, con las fuerzas represivas federales argentinas, arremetió con impunidad y violencia contra los que allí se encontraban manifestando. Dos jóvenes fueron detenidos dentro del consulado chileno por la Policía Federal Argentina luego de la represión que iniciaron contra los manifestantes. Miembros de la comunidad Mapuche han sido golpeados, una integrante se encadenó a las verjas de la entrada, impidiendo el paso de los efectivos policiales.
Luego de horas de incertidumbre e incomunicación se informó que los jóvenes detenidos fueron sacados del consulado por una puerta trasera, sin que pudieran percatarse los manifestantes. Hasta el momento no saben su paradero porque no hay constancia de su ingreso ni a la comisaría de la policía federal ni al juzgado federal.

EN PARAGUAY EL GATILLO FÁCIL TAMBIÉN ES “ACCIDENTAL”
A un suboficial de policía paraguayo, se le “escapó” un tiro de escopeta, y ¿adónde fue a dar? En la cabeza de un joven de 19 años, matándolo en el acto. En Paraguay también, el mismo procedimiento, los mismos protagonistas: Fuerzas de seguridad del estado fusilando jóvenes pobres desarmados, y un andamiaje judicial igual de sistemático para encubrir y garantizar la impunidad, con armas que se disparan solas, o a lo sumo, dispara un loquito suelto.

El hecho ocurrió en ciudad de Villarrica, el 31 de diciembre pasado, alrededor de las 00:30. Estaba la víctima, Elio Alejandro Morínigo, en un Esso Shop, donde se congregan muchos jóvenes para escuchar música y tomar bebidas. En esas circunstancias, Morínigo se retiraba del lugar, arrancó su motocicleta, y parece que hizo ruido acelerándola demasiado. Algunos jóvenes se pusieron molestos y se produjo una áspera discusión con Morínigo.

Y ahí apareció el otro protagonista de la historia. Un suboficial inspector llamado Fernández, que se encontraba en el lugar y estaba de uniforme. Según el informe policial, el suboficial intentó calmar los ánimos, y en ese momento, “imprevistamente” recibió un fuerte golpe en la espalda ” ..de un desconocido”. Como consecuencia, perdió el equilibrio y… ¿qué pudo haber pasado? ¡Si, señor, han adivinado! Accionó “accidentalmente” el gatillo de una escopeta calibre 12. Y el tiro dio en la cabeza del chico y lo mató en el acto.

Esta versión (la oficial) por supuesto que no convenció a los familiares, que ya se están organizando para exigir justicia. El policía está detenido en la jefatura de su fuerza, es decir, en su lugar d etrabajo, con todos los privilegios que eso implica.

Un caso más del ya conocido gatillo, esta vez en Paraguay pero con las mismas características de siempre, el mismo aparato represivo, la misma mano ejecutora. La misma (y sacrosanta) versión policial, en fin, el mismo estado represor.

REPRESIÓN A TRABAJADORES MUNICIPALES DESPEDIDOS EN ALTE. BROWN
El día 28 de diciembre alrededor de 60 empleados de la Municipalidad de Alte. Brown fueron despedidos por decreto del intendente Darío Giustozzi. Como respuesta a los despidos se organizó una concentración frente a la municipalidad mientras el intendente y sus colaboradores celebraban un brindis de fin de año.

Conforme iban pasando las horas, el intendente ignoraba la petición de audiencia con los despedidos, y los despedidos mantenían una vigilia en las afueras de la municipalidad, esperando respuesta. Lentamente los manifestantes comenzaron a ser rodeados por la policía e incluso por el grupo de elite Halcón. Pasado más tiempo, hizo su entrada por la calle Larrosa una patota que embistió a los golpes contra los manifestantes. Del mismo modo en que operara la policía cuando municipales al servicio del intendente Villordo reprimieron a los estudiantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes, la policía que rodeaba a los empleados municipales de Alte. Brown dejó campo libre para la represión gubernamental de la patota, interviniendo sólo para apoyarla cuando los manifestantes comenzaron a responder.

