CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

PELIGRA LA VIDA DE PATRICIA TRONCOSO, PRESA POLÍTICA MAPUCHE
Patricia Troncoso, militante comunera mapuche, fue encarcelada junto a dos compañeros más en agosto de 2004 por el delito de terrorismo. Por el caso, conocido como Poluco Pidenco, se enjuició a Patricia y otros diez activistas mapuches por el incendio de territorios de propiedad de la forestal Mininco, tierras, como tantas otras, de las cuales los mapuches fueron despojados por empresas multinacionales como Mininco y Barrick Gold.

El juicio fue llevado adelante por el ministerio público, el gobierno y la empresa, en aplicación de las leyes antiterroristas que en Chile perduran desde el gobierno pinochetista para beneplácito del departamento de estado yanqui. Patricia Troncoso, Juan Millacheo y Jaime Millacheo fueron condenados a 10 años y un día de prisión, y a pagar una indemnización superior a los 400 mil pesos chilenos.

Patricia comenzó una huelga de hambre en octubre de 2007 en reclamo de la salida dominical, entre otros “beneficios” que corresponden a quienes han cumplido la mitad de su pena, y, por supuesto, como medida de denuncia de la persecución que sufre su pueblo y del exterminio silencioso que lleva adelante el gobierno chileno sobre la comunidad mapuche. El destierro genera, entre tantas otras cosas, que en el verano los mapuches estén sometidos a la sed y la deshidratación, ya que los ríos o lagos que siempre utilizaron como fuente para conseguir agua, ahora son propiedad de alguna empresa y acceder a ellos es terrorismo. La forma en que los pueblos originarios chilenos son perseguidos y exterminados no difiere de la que se utiliza en nuestro país, el destierro, la exclusión, el hambre, la falta de agua, de medios de salud…y la represión del estado o la seguridad contratada por las empresas cuando se organizan y alzan para resistir.

Patricia Troncoso lleva ya 109 días de huelga de hambre y su salud está terriblemente debilitada. Hace tres días, personal de gendarmería que la custodia ejecutó la orden de reducirla, atando sus cuatro miembros, para que le colocaran por la fuerza un catéter que le suministra suero para hidratarla y tratar de recuperarla del desequilibrio electrolítico que presenta. Esa hidratación forzada, además, es inadecuada para su delicadísimo estado, pues debería ser administrada en una unidad de cuidados intensivos con permanente monitoreo del corazón y todas sus funciones vitales.

Su médica, Berna Castro, dijo al cumplirse los 105 días de huelga, cuando se realizó el forzado procedimiento, que “con una inmunodeficiencia absolutamente grave, con falla renal y daño cardiovascular importante, que se realice el procedimiento de alimentación parenteral, en condiciones absolutamente negligentes, busca la muerte de Patricia o el daño neurológico de ella”. Cada día que pasa la muerte se hace más cercana, inminente, en las palabras de su médica.

El gobierno de Michelle Bachellet, la mujer presidenta, la socialista, la hija de víctimas de la dictadura, está asesinando lentamente a Patricia Troncoso, de la misma forma en que está actuando para eliminar a los mapuches de las tierras que planean seguir vendiendo, negocio cuyo único obstáculo es la lucha de los pueblos que las habitan desde hace cientos de años.

CÓRDOBA: EL CÓDIGO DE FALTAS COMO HERRAMIENTA PARA LA DETENCIÓN Y LA TORTURA
Cuando dictó sentencia contra la Argentina en el caso Bulacio, la Corte Interamericana de DDHH tuvo por probado que en Argentina existe un sistema de normas y de prácticas no normadas que permiten a las fuerzas de seguridad detener personas arbitrariamente, y condenó al estado, como forma de reparar lo ocurrido con Walter Bulacio, a eliminar ese sistema y adecuarse a los “estándares internacionales” en materia de libertad individual, es decir, que sólo se pueda detener a alguien por orden judicial o en caso de delito flagrante. El “sistema de normas y prácticas no normadas” cuya eliminación ordenó la Corte IDH incluye la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes o para identificar y los códigos contravencionales y de faltas, que desde la sentencia, que lleva casi cinco años incumplida, han sido endurecidos en más de un distrito argentino.

