CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

COMISARIO “MODELO”, MODELO DE EXTORSIONADOR
El capitán Luis Orlando Peveri era uno de los oficiales superiores más jóvenes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hace casi tres años, apenas ascendido a subcomisario, todavía con los grados de la vieja estructura, fue designado a cargo de la estratégica comisaría 1ª de San Isidro, en pleno centro de la distinguida localidad de la zona norte. Casi enseguida recibió el grado superior, equivalente al de comisario, en reconocimiento de su aceitada relación con los vecinos de las imponentes mansiones y barrios cerrados, siempre preocupados por la “inseguridad”. Ejemplar representante de las políticas promovidas desde el ministerio de seguridad para generar políticas de seguridad involucrando la participación ciudadana, fue un gran impulsor de los foros vecinales. Con los caracterizados vecinos sanisidrenses y el apoyo del equipo técnico de la subsecretaría de participación comunitaria del ministerio de seguridad provincial del ministerio de seguridad, se dedicó a promover la confección de “mapas del delito”, entre otras “estrategias de gestión policial” en conjunto con los rubios y ricos vecinos.
Tan eficiente fue su tarea, y tan ágil su capacidad de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, que el foro vecinal de San Isidro, con el que mantenía dos reuniones semanales, lo distinguió con premiso en varias oportunidades. En una palabra, un policía “moderno y democrático”, reclutado y formado para “servir a la comunidad”, sin vínculo alguno con los “resabios de la dictadura” o los comisarios de la “maldita policía”.

Por otra parte, Peveri tuvo su minuto de gloria periodística cuando logró que se entregara a la justicia el colectivero Ochoa, condenado por la violación de varios chicos discapacitados, que se había profugado tras la sentencia. Como él mismo lo explicó entonces a los medios, pudo negociar la entrega con el defensor del múltiple violador, haciendo innecesaria la recompensa de $ 100.000 que el gobierno provincial ofrecía a quienes dieran datos de su paradero.

Este modelo de oficial salió nuevamente en los diarios la semana pasada, cuando fue detenido por orden del fiscal Diego Calegari, quien investiga una causa iniciada por un empresario al que Peveri extorsionó, exigiéndole u$10.000 para “arreglar” una denuncia en su contra. En el momento de la detención, el capitán había citado a su víctima en un bar céntrico de San Isidro para que le entregara el dinero, reducido a u$ 5.000 después del largo regateo telefónico, grabado por la fiscalía que había ordenado la intercepción de los teléfonos. Sugestivamente, el hombre interrumpió la entrevista y salió apresurado del bar, como si lo hubieran alertado de que estaba siendo vigilado. Gracias a eso, su defensor -casualmente, el mismo que defendía al violador Ochoa- pudo argumentar que el delito a imputar no debía ser “extorsión agravada”, sino “tentativa de extorsión”, y en una muestra más de cuan garantistas son nuestros jueces, el policía coimero fue excarcelado.

Pero no termina la historia en este caso. Parece que Peveri también quiso extorsionar a algunos de los detenidos por el robo al jugador de Los Pumas, Manuel Contepomi, cometido el mes pasado en Beccar. También en ese caso el comisario habría exigido u$10.000, que parece ser la tarifa de San Isidro para dibujar una causa.

Para nosotros, nada nuevo bajo el sol, ya que estamos más que acostumbrados a conocer casos como éste, pero que no tienen tanta trascendencia mediática y resultados judiciales porque sus víctimas, en lugar de ser prósperos empresarios de San Isidro, son humildes vecinos de Barracas, Rafael Castillo o Villa Fiorito, como Desiderio Meza o las madres de Sergio Durán y Jorge “Chaco” González. Pero fuerte fue la “sorpresa” para Carlos Ance, entusiasta miembro del foro de seguridad de San Isidro, quien dijo que para los vecinos fue “un baldazo de agua fría” la detención del comisario Luis Orlando Peveri, porque “para nosotros es un asombro, es un hombre que, en el tema de seguridad, siempre respondió rápidamente ante los conflictos que nosotros descubríamos. A fin de año le entregamos un diploma por su buena gestión; y hace un mes, el Club de Leones de San Isidro, le entregó otro”.

MUERE UN POLICHORRO
El viernes 1º de febrero, en la ciudad de Mercedes, Paulino Tapia (47) y su hija de 13 años, regresaban a su quinta luego de hacer el reparto de las verduras que cultivan. En el camino, su camioncito fue interceptado por dos hombres encapuchados que los amenazaron con armas. Uno de ellos rompió el vidrio del lado del acompañante y sacó de los pelos a la hija del quintero y luego, amenazó con un revólver calibre 38 a Paulino para que entregara el dinero que llevaba por la venta de la verdura en el Mercado Central.