Hubo numerosos heridos, entre ellos mujeres y niños. Como es costumbre a la hora de reprimir, nadie se salva. Desde CORREPI denunciamos todas las formas de represión, en este caso tercerizada a manos de patotas organizadas con apoyo de las fuerzas de seguridad, que el estado utiliza para oprimir a los trabajadores y el pueblo. Denunciamos también a las fuerzas en pugna del PJ que se han encaramado sobre el despido y la represión a los trabajadores para sumar puntos al enfrentamiento entre el actual intendente y el anterior, el diputado nacional Jorge Villaverde.

El actual Intendente Darío Giustozzi es un represor, claro está, y gustoso violador de los derechos de los trabajadores, pero sus opositores no lo son menos. Villaverde ha sido durante largos años fiel compañero de Duhalde, (represor asesino del puente Pueyurredón), y compañero de Antonio Cafiero y Daniel Varizat en el Bloque Justicialista Federal. Y hoy, subidos al carro derechohumanista, que viene de la rosada, para sacar alguna ventajita en la lucha por los beneficios de la intendencia de Alte. Brown. Por eso, no hay “unos” y “otros”, menemistas, aliancistas y duhaldistas. Hoy, amontonados en el kirchnerismo, siempre tienen la misma respuesta a los reclamos: patotas, policía, palos gases y balas.

CÓRDOBA: TORTURADOR REINCIDENTE LIBRE
La noticia apareció en un diario digital de Río Cuarto, Córdoba, y en pocas líneas contaba que el subjefe del comando radioeléctrico, Claudio Quiroga, golpeó en la cara y en las piernas, durante una detención, a un pibe de 15 años en el predio recreativo del Banco de Córdoba tras una denuncia por el robo de unos anteojos de sol.

El padre de la víctima dijo que Quiroga “Le provocó lesiones en los brazos por torceduras y tiene hematomas en los ojos y las rodillas”. La noticia no pasaba de eso, pero investigando un poco, y sólo un poco, encontramos que este Quiroga ha sido seguridad de De la Sota en la recepción del avión de la provincia y en Casa de Gobierno, algunas veces de civil, que en la fuerza dicen que “ha realizado cursos de seguridad de autoridades y es bien considerado para estas tareas” y tiene un prontuario reciente de torturador.

Una de sus víctimas, Alejandro Gómez (31), tras una discusión con su mujer, fue llevado en un móvil por Quiroga. “Me empezó a agarrar a trompadas, me pegaba patadas en el estómago y me levantaba los dedos para arriba. Al mismo tiempo me insultaba. Después me llevó a la Alcaidía y le pidió a los otros policías que estaban ahí que se fueran. Empezó a pegarme de nuevo y como lloraba otros presos pidieron que viniera el médico que decidió trasladarme de urgencia al hospital. Me reventó todos los intestinos a patadas”, declaró Gómez. Luego de la tortura Quiroga le dijo: “Bueno negro, si tenés código tenés que morir callado”. Gómez estuvo 8 días internado.

A Oscar Sarandon (38), por discutir con Quiroga, el policía lo molió a golpes. “Me pegó una cachetada en el boliche y nos trenzamos en lucha. Vinieron otros agentes y me sacaron. En medio de una ruta me llevaron a un camino de tierra, me esposaron a un palo y comenzaron a patearme. Me desmayé y terminé en la policía”, describió. Sarandón agregó que a los pocos días Quiroga lo hizo bajar de un auto, lo esposó y lo llevó a la comisaría. “Me detuvo por un supuesto disturbio en la vía pública y dijo que cada vez que me veía me iba a detener. Además, me amenazó porque lo denuncié”.

Estos dos hechos ocurrieron en el 2007 y este Quiroga, que por supuesto no está detenido, sólo fue licenciado. Ni más ni menos que el típico funcionamiento del aparato represivo, detenciones arbitrarias, torturas, encubrimiento de la fuerza y de la justicia.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 23 de enero, a las 11:00, concentración en La Plata, frente a la gobernación, al cumplirse un mes del asesinato de Sonia Colman.

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Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, volverá al aire en febrero, en su horario de los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Debido al receso estival de la Radio Porteña, ex Radio Ciudad, el programa Leña al Fuego del periodista Herman Schiller, con la columna de opinión de nuestra compañera María del Carmen Verdú, volverá al aire el sábado 2 de febrero en su horario habitual de las 18:00.

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