Mauricio Maldonado (19), oriundo del barrio Yapeyú de la capital cordobesa, fue conducido el 2 de enero al ex centro clandestino de detención durante la dictadura, ahora denominado (todo sea para mejorar los nombres, cosa que parezcan “instituciones democráticas”) Unidad de Contención del Aprehendido. Durante su detención fue golpeado con tal gravedad que el 6 de enero, luego de permanecer en una celda de aislamiento donde fue visto por otros presos con un ojo “en compota” y tirado en el suelo desmayado, Mauricio fue entregado a sus padres con señales visibles de laceraciones, hematomas en la zona orbital y la ropa con restos de sangre. Después de permanecer en estado de inconciencia durante seis días, falleció el 12 de enero en el hospital San Roque.

El comisario Pedro López, director de la UCA, declaró al diario digital Sosperiodista que “El sujeto ingresó por merodeo y negativa de identificación. A la tarde, solicita ver al médico por una crisis histérica, nerviosa. Se lo medica y el personal médico manifiesta que está en condiciones de seguir alojado. Al día siguiente, se lo lleva al neurólogo, que solicita la realización de estudios complementarios, y como son análisis que no hacemos, se lo entrega a sus padres”.

El poder ejecutivo provincial cordobés, aliado del gobierno nacional, además de celebrar el negocio del tren bala con Cristina Fernández, salió en forma urgente a mostrar que busca establecer “la verdad de lo sucedido” con la intervención del Tribunal de Conducta Policial, sin que existan imputados.

Como sucede en la cadena de impunidad del aparato represivo, la tortura seguida de muerte se disimula con cuadros clínicos de enfermedades previas o sorpresivas, y hasta con supuestas malas praxis médicas, todo avalado en los dictámenes predispuestos y tendenciosos del cuerpo médico forense en las autopsias. Así como según los jueces de Lomas de Zamora, a Chaco Gonzalez, sus torturadores “no le pegaron suficientes patadas en el piso como para provocarle la muerte”, sino que murió por una enfermedad, a Mauricio Maldonado, al decir de las versiones oficiales, lo habría matado una meningitis de antigua data y los golpes en su cuerpo serían fruto de convulsiones por epilepsia…

Mientras tanto se multiplican las denuncias públicas de jóvenes que concurren a espectáculos populares o transitan por los boliches en la capital cordobesa y son víctimas de razzias y detenciones con despliegue de decenas de móviles armados del CAP que esposan hasta a menores y los conducen sin posibilidad de que ingresen sus padres a “pasar el fin de semana” a la ex cárcel de encausados, especialmente si no están en condiciones de “pagar” entre mil y dos mil pesos a cambio de que no les labren el acta, en la jerga que “no les hagan firmar”. Las figuras contravencionales más utilizadas son el “merodeo” para los pibes de barrios humildes y “ebriedad escandalosa” para aquellos de clase media cuyos padres desesperados se presentan a contribuir con la caja policial, todas combinadas con “negativa a identificarse”.

A quien no pague el arancel le espera un “centro de contención de aprehendidos” donde los contraventores, tal como relató al diario Soyperiodista un joven que pasó por allí, “duermen en el piso, hacinados en grupos de ocho o nueve en celdas de tres por tres, sobre colchonetas finas y mugrientas o sin ellas, con un pozo que hace de letrina para hacer sus necesidades a la vista de todos, porque a los baños no se puede ingresar por el olor a excremento y orina; y con chinches verdes”.

Lo que no cuentan las crónicas son los procedimientos que se desplegaron para llegar a esas detenciones; no cuentan la violación que se produce en lo más importante del ser humano: su libertad y no cuentan que el objetivo se cumple: el disciplinamiento social, la criminalización de los jóvenes y la pobreza, el delito penal de autor y, al fin, la represión dirigida al pueblo, necesaria en un estado que se dice “democrático”.

UN ABOGADO POCO CONFIABLE PARA BUSCAR A LÓPEZ
Alfredo Gascón Cotti es un conocido y costoso abogado platense. El estudio que dirigía su difunto padre siempre tuvo contactos muy fluidos con la curia platense, y un fuerte posicionamiento contra el aborto. Por un tiempo fue el defensor de Alfredo Trusso, el banquero encarcelado por el escándalo del Banco de Crédito Platense, al que estaba asociado el Arzobispado de La Plata, cuyo cierre en agosto de 1997 dejó un tendal de ahorristas estafados por la suma de 64 millones de dólares de depósitos.

