CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

REPRESIÓN Y DESALOJO A LOS TRABAJADORES DE LA TEXTIL MAFISSA
Desde hace más de 140 días los trabajadores de la textil Mafissa de Olmos vienen sosteniendo la lucha, con toma de fábrica incluida, por la reincorporación de 103 trabajadores despedidos arbitrariamente y 450 suspendidos sin goce de sueldo. La planta se encuentra con su producción paralizada por decisión de la empresa y el gobierno de Scioli siempre se negó a reconocer que en Mafissa hay lock out patronal.

Esta semana pudimos ver cómo desde todos los ámbitos de gobierno -que dice arbitrar entre los intereses de empresarios y trabajadores- se garantizan las ganancias de las empresas, dilatando el conflicto con el objetivo de quebrar la lucha de los trabajadores y reprimiendo a quienes exigen mejores condiciones de trabajo y sueldos acordes a la escalada inflacionaria. El jueves 17, el juez Arias, a cargo del juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1, ordenó acatar la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de trabajo que “obliga” a la empresa a reincorporar a todos los despedidos y suspendidos, y a pagar los sueldos adeudados desde hace más de cuatro meses. Minutos después, el juez de garantías (de los explotadores) César Melazo, que en febrero último les aseguró a los trabajadores que no constituía delito la toma de la planta, ordenó el desalojo de la textil.

A pesar de la resolución de Arias, a media tarde más de 500 efectivos de caballería, infantería, policía federal, de la división motos y hasta el grupo Halcón apoyados por carros de asalto, bomberos, helicópteros y policía científica intentaron desalojar el predio. Infantería reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos, pero los trabajadores lograron permanecer dentro de la planta negándose a abandonarla. A medida que pasaban los minutos se hacía más nutrido el número de policías en el predio de Mafissa. El operativo incluyó el corte de la avenida 44 a más de 30 cuadras de la planta con el fin de impedir la solidaridad de vecinos, organizaciones sociales, estudiantiles y partidos políticos que tuvieron que sortear el cordón policial para llegar a la fábrica. Con el mismo objetivo, en las paradas de colectivos de la línea que cubre el recorrido La Plata–Olmos, la policía interrogaba cuál era el destino de los pasajeros.

Diez horas después, los 18 trabajadores que permanecían en la planta fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y trasladados a Quilmes, Berazategui, Cañuelas, Pipinas y otras comisarías bonaerenses, rodeados de un enorme despliegue de seguridad, imputándoseles el delito de coacción agravada en concurso real con daño calificado que se puede penar –si de trabajadores o piqueteros se trata, por supuesto- hasta con diez años de prisión. Los detenidos de Mafissa recuperaron la libertad en la tarde del domingo gracias a la movilización y el acampe de distintas organizaciones en los tribunales de las calles 7 y 56.

Los medios de comunicación, que desde el inicio del conflicto han dedicado sus esfuerzos a tergiversar, o directamente silenciar la lucha de los trabajadores de Mafissa, se encargaron de informar que el desalojo se llevó a cabo sin represión. No cuenta como represión para estos manipuladores de la información el hecho de que 500 policías, con sus respectivas armas, rodeen a 18 trabajadores y a quienes se acercan a expresar su solidaridad, esperando obedientemente la orden para apalear y disparar.

SCIOLI Y LA FLAGRANCIA: SIGUEN LOS ÉXITOS…
Según un informe “al que tuvo acceso Telam”, es decir, que las autoridades gubernamentales entregaron a la agencia oficial de noticias para que se difundiera, la mitad de los procesos judiciales con detenidos, iniciados con posterioridad a la reciente reforma del código procesal bonaerense, se resolvieron mediante el sistema de “flagrancia”. Para comprender la magnitud de la cifra hay que tener en cuenta que la modalidad sólo se está aplicando en 11 de los 18 departamentos judiciales de la provincia, de manera que cuando se utilice en todos, la proporción será todavía mayor. El gobernador Scioli no ahorró elogios para el mecanismo de velocísima “justicia”, que convierte en sentencia firme, en cuestión de días, la acusación formulada por el personal policial que realizó la detención. Tampoco fue corto en sus declaraciones el ministro de justicia provincial, Ricardo Casal. Ambos están felices porque en lo que va del año 2008, más de 900 personas ya han sido condenadas con este sistema, lo que consideran un gran éxito para “descomprimir las fiscalías, comisarías y alcaidías”, con el objetivo, como dijo el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, “de tener una justicia más ágil, una justicia más rápida y una justicia más efectiva”. Ágil, rápida y efectiva para condenar pobres diablos sin defensa.

