CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

OTRO ASESINO DE PASEO, CUÁNDO NO…
La semana pasada salió a la luz una nueva escapadita, esta vez el 30 de enero pasado, del ex comisario de la bonaerense Alfredo Fanchiotti, condenado a prisión perpetua por la masacre de Puente Pueyrredón. Decimos nueva escapadita, porque este ejemplar represor ya había salido otras veces de la Unidad 25 de Olmos para ir al médico clínico y al odontólogo, salidas impensadas para cualquier preso común.

Ya en junio de 2007 el Frente Popular Darío Santillán había presentado una denuncia sobre el régimen de privilegios del que gozaba Fanchiotti, como tener visitas permanentes, que se le permitiera tener teléfonos celulares sin identificación, y, por supuesto, las “salidas médicas” y de las otras. Los medios callaron, y el gobierno y su secretaría de derechos humanos, también.

En este caso, a raíz de disputas de poder en el servicio penitenciario bonaerense, entre denuncias y “camas”, la noticia tomó estado público y la secretaría de derechos humanos no tuvo más remedio que intervenir y hacer la denuncia en la fiscalía N°3 de La Plata. Y ahora sí… todos denuncian, todos se escandalizan, todos investigarán hasta las últimas consecuencias, todos nos muestran cómo el sistema funciona… hasta que pase un tiempito, todo se calme y quede en la nada. Ya lo vimos con Etchecolatz, ya lo vimos con Febrés y con tantos otros represores actuales.

Porque más allá de las disputas internas que pueda haber en el servicio penitenciario o en todo el aparato represivo, la realidad es que a todos los represores presos, de la fuerza que sea, por más cárcel común que tengan, sus compañeros penitenciarios los tratan, justamente, como compañeros, y el estado, en su conjunto, los trata como “servidores que cayeron en desgracia”. Y, con este trato preferencial, les muestra a los servidores en actividad, que están protegidos, que tienen vía libre para reprimir, matar, torturar, o lo que haga falta, y que en el peor de los casos, si la justicia no los puede hacer zafar, tendrán los máximos beneficios por haber servido a la causa represiva.

Ahí están tantos ejemplos que nos cansamos de denunciar, y que a nadie en el gobierno o en los medios les resulta “escandaloso”. Hugo Alberto Cáceres (a) El Hugo Beto, jefe del escuadrón de la muerte de Don Torcuato y condenado a 20 años de prisión, fue visto hace un tiempito en el cumpleaños de 15 de su hija. El oficial bonaerense Gnopko, condenado a prisión perpetua por haber torturado, junto a otros policías, hasta la muerte a Diego Gallardo, está excarcelado. El oficial de la PFA Justo J. Luquet, que el 28 de mayo va a ser juzgado por fusilar de un disparo en la nuca a Marcelo Báez (16), nunca estuvo preso, aunque ya tiene una condena anterior por fraguar una causa, y aunque esté procesado por homicidio simple. O el torturador de Sergio Durán, subcomisario Miguel Angel Rojido, prófugo gracias a la manito que le dio la justicia bonaerense, que lo excarceló porque “no presentaba riesgo de fuga”, y desde luego, no apareció cuando lo citaron para juzgarlo. ¿Nos puede sorprender lo de Fanchiotti? Es la confirmación de la regla: pertenecer… tiene sus privilegios.

DIME QUIÉN TE ASESORA 2…
La semana pasada comentábamos el desembarco del ex ministro del interior Carlos V. Corach como asesor en materia de seguridad del gobernador bonaerense Daniel Scioli, sumándose así al dúo ensamblado del ministro Stornelli y el jefe de la “Comisión de Notables”, el juez Alberto Durán, dos funcionarios que hilvanaron sus carreras judiciales con fuertes puntadas a su relación con las fuerzas de seguridad. El juez federal convocado para presidir a las 15 “personalidades” del nuevo órgano creado por Scioli, sin ir más lejos, fue funcionario del ministerio de gobierno bonaerense durante la dictadura, y desde hace más de 20 años es docente en la Escuela Juan Vucetich, así que cada policía recibido en ese lapso es producto de sus enseñanzas.

