CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CUANDO EL “OLFATO POLICIAL” LES JUEGA EN CONTRA

El 13 de abril de 2007 el diario Clarín tituló a dos columnas “RECOLETA – MATARON A UN MOTOCHORRO DURANTE INTENTO DE ROBO”. El 15 de junio de 2007, el título en La Razón fue “LA POLICÍA MATÓ A MOTOCHORRO”. El 13 de diciembre pasado, el diario digital Minuto Uno puso el titular “MIEDO EN ONCE: MATAN A MOTOCHORRO”, y entre los comentarios de lectores leemos frases como “El policía debe ser condecorado ¡ES UN HEROE NACIONAL!”; “Qué bueno que salió todo bien…”; “Bien por el Policía” o “Uno menos”…

El 5 de marzo de este año, en cambio, la noticia fue que en un “confuso” episodio, tres policías de la División Investigaciones, que de civil participaban de un operativo de control en el barrio porteño de Monte Castro, mataron a un colega, el oficial inspector Marcos Itzcovitch, e hirieron a su compañero Gustavo Montenegro, cuando ambos numerarios de la comisaría 43ª, también de civil, circulaban en una moto.

La versión policial fue que se trató de una “trágica confusión” (sic) porque los de la camioneta y los de la moto no se conocían, y los primeros tomaron a los segundos por ladrones. Les vieron pinta de “sospechosos”, y como lo declararon los testigos, que hoy están bajo protección oficial debido a las amenazas que recibieron, dispararon sin dar la voz de alto, sin que los de la moto llegaran a sacar sus armas. “Literalmente los fusilaron”, dijo el dueño de la pizzería de la que salía la víctima fatal, el oficial Itzcovich. (¿qué hacía el policía de la brigada de la 43ª en la pizzería a la una de la mañana, un día 5, día de cobro?…).

El diario La Nación publicó una nota de opinión titulada “La instrucción, una cuestión prioritaria”, donde se concluye “No fue una trágica confusión. Cuando menos fue un acto de negligencia (…)”. Sostiene el analista que tendrán un arduo trabajo “la Justicia y el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Federal para saber qué motivó a los uniformados a sacar sus armas y abrir fuego en forma temeraria sin siquiera decir previamente, como afirmaron ayer algunos vecinos, la reglamentaria frase “alto, policía””. Comentaristas radiales, atribulados por la noticia, propusieron, por ejemplo, que usen algún tipo de identificación que les permita reconocerse entre ellos cuando patrullan de civil…

El episodio, más allá de lo anecdótico que permite que lo incluyamos en nuestra ya clásica sección “Se matan entre ellos”, modalidad nada infrecuente como puede verificarse con los datos de nuestro Archivo de Casos, es ejemplar para entender cómo funciona y para qué sirve el tan mentado “olfato policial”, esa extrasensorial facultad policial que jueces y fiscales vienen convalidando con argumentos como que es “expresión de la experiencia” o del “celo profesional”. O, como dijo hace poco la corte suprema, porque es una “facultad discrecional ejercida en forma razonable, no sobre cualquier individuo al azar, sino respecto de quienes, por motivos cuya exclusiva evaluación compete a la fuerza de seguridad, incitan a esa verificación”.

No es, como quiere hacernos creer La Nación, “un acto de negligencia”, por el “olvido fatal de dar la voz de alto”, redimible con mejor instrucción. Por el contrario, es la puesta en práctica de todo lo que les enseñan y aprenden en los institutos de formación policiales: que el “manyamiento”, como le dicen los viejos policías, o “semblanteo”, es un don intrínseco que permite distinguir “gente bien” de “sospechosos”, y que el “sospechoso” es blanco legítimo de sus disparos.

No hace falta preguntarse qué nos hubieran informado los diarios si Itzcovich y Montenegro no hubieran sido policías. El titular en tipo catástrofe hubiera sido “MATAN A MOTOCHORRO – HIEREN A OTRO”, y de nuevo los lectores de los diarios felicitarían a los valientes policías. El muerto hubiera tenido un entierro sin honores, y el sobreviviente estaría demasiado ocupado defendiéndose de un procesamiento por robo con armas, y quizás hasta de homicidio en ocasión de robo, como para tener tiempo de denunciar que fue víctima de un gatillo fácil.

