CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

EL TORTURADOR, UN BUEN PADRE DE FAMILIA
Así definió la defensora oficial a Juan Carlos Botrón, el policía tardíamente condenado por las torturas sufridas por nuestro compañero Sergio “Cucú” Cabrera y otros seis muchachos detenidos en julio de 1999 en la comisaría 1ª de San Martín. Decidida a lograr la menor condena posible, la funcionaria no ahorró argumentos ante el tribunal oral nº 1 de ese departamento judicial, que por orden del tribunal de casación debe dictar nueva condena, esta vez por tres hechos de imposición de tormentos y cuatro de apremios contra el ex federal y ahora, ex bonaerense. “Los tres años que estuvo detenido -de 1999 a 2001- lo resocializaron, le quitaron peligrosidad, hoy se ha revinculado con su familia, aprendió a arreglar lavarropas, ayuda a su mamá anciana y su hermana discapacitada y es presidente de la comisión de fútbol de la asociación de padres del colegio religioso al que va su hijo”, argumentó la defensora pública. “Nada ganaría la sociedad con que vaya preso de nuevo”, terminó, no sin antes plantear que en los cuatro casos calificados como apremios habría prescripto la acción penal, por lo que sólo se lo debería condenar por los tres hechos reconocidos como torturas.

El fiscal Sorraco pidió que se condenara a Botrón a 16 años de prisión, y nuestra compañera María del Carmen Verdú, en representación de cinco de las víctimas, reclamó el máximo de la pena por aplicación de torturas, 25 años, teniendo en cuenta los muchos agravantes, como la minoridad de uno de los chicos; la peligrosidad manifiesta; la multiplicidad de hechos y la pluralidad de víctimas, que prueba la sistematicidad de su conducta; el aprovechamiento de la indefensión de los damnificados y su propia conciencia de impunidad, etc. La abogada de CORREPI resaltó además que se trata de delitos de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles, incluso los que el tribunal calificó como apremios, ya que la Corte Interamericana de DDHH, en la sentencia del caso Bulacio, no distingue entre diferentes figuras del derecho interno, sino que define todo crimen policial como crimen de estado. No es un detalle menor que la defensa del policía usó como precedente legal contra la invocación de la sentencia Bulacio el reciente fallo de la corte suprema en el caso del comisario Derecho, que dice que, por definición, en democracia no puede hablarse de tortura, ya que es un método que sólo se da en gobiernos dictatoriales…

El martes 18, a las 12:00, se conocerá el monto de la condena. Durante su lectura, militantes de CORREPI se concentrarán frente al edificio de los tribunales, para denunciar, sea cual fuere el resultado final, la permanente y sistemática aplicación de tormentos a detenidos y la no menos sistemática actividad judicial para proteger a los torturadores, a los que, cuando no les queda más remedio que condenar, como en este caso, les garantizan la impunidad con todos los recursos disponibles. Así, se estiran los procesos, apostando a que prescriban; se usan figuras menores, como apremios o vejaciones, en lugar de torturas; y se aplica la “excarcelación fácil”, y otros beneficios que ningún preso pobre tiene en su horizonte, por conductas aberrantes castigadas con veinte o más años de prisión.

EL INFORME DE DDHH DEL DEPTO. DE ESTADO YANQUI
“El respeto por los DDHH es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”. Condoleeza Rice citó a su presidente George W. Bush al presentar el Informe que cada año publica el Depto. de Estado yanqui sobre la situación de los DDHH en 196 países del mundo. También como cada año, nada dice el informe de las permanentes y crecientes violaciones a los derechos humanos practicadas sistemáticamente, en su territorio y en el resto del mundo, por el imperio. Al contrario, en la misma introducción se encargó de aclarar que aunque “EEUU continuará escuchando y replicando las preocupaciones sobre nuestras propias prácticas, incluyendo las acciones tomadas para defender la nación de la amenaza global del terrorismo”, seguirán en su “lucha por proteger civiles inocentes… y sometiéndose a los cuerpos internacionales … y tratados de los que es parte”. Dicho sea de paso, EEUU nunca ratificó la Convención contra la Tortura, ni es parte de la Convención Americana de DDHH, por sólo poner dos ejemplos nada menores.

Habría mucho que comentar del informe, que pasa el peine fino sobre los países del tercer mundo y nada objeta a sus socios primermundistas. Pero es el capítulo argentino el que, naturalmente, nos convoca. Basta una rápida lectura para ver cuáles son las preocupaciones de los yanquis respecto de nuestro país. Dedica largos párrafos para reclamar más transparencia y menos corrupción del gobierno, aunque a cada paso honra los acuerdos con su incondicional servidora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los casos de corrupción que menciona los atribuye a “instituciones débiles”, “insuficientes mecanismos de control” e “ineficiencia judicial”, y varias veces distingue el ámbito nacional, al que defiende, de “ciertas prácticas” que endilga a “gobiernos locales”, como la manipulación política de jueces. Sobre los temas que nos incumben, el ejercicio cotidiano de la represión estatal, es significativo el silencio y ocultamiento.