Gascón Cotti tiene también llegada directa a ciertos sectores del poder judicial bonaerense, como quedó en evidencia cuando hizo una entusiasta defensa de la ex jueza del departamento judicial de San Martín Olga Noemí Elortegui, destituida en un juicio político realizado en la Suprema Corte bonaerense por utilizar patentes mellizas del Poder Judicial en el automóvil de su novio.

Asimismo, fue el defensor del juez platense Amílcar Varas, sometido a un jury de enjuiciamiento por su encubrimiento en las causas por la desaparición, tortura y muerte del estudiante Miguel Bru y del albañil Andrés Núñez. Se probó en el desarrollo del jury que el juez ocultó pruebas y descartó testimonios que incriminaban a la brigada de investigaciones de La Plata, y que por más de cinco años ayudó a la impunidad del personal policial involucrado, cajoneando la investigación del caso Núñez. Respecto de la causa Bru, se probó que el juez Varas no investigó las torturas imputadas a los policías de la Cria. 9ª de La Plata. A pesar de la encendida defensa del Dr. Gascón Cotti, Varas fue encontrado culpable de prevaricato, violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento y retardo de justicia. Antes de ser destituido, Varas mandó procesar a León Zimerman, entonces integrante de CORREPI, por desacato, cuando el compañero dijo lo que pensaba respecto de su encubrimiento permanente ante casos de gatillo fácil.

Pero Gascón Cotti no sólo ha defendido banqueros y jueces corruptos o amigos de la policía. También ha sido convencido defensor de policías torturadores, como cuando representó en la Causa Durán al oficial subinspector Jorge Ramón Fernández, de la comisaría 1ª de Morón. En octubre de 1995 se desarrolló el primer juicio oral por la tortura y muerte del adolescente Sergio Gustavo Durán, donde el defendido del Dr. Gascón Cotti fue condenado a prisión perpetua como partícipe necesario en la aplicación de tormentos seguidos de muerte de Sergio, hecho ocurrido la noche del 6 al 7 de agosto de 1992. En ese juicio se probó que el oficial Fernández sacó a Sergio del calabozo y lo llevó a la oficina del servicio de calle, donde durante varias horas lo torturaron aplicándole golpes y picana eléctrica en la zona genital, y lo sometieron al submarino seco o “bolsita”. Nuevamente Fernández fue quien devolvió el chico, ya agónico, al calabozo, y luego ordenó su traslado al hospital, donde ingresó muerto. Fue el primer caso en el que, con posterioridad a 1983, se acreditó judicialmente el uso de picana eléctrica en una comisaría bonaerense, lo que se repetiría en 2003 y 2005, cuando fueron condenados a la misma pena, como coautores de la tortura seguida de muerte, los cabos Hugo Nicolosi y Raúl Gastelú, mientras siguen prófugos el subcomisario Miguel Angel Rojido y oficial subinspector Luis Alberto Farese.

No parece, con este historial, el abogado al que uno confiaría una causa contra el aparato represivo del estado. Sin embargo, es el abogado que, aparentemente por sugerencia de las autoridades, representa a la familia de Jorge Julio López, desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006.

DANA: PARA REPRIMIR A LOS TRABAJADORES, EL GOBIERNO MILITARIZA LA PLANTA
El conflicto que protagonizan los trabajadores de la planta metalúrgica DANA a partir de despidos masivos viene siendo reprimido por el gobierno usando las armas que más efectivas le resultaron a su conyugal antecesor: las patotas sindicales y la militarización de la fábrica. A mediados de enero fue una patota de más de 70 matones, entre los cuales se detectaron integrantes de la barra brava de Chacarita, la que, custodiada por la policía, atacó a los trabajadores que acampaban frente a la puerta de la fábrica, cerrada por la patronal. El ataque fue bien preparado: la zona fue liberada, cortaron la luz y actuaron sincronizadamente en minutos.

Cuando la fábrica fue reabierta, se montó un descomunal operativo con más de 800 policias de infanteria, motorizada, grupos de asalto y personal regular. Desde entonces, unos 300 efectivos de infanteria permanecen en las instalaciones de la fábrica, armados y con ropa de combate. Montan guardia en los vestuarios, los sectores de producción, los baños y el comedor. Para impedir el contacto de los trabajadores con los despedidos que mantienen el acampe afuera, montaron un servicio de micros que entra y saca de la fábrica, por un corredor formado por un centenar de policias que cierran la calle.

