CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LAS DOS VELOCIDADES DE LA JUSTICIA
En estos días se habla bastante del proyecto de reforma al código procesal bonaerense para incorporar el prcedimiento de “flagrancia”, nuevo caballito de batalla de los que hacen propaganda con uno que otro parche represor a cada rato. En lenguaje llano, lo de la “flagrancia” se explica fácil: significa que al que agarran “con las manos en la masa” casi no se lo juzga, y con un proceso sumarísimo, que limita el derecho de defensa, va directo al juicio oral, donde se usa la prueba reunida en el momento de esa detención “en plena comisión de un delito”.

La trampa (porque siempre hay una trampa, y siempre es en contra de los pobres) es que el juez va a decidir si está o no frente a un hecho flagrante exclusivamente por lo que le digan los policías que hicieron la detención, y, en definitiva, también la absolución o condena se va a basar en esas pruebas, que en el mejor de los casos, será la declaración coincidente de dos o tres policías que hablarán de “actitud sospechosa” o cosa parecida, y aportarán uno que otro elemento plantado.

Como ya sucede en materia contravencional, especialmente en los distritos donde la declaración de dos policías constituye lo que técnicamente se llama “plena prueba”, es decir, suficiente para condenar, el juicio del desgraciado que los hombres de azul sindiquen como “flagrante” será una formalidad. Para que no nos preocupemos tanto, nos dicen los autores del proyecto (Scioli y sus ministros) que sólo se va a aplicar a delitos “de poca monta”, como definen a los que tienen hasta 15 años de prisión…

Este sistema, que como tantos otros que dicen tender a la “modernización” judicial a imagen y semejanza del modelo yanqui (como el juicio abreviado), tiene como principal objeto sacarle trabajo a los jueces, fiscales y defensores oficiales, que así, en mucho menos tiempo, podrán condenar muchos más pobres sin molestarse en escuchar sus aburridas defensas. Ya se ha probado en once departamentos judiciales de la provincia, como Mar del Plata, donde un trabajador del puerto fue juzgado con este procedimiento en tiempo record por haberse atrevido a entrar en la planta donde trabajaba a convocar a una movilización por el largo conflicto de los fileteros. Sólo que no lo pudieron condenar, porque la defensa fue asumida por los compañeros del Frente Antirrepresivo, que desarmaron la falacia de la acusación y pusieron en evidencia la ausencia de pruebas.

También en la ciudad de Buenos Aires existe algo parecido, con la “instrucción sumarísima” en casos de flagrancia, que ya hace algunos años se quiso aplicar a los trabajadores desocupados que bloquearon boleterías del subte reclamando puestos de trabajo. Tampoco allí pudieron llegar a la condena, pero no se rinden: es con este sistema tan moderno que el estudiante Fernando Grenno, militante de la Agrupación Plan B de la Facultad de Ciencias Sociales, fue procesado por daño calificado a fines del año pasado. Su delito fue pintar, el 1º de mayo, “Aparición con vida de López” en una pared, que casualmente era la parte trasera de un juzgado comercial. El tribunal oral 18 está calentando motores para fijar fecha a mediados de año para juzgarlo.

Ese mismo tribunal, mientras tanto, tiene arrumbada desde hace dos años y medio, en un estante polvoriento, la causa contra el policía Justo José Luquet, que el 4 de marzo de 2002 fusiló con un tiro en la nuca a Marcelo Báez (16). Luquet nunca estuvo detenido, a pesar de que está procesado por homicidio doloso, y aunque ya tuvo, en 2004, una condena de ejecución condicional por fraguar una causa de drogas en Constitución, cuando le plantó marihuana a un pibe que viajaba en el furgón del tren. Dicen en la mesa de entradas del tribunal que tienen muchas causas, y poco tiempo, por eso no hay miras de que fijen fecha para este juicio. Están ocupados con cosas más importantes, como tratar de condenar al compañero Grenno… Así funciona esto de “agilizar la administración de justicia”…

CASO COLMAN: VIEJAS PRÁCTICAS Y VIEJOS CONOCIDOS
Por más que los sucesivos gobiernos se esfuercen cada vez más en utilizar el meloso lenguaje de la democracia, buscando hacer creer que sería posible, a través de purgas, reformas, desmantelamientos o reestructuraciones, tener una policía que “defienda y respete los derechos de las personas”, la realidad se encarga, a sangre y fuego, de mostrar la única verdad: en una sociedad dividida en clases, la lógica del estado, gobierne quien gobierne, es la represión.