Según el gobierno estadounidense, “ni el gobierno ni sus agentes han cometido asesinatos políticos en 2007″, y sólo reconoce que algunos policías mataron personas “por usar excesivamente la fuerza”. Menciona sólo tres casos ocurridos en 2007, y dos de 2006. Parece que el presupuesto de Internet es exiguo, y no pudieron bajar de nuestra página el listado de las 194 muertes a manos del aparato represivo argentino ocurridas durante el año 2007, o los 189 de 2006.

Párrafo aparte para las torturas, que según les informó el CELS, ocurren “ocasionalmente”… De nuevo, sólo tres casos se mencionan, de los centenares que se denuncian -y comprueban- por año, y que sobran para afirmar que la aplicación de tormentos es una práctica sistemática en cárceles y comisarías, tanto a personas legal como ilegalmente detenidas. En la misma línea, sostiene el reporte que no son frecuentes las detenciones arbitrarias, las que sólo ocurren “en ocasiones”, agregando que los funcionarios enjuiciados son castigados con “duras penas”… Sobre los centenares de muertes en el sistema penitenciario, celebra el informe que el gobierno ha anunciado la construcción de nuevas cárceles y el aumento de presupuesto para el sector, con lo que lo único que crecerá, será el número de muertos.

No hay, según los yanquis, presos políticos en Argentina, ni se persigue a nadie por razones políticas. Sólo hubo dos “incidentes” en movilizaciones y huelgas en todo el año, una en Santa Cruz por gendarmería, y otra en diciembre en Buenos Aires, cuando prefectura tiró gases contra los trabajadores del Casino. Se ve que sufrimos alucinaciones colectivas que nos hacen creer que hubo unas cuantas represiones más, de la policía federal, de las provinciales, de las demás fuerzas de seguridad, de las patotas oficiales; o que hay presos políticos y millares de encausados por razones políticas.

Una muestra perfecta de cómo el estado más represor, asesino y torturador del mundo, así como invade países soberanos en nombre de la libertad y tira bombas inteligentes para defender la democracia, se calza el útil traje de la “defensa de los derechos humanos” para enmascarar mejor su naturaleza. Nada muy distinto de lo que, en versión local, hace el gobierno que dice que es “el de los DDHH”, mientras nos fusila o mata en la tortura un pibe día por medio.

DOS CASOS DE “JUSTICIA FÁCIL”
Dos casos recientes dan muestras claras de cuál es la justicia para los pobres, de cómo actúa el estado a la hora de “hacer justicia” cuando los ajusticiados no son poderosos, ricos, torturadores, genocidas ni funcionarios:

En González Catán, el 7 de marzo pasado, tres hombres entraron a un cyber con intenciones de robo. Un oficial de la policía bonaerense que se hallaba allí, vestido de civil, como usuario en una de las computadoras, empezó a disparar, mató a uno e hirió a los otros dos, que eso sí, no se llevaron ni una moneda.

En la madrugada del 10 de marzo último, durante otro robo (un intento de asalto a una pizzería en Congreso), tres personas fueron baleadas por otro policía de civil, esta vez un sargento que hacía vigilancia en un estacionamiento cercano. De nuevo, uno de los hombres murió.

Mientras vemos sueltos a los asesinos del pueblo, mientras vemos a genocidas gozar de arrestos domiciliarios, a torturadores excarcelados o absueltos, y a los que matan con el hambre enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo, el mismo estado que se encarga de garantizar esas situaciones de injusticia fusila a ladrones de gallinas que no arreglaron previamente con la yuta para que les libere las zonas de acción. Este es el gobierno aplicando su política de seguridad.

COSAS EN COMÚN
Nunca insistimos lo suficiente en que la represión policial no es patrimonio exclusivo, o siquiera preponderante, de una u otra fuerza en particular, ni de una u otra provincia donde la policía sea intrínsecamente peor que en otras. Hay diferencias y matices, que dan caracteres específicos a la bonaerense, la federal, la mendocina o la santafesina, por ejemplo, pero esas circunstancias eventuales no hacen al nudo de la cuestión: en una sociedad con ricos y pobres, con explotadores y explotados, los primeros necesitan reprimir a los segundos para garantizar la dominación.

Resulta útil, para entender esto, ver lo que sucede en otros países. En Mexico, por ejemplo, varios organismos de apoyo a los derechos humanos hicieron una fuerte denuncia esta semana contra la policía de Monterrey. Los hechos relatados en el informe no resultan extraños para los argentinos: detenciones masivas y arbitrarias, especialmente de jóvenes, pobres y homosexuales; torturas a los detenidos; prácticas vejatorias como inspecciones anales para detectar si llevan drogas ocultas; menores encerrados con adultos; jovencitas sexualmente atacadas en recintos policiales; robo de pertenencias a los arrestados, etc.

