CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

DETENCIONES ARBITRARIAS Y TORTURAS EN VIEDMA
El sábado por la mañana, los medios de comunicación de Viedma interrumpían sus transmisiones para cubrir la noticia de un asalto con toma de rehenes en una farmacia de esa localidad. Haciéndose eco de la versión policial, informaron que los delincuentes se habían refugiado en una isla con un rehén. El operativo cerrojo que se desplegó con el pretexto de detener a los ladrones que nunca fueron atrapados terminó en una isla del Río Negro entre las localidades de Viedma y Carmen de Patagones, donde un grupo de ocupas viene desarrollando una experiencia de autogestión que, entre otros objetivos, pretende preservar la naturaleza del lugar, hasta entonces deshabitado.

En un operativo conjunto, efectivos de prefectura, la policía de Viedma y la fuerza especial BORA, desembarcaron en la isla, donde se encontraban cuatro compañeros realizando diversas tareas. Pese a que no contaban con una embarcación como para poder salir de ella –mucho menos para salir, robar y volver con un rehén en canoa- los uniformados los torturaron con golpes en la cabeza y en el estómago, efectuaron disparos, revolvieron toda la casa, robaron el dinero recolectado para garantizar la continuidad del proyecto, los encapucharon y trasladaron a la comisaría 1ª de Viedma donde continuaron las torturas, mientras eran fotografiados y se les interrogaba sobre a qué organización pertenecían.

A los primeros compañeros que se acercaron a la comisaría se les informó que los detenidos estaban involucrados en el robo. Inmediatamente comenzaron a llegar a la dependencia policial más compañeros de distintas organizaciones, insistiendo con llamadas, preguntando por los detenidos, manteniendo la presencia en la comisaría y exigiendo la libertad, que consiguieron siete horas más tarde, gracias a la capacidad de movilización lograda. Ya en la calle, se dirigieron a la guardia del hospital a constatar las torturas y el lunes se presentó la denuncia en la fiscalía y se hizo público el montaje armado por los medios de comunicación, que se limitaron a reproducir la versión del comisario mayor Omar Hernández de que fueron detenidos por error en el marco de un procedimiento legal, omitiendo la brutalidad y las torturas padecidas por los ocupas.

Queda clara la intención manifiesta de las instituciones democráticas por controlar y reprimir aquellos sectores organizados que escapan a su órbita y que, como en este caso, cuestionan uno de los pilares de su dominación como es la propiedad privada. Situación similar que se repite cotidianamente – también a fuerza de detenciones, torturas y muerte- en las barriadas pobres con las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, ejerciendo la represión preventiva, haciendo uso de la capacidad represiva que la legalidad democrática le confiere a las fuerzas de seguridad con las detenciones por averiguación de antecedentes, clasificación con la que blanquearon estas cuatro detenciones.

LAS “BUENAS OPORTUNIDADES” QUE DA EL 911 (parte II)
En nuestro Boletín Informativo N° 467 destacamos el caso de los polichorros de la comisaría 13ª de la federal, quienes acudieron al llamado al 911 de unos vecinos de Caballito, y fueron detenidos por ellos mismos antes de retirarse, ya que habían robado objetos de uno de los departamentos y quince mil pesos del lugar que siguen sin aparecer.

Este fin de semana, acorde con el gobierno que insiste con que “si ve algo llame al 911”, las oportunidades de la cana mostraron ir viento en popa para desalentar la competencia. Así se pudo comprobar en el noroeste del conurbano, cuando una mujer asaltada se hizo eco de la propaganda y discó los tres números. En respuesta a su llamado recibió la visita de cuatro policías a bordo de dos patrulleros de la comisaría 1ª de Moreno.

Tanto la dueña de casa como sus vecinos fueron testigos de cómo la bonaerense cargaba sus objetos de valor en el flete-patrullero. Así lo denunciaron en la UFI 11 de Mercedes, cuyo titular, al presentarse con los camaradas de Asuntos Internos en la comisaría -la misma del gatillo fácil contra Miguel Da Silva- se encontró (difícil decir se sorprendió, dado que el poder judicial convalida tales prácticas) con tal estado de cosas, que intervino la comisaría por presunta asociación ilícita: no entre policías y delincuentes, como informaron a los medios, sino entre ellos mismos, ya que caen en una redundancia innecesaria ante los hechos que están a la vista.