TARDE Y MAL, RECONOCEN QUE LA TORTURA ES TORTURA

El 24 de julio de 1999 cinco jóvenes, Mario Sieben, Guido Araya, Lisandro Córdoba, Andres Castro y Sergio Cabrera, fueron apaleados, golpeados y sometidos al suplicio conocido como “submarino seco” dentro de la Cria. 1ª de San Martín. Aunque en los tormentos participaron muchos policías, los únicos que los chicos pudieron identificar fueron Juan Carlos Botrón y Marcelo Palleroni.

Todo empezó cuando los cinco amigos estaban en el centro de San Martín en la madrugada del 24/07/99 comiendo unas hamburguesas. Los sorprendió un incidente entre un chico de la calle y un trío -integrado por un policía federal, un alférez de la fuerza aérea y un subteniente del ejército- que le negaron al pibe un pedazo de hamburguesa. Ello generó una pelea de la que intentaron salir, pero luego de caminar algunos metros fueron detenidos a golpe limpio y llevados a la comisaría. Allí supieron que se los acusaba de haber robado el arma reglamentaria al federal, mientras les aplicaban diversos métodos de tormento para que confesaran.

Lo que no calcularon los policías fue que Sergio “Cucú” Cabrera era militante de CORREPI, y que, a pesar del terror de la tortura, pudo convencer al fiscal que lo indagó al día siguiente por el robo del arma que allanara la comisaría. La inmediatez de la denuncia y los recaudos que tomó el compañero al memorizar detalles de la comisaría, permitieron reunir suficientes elementos para imputar a los policías.

En julio de 2002, sólo Botrón fue a juicio, porque Palleroni, para variar, se había profugado. Aunque fracasó la defensa de Botrón, que se sostuvo en argumentar que la acusación fue “un complot armado gracias a la solidaridad de los denunciantes que integran una agrupación que tiene animadversión a la policía, y que usa un logotipo con una bota policial y la palabra “BASTA”, aliada con “delincuentes con frondoso prontuario”, el tribunal oral nº 4 de San Martín hizo lo que le mandan hacer: aunque el fiscal pidió 18 años, y los abogados de CORREPI, 25, los jueces condenaron al policía a escasos 5 años de prisión por apremios, sosteniendo que el sufrimiento padecido no alcanzó a ser tortura.

Después de casi seis años, el tribunal de casación penal decidió que el delito cometido por Botrón es de tortura en por lo menos cuatro de los casos, y mandó a otro tribunal oral de San Martín a dictar nueva pena, de 8 a 25 años de prisión. Claro que el nuevo fallo llega tarde y mal, y Botrón, en libertad hasta el momento de escribir estas líneas, seguramente no se presentará mansamente este miércoles 12 de marzo ante el TOC nº 1 para ser condenado a una pena que debería cumplir en prisión.

Como detalle de color, recordemos que Juan Carlos Botrón, antes de ingresar a la bonaerense, fue de la policía federal, de donde lo echaron a mediados de los ‘90. Siendo federal, fue uno del centenar de uniformados que intervino, el 19 de abril de 1991, en el operativo montado a las órdenes del comisario Miguel Ángel Espósito, titular de la 35ª, en el estadio Obras, una noche que tocaban los Redondos. La noche que fue detenido y apaleado Walter Bulacio… Como dicen los científicos, nada se pierde, nada se gana, todo se transforma… y un policía es siempre un represor.

CONSTANTE SITUACIÓN REPRESIVA EN EL INDEC

La larga lucha que estan llevando adelante los trabajadores del INDEC por la defensa incondicional de su trabajo, el repudio a la manipulación y los atropellos, expresados en desplazamientos, despidos, reducción salarial e intento de impugnación de la representación gremial, continúa vigente, como un claro ejemplo del accionar del gobierno frente a los trabajadores que se organizan para reclamar sus derechos más básicos.