Esta vez es la policía mexicana. Podría ser cualquier otra. Es el mismo patrón y son los mismos métodos. Es el aparato del estado al servicio de los poderosos. Es la tarea común de las fuerzas represivas. Es la realidad, que con la fuerza de los hechos, demuestra que la política de disciplinamiento de las fuerzas represivas del estado es continua, sistemática y no tiene banderas.

REPRIMEN MANIFESTACIÓN CONTRA EL “COSPELAZO” EN TUCUMÁN

Parece que empresarios, concejales y policías de la ciudad de Tucumán tomaron nota del repudio popular que despertó hace unos días atrás en Córdoba el tratamiento en el concejo deliberante del aumento del boleto de transporte urbano. Previendo la movilización que desencadenaría la aprobación del aumento, los hábiles concejales adelantaron para el martes 11 la sesión que estaba anunciada para el día 13 con el fin de aprobar a escondidas otro golpe al bolsillo de los usuarios.

Agrupaciones estudiantiles, vecinos autoconvocados y organizaciones sociales se reunieron en las inmediaciones de un concejo deliberante abarrotado de policías que tenían la orden de garantizar que se apruebe el aumento del 16% pedido por los empresarios del transporte que se benefician cotidianamente con los millonarios subsidios estatales y con los aumentos que les regalan sus socios del poder político.

Los manifestantes escracharon con pintura el frente del concejo e intentaron ingresar al recinto, hecho que fue impedido por los uniformados a fuerza de palos y balas de goma, con el saldo de dos estudiantes universitarios detenidos.

Blas Rivadeneira, del centro de estudiantes de filosofía de la Universidad de Tucumán, denunció que “la pelea la iniciaron los policías infiltrados. Nos tiraron con balas de goma. Hay estudiantes detenidos y no nos quieren decir cuántos ni dónde están”.

El subjefe de la policía Nicolás Barrera, a cargo del operativo, y que obedientemente mandó a reprimir, argumentó la violencia policial diciendo que ellos tenían que proteger el vallado que rodeaba el edificio municipal, que fueron agredidos por los manifestantes, y se lamentó porque a uno de sus muchachos “le arruinaron el uniforme con pinturas, lo que deja entrever que el hecho estaba premeditado”(sic).

La libertad de expresión, de manifestarse en “democracia” es legítima… siempre y cuando no se pongan en cuestión las ganancias de las empresas.

OTRA VÍCTIMA DE LOS INSTITUTOS DE MENORES
En octubre de 2007, un incendio en una celda de la cárcel de menores, conocida con el nombre de Instituto Roca de Tucumán, dejaba a cuatro pibes hospitalizados por las quemaduras. La versión de los familiares de los internos es que a las 0.30 del martes 23, los menores comenzaron a prender fuego colchones, forma de protesta habitual de los presos con la que intentan llamar la atención y conseguir mejoras en las desastrosas condiciones de detención que se registran en todas las cárceles.

Cinco días después del incendio, la justicia tucumana prometió investigar el origen del siniestro, con presentación de la denuncia en la secretaría provincial de derechos humanos incluída. Las explicaciones oficiales de los hechos siempre son las mismas: el director del Roca, Carlos Acevedo, dijo que se trató de un accidente; y los investigadores, como no podía ser de otra manera, suponen que se trató de un ajuste de cuentas entre internos.

Pasados cinco meses del incendio, uno de los menores aún sigue internado como consecuencia de las graves quemaduras. La madre del pibe denuncia el total abandono de las autoridades para llevar a cabo el tratamiento que necesita. “La gente de minoridad vino y habló conmigo. Me dijeron que me iban a ayudar, pero en realidad lo único que hicieron fue darme un plan social de $150. Con eso no me alcanza para nada. Y mucho menos me alcanzará para cuando le den de alta porque tengo que prepararle una habitación especial para él”, sostuvo ante los medios. Y agregó que en su momento ella pidió “que lo dejaran en el Instituto Roca para que lo curen de su adicción a las drogas y terminó así. Sé que estaba drogado cuando se le prendió fuego el colchón”.

El Instituto Roca, que no es ajeno a las inhumanas condiciones carcelarias que sufren cotidianamente los pobres, ha sido blanco de denuncias que van desde el maltrato físico a los internos - muchos de ellos, menores dispuestos para “protegerlos”, como este caso-, pasando por la medicación desmedida de psicotrópicos que empeoran aún más la salud de los menores con problemas de adicción, hasta la muerte de menores como consecuencia de procesos infecciosos que no fueron debidamente atendidos.

A pesar de las denuncias sobre malos tratos, torturas, abandono y muerte, los medios de comunicación exhortan al estado a implementar reformas de fondo a la situación de los menores encerrados en estos “institutos”, cuando precisamente esa es la verdadera política de estado para los jòvenes en conflicto con la ley, eufemismo con el que se intenta disimular que es precisamente la aplicación de las leyes burguesas las que persiguen, encierran y matan jóvenes por el delito de ser pobres.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 18 de marzo, 12:00, concentración frente a los Tribunales de San Martín, Av. Balbín 1753, exigiendo cárcel al torturador Botrón que será sentenciado ese día.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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