CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LOS GATILLOS DE LA SEMANA
Dos noticias que circularon por los medios esta semana se complementan para dejar a la vista que la policía tiene derecho a atentar cotidianamente contra la vida de la gente, y quien no haya entendido quién juega para quién, y ose recurrir a la justicia, terminará pagando por ellos:

En Mar del Plata una mujer policía salió de su casa para hacer las compras. Al estar fuera de servicio, salió con ropas comunes y corrientes, pero no dejó de llevar su 9mm. En el camino, dos jóvenes en bicicleta intentaron robarle, a lo que, según cuenta el diario La Capital, la mujer sacó su arma y se identificó como policía. Curiosamente, siempre según cuenta el diario, al sacar el arma los presuntos ladrones dispararon dos veces pero no le pegaron. Acto seguido ella disparó y e hirió a uno de los ladrones en el gemelo de la pierna derecha, herida que lo delata cuando va a hacerse atender al hospital, donde quedó detenido e imputado de “tentativa de robo calificado, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”. Resulta difícil creer que, disparando primero, los presuntos ladrones fueran incapaces de dar en el blanco y que además tuvieran solamente dos balas. También cuesta creer que al “repeler” la agresión, la bala de la mujer policía diera la vuelta para ingresar por la parte de atrás de la pierna de uno de los “atacantes”, a menos que el supuesto atacante estuviera huyendo, situación en la cual el disparo ya no sería para “repeler la agresión” sino simplemente para atacar. De todos modos, estas son suposiciones que la versión oficial no necesita, ni pretende considerar. El solo hecho de que la mujer sea policía y diga que le quisieron robar es razón suficiente para imprimir noticias a favor de quien sale a hacer las compras con una 9mm.

Veamos ahora el caso de quien sí fue atacado, y llevando las evidencias en el cuerpo, como no es policía, no tiene posibilidades de salvarse de la cárcel: el caso Carrera. Para quien no lo recuerda, el hecho ocurrió el 25 de enero de 2005, cuando a metros de la Basílica Nuestra Señora de Pompeya, perseguido por policías, Carrera atropelló y mató a tres peatones: Edith Custodio, de 41 años; Gastón Gabriel Bedoya, de 6, y Fernanda Silva, de 31, madre del niño. Los policías que lo perseguían lo confundieron con un ladrón, abrieron fuego y Carrera, inconsciente y herido de 8 balazos, terminó subiéndose a la vereda en la que atropelló a esas personas.

Por este caso, Fernando Carrera fue condenado a 30 años de prisión, y si bien su defensa apeló argumentando que la causa fue armada, la cámara de casación decidió esta semana confirmar la sentencia, haciendo responsable de las muertes a quien recibió los balazos, y por ende perdió el control del auto, y no a los policías de la comisaría 34ª, a los que una sospecha les alcanzó para abrir fuego y a los que el Tribunal Oral Nº 14, compuesto por los jueces Hugo Cataldi, Beatriz Bistué de Soler y Rosa Lescano, terminó de encubrir procesando a Carrera por “robo con armas retirado, homicidio agravado reiterado -en tres ocasiones-, lesiones agravadas, resistencia a la autoridad, daño y encubrimiento” . Fernando Carrera fue el único imputado en el hecho que sucedió cuando tenía 29 años; a los 60 saldrá de la cárcel, después de perder la mitad de su vida pagándole al estado por sus propios crímenes, gracias a tres jueces compañeros que encubrieron a sus camaradas de gatillo fácil, y a la cámara de casación que ratificó para qué lado juega la justicia.

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
Karina Germano López, “La Galle”, hija de Rodolfo Germano, desaparecido en la última dictadura militar, se encuentra detenida por motivos similares a aquellos por los que el estado argentino asesinó a su padre. Exiliada en España, fue durante los ‘90 una activa y reconocida militante del movimiento “ocupa” e impulsora de la agrupación H.I.J.O.S. en Barcelona. En febrero de 2002 fue condenada por el estado brasileño a 30 años de prisión, condena que fue producto de una causa fraguada en donde se le adjudicó, junto a militantes chilenos y colombianos, el secuestro extorsivo del empresario televisivo Washington Olivetto.