En distintos lugares del país se están produciendo nombramientos similares, como Mendoza y Salta. En La Linda, el gobernador Urtubey conservó en la secretaría de seguridad a Jorge Amado Skaf, que fue oficial superior de la policía federal hasta 1980 y revistó, desde 1982, en la salteña. Según testimonios de sobrevivientes, el hombre fue visto en comisarías donde funcionaban centros de tortura, aunque su especialidad era espiar estudiantes en la universidad de Salta, donde se hacía pasar por un simple alumno.

El caso de Mendoza, que por estos días ocupa grandes espacios en algunos diarios, no escapa a esta norma, que simplemente ratifica lo que históricamente ha venido ocurriendo: mientras un represor sea útil, los sucesivos gobiernos lo seguirán usando. Cuando no lo sea más, o cuando el rédito sea mayor si lo señalan con el dedo que si lo siguen cobijando, lo entregarán y se rasgarán las vestiduras como si nunca antes lo hubieran visto. Y si la cosa da, hasta se presentará algún secretario de DDHH como querellante, de manera de aprovechar para sumar puntos en el magistral lavado de cara que supone la falacia de que el propio estado se presente como víctima del estado represor.

En la tierra del sol y el vino, el designado del escándalo es un alumnito del ex coronel Mohamed Seineldín, el comisario Carlos Rico Tejeiro, entrenado como comando por el jefe de los carapintadas y su subordinado en las operaciones represivas durante el mundial de fútbol de 1978. El caso tuvo bastante trascendencia porque puso en evidencia una fricción interna sin resolverse en el partido de gobierno: los roces entre los sectores más tradicionalmente peronistas, y los incorporados más recientemente, al calor del discursito setentista y el palabrerío derechohumanista del kirchnerismo. Así, el presidente del CELS y periodista Horacio Verbisky, coautor del discurso oficial de derechos humanos, salió a denunciar el nombramiento en Página/12, haciendo una severa advertencia a CFK, como él le dice, y a su marido, si no resuelven pronto este “serio escollo” que “los coloca en contradicción con su política de respeto a los derechos y garantías constitucionales”.

Pero parece que al gobierno nacional poco le importa el asunto. Cristina Fernández viajó a Mendoza después que estallara el escándalo, pero no tuvo tiempo para recibir a los airados referentes de los organismos -todos aliados K, y entre ellos, varios actuales funcionarios del área de justicia y derechos humanos-, que tuvieron que conformarse con que los atendiera el ministro Randazzo, que se limitó a recibir sus quejas con cara de nada, y a responderles lo que todo funcionario dice cuando no quiere decir nada: “el caso está en manos de la justicia, que es la que debe dirimirlo”.

Mientras discuten sus internitas, para los trabajadores y el pueblo nada cambia. Dirigidas por “demócratas” diplomados o por represores experimentados, las fuerzas de seguridad del gobierno siguen torturando, masacrando en cárceles y comisarías y matando con el gatillo fácil un pibe cada 40 horas.

REPRESIÓN EN PERÚ
A principios de esta semana comenzó en Perú un paro agrario. La Convención Nacional del Agro, organizaciones agrarias, indígenas y de defensa del agua, lo convocaron en reclamo del cumplimiento de distintos reclamos que viene realizando el sector, entre ellos el rechazo al Tratado de Libre Comercio, cese de las subastas de tierras de la Amazonia, el cese de las persecuciones a líderes indígenas y campesinos y contra la criminalización de la protesta.

En los dos días que duró el paro, el gobierno peruano de Alan García largó a sus perros guardianes para sofocar la movilización y los bloqueos de rutas, con un saldo de 4 muertos y más de 150 detenidos. Tres de los muertos recibieron impactos de bala en la cabeza, mientras un cuarto fue arrojado por un precipicio. El gobierno decretó el estado de excepción el martes a la madrugada, habilitando la irrupción en domicilios y la prohibición de reunión, entre otras cosas. En las movilizaciones de repudio a los asesinatos, un joven de 20 años, Edgar Huayta Sacsara, recibió también un disparo en la cabeza y se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos de Ayacucho.