SATURACIÓN POLICIAL CON NOVEDOSAS EXCUSAS
El avance de la política represiva de este gobierno se viene expresando de diferentes maneras. Una de las últimas consiste en el establecimiento de 20 “zonas seguras” alrededor de más de 900 escuelas públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires con la excusa de que “en estos senderos padres, alumnos y docentes podrán movilizarse sin temor”. Los recorridos se elaboraron en colaboración con los directores de las escuelas y los jefes de las comisarías. Se incluye la participación de los negocios ubicados en estas zonas, quienes deberán dar apoyo inmediato en caso de algún hecho delictivo.

Mientras el gobierno porteño dice que “son circuitos para que patrulleros, cuatriciclos o bicicletas de la policía recorran la zona en forma preventiva”, fuentes policiales fueron más claras al respecto al precisar que “Nuestra intención es tener un mayor control de las zonas críticas, que son los lugares cercanos a algunas villas de emergencia. El gobierno porteño se comprometió a pagar las horas adicionales para que haya policías en puestos fijos 12 horas diarias. Alguien tenía que cubrir ese vacío”.

Contando en este caso con la legitimidad que le dan la apariencia de estar cuidando a los estudiantes, la participación de las autoridades escolares y el apoyo de los comerciantes de cada zona, el gobierno porteño continúa avanzando con la saturación policial de las calles con el único objetivo de ampliar el ejercicio del control social, disciplinando a los pobres.

MARCOS PAZ SE MOVILIZA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL
El 24 de diciembre de 2007, por la tarde, Noelia Herrera (26) caminaba con su hija de 9 años por un barrio de la localidad bonaerense de Marcos Paz. Dos policías, hombre y mujer, las interceptaron con su patrullero. Después de golpear y esposar a Noelia, madre e hija fueron llevadas a la comisaría, donde las alojaron en calabozos separados. Unas horas más tarde, llevaron a la mujer a un hospital, y dejaron a la nena en la casa de una vecina.

Nueve días después, el 1º de enero de 2008, Noelia moría en el hospital Héctor Anguillo como consecuencia de las torturas recibidas durante su detención. Fueron los médicos del hospital quienes dieron intervención a la fiscalía de turno, después de constatar la cantidad de lesiones traumáticas que presentaba la chica. El único contacto que la madre de Noelia tuvo desde la comisaría fue un ofrecimiento para pagarle el velorio y entierro…

Al cumplirse 3 meses de la muerte de Noelia, vecinos de la ciudad decidieron movilizarse y cortar la ruta de ingreso al pueblo, a la altura de El Zorzal, para denunciar no sólo el hecho concreto, sino el clima general de creciente represión que se vive en Marcos Paz. El comunicado emitido por los organizadores del corte destaca el accionar de la Guardia Urbana, “un grupo represivo bajo el mando del intendente Curutchet, que amedrenta la libre expresión de los jóvenes que ganan las paredes manifestando sus ideas. Así sucedió el 20 de noviembre del año pasado cuando cuatro jóvenes fueron golpeados y detenidos ilegalmente por esta “patota” del Municipio”. En sintonía con lo que ocurre en todo el país, dicen también los vecinos “Además es diario que efectivos policiales detengan y apaleen arbitrariamente adolescentes en las paradas de colectivos, por “portación de cara” (…) o a trabajadores como Carlos Alderete y sus compañeros que fueron detenidos, golpeados y extorsionados, el 17 de enero”.

Desde CORREPI, nos sumamos a la denuncia pública, y exhortamos a los vecinos de Marcos Paz a organizarse en forma independiente contra la represión estatal que dirigen los gobiernos nacional, provincial y municipal, sin oir los cantos de sirenas de los organismos oficiales u oficiosos que sin dudas aparecerán por la ciudad para intentar disciplinar y acallar el reclamo.

NADIE LE GANA A LOS INGLESES EN MATERIA DE “PREVENCIÓN”
Cuando el jefe de gobierno, comisario Macri y el ministro, principal Montenegro, anunciaron su “plan de seguridad” para la ciudad de Buenos Aires, se cansaron de repetir que, para diseñar la “policía metropolitana”, tomaron de modelo a la yanqui y a la inglesa. De la primera ya sabemos lo suficiente, pues basta recordar, entre miles, los casos paradigmáticos de apaleamientos como el de Rodney King; de torturas como el de Abner Louima, golpeado y sodomizado con un palo de escoba, o de gatillo fácil como el de Amadou Diallo, acribillado por 41 disparos. De la muy pulcra Scotland Yard se sabe menos por estos lados, aunque fue noticia el fusilamiento del brasileño Menezes en el subte, sólo porque era morocho, tenía mochila y corrió porque se le iba el tren.