Desde noviembre de 2006 se encuentra detenida en el penal de Ezeiza, lo cual se pudo lograr debido a la intensa lucha que su madre y amigos llevaron a cabo para conseguir el traslado. Desde fines de diciembre se le viene negando el derecho a salidas transitorias, las que le corresponderían al cumplirse una sexta parte de la condena de acuerdo al régimen de progresividad que dispone la Ley de Ejecución Penal brasileña . El juez que le viene negando ese derecho es Sergio Delgado, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). De esa forma el gobierno, para legitimar la opresión, no sólo cuenta con la cooptación directamente política de la organización de DDHH integradas a su partido, sino además con la cooptación institucional, que de forma más sutil, materializa el “discurso de ddhh” colocando en distintas instituciones represivas y secretarias del gobierno a supuestos defensores del campo popular.

A mediados de marzo de este año, la policía de la provincia de Neuquén detuvo a tres militantes chilenos en un operativo conjunto con efectivos carabineros, donde plantaron documentos de identidad falsa y armas de fuego a Marcelo Villaroel Sepúlveda, Freddy Fuentevilla Saa y David. Los compañeros cruzaron la cordillera, escapando de la intensa campaña mediática de criminalización en Chile, donde se los acusa de participar de un asalto bancario donde murió un agente de seguridad. Un ejemplo más de efectividad con respecto a la solidaridad represiva entre los estados contra los luchadores populares: si son extraditados, en Chile los espera el enjuiciamiento en manos de un tribunal militar y la amenaza de pena muerte extralegal.

En similar situación se encuentran los 6 dirigentes campesinos de la organización paraguaya Patria Libre que, escapando de la persecución paraestatal en su país, fueron detenidos en Argentina cuando solicitaban asilo político.

Con el silencio garantizado por la burocracia sindical, en Córdoba hay todavía detenidos por participar -convocados por la seccional de CTA del pueblo de Corral de Bustos- en un escrache contra los edificios del poder judicial local, donde se denunciaba la complicidad de este poder con las fuerzas policiales al encubrir diversos casos de violación y abuso sexual. En el sur del país, siguen detenidos los seis trabajadores petroleros de Las Heras, torturados en distintas comisarías de Santa Cruz.

Sin necesidad siquiera de aplicar las leyes antiterroristas que el departamento de estado yanqui ordena aprobar, el gobierno de Cristina Fernández mantiene encarcelados a 25 presos políticos en el marco de la judicialización de la protesta, que se complementa con el procesamiento de miles por participar en distintas luchas populares.

TRUCHADAS VARIAS Y EL NARCOPOLICÍA DE LA SEMANA
Trascendió esta semana que más de 1.000 policías bonaerenses presentaron títulos secundarios apócrifos para ser beneficiarios del plus salarial que implica contar con el secundario completo. Por supuesto que desde el oficialismo, con el apoyo de los medios de comunicación que colaboran para legitimar a los nuevos cuadros de la bonaerense capacitados en derechos humanos, se encargaron de destacar que las truchadas son consecuencia del diseño del nuevo escalafón policial implementado por la gestión de Arslanián, a través del cual, para ascender en la fuerza, es necesario contar con estudios secundarios completos. “Ahora todos los policías egresan como oficiales y tienen título secundario completo, pero los que antes eran suboficiales no pueden ascender de jerarquía si no tienen completo ese nivel”, fue la forma en que un anónimo vocero de la fuerza intentó justificar a un diario platense las truchadas que, por el momento, se cuentan de a centenas.