Distintas voces del estado salieron a justificar la represión explicando que “manos terroristas con intervención extranjera están detrás de todo esto”. Luego de decir esto, el presidente García explicó claramente cuál es la función del estado, la ley y la justicia en relación a los oprimidos y explotados, en este caso campesinos e indígenas: “el derecho a la seguridad es la primera obligación del estado, y esta es la respuesta del gobierno, de las leyes y de la constitución”; mientras el ministro del interior, Luis Alva Castro dijo que él no podía “llegar a la conclusión (de) que fueron los policías los que ocasionaron las muertes de dichas personas”, argumento que los argentinos ya conocimos en la masacre del Puente Pueyrredón, en la de Corrientes y en las represiones en Salta y Jujuy, y que supone que los manifestantes se mataron entre ellos.

Puso el broche de oro Jorge del Castillo, presidente del consejo de ministros, que responsabilizó de las muertes a los gremios convocantes, resumiendo las ideas de sus compañeros y superiores y dejando en claro lo que el estado puede ofrecer a quienes deseen pelear por sus vidas: la muerte.

LOS CARTONEROS, MACRI, FERNÁNDEZ Y LA FEDERAL
¿No era que Macri, preocupado por la seguridad de los porteños, exigía el traspaso de la policía federal -y fundamentalmente, su caja, a la que llaman “recursos”- porque de lo contrario no le puede dar órdenes? Desde que empezó ese aparente debate, venimos diciendo que la discusión real es otra, es una pelea por la dirección política de la fuerza y por el control de sus ganancias cotidianas, que no tiene nada que ver con cuestiones operativas. Poníamos el ejemplo de la brutal represión para desalojar el Padelai, ordenada por el jefe de gobierno y ejecutada por la policía del gobierno nacional, y otros hechos similares, como las movilizaciones donde son los fiscales porteños los que mandan a los federales.

Ahora no hace ya falta recurrir a historias de años atrás. Lo que ocurrió en las Barrancas de Belgrano con las familias de trabajadores que se dedican a juntar cartones de la basura, que malvenden para sobrevivir, es más que suficiente para que se entienda que, cuando se trata de reprimir, ellos no se andan fijando en jurisdicciones, límites, competencias ni pavadas legales. Dan la orden, y reprimen. No hizo falta que Macri se juntara con Cristina Fernández, ni que los muy paquetes Pinedo o Rodríguez Larreta llamaran por teléfono a Aníbal Fernández para que les “prestara” la policía.

Como lo dijo el ministro de ambiente de la ciudad Juan Pablo Piccardo, “la comuna dio la orden”. Ni siquiera fue, como quisieron simular al principio, una orden de la justicia contravencional, que sólo mandó “constatar si se estaban cometiendo contravenciones”. Lisa y llanamente, el ejecutivo de la ciudad dio la orden a la policía federal de despejar la plaza, que tan horrible quedaba con las glorietas y los canteros ocupados por negros suburbanos. La policía obedeció sin chistar. Y nadie vio al ministro Fernández, a su secretario de DDHH o al comisario Vallecca corriendo por Belgrano para avisarle a sus hombres de azul que estaban obedeciendo el mando equivocado… ni se supo que les vayan a descontar el día por trabajar para otro patrón.

Parrafito aparte para Piccardo, que con sus declaraciones del día logró un lugar en la historia. Después que molieron a palos a hombres, mujeres y chicos; que les reventaron las precarias carpas levantadas para pasar las noches ante la imposibilidad material de volver a sus casas por la suspensión del tren blanco; que metieron presos a los que se atrevieron a defenderse y les decomisaron la carga de cartones de la semana, el ministro dijo, con cara de institutriz inglesa convencida que te pega por tu bien: “La ciudad apoya a los cartoneros … hicimos esto para ayudarlos. Esta gente estaba en condiciones de total inseguridad.”