A la presencia policial constante dentro y fuera de la sede del organismo debe sumársele, para tener un cuadro más completo de la situación represiva, el copamiento de puestos laborales por parte de patoteros pro-intervención “que realmente en una actitud amenazadora, hostigan físicamente y persiguen a los trabajadores”. Son las mismas personas, que cada vez en mayor medida, van quedando a cargo de las tareas técnico-estadísticas para las cuales no tienen ninguna idoneidad, y sólo se limitan a dibujar los números que el gobierno exige, desafectando así a los técnicos que vienen resalizando esas tareas desde hace décadas.

El hostigamiento no sólo está dirigido a quienes denuncian la manipulación. También se fuerza a los empleados que no han tomado partido para involucrarlos en un inexistente enfrentamiento entre trabajadores. A tal fin, denuncian los compañeros, “desde la Dirección del organismo se combinan presiones con recompensas monetarias para obligarlos a participar o a dar consentimiento a las acciones de hostigamiento constantes” y así facilitar la presentacion del conflicto como una interna o disputa intersindical, pantalla tras la cual esconden el accionar de las patotas, accionar que tiene sus picos durante las actividades organizadas por los trabajadores. Así se intentó frenar una asamblea mediante el copamiento del espacio físico donde debía realizarse, y al no lograrlo, arremetieron con las provocaciones y las amenazas. Se ha llegado a cerrar con llave las puertas del edificio durante una rueda de prensa que los trabajadores en lucha organizaron en la vereda, dejando a éstos sin poder ingresar y a todos los que estaban adentro sin poder salir, poniendo en serio riesgo sus vidas en caso de una emergencia.

El caso del INDEC nos muestra el accionar de este gobierno, que sostiene sus mentiras a fuerza de represión, que pretende hacernos creer mediante la presentación de falsos índices que la inflación o el desempleo no son un problema real para el conjunto de los trabajadores y el pueblo. La realidad lo obliga a emplear herramientas menos sutiles a la hora de manipular la información: la policía, la patota, las amenazas, los despidos, la persecución, es decir, la represión.

REPRESIÓN A TRABAJADORES DE GAFA
Otro ejemplo de cuál es la respuesta que dan la patronal y el gobierno a los justos reclamos de los trabajadores lo vienen dando la empresa Gafa y la policía santafesina. En primer lugar, desde el 14 de febrero de 2008 la empresa viene echando sistemáticamente a los empleados que reclamaron el cumplimiento del acuerdo salarial suscripto en el ministerio de trabajo de la provincia de Santa Fe el 11 de enero de 2008, el que fue imcomplido por Gafa.

La reacción de los trabajadores consistió en la instalación de una carpa frente a Gafa y medidas de lucha al interior de la planta, como paros parciales y quite de colaboración en diferentes secciones y turnos, bajo la fuerte presión que ejercen gerentes y encargados, algunos de los cuales han llegado a proferir amenazas de muerte.

“Ahí adentro si abrís la boca para reclamar algo justo al día siguiente estás afuera. Los encargados tiran amenazas de muerte. Hay acoso sexual a las mujeres”, denuncian los trabajadores, que acusan de los maltratos al jefe de planta, Edgardo Comba, y al jefe de personal, Gabriel Venini. Las actividades de propaganda hacia los obreros no despedidos realizadas por los trabajadores instalados en la carpa, que incluyeron un piquete en la puerta de la empresa el miércoles de la semana pasada (que provocó la paralización de la fábrica durante todo el día) tuvieron como respuesta un amplio operativo policial alrededor de la carpa de los obreros y la amenaza del desalojo mediante la fuerza. La medida judicial estaría dictada por el Dr. Javier Beltramone, juez a cargo del juzgado de instrucción de la séptima nominación de Rosario, el mismo que actuara en el conflicto del Lavadero Virasoro.

Al caer la noche del miércoles, se difundió la versión de una intervención policial entre las tres de la mañana -cuando se retira el último turno- y las seis de la mañana -cuando ingresa el primer turno del día-. Los obreros lanzaron una convocatoria urgente, y gracias a las presiones ejercidas por organizaciones sindicales y políticas, se pudo frenar la represión. “Ayer vinimos y nos encontramos con que había más o menos 50 policías preparados para reprimir, vino el jefe de acá de la comisaría y nos quisieron hacer firmar un acta, nos filmaron como si fuéramos presos, nos rodearon, allá en la esquina, acá enfrente, por todos lados. No querían ni que prendamos una cubierta, ni que hablemos con la gente que pasaba, nada. Ya estaban preparados para reprimir en cualquier momento.”, denunciaron.