La policía inglesa, además de tener en su haber permanentes denuncias por torturas, especialmente respecto de presos políticos como los militantes independentistas irlandeses, y en los últimos años, de sospechosos de terrorismo (que pueden estar detenidos una semana sin asistencia legal ni cargos formulados, gracias al equivalente británico de la Patriot Act de Bush), es famosa por su política de promoción de la “participación ciudadana” y sus mecanismos de “alerta temprana”.

Pues bien, a partir de ahora, el “alerta temprana” a la inglesa incluirá el estricto control desde la infancia de los “niños problemáticos”, que serán obligados a firmar un contrato de buen comportamiento “no negociable”. Si no aceptan rubricar ese documento, tendrán que hacer frente a una orden judicial sobre comportamiento antisocial. El sistema fue anunciado hace dos semanas por el ministro para la infancia, Ed Balls, quien explicó que se pretende así “reducir las futuras cifras de criminalidad (…) evitar que la espiral del mal comportamiento conduzca a estos niños a ser futuros criminales”. El programa, llamado “Proyecto de Intervención Familiar”, cuenta con un fondo de 283 millones de euros y apunta a individualizar niños y adolescentes que muestren un agudo problema de abuso o estén sin hogar o en riesgo de quedarse sin él.

En el mismo sentido, Gary Pugh, director forense de la Policía Metropolitana (Scotland Yard) sugirió que se cree un banco de datos con el ADN de los alumnos de primaria cuyo comportamiento indique que podrían delinquir en el futuro. Aplicando a rajatabla la tesis del Manhattan Institute de la “ventana rota”, la tesis es que el pibe que comete una travesura en el colegio primario, se porta mal en la fila o juega al “ring raje”, es un potencial delincuente que debe ser neutralizado. Ese es el modelo de nuestra futura policía metropolitana, control social y disciplinamiento al mango.

EL “MATAGUACHOS” DE FIORITO A JUICIO ORAL
El 3 de junio de 2003 ocurrió uno de los primeros casos de gatillo fácil de los 850 asesinatos estatales que nos dejaría en gobierno de Néstor Kirchner. Julio Matías Bárzola (16) fue fusilado desde un auto que pasó a su lado en una calle de tierra de Villa Fiorito. Como de costumbre, la versión oficial fue que nadie vio nada, y en poco tiempo la causa estaba lista para archivarse como un hecho más de la cotidiana “inseguridad” ciudadana.

Estela Velázquez, la mamá de Matías, no se lo creyó. Convencida de que su hijo había sido asesinado por la policía, recorrió el barrio, habló con los vecinos, prestó atención a los rumores, hasta que, junto a CORREPI, pudo demostrar que el policía Ramón Peloso, ex jefe de calle de la Cria. 5ª de Villa Fiorito, apodado “El Oso”, fue el autor del disparo que dio detrás de la oreja de Matías. Otra mamá del barrio aportó un dato esencial: unos meses antes, Peloso había baleado en el glúteo a su hijo. Cuando ella fue a quejarse a la comisaría, la atendió El Oso, que le pidió disculpas. “Lo confundí con Barzolita”, dijo el hombre, que le aclaró “¿No me conoce? Soy el Mataguachos…”.

Fueron necesarios cuatro años para que la fiscalía pidiera la detención del asesino, y se desmoronara su coartada, apoyada por personal policial de varias comisarías de Lomas de Zamora. Ahora, terminada la instrucción, ya está sorteado el tribunal oral que juzgará a Peloso por uno solo de sus crímenes, ya que como en el caso del jefe del escuadrón de zona norte, el “Hugo Beto”, o del sargento de la PFA Solanes (a) Percha, de Villa Lugano, Peloso está sindicado como autor o encubridor de media docena de fusilamientos de pibes pobres. Intervendrá en el juicio el TOC nº 1 de Lomas, y el mismo fiscal del caso Gallardo, el que no quiso calificar su muerte a palos como resultado de la tortura.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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