Recordemos que el procedimiento de flagrancia permite la resolución directa, en un plazo que no puede ser mayor a los 90 días, de casos vinculados con delitos que tienen penas de hasta 15 años, cuando una persona es apresada por la policía o por el propio damnificado “con las manos en la masa”. En 24 horas se resuelve la imputación del hecho, y en 5 días se hace una audiencia en la que el juez resuelve la excarcelación, el sobreseimiento, la prisión preventiva o acepta que las partes acuerden la suspensión del juicio a prueba (probation) o el juicio abreviado. Desde luego que esto significa que las únicas pruebas disponibles son las aportadas por los policías que hicieron la detención, pues en ese brevísimo plazo el imputado ni siquiera ha podido ver a su familia ni saber si podrá contar con un defensor particular, mucho menos organizar su defensa. Si no se dicta el sobreseimiento ni hay acuerdo sobre probation o juicio abreviado, el juez resuelve si mantiene detenida a la persona y convoca a una segunda audiencia dentro de los 20 días siguientes, en la que si sigue sin haber acuerdo, se eleva la causa a juicio, el que se realiza en menos de dos meses.

Otro que se explayó sobre el “triunfo” procesal de la reforma fue el fiscal marplatense Guillermo Nicora, coordinador de la puesta en marcha del sistema a partir de que General Pueyrredón fue uno de los primeros departamentos donde se implementó. Sin querer, explicó los alcances casi extorsivos de la modalidad, cuando dijo “Lo más importante es que el imputado tiene asegurado un juicio rápido; inclusive puede aceptar un juicio abreviado cuando las pruebas son casi irrefutables, entonces no quedan muchas alternativas para el detenido”. Es tristemente frecuente, en efecto, que “no le queden muchas alternativas” al preso pobre, defendido de oficio. El defensor oficial suele plantearle que olvide toda intención de demostrar que la acusación es falsa o excesiva, y “firme un abreviado”, con la aparente ventaja de que así se asegura una pena menor que la que le tocaría en caso de ser juzgado. Y ahora, con este mecanismo ultra rápido, más arreglos en los que el único que no suele tener opinión, es el acusado.

Es normalmente elevado el número de casos en que se demuestra, en un debate normal, el plantado de pruebas o directamente el fraguado completo por la policía, situaciones que generalmente son soslayadas por los fiscales y jueces de instrucción y sólo se comprueban en el juicio oral, como aquellos 73 casos denunciados en el ámbito federal en 2001 por el entonces fiscal Rafecas. Ninguno hubiera sido detectado de haberse aplicado el proceso de flagrancia. Por algo están contentos el gobernador kirchnerista, sus ministros y fiscales. Han logrado que para los pobres, la justicia no exista, ni siquiera como espejismo o ilusión.

OPERATIVOS PARA REPRIMIR MEJOR EN CÓRDOBA
A través de un periódico local, se dio a conocer que fue puesto en marcha un operativo “multifacético” de “prevención de accidentes viales y frenar la escalada de violencia”. Este novedoso operativo, cuenta con la participación de diversos componentes tradicionales en la tarea de delación, como taxistas y remiseros, que se encargarán de dar la voz de alerta en las zonas denominadas “rojas” de la ciudad. Pero como el presupuesto es amplio, también cuenta con médicos, psicólogos y padres “por la diversión segura” que constituirán un grupo de apoyo.

Así, quien sea víctima de una razzia, recibirá atención profesional, pero se lo seguirá deteniendo arbitrariamente bajo figuras inconstitucionales y violatorias de derechos humanos como la doble A, la embriaguez escandalosa o la resistencia a identificarse, que figuran en el ranking de las más aranceladas por la policía cordobesa. Las zonas donde se asentará el operativo, comprenden las inmediaciones del Chateau y sus boliches, Nueva Córdoba, donde asisten jóvenes cuyos padres son capaces de pagar hasta cinco mil pesos para la caja policial, y la zona del Abasto, considerada por la policía como una de las “zonas rojas” donde precisamente asisten jóvenes trabajadores.

“Este es un operativo multifacético en el que se pretende cubrir todos los aspectos que funcionan como generadores de hechos de violencia y siniestros viales. Y lo importante es que, en esta primera etapa, vamos a trabajar en una campaña de educación y concientización de los más jóvenes. La idea no es actuar aplicándoles sanciones sino capacitarlos en la prevención”, explicó al diario La Mañana, el director general de Tácticas de la Policía de la Provincia, comisario mayor Juan Carlos Santillán.