La conclusión es reiterada: cuando las ganancias de la patronal se ven en inminente disminución debido a los justos reclamos de los trabajadores, las empresas cuentan con las herramientas represivas que el estado les provee para garantizar la continuidad de sus negocios a costa del hambre de los trabajadores: en este caso como en tantos otros, patota y policía. Dos herramientas para un mismo objetivo.

MORTEROS, CIUDAD DE LA TORTURA
Morteros es una localidad de Córdoba, gobernada, igual que la provincia, por un hombre que responde al kirchnerismo. El intendente de Morteros se llama Germán Pratto, integra el PJ y adhiere al proyecto K representado por Schiaretti en el gobierno de la provincia. Antes de que Pratto asumiera la intendencia de Morteros, la policía levantaba cotidianamente a los pibes pobres de la zona, los apaleaba, los torturaba, les robaba, les armaba causas, los amenazaba. Ahora, luego de la asunción del intendente K, la policía continúa haciendo su trabajo con el mismo ímpetu que antes. Será que el hombre, con 4 años de pista para llevarse todo lo que pueda, no ha tenido tiempo de prestar atención a las menudencias de la vida cotidiana.

Así que, como lo comprueba la historia una y otra vez, los que debieron ponerse la mochila al hombro, en vistas que la espera por la solución gubernamental no sólo no llega nunca, sino que en el camino suma nombres a la lista de víctimas, son los familiares de estos pibes que en un intento por resguardar las vidas de sus hijos han conformado una Coordinadora anti-represiva y comienzan a movilizarse y a pelear. A raíz de dos casos ha sido publicado un informe realizado por la agencia de medios independientes Indymedia, filial Córdoba. En este informe cuentan sus casos dos madres, cuyo hijos, menores de edad, han sido sometidos casi cotidianamente a las torturas de la seccional de Morteros. Los familiares denuncian especialmente a tres policías Demarchi, Aguirre y Colombo, que actúan bajo las órdenes del comisario José Rovere.

Con algunas variantes, los casos de Maxi y Sergio se parecen entre sí, y a los miles de casos de torturas en las cárceles y comisarías argentinas, muchos de los cuales terminan con la muerte de pibes como ellos a lo largo y ancho del país. Maxi y Sergio eran detenidos a toda hora y en cualquier momento. Sergio era levantado a las diez de la mañana cuando cruzaba a la despensa para hacer los mandados. Ambos eran permanentemente acusados de robos, y torturados para que, si no reconocían un robo, acusaran a alguien de haberlo cometido. Maxi fue detenido una noche y a pesar de los esfuerzos de su madre por poder verlo, fue encerrado en un instituto para menores sin haber podido contactarse con la familia, sin juicio, sin defensa, sin nada. Sergio directamente tuvo que irse de la ciudad. Quien quiera acceder al relato de los casos puede consultar el informe “¿Una policía fuera de control? - Primera parte -” en la página de internet de Indymedia Córdoba.

Desde CORREPI queremos decirle a los compañeros que han comenzado esta lucha que la experiencia en el tema nos ha enseñado que estas peleas no se ganan buscando mejores condiciones de detención, consiguiendo inspeciones supervisadas a las celdas o cambios de policías, o cambios de cúpulas, porque no son “policías fuera de control” sino todo lo contrario: la policía del estado, obedeciendo al rígido control del gobierno de turno, disciplinando pobres. Buena parte de los más de 2300 casos de personas asesinadas por las fuerzas públicas que contabilizamos en nuestro archivo corresponden a casos de personas privadas de su libertad, golpeadas y torturadas hasta la muerte en celdas en cada provincia de nuestro país. La mayoría de los casos que han tomado repercusión pública han luego terminado en la visita a algunos familiares por parte de las distintas agencias de DDHH del estado, ofrenciendo dinero, cargos, supervisión en las cárceles, etc. Pero más temprano que tarde quedaron en el olvido, enterrados, y cada día surge un nuevo caso demostrando que la tortura no sólo no se termina sino que se multiplica. La única forma de lucha es en la calle, enfrentados al estado, ser cada vez más, que sepan que nuestros pibes y sus familias no están solos para enfrentar la represión.