Cuando Paulino intentó defender a su hija, el ladrón le disparó dos tiros en el abdomen, pero aun así el quintero logró golpearlo con lo que encontró a mano, una botella. La botella se rompió y uno de los filos causó una grave herida al delincuente, que cayó muerto. Su cómplice, sin siquiera intentar ayudarlo, escapó al ver que se les complicaba la cosa.

La sorpresa para los medios de comunicación fue saber que el ladrón muerto era el teniente de la bonaerense Eduardo Rea, con más de diez años en la fuerza, y cuyo último destino fue ser custodio nada menos que en un juzgado de garantías de Mercedes. A pesar de lo obvio del escenario, cuando llegó la policía (los que en ese momento no estaban robando), llevaron a Tapia al hospital, pero en calidad de aprehendido. Recién hoy, domingo, fue liberado, después de que el fiscal se convenciera de que actuó razonablemente en defensa propia y de su hija.

Como en el caso de las extorsiones, nada nuevo bajo el sol. En el boletín pasado contamos el caso de un suboficial que se robó los boletos premiados de la lotería. Y no hace falta mucho para recordar tantos otros en los que policías de todos los rangos integran o dirigen bandas de delincuentes, las mismas que cometen los delitos por los que después nos dicen que hace falta más policía… y con mayor poder de fuego.

Pero en este caso hay que hacer un poco más de memoria y recordar la cantidad de hechos no resueltos de la misma zona de humildes quinteros, casi siempre bolivianos, que fueron asaltados y robados, incluso con aplicación de tormentos y hasta asesinados, para robarles los pocos pesos que pueden ganar con la venta de los productos de sus quintas. En uno de los pocos casos esclarecido, fue condenado a 5 años de prisión el puntero peronista Orlando Ubiedo, ex secretario de la UTRA (Unión de Trabajadores Rurales) y dirigente de la agrupación kirchnerista Pensar Escobar. Se probó en esa causa que los ataques a varios quinteros bolivianos de la zona entre 1999 y 2000, hechos con complicidad policial, tenían una mecánica extorsiva, que comenzaba con la visita de representantes del sindicato rural que exigían la afiliación y el pago de cuotas sociales a los trabajadores. Si la invitación no era aceptada por los trabajadores, pronto venían los brutales asaltos durante los cuales algunos fueron torturados quemándolos con planchas o cigarrillos hasta que entregaron sus ahorros. Punteros peronistas y policías, siempre integrando las mismas bandas.

DE NUEVO, UN POLICÍA CONDENADO TRABAJANDO EN SEGURIDAD PRIVADA
Ruben Emir Champonois fusiló a Mariano Witis y Darío Riquelme un día de la primavera del año 2000. La historia es conocida. El tribunal oral en lo criminal Nº 4 de San Isidro lo condenó sólo por la muerte de Witis, ya que Riquelme era un “delincuente”, lo que a criterio de los jueces excluye la idea de “persona”. Apelada la sentencia, la cámara de casación la revocó y amplió la condena también por la muerte de Darío, pues estaba perfectamente establecido que fue ultimado en estado de absoluta indefensión.

Si Darío Riquelme no hubiese sido asesinado, y lo hubieran detenido y juzgado por el robo que cometió, seguramente hubiera purgado hasta el último día de su condena en un penal, sin posibilidad alguna de ser excarcelado, de tener salidas laborales, arresto domiciliario o libertad condicional. Claro que no es esto lo que sucedió con Champonois, el doble asesino, además involucrado en uno de los homicidios del Escuadrón de la Muerte de zona norte, en una causa que no llegó nunca a juicio oral. Champonois es policía, y aunque lo hayan exonerado de la fuerza, sigue siendo, para jueces y fiscales, “uno de ellos”, un hombre del estado. En el espíritu de facilitar su “reinserción en la sociedad”, el tribunal lo puso en libertad y lo autorizó a trabajar en una agencia de seguridad privada llamada Bayerco, que no existe en ningún registro oficial. Sólo existe en la calle, operando como una empresa más del complemento, por demás numeroso, que las agencias de seguridad privada agregan a las fuerzas represivas que controlan a la población de todo el territorio argentino. Pero no hay un nombre, un responsable, nada, y sin embargo la justicia argentina, ejecutada por no uno, sino tres jueces de la provincia de Buenos Aires, le dio la bendición a Champonois para que allí vaya a dignificar su vida con el trabajo.

No tenemos el espacio suficiente para recordar todos los casos que hemos denunciado de similares situaciones. Es tanta la evidencia de policías exonerados que sirven en forma privada a la represión, que se hace innegable que detrás de tantas “coincidencias” hay evidentemente una necesidad de conservar el valor, el tiempo invertido para la formación de esos policías secuestradores, asesinos y torturadores. Tanto esfuerzo en preparar un cuadro represivo no se puede desperdiciar, así que cuando sufren un resbalón, nunca es caída, porque pasan a cumplir su rol en la esfera privada.