Por otra parte, el pasado lunes comenzó un juicio contra el comisario de la seccional de Ringuelet, Sergio Ríos, y los sargentos Rubén Herrera y Claudio Minicucci, acusados del delito de fraude contra la administración pública por el cobro de horas adicionales de vigilancia que nunca realizaron -pero siempre cobraron- en el complejo habitacional del instituto de la vivienda de las calles 17 y 524. El fiscal pidió la pena de tres años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, casi lo mismo o más de lo que piden por el asesinato de un pibe pobre al que luego le plantan un arma, dejando en claro que es más grave robarle al estado que “excederse” en la ejecución de su política de control y disciplinamiento social.

Semanalmente denunciamos que los grandes negocios delictivos como el narcotráfico, la prostitución, el juego, robos a bancos y demás son gerenciados por las fuerzas de seguridad. El lunes pasado, en Misiones, el sargento de la policía provincial Alejandro Prenscel fue detenido en la localidad de Santo Tomé cuando transportaba, en un vehículo de su camarada y también sargento Carlos Barbosa, 297 kilos de marihuana. El narcosargento fue detenido porque el coche en el que se trasladaba había sido denunciado, por la esposa de Barbosa, como robado esa misma mañana. Parece que al sargento Barbosa le salió mal la jugada porque Migraciones aseguró que el domingo anterior el mismo Barbosa usó ese vehículo para cruzar, ida y vuelta, por el puente internacional hacia Brasil, no creemos que con fines turísticos.

REPRIMEN A FAMILIARES DE LA MASACRE DE LA CÁRCEL DE VARONES EN SGO. DEL ESTERO
A seis meses de la masacre en el Penal de Varones de Santiago del Estero que causó la muerte de 39 personas, familiares de las víctimas y organizaciones que los apoyan se manifestaron el lunes pasado en reclamo de esclarecimiento, frente al edificio de la legislatura provincial en calle Avellaneda entre 25 de Mayo y Buenos Aires.

Allí sufrieron la represión de la policía que vigilaba el lugar, uniformada y de civil, y tres mujeres, esposas y hermana, respectivamente, de presos muertos en el incendio, fueron detenidas: Karina Argüello, Cristina y Claudia Corvalán. Primero fueron golpeadas e insultadas cuando quisieron ingresar a hablar con el gobernador Zamora, presente en la sesión de la cámara de diputados, y posteriormente golpeadas en la comisaría.

Tras el reclamo de los compañeros que se hicieron presentes en la comisaría, fueron liberadas poco después de las 15:00. Nada muy diferente de lo que ocurrió hace un mes, al cumplirse cinco meses de la masacre que sigue impune, como la de Coronda, la de Magdalena, y los centenares de muertes similares en todos los penales del país.

AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES: SÓLO EN SALTA, HAY 45.000 DETENCIONES POR AÑO
“En base a la variedad de operativos que realiza Policía de la Provincia, tenemos una media aproximada durante el fin de semana de 450 detenidos en total, entre ellos la gran mayoría son por averiguación de antecedentes. Estos resultados para la Policía son totalmente normales y aun podrían superar los números brindados, de acuerdo a eventos o festividades que se realicen”. Las declaraciones pertenecen al director de seguridad de Salta, comisario general Francisco Galván, y muestran a las claras cómo la policía salteña ejecuta de manera permanente su política de hostigamiento hacia los sectores populares.

Según el ex secretario de seguridad provincial, la policía de Salta es referente de varias provincias. “Salta es ejemplo de seguridad a nivel nacional” dice Gustavo Ferraris, el muy cuestionado integrante de la corte suprema de justicia de Salta por sus vínculos históricos con la dictadura y su prontuario de represor. “Siempre las averiguaciones de antecedentes tienen que ver con tratar de prevenir algunas situaciones. No hay que tener miedo al aumento de detenciones. Estas detenciones por averiguaciones de antecedentes, en muchos casos significa prevenir delitos. Bajo ningún punto de vista el número de detenciones resulta llamativo” declara Ferraris.