LOS DDHH EN LA “TIERRA DE LA LIBERTAD”

A los yanquis les encanta su himno nacional, y celebrar que viven en “el hogar de los valientes y la tierra de los libres”. También les encanta exportar esos “valores” a fuerza de bombas contra poblaciones civiles, invasiones, operaciones de limpieza étnica, cárceles secretas con la tortura institucionalizada. Esta semana, sin ir más lejos, se concretó el esperado veto presidencial a la tibia norma del congreso que pretendía limitar, aunque sea un poquito, el uso de métodos de tortura en los interrogatorios de “sospechosos de terrorismo”. Pero no sólo el aspecto de posible fundamentalista islámico acarrea la estigmatización y la represión. A diario se descarga la más furibunda represión contra todo el que no sea blanco y anglosajón.

Las policías yanquis, esas que tanto nos dicen los grandes diarios argentinos que habría que imitar, utilizan como método cotidiano de trabajo una práctica que denominan “racial profiling”, o “perfil racial”. En el entrenamiento de los agentes, se les enseña que determinadas características étnicas o raciales aumentan las probabilidades de que una persona cometa un delito en particular. De esa forma, las unidades policiales elaboran “patrones” de etiquetación racial que, obviamente, apuntan mayoritariamente a los inmigrantes latinos y a los negros (a los negros pobres, no a Collin Powell, desde luego).

Este “perfilado racial” no se diferencia mucho de aquellas antiguas teorías positivistas como la de Lombroso, que sostenía que era posible, a partir de ciertas características antropométricas, detectar tempranamente al “delincuente nato”, y así neutralizarlo incluso antes de que comenzara a cometer, inevitablemente, graves crímenes. Para Lombroso eran señales claras de predelictualidad los ojos o las cejas muy juntas, la nariz ancha, la frente achatada, las orejas grandes o con los lóbulos muy pegados, o una marcada asimetría facial. Hasta localmente el asunto resulta irritante, al punto que un comité de derechos civiles de Arizona acaba de denunciar públicamente esta práctica, pidiendo que sea controlada. El alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, dijo que las imputaciones sólo buscan “tratar de obligarme a detener la lucha contra la inmigración, pero eso no va a funcionar”. Los yanquis blancos y ricos pueden seguir durmiendo tranquilos, que el Tío Sam los protege de los peligrosos morochos.

GATILLO DE LA FEDERAL A JUICIO ORAL

El 12 de marzo de 2006, por la tarde, Edgar Espejo Parisaca, joven boliviano de 20 años de edad, fue interceptado por hombres a la salida de un restaurante en la esquina de las avenidas Roca y Varela. Asustado y creyendo que era un robo, Edgar corrió unos pocos metros. Los individuos, que eran policías de civil, lo alcanzaron, lo redujeron con gran violencia y lo subieron, ya esposado, a un auto sin identificación.

Dentro del auto le siguieron pegando, mientras le gritaban “…boliviano de mierda, ¿a que has venido, vienes a quitarle el trabajo a los argentinos?, cocainero, cómplice de Evo Morales, te vamos a matar…”. Ante la súplica del chico para que no lo maten, le dijeron “maricón, vas a morir…” , y le gatillaron con el arma reglamentaria en la boca y en la cabeza.

Al llegar a la orilla del Riachuelo lo obligaron a bajar del auto, le robaron su teléfono celular, dos CD de música, el reloj, $ 50 y el pollo que había comprado en el restaurante, y lo hicieron correr mientras le disparaban. Edgar recibió un disparo en el cuello y otro en la pierna derecha, que requirieron un mes de internación en el Hospital Piñeiro y siete de rehabilitación. Sólo por milagro se salvó Edgar de sumarse a la cada vez más larga lista de víctimas fatales del gatillo fácil.

La semana pasada comenzó el juicio oral contra los dos policías, Hernán Matías Martínez y Javier Armengol, ambos de la comisaría 36ª, la especialista en tirar pibes al Riachuelo, y la misma que supo dirigir el comisario Edgardo Russo, que hace varios años mató de un disparo en el cuello, usando balas de punta hueca, al inmigrante peruano Héctor Llancari Núñez.

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