Todos recordamos las imágenes de la masacre del Puente Pueyrredón, cuando junto a los uniformados que disparaban sus escopetas con munición de plomo contra los manifestantes, andaban los que tenían encomendado recoger los cartuchos servidos, para que después pudieran mentir, diciendo “nosotros sólo usamos postas de goma”. Del mismo modo, el 19 y 20 de diciembre, el fusilamiento del niño Mauricio Morán en Mendoza, cuando bajaba carbón de un tren detenido, o cualquiera de las cotidianas represiones en una cancha de fútbol, prueban que es habitual que las armas supuestamente “antitumulto”, que según las reglamentaciones largamente cacareadas por los reformadores constantes de las fuerzas de seguridad están destinadas a “dispersar” sin causar lesiones graves, estén cargadas con proyectiles letales. Sumemos a esto que, también contrariando esas reglamentaciones “para la tribuna”, policías, gendarmes y demás integrantes del aparato represivo disparan siempre a zonas vitales, y no como dicen esas normas, de las rodillas para abajo.

Lo mismo hemos verificado, esta vez, en la causa contra el policía Oscar Alberto Benítez, que el 23 de diciembre pasado fusiló a Sonia Colman en una esquina céntrica de Del Viso. Sonia, que estaba trabajando como vendedora ambulante, recibió en el pecho uno de los proyectiles de plomo del escopetazo del policía (de sólo 40 años, es decir, reclutado y formado “en democracia”), que junto a otros más perseguía a dos jóvenes desarmados, sospechosos de haber robado una billetera. El acompañante de Benítez en el patrullero, muy suelto de cuerpo, declaró ante la fiscal que “Benítez tenía la escopeta Mossberg 12/70 cargada con cartuchos de guerra”, y como si fuera poco, explicó que ellos habitualmente cargan un cartucho antitumulto, con proyectiles de goma, y, por las dudas, cuatro de guerra. Igual que esos avezados federales, como el comisario Russo, que cargan su reglamentaria con proyectiles perforantes con ojiva de plomo alternados con balas de punta hueca, cosa que uno atraviese el cuerpo, y el otro se abra al impacto, causando un golpe mayor. Nada nuevo bajo el sol en materia de prácticas para “prevenir el delito”.

Y hablando de ausencia de novedades, lo mismo sucede con la defensa técnica del asesino de Sonia Colman. El policía designó, para defenderlo, ni más ni menos que al Dr. Fernando Roque Barrionuevo, renombrado letrado de la zona norte cuyo último cruce con CORREPI fue el juicio al Escuadrón de la Muerte de Don Torcuato. El abogado representó al sargento Hugo Alberto Cáceres (a) El Hugo Beto, jefe del escuadrón, condenado a fines de 2004 a 20 años de prisión junto a su lugarteniente, el policía Anselmo Puyó, por el fusilamiento de Guillermo “Nuni” Ríos. Una vez más, viejos conocidos.

NUEVA DENUNCIA DE LA SITUACIÓN CARCELARIA EN SANTA FE
La Coordinadora de Trabajo Carcelario, organización que trabaja hace 15 años en Santa Fe sobre las condiciones de vida y la represión en las cárceles de esa provincia, hizo público esta semana un informe sobre el sistema carcelario de la provincia, en el que llegan a prever la preparación del terreno para una nueva masacre como la ocurrida el 11 de abril de 2005 en el penal de Coronda.

Dentro de lo que describen como una “clara maniobra institucional”, detallan los síntomas que “tienen la clara finalidad de provocar e instigar incidentes y peleas que “justifiquen” acciones represivas”, entre los que se cuentan las muertes de cinco personas en el último mes. Dario Coria, Alexis David Bustos, Claudio Esteban Díaz, Gustavo Vallejos y Luis Alberto Ruiz murieron entre el 27 de diciembre de 2007 y el 13 de enero de 2008. A esto se suman deuncias de internos por intentos de asesinato cometidos directamente por el servicio penitenciario, o a través de la contratación y pago de otros internos; el mantener a personas con conocidas rivalidades dentro de una misma unidad, el reparto y venta de psicofármacos, armas blancas, esposas y llaves.