Y tal cual él lo explica, la detención por AA es una de las herramientas policiales más comunes para “prevenir algunas situaciones” o dicho de otro modo, es una herramienta cuya aplicación sistemática y constante se explica como parte de la política represiva que el estado aplica a las masas populares para lograr infundir el miedo al poder estatal, y la consiguiente aceptación de la realidad impuesta, educando y acostumbrando al rol de víctimas que difícilmente sean partícipes de “algunas situaciones” que pongan al descubierto la injusta realidad cotidiana que golpea a los más pobres.

Hoy, viven en la pobreza mas del 50% de los salteños, de los cuales 250 mil son indigentes. Ante esta realidad, Ferraris declara que no hay que ‘policializar la ciudad”. Mientras tanto, la adquisición de nueva tecnología y equipamiento policial, y el aumento de efectivos a las filas de la policía es constante.

El gobierno salteño usa la AA y el código de faltas para disciplinar a las masas populares, explicando, como lo hace Ferraris, por qué el estado nacional se niega a cumplir la sentencia en su contra en el caso Bulacio, que le ordenó terminar con el sistema represivo integrado por las contravenciones y la averiguación de antecedentes.

LOS POLICÍAS MUERTOS EN LA PLATA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA
A veces puede resultar difícil entender cómo se construye la realidad, pero, si uno está atento, no es tan complicado comprender de qué manera se la pretende construir a través de los medios de comunicación. El 19 de octubre de 2007, los policías Pedro Díaz, Raúl Torres Barboza y Alejandro Vatalaro fueron encontrados muertos en una planta transmisora del Ministerio de Seguridad, en las afueras de La Plata. De inmediato el hecho fue usado para apuntar a la siempre útil “inseguridad”. Desde el gobierno y desde la oposición, la tesis más desarrollada fue la del “crecimiento de la delincuencia”, desde luego acompañada por la correlativa propaganda represiva, promoviendo de paso la necesidad de endurecer el sistema penal en la misma dirección de siempre.

Se habló también de ataque mafioso, de “mano de obra desocupada”, de “resabios de la dictadura”, de complot contra el gobierno para atacar su “política de derechos humanos” y hasta su “plan socioeconómico”, como dijo la presidenta Fernández de Kirchner, pero de a poco todo pareció diluirse en la tesis de un crimen pasional motivado por el cambio de novio de una señorita.

Señalábamos nosotros por entonces que en el episodio se ponían de manifiesto los clásicos recursos del aparato represivo, que son creados para usarlos contra el pueblo, pero también son aprovechados cuando deben dirimir sus disputas intestinas. Esta semana, una información novedosa, rápidamente acallada, recorrió las redacciones periodísticas. Aunque el lugar supuestamente había sido clausurado después del hecho, ya había trascendido que había movimiento policial en la planta. Hasta se había denunciado que un grupo de comisarios se reunieron allí hace unos meses para comer un asado. Lo que se supo ahora le da un carácter bien distinto al episodio y a esos movimientos posteriores.

Por orden de la fiscalía que investiga el hecho, se hizo una inspección pericial en la dependencia policial, con perros entrenados en la detección de drogas. Los animales enloquecieron frente a una habitación que estaba cerrada, cuya cerradura hubo que forzar para ingresar. Una vez adentro, llamó la atención la extrema limpieza del lugar, como si alguien se hubiera dedicado a dejarlo hecho un espejo. Los perros señalaron una serie de cajas, algunas con el rótulo “Pinamar”, que contenían equipos de comunicación. Vale aclarar que los canes entrenados para buscar estupefacientes pueden detectar su rastro hasta seis meses después de que fueran removidos, si las cantidades son suficientes.

En una palabra: en forma concomitante con el triple asesinato, esas cajas habrían contenido grandes cantidades de drogas, cuya presencia en esa dependencia no tiene explicación alguna, salvo la eterna vinculación de la policía con el narcotráfico. ¿Cómo era lo del complot contra el gobierno?

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Jueves 15 de mayo, de 14:00 a 17:30, charla sobre la historia y objetivos de CORREPI en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto, cargo de los compañeros María del carmen Verdú, Silvia Góngora y Alejandro Rivero.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

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