CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

EL GOBIERNO DE MENDOZA RESPONDE (Y LE RESPONDEMOS…)
Hace dos semanas venimos denunciando el operativo de “limpieza” implementado en la ciudad de Mendoza por su policía, mediante la detención de menores de edad que piden limosna en las calles.

Varios organismos de DDHH, conmovidos por la situación de los niños pobres mendocinos, enviaron notas de repudio al gobierno provincial instándolo a cesar en el arbitrario procedimiento. Hoy conocimos la respuesta oficial suscripta por el Subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Provincia de Mendoza, pues aunque CORREPI no se dirigió al gobernador provincial ni a ningún otro funcionario pues optamos por la denuncia pública, el Sr. Gabriel Conte igual nos envió su misiva.

El subsecretario, en relación a lo que denomina “una supuesta detención masiva y arbitraria de niños que mendigan en la calle, recluyéndolos en la Comisaría del Menor de la Ciudad de Mendoza”, empieza por asegurar que esa información es inexacta, pues “En ningún caso se ha procedido a la “detención” de menores que mendigan en la calle.” A renglón seguido afirma que la policía provincial ajusta su accionar a lo normado por la Ley de Policías y la Ley de Familia y Minoridad provinciales y la Convención de los Derechos del Niño.

Hasta ahí uno pensaría que nos equivocamos, que nos informaron mal o que deliberadamente quisimos ensuciar al gobierno mendocino con una denuncia infundada. Pero resulta que a párrafo seguido, el Sr. Conte dice: “…es función común de las Policías de la Provincia “Colaborar con los organismos provinciales y nacionales en la protección de la persona, conducta y bienes de los menores de dieciocho (18) años, huérfanos, abandonados o en peligro moral o material (…) La Justicia de Familia y en lo Penal de Menores, la Policía de Mendoza, la Dirección Provincial de la Niñez y Adolescencia y cualquier funcionario público u organización no gubernamental con injerencia en la materia, que tomare conocimiento que un menor o incapaz sufriere perjuicio por abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación; o, hubiere cometido una falta o delito, o resultare víctima de faltas o delitos, están obligados a poner ese hecho en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, según corresponda, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas”.

Y de inmediato nos hace saber que “las Policías de la Provincia han adoptado las medidas urgentes respecto de menores en peligro moral o material derivado de una posible explotación por parte de sus padres, tutores o guardadores, dando intervención en forma inmediata a la autoridad judicial competente, esto es, el Juez de Familia en turno tutelar. (…) En ningún caso los menores han sido conducidos a unidades policiales comunes sino que, cuando el Juez de Familia en turno tutelar así lo ha dispuesto, los mismos son derivados a la Comisaría del Menor”.

O sea, es inexacto que haya detenciones masivas, pero han adoptado medidas urgentes, para protegerlos, y no los llevan a comisarías sino a la “comisaría del menor”…

CORREPI puede recordarle al Sr. Conte, a mero título de ejemplo entre miles, el caso de un pibe casualmente detenido “porque se hallaba en situación de abandono y desamparo” según la definición de la ley nacional de menores (10.903), y alojado en la sala de menores de una moderna comisaría federal, todo para protegerlo. Claro que la cosa terminó con Walter Bulacio muerto, y con el nacimiento de un movimiento antirrepresivo.

La frutilla de la torta, o de la carta, es el último parrafito: “No obstante lo antes señalado, y considerando la importancia, magnitud y gravedad de lo informado, debo informar que –a raíz de diversas iniciativas de sectores públicos y de la sociedad civil- hemos mantenido diversas reuniones para replantear el proceso de abordaje de los explotadores de menores, contando con un completo censo al respecto, como asimismo redefinir el trabajo en caso de menores en riesgo que están abandonados. Coincidimos siempre en que si bien los métodos usados no podrían “gustarnos” o ser lo único que podíamos hacer frente al problema, son absolutamente legales y respetuosos de todo tipo de Convenciones Internacionales. Debe destacarse que la provincia de Mendoza se encuentra desde 1998 en un proceso de reforma integral del sistema de seguridad pública, como pocos otros estados del país. Esto ha implicado fuertes controles sobre la labor policial e inclusive, en su momento, la separación de un importante número de policías. Asimismo, por este motivo, se creo un Instituto Universitario de Seguridad Pública en el que ningún policía puede incorporarse a la fuerza si no aprueba –entre otras materias de derecho y de carácter técnico- las consignas de la cátedra de Familia y Minoridad.”