Dice el comisario que no es para aplicar sanciones, sino capacitarlos en la prevención: en la práctica represiva que tiene a las detenciones arbitrarias por contravenciones como herramienta para el accionar policial, que permite la práctica de torturas, de represión ejemplificadora y de naturalización de la represión entre los jóvenes. La realidad indica que este novedoso operativo, en tan solo una jornada de actuación de sus funcionarios del estado provincial, según las denuncias efectuadas por varios jóvenes en la capital cordobesa, logró más de setenta detenidos, entre los que se encontraban menores y mujeres.

El procedimiento del que tomó cuenta CORREPI, se llevó a cabo en un solo boliche de la zona del Abasto. Los jóvenes fueron detenidos en su interior y subidos a los numerosos móviles del CAP, sin mediar identificación. Para demostrar a todos la inconveniencia de contrariar la autoridad policial, un joven fue golpeado entre cinco policías en la puerta del local. Fueron todos alojados en el patio de la comisaría seccional 7ª, que ante tanto desborde, evocando al comisario Espósito, de la federal, con el famoso “cuarenta tenían que ser” referido a la razzia del Estadio Obras, que derivo en la tortura y muerte de Walter Bulacio hace 17 años, la policía cordobesa separó a los detenidos en tres filas, para agilizar la tarea. En el primer grupo, se les requisaban las pertenencias; la segunda mesa les pintaba los dedos y les hacía firmar la acusación a la que ni siquiera se les permitió leer, bajo la presión de que al ser tantos, mientras mas rápido firmaran, mas rápido saldrían. La tercera mesa era la de revisión médica, donde se los desnudaba por completo. Un pibe que osó filmar con su celular, sufrió la amenaza de parte de un policía que le dijo “o borras eso, o te reviento el teléfono contra el piso” .

Los detenidos ingresaron a la comisaria 7ª a las 7:00, a las 13:00 comenzaron a ser trasladados en grupos de 15 a las comisarías 19ª y 6ª y recuperaron su libertad a las 23:00 del día domingo. Sirva el operativo multifacético y la constante insistencia de mediatizar al extremo los accidentes de tránsito como forma de “inseguridad” para entender que las razzias y las torturas en comisarías se usan ahora bajo el argumento de evitar autos chocados y gente embestida para “concienciar” a cientos de jóvenes, garrote en mano.

OTRO CASO DE TORTURA EN CÁRCELES
Alfredo Emiliano Fleitas se encontraba detenido en el pabellón de buena conducta nº 45 de la Unidad Penal 2 de Devoto, gozando de salidas transitorias. El 26 de febrero, mientras estaba en uno de los pasillos de la unidad, los guardiacárceles de la unidad golpearon a Fleitas y a otros dos internos, Mario Alincastro y José Medina.

El argumento del superior responsable de los guardiacárceles y director de la Unidad 2, prefecto Héctor Antonio Rojas, fue que en realidad a Fleitas le habían pegado los mismos presos, el mismo argumento que usaron los policías de la comisaría 3ª de Dock Sud para inculpar a los detenidos del asesinato en la tortura de Diego Gallardo, y que es habitual en las prisiones. También la muerte a golpes de Rodolfo “Fito” Ríos, con el cráneo destrozado por el cuerpo de requisa en 1992, fue por años imputada a otro preso.

Por suerte Fleitas no murió, pero fue severamente golpeado en piernas, brazos, cuerpo, cráneo, rostro, y especialmente en el ojo izquierdo. Cuando el servicio de requisa lo trasladaba a la unidad médica del penal, también fue golpeado durante el trayecto. Pasó un mes entre hospitales y terminó internado en el Hospital Ramos Mejía en el área de cirugía plástica. El médico de guardia determinó que Fleitas tenía fracturado el maxilar y la órbita del ojo, razón por la cual luego de 22 días en el Ramos Mejía fue trasladado al Hospital Santa Lucía para que le operaran el ojo que estuvo a punto de perder. Lo curioso, o no tanto, es que luego de la golpiza que le dieron, sólo a través de un habeas corpus consiguió Fleitas consiguió que se le diera atención médica.

El caso Fleitas es, como vemos semanalmente, uno entre cientos que son sometidos cotidianamente a golpizas y tratos salvajes en las unidades de detención de nuestro país. Por suerte y gracias a la corte suprema de la nación, no nos tenemos que preocupar de que la tortura sea una práctica cotidiana en la Argentina, ya que, según los cortesanos, al ser cometida en democracia simplemente se anula y pasa a ser un accionar lamentable de vigilantes mal aprendidos…

NO ES EL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE, ES UNA POLÍTICA DE ESTADO
La noticia de que del teniente de la bonaerense, David Maximiliano Mansilla, fue encontrado ahorcado en la unidad penal 43 de González Catán el lunes 14 de abril, tuvo relevancia por ser uno de los cinco imputados en el caso de Gastón Duffau, hijo del fallecido comisario que encabezó la Departamental de La Matanza, de San Martín y estuvo una década al mando de la comisaría 2ª de Ramos Mejía cuyos integrantes, el 23 de febrero pasado, torturaron a su hijo hasta matarlo.