En definitiva, los trabajadores que no han sido despedidos están trabajando a punta de fusil, quedando bien en evidencia que el gobierno argentino pone su aparato represivo al servicio de la empresa yanqui para garantizar su productividad y su tasa de ganancia.

LOS ONCE GATILLOS DE LA SEÑORA
Ni el gatillo fácil, ni la tortura, ni ninguna otra forma de las políticas represivas del estado se toman vacaciones. Hemos ido informando, desde que publicamos el Archivo de Casos 2007, cada uno de los hechos posteriores de los que, hasta ahora, nos fuimos enterando. Pero la magnitud de los datos nos obliga a volver sobre ellos. Es que, antes que termine enero, y con datos de sólo tres provincias, ya son once los casos de muertes por el gatillo fácil, por torturas o en cárceles y comisarías que ocurrieron desde que cerramos el Archivo 2007.

También hemos recibido información de diez casos de fecha anterior a diciembre del año pasado, que no estaban incluidos en la última actualización del Archivo. Uno del mes de octubre de 2005, dos de diciembre de 2006, y siete de 2007 (uno de agosto, tres de septiembre, dos de octubre y uno de noviembre). O sea que, sumados a los ya registrados al 30/11/2007, durante la presidencia de Néstor fueron 857 los asesinados por el aparato represivo estatal argentino.

Pero los siete casos de diciembre 2007 y los cuatro de enero 2008 son de la señora de Kirchner, y de sus nuevos gobernadores de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, que es donde ocurrieron. Apenas un anticipo de que, como su marido, la elegante presidenta seguirá profundizando la represión que se descarga sobre los más pobres y oprimidos, sobre los que tienen que sentir sobre su lomo el peso de la bota y disciplinarse.

POLICHORROS EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
El jueves 10, Nélida del Carmen Rodríguez (63), fue asaltada por dos pibes de 15 años que le arrebataron su cartera. La mujer realizó la denuncia en la comisaría, y declaró que dentro del bolso tenía $90 y varias boletas de quiniela. Nélida había jugado a los números que salieron en el sorteo de esa noche, y había ganado $327.

Después del robo, la policía detuvo a los pibes y uno de los policías, un suboficial, al ver las boletas con los números premiados, se las robó. A la mañana siguiente, este suboficial, junto con otro agente, fue a la agencia de quiniela a cobrar “su” premio a la viveza. Minutos después, Nélida Rodríguez llegó al local y le contó lo sucedido al dueño, quien le dijo que un policía ya había cobrado el premio. Al suboficial no lo pudieron salvar, porque quedó escrachado por la cámara del local.

Las declaraciones de subjefe de policía, Nicolás Barrera, son contundentes (para la tribuna): “Cuando tenemos situaciones como las que se dieron, somos inflexibles. El que comete un delito es investigado como cualquier ciudadano. El hombre fue puesto en disponibilidad y estará así mientras dura la investigación”, el otro agente -el que llevó al suboficial en el auto a cobrar el premio- “está bajo sumario administrativo y en posición pasiva”.

La fiscal Cecilia Tasquer de Villaluenga, lo imputó por violación a los deberes del funcionario público y apropiación indebida, pero… tampoco es para tanto y el polichorro ya está libre. Además, ya sabemos de sobra lo que significa pasar a disponibilidad: unos meses guardado, tal vez lo manden a otra dependencia y, en el peor de los casos, el hombre tendrá trabajo seguro como seguridad privada y con los “fueros” intactos por haber sido de la fuerza.

De yapa, Nélida dijo que en el mismo barrio, en el año 2005, entraron a robar a su negocio, y uno de los ladrones era el agente que “cuidaba” la puerta. Nada nuevo, el delito está organizado por la policía, y a veces, también ejecutado.

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Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI en La Plata, volverá al aire en febrero, en su horario de los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Debido al receso estival de la Radio Porteña, ex Radio Ciudad, el programa Leña al Fuego del periodista Herman Schiller, con la columna de opinión de nuestra compañera María del Carmen Verdú, volverá al aire el sábado 16 de febrero en su horario habitual de las 18:00.

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