También han ido creciendo las privaciones, la prohibición del acceso a internet, la represión y amenaza de traslados colectivos en la Unidad 3 ante el reclamo de los internos del pabellón 1 por mejoras en las condiciones de detención, y el creciente aumento de pabellones destinados a “hermanitos” o “evangélicos”: presos protegidos por el servicio penitenciario.

También denuncia la CTC que, como es costumbre del estado, permanecen en sus cargos funcionarios que participaron de la masacre de 2005. Pese a los anunicos, el decreto de exoneración no fue firmado, situación que agrava la tensión ya existente en el penal.

Una carta de los internos describe la situación “….Los mini motines y las represiones desmedidas están a la orden del día. Las pocas medias reses que ingresan al penal se van caminando. En cuenta corriente ya empezó a desaparecer el dinero de los detenidos. El maltrato a nuestras visitas ha sido puesto otra vez en práctica. El personal subalterno empezó con las humillaciones hacia los compañeros. La comisión de traslado lleva a los detenidos que se encuentran con permiso judiciales de cinco horas a sus domicilios y no los baja de los móviles bajo el argumento de que no hay seguridad porque viven en las villas miserias, de esa forma agravan aún más el grave problema generado por el cargo a dedo del Juez de Ejecución Penal con la irrisoria modalidad de permisos judiciales que ha sido la causante de las fugas registradas, con la clara intención de crear una desestabilización…..” y agregan “… estos factores van generando una gran tensión y son indicadores que pueden ser desencadenantes de un estallido que solo beneficiaría a pastores evangelistas, quienes ganarían más terreno, y al personal jerárquico…”.

Hecha está la denuncia sobre las condiciones de una situación que el poder político y judicial no sólo conoce, sino que mantiene. Mientras se van sumando nombres de presos asesinados, la tensión crece gracias a la presión ejercida para que el conflicto estalle y la represión se justifique. Si sucede lo que la CTC está denunciando, pronto podremos ver, del gobernador hasta la presidenta, caras de asombro e indignación ante una nueva masacre, y luego las consabidas promesas de exoneraciones, nuevos directores, más presupuesto… pero lo único que aumentará, será el número de pobres que mueran.

AL AIRE… TAMBIÉN PUEDE SER AL PECHO
En La Rioja, la policía también mata con “gatillo alegre”. En una fiesta familiar, que se llevaba a cabo en un barrio humilde de la capital riojana, murió un joven en una situación de las que los medios llaman “por demás confusa”. Según testigos, una patota de jóvenes comenzó a pelear con un grupo de personas que estaba celebrando un cumpleaños. Esto motivó la denuncia de un vecino. La policía llegó al lugar e intentó parar la reyerta con balas de goma.

Pero además de la patrulla que llegó al lugar, había un suboficial de policía de civil, que empezó a tirar disparos al aire con su arma reglamentaria. Uno de los disparos, fue a dar en el pecho del joven. Según la lógica más elemental, o el suboficial no tiró al aire, o el joven estaba volando. De otra manera no se entiende cómo la bala fue a dar sobre el pecho de la víctima. La madre, siguiendo el razonamiento del sentido común, asegura que a su hijo le tiraron directamente al corazón. Por este crimen, y por ahora, hay once policías detenidos.

A pesar de la escasez de datos que tenemos de la provincia, sabemos que la policía riojana es responsable por al menos 14 casos de fusilamiento de gatillo fácil, muerte en la tortura y muerte de jóvenes en comisarías, presentados oficialmente como inverosímiles suicidios. El índice de impunidad, aun respecto de los casos en que las versiones oficiales han sido desmentidas, es altísimo. La proporción de condenas, bajísima. Un caso más, para probar la tendencia.

TREINTA POLICÍAS PARA GOLPEAR A UNA FAMILIA PERUANA
El pasado domingo 27 de enero, una familia peruana entera fue atacada y golpeada por más de 30 policías en un restaurante familiar del barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.

Todo empezó cuando una de las personas que estaban allí comiendo, al salir a la vereda a fumar un cigarrillo, fue atacada sin ningun motivo por dos policías. Cuando Santos Walter Ríos Fuster (40), que es el dueño del lugar, salió a ver que pasaba, también fue golpeado. Ambos lograron zafarse y se refugiaron en el restaurante. Una vez adentro, Ríos Fuster, sin reparar en que “no es un policía, es toda la institución” llamó al 101, avisando a la policía lo que había sucedido.