La suerte de “autocrítica” porque no le gustan los métodos que el gobierno que integra utiliza no requiere mayores comentarios. Ahora, sobre la policía mendocina, sus “controles”, “reforma integral”, “instituto universitario” o lo que quieran inventar para lavarse la cara, por favor no mientan. Desde 1998, supuesta fecha del “gran cambio institucional”, la policía mendocina ha asesinado por lo menos a 19 personas desarmadas e inofensivas, sobre un total de 88 casos de la provincia registrados en nuestro Archivo de Casos, muchos de ellos menores de edad, pero eso sí: previo aprobar la materia Familia y Minoridad, y seguramente también Derechos Humanos.

En nuestro Boletín nº 122 del 2 de junio de 2001 publicamos una nota firmada por el compañero Leonardo Fernández de Amnistía Internacional desmitificando la “reforma policial mendocina” y refutando los datos brindados por el subsecretario Conte al diario Página/12. Ya entonces era alarmante la cantidad de denuncias constatadas por homicidios de gatillo fácil, torturas, detenciones arbitrarias, participación policial en delitos comunes, etc. En aquella oportunidad el Sr. Conte nos respondió, invocando su trayectoria en el ámbito de los DDHH y hasta su participación como orador o panelista en alguna oportunidad con miembros de CORREPI. Se constata una vez más -como con los cursitos a los canas- que al que nace barrigón, es al ñudo que lo fajen.

CONVOCATORIA DE LA MAMÁ DE VÍCTOR “FRENTE” VITAL
Nuestra compañera Sabina Sotelo, mamá del “Frente” Vital asesinado el 6 de febrero de 1999 por el policía Héctor Eusebio Sosa en San Fernando, convoca a todos los padres, familiares y amigos de las victimas del gatillo fácil, el 11 de febrero a partir de las 10,00 hs. en las puertas del tribunal de casación en la ciudad de La Plata, calle 7 entre 56 y 57, “para decirle a la justicia que se llama delito a todo aquel que comete un acto fuera de la ley, tenga la investidura que tenga, más si es un funcionario preparado para cumplir con los estamentos de la constitución nacional y todo aquello que comprenda la convivencia entre los seres humanos, tratar de prevenir antes de torturar y matar a adolescentes victimas de una sociedad dirigencial corrupta.-

La esperanza vence al miedo
La dignidad vence a la miseria

Luchemos todos juntos para que en este pais sus habitantes con sus resposabilidades se coloquen donde corresponde, dentro de los mandatos de la justicia y con el contenido de la misma; basta de torturas a los niños; basta de hombres corruptos y adictos a la sangre como muchos integrantes de la bonaerense que matan a mansalva en nombre de la ley protejidos por la corrupción política.”

Sabina Sotelo se va a encadenar a esas puertas “para recordar a los señores jueces que hay 1300 casos de este tipo, 1300 familias que no podrán jamás llenar ese vacío que dejó ese inútil disfrazado de policía.” Sale un micro de Fernando Fader 343, Don Torcuato a las 8,00 horas.

Previamente, al cumplirse cuatro años del brutal crimen, la familia invita a acompañarlos al homenaje recordatorio que se realizará en la iglesia Villa del Carmen, el seis de febrero a las 19,00 horas (Hipólito Irigoyen -ruta 202- N° 2112 – San Fernando.