EN SANTIAGO DEL ESTERO TAMBIÉN SE GARANTIZA LA “LIMPIEZA” DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
No hace muchos días atrás, veíamos al gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora aprovechando los minutitos que le daba un canal de noticias porteño, espacio que utilizó no para hablar de la masacre de la Unidad 1 o del hambre al que es sometido el pueblo santiagueño, sino para expresar su más que incondicional apoyo a Néstor Kirchner y su esposa presidente.
El último martes en horas de la mañana, compañeros –en su gran mayoría mujeres y niños- del MTR Regional Santiago del Estero concentraron frente a la casa de gobierno provincial exigiendo la entrega de planes sociales prometidos en enero, trabajo digno y ayuda escolar. Para proteger del sol a la numerosa cantidad de niños presentes en la marcha, las mujeres intentaron colocar un plástico a modo de toldo, hecho que fue impedido por la policía provincial, que al igual que sus compañeros de la federal de Aníbal Fernández y Macri, son muy eficientes para “recuperar el espacio público”, como les gusta decir, cuando se trata de desalojar a cartoneros o familias que deciden llevar adelante un reclamo cortando una calle o acampando en una plaza.
Los manifestantes, muchos de ellos heridos, lograron continuar el corte a unos cien metros de la gobernación, sumando al reclamo el repudio por la represión, el constante asedio de la policía a los pibes en los barrios pobres, los 35 muertos del 4 de noviembre en la Unidad Penal 1 a manos del servicio penitenciario.
Si bien no hubo detenidos, se vivieron escenas de brutalidad como las que mostraría la televisión el viernes tras la represión a los cartoneros en Belgrano: policías arrastrando menores, golpeando mujeres, robando sus objetos personales, destrozando la carpa, lo habitual en la cotidiana persecución al pobre que ejecutan los gobiernos

CÁRCELES EN CORRIENTES: DESTRUYENDO LA DIGNIDAD HUMANA
En la Unidad Penal 6 de San Cayetano, hay 300 internos en huelga de hambre. Sus reclamos son históricos. Demandan medidas de fondo y ejemplificadoras para el personal de custodia y traslado.Denuncian torturas a quienes están privados de su libertad ambulatoria pero no deberían estarlo de su dignidad. La semana pasada, ante un intento de fuga de dos internos, la guardia disparó indiscriminadamente, primero con balas de goma, y luego con pistolas 9 mm al patio cerrado, donde estaban las visitas, en su mayoria mujeres y niños.

Por otro lado, en la Unidad 1, hay doce internos alojados en celdas de aislamiento, que denunciaron a través de notas al Ministro de Gobierno, y a los Subsecretarios de Seguridad y de DDHH de la provincia las infrahumanas condiciones de detención en las que cumplen condena, reclamando que se tomen medidas urgentes para que cese el agravamiento de las condiciones de detención. El contenido del escrito describe en detalle las condiciones inhumanas en que se encuentran alojados, demostrando una vez más, que las cárceles están lejos de ser lugares de rehabilitación, para convertirse en lugares de destrucción de la dignidad humana.

Esto sucede en Corrientes, pero es común a todas las cárceles del país. Cada tanto salen a la superficie noticias sobre motines, con muertos, suicidios, torturas a los presos, requisas vejatorias, etc., que dejan al desnudo esta realidad terrible. Es todo parte de lo mismo, la represión, el sistema judicial y los demás poderes, trabajando en sincronía, para mantener al pueblo disciplinado y atemorizado. La rebeldía es peligrosa en todas sus formas, y es castigada con todo rigor. Para que nadie se atreva a cuestionar al sistema, ni individual ni colectivamente.

NUEVOS CASOS DE GATILLO FÁCIL EN LA RIOJA, MENDOZA Y CÓRDOBA
El 3 de febrero había una fiesta en una casa frente a una plaza en La Rioja. Al provocarse una discusión familiar, algunos jóvenes que estaban en la plazoleta se acercaron para ver que pasaba. Alguien pensó que los jóvenes pretendían entrometerse en el festejo y por las dudas llamó a la policía. En cuestión de minutos llegaron tres móviles con unos 11 policías y luego un móvil de la B.A.O., grupo especial antimotines, que entró en escena disparando sin mediar advertencia, cuando los policías que ya estaban en el lugar habían desplazado intimidatoriamente el grupo juvenil al centro de la plaza sin mayor resistencia.

