CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

EL GOBIERNO CREA PUESTOS DE TRABAJO… PARA EX POLICÍAS
No es ninguna novedad que cualquier asalariado, con el paso de los años, se convierte en una carga para el empleador; y que las empresas, con la excusa de maximizar la productividad y las ganancias, se deshacen de personal con largos años de servicio al que reemplazan por mano de obra joven y, por supuesto, a menor costo. Hace pocos meses generó polémica en La Plata la decisión de la flamante gestión de Bruera de dejar sin trabajo a los jubilados que vendían tarjetas de estacionamiento en el centro de esa localidad, que fueron reemplazados por puntos de venta en kioscos.

Pero no todos los recursos humanos “viejos” son material de descarte, y menos a la hora de hablar de la lucha contra el “flagelo de la inseguridad” con que los medios de comunicación nos bombardean día a día. Por eso, desde el pasado mes de abril, el ministerio de seguridad provincial cuenta con un proyecto para que ex policías federales y bonaerenses patrullen las calles de distintas localidades del conurbano y la provincia.

El proyecto tiene al director provincial de seguridad pública, Néstor Franco, como el más ferviente impulsor de este plan antidelito, que ya en 2003 se implementó con el nombre de Tolerancia Cero en Ezeiza, y que contaría con la venia del gobernador Scioli y su ministro Stornelli. El proyecto generó polémica entre los intendentes, no por el pasado de los posibles policías reciclados que se reincorporarían a la fuerza, muchos de ellos exonerados por Arslanián, sino porque los costos que implicaría el reclutamiento correrán por cuenta de los municipios.
La crítica “progre” a la implementación de este plan vino de parte de un funcionario del intendente Sabatella de Morón que afirmó que “se dará un retroceso en materia de seguridad pública si ello ocurre”, tal vez haciendo referencia al posible regreso de lo que rotulaban como “maldita policía” en los 90, mientras los policías de su jurisdicción, a pleno gatillo fácil y torturas, son formados con las experiencias “profesionales” de la policía israelí y sus servicios de inteligencia.

Desde el ministerio de seguridad intentan aplacar las críticas argumentando que los ex policías a reincorporar “son todos aptos, con sus fojas de servicios limpias”, pero bien sabemos que contar con un par de causas por gatillo fácil o torturas, archivadas, condenadas o absueltas por la justicia, es una condición que permite el ascenso dentro de la fuerza o la habilitación para portar armas y hacer changas de seguridad en alguna agencia privada, como denunciáramos hace poco más de un mes con el caso del oficial subinspector Juan Ramón Fernández, responsable de la tortura seguida de muerte al adolescente Sergio Durán en 1992, casualmente en la comisaría 1ª de Morón.

No es menor destacar que nuestro viejo conocido José Ramón “El Oso” Pelozo, el que se vanagloriaba ante las madres de Fiorito y Caraza de ser “el mataguachos” de la zona, intentó usar como coartada, para el día en que asesinó a Matías Bárzola, que estaba patrullando en Ezeiza, porque fue uno de los contratados por este programa…

También nos dicen desde el ministerio de seguridad, para que nos quedemos tranquilos y con el objetivo de ahuyentar el fantasma del regreso de la “maldita policía”, que estos serán acompañados en los patrullajes por policías en actividad, es decir, por los que con un promedio de un muerto cada 40 horas han perfeccionado cuantitativamente su tarea de control y disciplinamiento social.

Es muy frecuente escuchar, en los debates orales sobre casos de gatillo fácil, excusas policiales inverosímiles como “me tropecé con las chancletas y me agarré de lo primero que tenía a mano (la pistola)”; o “el sujeto hizo un movimiento brusco con la cabeza, y con la nuca me pegó en la mano, él mismo disparó el arma con ese golpe”, como expuso el policía José Luis Díaz, asesino de Marcelo Bogado y condenado sólo a tres años de prisión. Teniendo en cuenta las excusas aceptadas por los jueces a la hora de juzgar estos crímenes, no debería llamarnos la atención que alguno de estos policías reincorporados justifique un fusilamiento como consecuencia del reuma que le aquejaba en la mano en que portaba la 9mm, o porque no llevaba los anteojos puestos.

OTRA VEZ, TORTURAS A JUICIO, DISFRAZADAS DE OTRA COSA
El 31 de julio del año 2001 Sergio Daniel Díaz (31) se olvidó la llave de su casa, así que apoyó la bicicleta contra el muro y saltó para ingresar. Un patrullero de la Cría. 5ª de González Catán, Partido de La Matanza, lo vio. Tocaron a la puerta, él abrió y les explicó que era su casa. Igual lo detuvieron por averiguación de antecedentes. Lo devolvieron a la familia en coma profundo, con hematomas, vasos sanguíneos rotos y fractura de cráneo. Murió cinco días después de su detención debido a las torturas padecidas.

La bonaerense elaboró un acta falsa de libertad a Díaz y los presos de esa noche afirmaron que fue duramente golpeado. Los hechos fueron investigados por el oficial principal Jorge Oscar Díaz y oficial subinspector Gustavo Javier González, los únicos imputados. El fiscal a cargo de la instrucción, dictaminó que el hecho se encuadraba en el tipo penal de homicidio simple, cometido en la comisaría 5ª de González Catán por “autores ignorados”.