En minutos llegaron ocho patrulleros con más de 30 policías, que entraron violentamente al lugar y comenzaron a insultar, golpear y amenazar de muerte a la veintena de personas que allí estaban, entre ellos ancianos y mujeres con niños. Todos, mientras les apuntaban a la cabeza con escopetas Ithaka a la cabeza, fueron obligados a tirarse al piso, donde los apalearon.

El jefe de policía de Córdoba, Alejo Paredes, tratando de poner paños fríos y defender lo indefendible, dijo “no conozco los detalles o si hubo abuso policial (…) yo lo que sé es que hubo personas detenidas y personal policial lesionado con días de curación”.

Este hecho, con 30 policías “defendiendo a dos”, demuestra que la violencia y la represión policial no responde a la teoría del loquito suelto o la manzana podrida dentro de la fuerza, los que se solucionaría con nuevas purgas. Responde más bien al hecho de que toda la institución está educada para cumplir esa función de amedrentamiento y control social a ciertos sectores, porque si bien hubo insultos racistas, esto nunca le va a pasar al embajador, al cónsul o a algún empresario peruano.

PROBLEMAS DE PAREJA EN LA PLATA
Parece que la pareja Scioli-Stornelli no pasa por su mejor momento. Según un matutino porteño, el gobernador estuvo a punto de reemplazar a su actual ministro de seguridad, al que finalmente le pidió “soluciones” para revertir lo que los medios masivos de comunicación se han cansado de publicar en sus primeras planas como “ola de inseguridad”, como si de una epidemia se tratara. Stornelli echó a su segundo en la cartera de seguridad, el fiscal Martín López Perrando, aduciendo “diferencias metodológicas”, aunque no aclaró cuales, y nombró en su lugar al también fiscal Carlos Alberto Stagnaro, que ya se desempeñaba como subsecretario de Participación Comunitaria, secretaría que a través de los foros de seguridad se encarga de aceitar las relaciones entre la policía y la comunidad, fomentando la paranoia y el buchoneo para mejorar la represión preventiva con el consenso de la “gente de bien”.

Además, se creó una comisión de “asesoramiento en seguridad” encabezada por el juez federal de La Plata Alberto Durán. Este “especialista” en la materia afirmó en un medio platense, como flamante e iluminada propuesta, que habría que dotar a los policías de bicicletas y motos de menor cilindrada, porque a veces los patrulleros tardan “45 minutos en recorrer diez cuadras”. Lo que huele a negocio policial liberando zonas para el delito es para Durán una deficiencia que se soluciona con más presupuesto y mayor capacidad de despliegue para los uniformados.

La “ola de inseguridad” es el tema con el que los medios de comunicación de mayor tirada han bombardeado a la población desde sus portadas y titulares. Los delitos contra la propiedad inundan las crónicas policiales con dramatismo cinematográfico, exigiendo mayor seguridad, mayor presencia y facultades policiales, fomentando sutilmente la tenencia de armas por parte de civiles como “necesidad” ante el flagelo de la inseguridad; mientras silencian el disciplinamiento de todos los días a los trabajadores en lucha, las cotidianas muertes en cárceles y naturalizan el asesinato a manos de la policía de un pibe de barrio que por ser pobre “en algo andaría”. Sobredimensionando robos en comercios y casas de desafortunados veraneantes, piden más presencia policial, en sintonía con la necesidad del poder político, garante de los explotadores, de mejorar los mecanismos de control, y si es posible, sin que se note.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Viernes 15 de febrero, a las 18:00, en Bahia Blanca, concentración en el barrio Mi Casita y marcha a la fiscalía, con escrache a la comisaría 2ª en el camino, a dos semanas del asesinato Giuliano Gallo (14).

Martes 4 de marzo, 11:00, al cumplirse 6 años del asesinato de Marcelo Báez por el policía federal Justo José Luquet, concentración frente al tribunal oral que hace más de dos años evita fijar fecha para el juicio oral, Lavalle y Libertad. En el mismo acto, reclamaremos al mismo tribunal la libre absolución de Fernando Grenno, a punto de ser juzgado por una pintada.

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En La Plata, desde el 18 de febrero, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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