La cobertura mediática, redundante en el hincapié puesto para resaltar al muchacho de 34 años como estudiante universitario con idiomas y en reproducir hasta el infinito sus imágenes disfrutando de lugares vacacionales, resulta útil para hacer visible en tan breve lapso la cadena de impunidad del estado puesta en marcha para que la tortura no se note.

El primer paso fue afirmar que Duffau “estaba totalmente alterado, exclamaba palabras vinculadas con delirio místico”, como declaró el jefe de la departamental Carreiro. Seis testigos aseguran que Duffau fue subido al patrullero con vida, le colocaron un juego de esposas doble y gritaba para no ser llevado preso. Segundo paso, una autopsia hecha a la medida y avalada por el poder judicial: Duffau había muerto por golpes recibidos de un vehículo una semana atrás. Tercer paso, las “manitos” del poder judicial: quince días después seis policías se presentaron voluntariamente a la citación hecha por el fiscal -lo que les facilita como en tantos casos hemos denunciado que les avisen por si se quieren fugar- y comenzó el “accionar de la chicanología” de los letrados de los torturadores con altos honorarios -que siempre preguntamos quién pagará- para extender al infinito los tiempos procesales sosteniendo que el fiscal tiene “enemistad manifiesta” en su contra y el juez “animosidad” con los policías. Cuarto paso, el espíritu de cuerpo: seis bonaerenses fueron alojados todos juntos en la Unidad Penal 43 de González Catán, dependiente del servicio penitenciario bonaerense.

Una vez confirmada la prisión preventiva, el teniente David Mansilla le pidió a su defensor dos cosas: que quería hablar con el juez de la causa y que lo alejaran de sus camaradas. Su letrado afirmó que presentaba trastornos psiquiátricos, y finalmente el lunes por la mañana recibió asistencia y lo alojaron en un solitario o “buzón”, requisándole todo objeto que pudiera poner en riesgo su vida, pero dejándole una sábana. Así fue que por la tarde, dos días antes de la audiencia que Mansilla iba a tener con el juez, lo retiraron aún vivo después de encontrarlo colgado de la sábana. La guardia destacó que “el estricto control deja de verlo justo cuando se suicida”, pero lo cierto es que 20 minutos más tarde, cuando llegó la ambulancia, estaba muerto. ¿Qué querría contarle al juez de la causa?.

TORTURAS A PRESOS DE LAS HERAS
Los familiares de los detenidos Darío Catrihuala y Alexis Peres, quienes se encuentran detenidos en la comisaría 1ª de Caleta Olivia acusados por la muerte del policía Sayago en oportunidad de la feroz represión del gobierno a los trabajadores petroleros en huelga, denunciaron que ambos fueron golpeados por la policía.

El oficial a cargo, de apellido Salicas, reconoció telefónicamente la existencia de “incidentes” en la dependencia, pero no quiso brindar explicaciones. Esta golpiza se suma a la que ya habían sufrido hace dos meses Juan Pablo Bilbao y Ramón Cortés, detenidos por la misma causa, en la Alcaidía de Caleta Olivia. Hay que recordar que Sayago había trabajado en Caleta Olivia, por lo que los policías se toman constantemente represalias con los detenidos.

Este caso viene a sumarse a una larga lista en que la tortura aparece como una práctica frecuente dentro de las dependencias policiales, llegando a constituirse junto al gatillo fácil, con una de las principales causas de muerte a manos de las fuerzas de seguridad del estado.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Esta semana se cumplieron 17 años de la noche en que Walter Bulacio (17) fue detenido, junto a un centenar de otros jóvenes, antes de ingresar al estadio Obras donde tocaba un grupo de rock. Después de permanecer ilegalmente detenido durante once horas, fue trasladado a un hospital, donde moriría seis días después.

Diecisiete años después, sus asesinos siguen matándonos un pibe día por medio con el gatillo fácil y la tortura. A pesar que en 2003 el estado argentino fue condenado por un tribunal internacional, el gobierno argentino se niega a cumplir esa sentencia, porque no quiere reconocer que el crimen policial es un crimen de estado y que también en democracia la tortura es un delito de lesa humanidad, ni está dispuesto a cumplir la orden de eliminar la averiguación de antecedentes, los códigos contravencionales y las razzias.

El viernes 25 de abril, a las 13:00, nos concentramos en la Plaza de la República (Obelisco), para decir Basta de Represión. Los esperamos.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

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