Jorge “Chaco” González fue torturado hasta la muerte por los policías Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo, personal de la comisaría 5ª de Villa Fiorito. Cuando aún se esperaba el juicio, reiteradas veces denunciamos que Segundo Concha trabajaba como custodia privada, armado, para la fábrica de pastas Néfer, apenas a unas cuadras de la casa de su víctima. La justicia no sólo no hizo nada, sino que el TOC Nº3 de Lomas de Zamora, cuando finalmente se celebró el juicio en noviembre de 2007, bendijo a los asesinos con una pena de 4 años, por la que estarán presos un ratito en la UP 40.

En enero de 2001 José Rodolfo Toledo fue obligado a bajar del auto en que viajaba en la ciudad de Buenos Aires. Estaba en el piso y boca abajo, cuando en un gesto de hombría y valor harto frecuente entre los “trabajadores” de la represión, el cabo de la federal Pablo Marcelo Domínguez le puso un pie en la espalda y disparó su arma. Felizmente el tiro sólo lo hirió en la pierna. Por el “desliz”, el juez correccional Omar Facciuto lo condenó en 2004 a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación especial para portar todo tipo de armas de fuego. Sin embargo, un año después Domínguez estaba trabajando como personal de seguridad armado, con un sueldo de más de dos mil quinientos pesos, no en una fábrica de pastas, sino en la Embajada de Gran Bretaña.

Las empresas contratan policías exonerados teniendo acceso a sus legajos y prontuarios, que representan valioso curriculum para una tarea avalada y promovida por la justicia, que los reintegra al circuito represivo, para que tanto trabajo para prepararlos no resulte en vano porque se hayan dejado agarrar…

JUJUY: OTRO JOVEN PRIVADO DE SU LIBERTAD MUERTO A MANOS DEL ESTADO

El domingo pasado reportábamos el caso de Mauricio Maldonado (19) detenido por merodeo en la ex cárcel de encausados de Córdoba y muerto a consecuencia de una meningitis sobreviviente a las torturas sufridas antes y durante su alojamiento, tal como denuncia su familia. Ahora fue en Jujuy.

Antes de finalizar el primer mes del año, Roberto “Titi” Guerra (21), detenido en la Unidad Penal N° 1 del servicio penitenciario provincial, resultó incinerado en un 98 % del cuerpo, dentro de su celda del Pabellón 5. Ocurrió en la madrugada del 28 de enero, cuatro días antes de recuperar su libertad y unas horas después de haber recibido la visita de su familia que lo vió de buen ánimo y recibió una carta en la que saludaba a los pibes de su barrio. Son ellos quienes se organizaron para denunciar que la versión del suicidio es falsa y que el joven fue asesinado.

La noche del lunes pasado, Abel Orozco (22), detenido en el mismo pabellón que Guerra, resultó con heridas por quemaduras en sus manos dentro de la celda junto al colchón y su ropa. Si las versiones oficiales no pueden argumentar que el suicidio se contagia, la casualidad no alcanzará para tapar la práctica represiva que se da en los 700 casos de personas muertas en privación de su libertad, registrados en nuestro Archivo hasta noviembre de 2007: la incineración del detenido es utilizada directamente como método de tortura e indirectamente para borrar los rastros de golpes y picana cuando sobreviene su muerte. Los testigos también se hacen desaparecer a fuerza de más torturas y más muertes.

Ni enfermedad, ni suicidio. Ni el torturador Febrés vivió para contarlo. Aquí, la función pasiva de garante de la vida de los detenidos que se le atribuye al estado, deja paso al rol activo de sus métodos represivos. No podrán esperar, quienes se levantan y organizan para exigir justicia, que sean los funcionarios del mismo estado quienes se culpen a sí mismos.

OPERATIVO SOL A PURO GATILLO
El miércoles 23 de enero a eso de las 9 de la noche Pablo Fiorentino (16) estaba en la casa de un amigo en Ostende. Salió con su bicicleta hacia una despensa, pero nunca volvió. Horas más tarde, su madre recibió la noticia de que su hijo había querido asaltar a una pareja, ambos policías, y había muerto con un disparo en el pecho.

Como siempre pasa, hay un arma secuestrada que le atribuyen al chico. Como siempre, es un “perro” que no sirve para nada, con el martillo trabado. No vaya a ser que planten un arma buena, esas las guardan para usarlas cuando salen ellos a robar o para venderlas en el mercado negro de armas. También como siempre, la pareja del Operativo Sol afirma que el pibe se puso de cuclillas junto a la ventanilla del auto y desde ahí los amenazó con un arma, logrando ambos policías sacar sus reglamentarias y dispararle, pero el cuerpo de Pablo apareció a unos doscientos metros del lugar, distancia que según los homicidas recorrió corriendo… después de recibir, entre otros, el disparo que lo mató en el acto.