El juez de garantías cambió la ya mentirosa calificación por homicidio culposo, porque “de la lectura pormenorizada de los autos principales… no surge que el deceso de quien en vida fuera Sergio Daniel Díaz haya sido provocada con ánimo de matar” y respecto al encubrimiento agravado por la falsificación del acta, lo rechazó y ordenó el procesamiento sólo por falsificación de firma.

Tras innumerables suspensiones, recusaciones y pedidos de licencias de fiscales y tribunal, el 22 de junio el hecho llegará a juicio oral bajo la acusación de privación ilegal de la libertad seguida de muerte. Una vez más, la acusación permite que la tortura no se note, basándose en que Díaz siguió detenido luego de que llegara el informe de su falta de antecedentes. Lo demás, desde su muerte hasta la complicidad durante siete años del poder judicial, “fue todo sin querer”.

Mientras tanto, en Tucumán, otro caso llega también a juicio, disfrazado de otra cosa. El 30 de junio de 2002,Carlos Rolando Medina (36) mientras trataba de bajar del techo de su remise a unos pasajeros, fue detenido la localidad de Trancas, bajo la figura contavencional de ebriedad escandalosa. En la comisaría dieron la versión que la víctima se intentó prender fuego dentro de la celda. La ropa que vestía esa noche desapareció.

Medina no fumaba, por lo que no tenía fósforos ni encendedor. Antrs de morir, llegó a decirle a su madre, en el hospital, que había sido torturado por los oficiales Fabio Marcial y Walter Vallejo, la cabo Norma Risso Patrón y el agente Sixto Gamboa, que creyéndolo muerto, le prendieron fuego.

Tras casi seis años, el juicio oral se inició esta semana con argumentos suficientes para que el fiscal de cámara y el propio querellante, a quien el tribunal le rechazó nuevas medidas probatorias, adelantaran que ante la falta de pruebas no podrán (ni siquiera) pedir condena por homicidio agravado.

POLICÍA ACUSADO, ACUSADOR CONDENADO
El 21 de junio de 2004, cuando Héctor Carral estaba a cargo de la comisaría 48ª, ubicada en Villa Lugano, un asalto cometido en su jurisdicción dejaba como saldo a una nena de entones 10 años de edad con graves heridas a causa de un impacto de bala en su cabeza. Uno de los asaltantes fue atrapado y el otro logró escapar, pero fue identificado.

El padre de la nena denunció tiempo después que había sufrido lo que suele darse en estos casos: el jefe de la seccional 48ª le había reclamado 10.000 pesos y un auto como condición para arrestar al asaltante que estaba prófugo, además de unos 250 pesos diarios para poner una consigna policial en la puerta de su casa.

Carral fue indagado por el juzgado de instrucción nº 14, y negó todo. Sostuvo que el padre de la nena lo denunció a él porque se sentía culpable. Fue sobreseído por la justicia.

A partir de entonces, la misma celeridad que el aparato judicial tuvo para absolver al policía, fue aplicada para llevar adelante la denuncia que Carral presentó por calumnias e injurias contra el padre de la nena, quien fué condenado a un año de prisión en suspenso. El juez en lo correccional Luis García, de larga historia procesando asambleístas y manifestantes en los años 2000-2003, fue quien dictó la sentencia.

Así, vemos claramente quiénes son los beneficiarios de la industria del crimen, ya sea porque son cometidos directamente por los uniformados o porque éstos se dedican a sacar el rédito correspondiente de los hechos que se convierten en negocio con su accionar. Y vemos también cómo la justicia actúa como garante de esta industria, protegiendo a sus beneficiarios y condenando a todo aquél que pretenda obstaculizarla.

GATILLO FÁCIL EN MISIONES: FUERON LOS GUANTES DEL GENDARME
Al cruzar por el acceso a una planta de celulosa en la región boscosa de Puerto Esperanza, Pcia. de Misiones, un joven de nacionalidad paraguaya fue abordado por cuatro efectivos de la sección IV Esperanza dependiente del Escuadrón X “El Dorado” que patrullaban la zona. Gustavo Tranquilino Ferreira Acevedo (26) fue detenido por los gendarmes por llevar presuntamente dos bolsones de mercadería de contrabando.

Luego de ser requisado y esposado, el gendarme de primera Alberto Fabián Alberto Ramírez (22) le disparó con su arma reglamentaria en el medio de la espalda, provocándole una herida sin orificio de salida que instantáneamente le produjo la muerte. La versión oficial se basó en que una molestia de los guantes provocó el disparo accidental del arma del gendarme que tenía al joven bajo su custodia, mientras los otros tres efectivos se habían ido al monte porque escucharon ruidos.

Seguramente no va a faltar el juez que considere que los guantes son los culpables, y sobresea al gendarme.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 28 de mayo, Plaza Lavalle, Lavalle y Libertad, movilización en el primer día del juicio oral contra el policía Justo José Luquet por el asesinato de Marcelo Báez.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

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