Recordemos que el asesino Sosa estaba preso y el 22 de noviembre de 2001 debía iniciarse su juicio oral. A espaldas de la familia el fiscal Etchegoyen Lynch “arregló” con el defensor del policía (abogado que resulta casualmente hermano de uno de los Ribelli’s boys preso por la masacre de la AMIA) un juicio abreviado con una pena ínfima, alegando “exceso en la legítima defensa”. Sosa fue inmediatamente absuelto en un fallo escandaloso del Tribunal Oral nº 1 de San Isidro, al que le pareció muy represiva la propuesta del fiscal, porque para ellos que un cana balee cinco veces a un pibe de 16 años que se esconde desarmado bajo una mesa cubriendo su rostro con las manos es ni más ni menos que legítima defensa.

La causa está desde hace un año en La Plata, sin que el Tribunal de Casación se haya siquiera pronunciado sobre la admisibilidad formal del recurso.

DESDE LA COMISIÓN CONTRA LA REPRESIÓN DE LA ASAMBLEA DE VILLA LUGANO
Celebramos que cada vez más organizaciones populares toman la lucha antirrepresiva como parte de su programa general de ideas y acción, generando sus propios ámbitos y actividades contra la violencia del sistema. En ese camino, reproducimos el comunicado de la Asamblea de Villa Lugano, anticipando nuestra participación junto a las familias de Marcelo Acosta y Daniel Barboza, asesinados el 11 de febrero de 2002 por el jefe de calle de la Comisaría 52ª, Rubén Solanes, (a) “Percha”:

Como respuesta a la política del estado de seguir profundizando su accionar represivo, directa o indirectamente, física o legalmente, contra la población y en particular contra los militantes sociales, como así también la implementación, por aumento de presupuesto, de la llamada mano dura como una mágica solución a la inseguridad (vociferada tanto por Ibarra y Duhalde como por los futuros candidatos electorales), que no es más que seguir fortaleciendo los mismos aparatos represivos, llamamos a todas las Asambleas, organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas y sociales, trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y vecinos a convocar juntos a un acto a realizarse el próximo 11 de febrero al cumplirse un año del asesinato de dos pibes de nuestro barrio a manos de la policía federal.

Este acto junto a un festival que realizamos hace unas semanas expresan la continuidad del QUE SE VAYAN TODOS: los genocidas de AYER son los asesinos de HOY. Nos juntamos para empezar a organizarlo el Lunes 27 a las 19 horas en la Plaza de la Estación Lugano (Delfín Gallo y Murguiondo). Esperamos respuesta a esta convocatoria, sea para confirmar su presencia, enviarnos su adhesión o informarnos sobre las actividades que vienen desarrollando en sus barrios para poder empezar a coordinar una política antirrepresiva en común. Asamblea Villa Lugano - COMISIÓN CONTRA LA REPRESIÓN. 24 de Enero de 2003. asambleavlugano@hotmail.com

BALEAN TESTIGO DE CASO DE GATILLO FÁCIL EN CÓRDOBA (Gracias, compañera Irina)
En el festival de rock de La Falda (Córdoba) del año pasado dos pibes manotearon un paquete de galletitas en un almacén. El policía Carlos Marcelo Romero mató a Maximiliano Romero (no eran parientes) con un disparo a quemarropa mientras perseguía a los “cacos” que, igual que Maximiliano, estaban desarmados.

El 20 de enero de este año el cabo Horacio Grasso hirió de tres tiros al joven Leonardo Nicolás Oliva, de 19 años, casualmente testigo del homicidio de Maximiliano Romero. El cabo Grasso se encuentra con licencia psiquiátrica. y baleó a Oliva a las 4 de la mañana, alegando que quiso robarle, pero todos los vecinos del barrio dicen que el joven volvía del trabajo en la fraccionadora de miel de David Medina, quien confirmó esa versión y agregó que Leonardo no tenía armas y que era un pibe muy trabajador.