También como siempre, la primera versión periodística tuvo titulares como “Un policía mató a su asaltante en Ostende”, “Matan a adolescente que quiso robar a dos policías”. Todo con certeza absoluta de que así fueron las cosas. Ni sombra de duda frente a la versión policial. Luego, cuando la madre de Pablo, que resultó ser una vecina conocida en la localidad y además empleada del municipio, salió con firmeza a denunciar que a su hijo lo fusilaron, poniendo en crisis lo afirmado por los asesinos, apenas si logró algún titular dubitativo, como “Investigan confuso episodio…”.

No sólo hacen falta policías para garantizar la política de gatillo fácil. También son necesarios, además de jueces y fiscales, los medios que reproducen el discurso oficial.

GATILLO EN BAHÍA BLANCA
Giuliano tenia 14 años, vivía en un barrio humilde de Bahía Blanca. Estaba escuchando música con cuatro amigos cuando la policía lo asesinó. Momentos antes, una persona llamó al 911 denunciando ruidos molestos en la casa vecina. Cuando el patrullero se presentó en el lugar, uno de los chicos, el único que era mayor de edad, salió a la puerta y discutió con los oficiales. Obviamente se lo llevaron detenido por resistencia a la autoridad. Cinco minutos después, otros dos patrulleros de la comisaría 2ª estacionaron frente a la vereda e inmediatamente empezaron a disparar. Hubo no menos de nueve tiros contra el frente de la casa. Las dos balas que fueron disparadas hacia la ventana hirieron a Giuliano. Aunque una ambulancia acudió enseguida, los policías la retuvieron media hora a 150 metros de la casa. Giuliano ya estaba muerto cuando al fin llegó al hospital.

Además de la facilidad con que el estado fusila a un pibe en el marco de la implementación de su politica de control social, es notable el consenso social con que la represión es justificada, mediante la inmediata y contundente campaña de criminalización de la víctima, “no tan inocente”, según los titulares televisivos. El monopolio mediático de La Nueva Provincia, por medio de su poderosa AM, empezó a reproducir testimonios de “vecinos anónimos” - por miedo a supuestas represalias de los amigos de Giuliano- que aseguraban que eran todos huérfanos, drogadictos, y que ellos constantemente debían llamar al 911 porque se juntan a tomar cerveza en la esquinan y temen que los ataquen.

El fin de semana anterior, en el barrio Villa Delfina de la misma ciudad, un grupo de chicos que volvían de una fiesta de 15, sufrieron una cacería con balas de gomas, y dos de ellos fueron duramente golpeados por efectivos de comisaría 3ª de Ingeniero White. Es necesario tener en cuenta el grado de criminalizacion de los pibes pobres de Bahía Blanca , y que explica las razzias en los barrios y las detenciones y golpes que sufren por andar en el centro de la ciudad. De hecho la opinión “publicada” reclama a tal punto la baja de ininmputabilidad, que en junio pasado el intendente Breitenstein aclaró “un menor con armas y drogas no es una persona a ser formada, sino un delincuente”.

Ante semejante justificación de la injusticia, no sorprenderá que el policía que disparó, Rodolfo Guidobono, quede en ibertad, ni que quienes retuvieron la ambulancia ni siquiera fueran desplazados de su oficio público. Los familiares y amigos de Giuliano empezaron a organizarse para enfrentar la impunidad que se presiente. Marcharán a la fiscalía el lunes, porque si bien el fiscal a cargo de la causa les garantizó que encarcelaría a todos los culpables, los pobres sospechan muy bien el valor que tienen las promesas de los funcionarios de un estado que se encarga todos los dias de tenerlos a raya.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Lunes 4 de febrero, 18:00, movilización en Glew, a la comisaría 7ª, reclamando juicio y castigo a los policías que asesinaron a Ramiro Rocha (18). Nos concentramos a las 16:00 en la estación Constitución y a las 17:00 en la estación Glew.

Lunes 4 de febrero, 9:00, en Estomba y Moreno, Bahía Blanca, concentración frente a la fiscalía por el castigo a todos los responsables de la muerte de Giuliano Gallo.

—————————————————————

Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI en La Plata, volverá al aire en febrero, en su horario de los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Debido al receso estival de la Radio Porteña, ex Radio Ciudad, el programa Leña al Fuego del periodista Herman Schiller, con la columna de opinión de nuestra compañera María del Carmen Verdú, volverá al aire el sábado 16 de febrero en su horario habitual de las 18:00.

—————————————————————-

CORREPI