Apareció entonces en escena el suboficial Dante Agüero, que estaba enla fiesta. Vestido de civil se integró al “procedimiento”. Desenfundó su arma reglamentaria y disparó directamente sobre los chicos. Daniel Sánchez, un muchacho que en ese momento gritaba “paren de disparar” a los policías, recibió como respuesta un tiro fatal en el pecho.

Dejando al herido tirado sobre la vereda, que pronto murió a pesar de que los vecinos llamaron una ambulancia, todos los policías, incluido Agüero, se retiraron del lugar. La causa recayó primero en el juzgado a cargo del Dr. Arce, responsable de la impunidad de los policías que asesinaron a Cristian Ruiz, aquel preso que, según la versión oficial, se ahorcó con una bufanda en pleno verano de 1998. Ahora interviene el juez Daniel Barría, que antes de ser nombrado fue defensor de mafias dedicadas a la trata de blancas, de piratas del asfalto y del policía fusilador Juan Tello). La impunidad policial de las calles queda así resguardada desde el poder judicial.

El 18 de febrero, en el barrio La Favorita de Mendoza, dos efectivos policiales forcejearon con Leonardo Vila (21), terminando el pibe con un cartucho de Ithaka que impactó de lleno en su tórax. De nuevo, se fueron abandonando a la víctima tirada en el lugar. Vila fue llevado por un vecino al hospital Lagomaggiore. Mientras era intervenido quirúrgicamente una guardia policial de la unidad operativa Capital custodiaba la puerta del sector. El fiscal de Delitos Complejos Eduardo Martearena no tomó medida alguna contra los policías y aseguró “es prematuro hablar de un abuso policial”.

Ezequiel Saldaño (18) murió el 21 de febrero a la tarde en barrio Villa Bustos, en el sudeste de la ciudad de Córdoba. El encargado de dar la versión policial fue el comisario inspector Gustavo Aldo Luján, jefe del Comando de Acción Preventiva del Distrito 3 de la capital provincial. Según él, una vecina llamó al 101, para alertar que “merodeaban dos muchachos que la noche anterior habían asaltado en la vía pública a un familiar suyo”. “A partir de ahí se inició un operativo y se divisó a dos jóvenes similares a los descriptos. Al ver las patrullas, los muchachos salieron corriendo. Los móviles persiguieron a uno de ellos, primero en las camionetas y luego a pie. Durante la persecución, el delincuente se internó en un descampado, sacó un arma y comenzó a efectuar disparos, por lo que los policías repelieron la agresión”, señaló el comisario.

Pero como siempre, otra cosa cuentan los vecinos. Un testigo presencial declaró a los medios que Saldaño, desarmado, corrió al llegar los móviles porque tenía antecedentes. El hombre vio que un policía bajó de uno de los patrulleros que lo siguieron, y le disparó por la espalda.

Tres casos con los puntos en común de siempre: la edad y condición social de las víctimas, la alevosía de las agresiones y la rápida elaboración de versiones para justificar los hechos, contando con la respuesta aceitada del aparato policial que da la garantía de impunidad. La política del gatillo fácil continúa aplicándose a lo largo de todo el país, cobrándose la vida de nuestros jóvenes y mostrándonos a las claras cuál es el camino a seguir por el gobierno al momento de disciplinar al pueblo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Martes 4 de marzo, 11:00, al cumplirse 6 años del asesinato de Marcelo Báez por el policía federal Justo José Luquet, concentración frente al tribunal oral que hace más de dos años evita fijar fecha para el juicio oral, Lavalle y Libertad. En el mismo acto, reclamaremos al mismo tribunal la libre absolución de Fernando Grenno, a punto de ser juzgado por una pintada.

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En La Plata, desde el 18 de febrero, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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