Amigos y familiares de Leonardo denunciaron que el personal policial le plantó un revólver y cocaína luego de que fuera herido por Grasso. El joven Oliva se encuentra en el Hospital de Urgencias con custodia policial acusado de “tentativa de robo calificado”.

¡DEVUELVAN MIS PAPELES! (Texto e investigación José L. Zamora)
Se recordará, seguramente, el próximo 25 de marzo, un año más, 26 para ser exactos, de la emboscada, asesinato, secuestro y desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh, una de las treinta mil víctimas del genocidio perpetrado en la Argentina por la última dictadura militar que asoló al país, desde el año 1976 al año 1983. Este delito aberrante fue cometido por un grupo de tareas del CCD ESMA.

El cuerpo de Rodolfo Walsh jamás apareció. Hubo testimonios que aseguraron en su momento que, para obtener un seguro resultado en lograr el objetivo fijado por estas alimañas, se utilizó al ex - policía José María Salgado para delatarlo. Se afirma también que, para ello fue obligado o presionado bajo fuertes amenazas a su integridad física o mediante torturas empleadas de diversas formas, como es de suponer y que Salgado no ignoraba. Lo cierto es que esto último nunca se comprobó. Sí se sabe que Rodolfo Walsh mientras caminaba por San Juan entre Humberto Primo y Entre R íos hacia el oeste, fue sorprendido por el grupo de tareas de la ESMA. Integraban entre otros, ya que se estima fueron aproximadamente entre ocho a diez los represores, Julio César Coronel, quien era un mayor retirado del ejército, Ernesto Webber, Roberto Oscar Gonzalez, Alfredo Astiz.

Consciente de qué le sucedería, por su condición de vida en la más absoluta reserva, por una lucha en la búsqueda incesante, lúcida y digna para combatirlos, llevaba, a mi criterio, de manera cándida, una pequeña pistola 22 para defenderse llegada la ocasión, que de alguna manera presentía estaba cada vez más cerca. Poco y nada, esto último le preocupaba. Lo demostró acabadamente, en los hechos cotidianos, por ejemplo, enviando ese mismo día una carta abierta a la junta militar, un documento valiente, esclarecedor y a la postre merecedor de ser considerado el documento más importante en la historia del periodismo argentino.

También, no huyendo, todo lo contrario, quedándose en el país, no autoexiliándose, como tantos otros. De nada sirvió, al verse acorralado, que disparara y diera blanco en una pierna de Coronel, fue ametrallado en ese instante, se supone que por parte de Webber. Luego, su cuerpo fue trasladado a la ESMA y nunca más volvió a saberse de él. Ese mismo día fue saqueada su casa de San Vicente. Fue baleado el frente de la misma durante tres horas. Los represores saqueadores habían llegado, uniformados, en tres camiones según testimonios de algunos vecinos.

Entre el material secuestrado perteneciente a Rodolfo Walsh, se encontraba su máquina de escribir, un diario personal, originales ya editados, originales en preparación y fundamentalmente sus memorias. Hasta el día de hoy, gran parte de todo ello nunca emergió de las tenebrosas tinieblas desplegadas por los genocidas. Ese material, sin lugar a duda, seguramente, revelador, claro, coherente y lúcido, debe ser rescatado. Las preguntas que hago no ayudan a tal cometido, mas son las primeras. ¿Existe éste material, toda vía? ¿Fue destruido? ¿Quién se apropió de todo ello? ¿Con qué fin? ¿Massera? ¿Se encuentra todavía, después de 26 años, en la propia ESMA? ¿Quién puede responder?

A las primeras preguntas, por ahora, no les encuentro respuesta. Respecto a la última pregunta que me hago, poseo después de una cuidadosa selección, una lista de 17 represores, que podrían dar a luz todo el interrogante. ¡Devuelvan mis papeles! Escribiría Rodolfo Walsh.

CORREPI