CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

JUICIO AL “MATAGUACHOS” DE FIORITO
El 3 de junio de 2003, Matías Bárzola, de 16 años, caminaba cerca de su casa en Villa Fiorito, cuando desde un auto le dispararon un certero balazo que le pegó detrás de la oreja. La versión oficial, presentada a la fiscalía por el personal de servicio en la comisaría 5ª de Fiorito, fue que el chico había intentado asaltar a un automovilista que se defendió. Como para corroborar la cosa, de inmediato aparecieron unos oportunos testimonios de dos remiseros de la zona, que juraron que el chico muerto había tratado de robar a uno de sus compañeros el mismo día, más temprano.

Estela Velázquez, mamá de Matías, no se quedó con esa historia. Ella sabía que su hijo tenía “carta blanca”, es decir, estaba marcado por la policía para ser eliminado, porque no quería “trabajar para la gorra”. En voz baja, todo el barrio sabía que el autor del homicidio era Ramón “el Oso” Peloso, policía retirado autoapodado “el mataguachos”, ex jefe de calle de la 5ª y reclutado por el municipio de Ezeiza para patrullar desde el programa “Tolerancia Cero”, que usaba policías retirados y en actividad.

Junto con militantes de CORREPI, Estela caminó el barrio, hizo preguntas, siguió cada rumor y cada versión, convenció uno a uno a los reticentes testigos para que se animaran a contar lo que sabían, y cuatro años después logró que Peloso fuera detenido, y procesado por homicidio.

Si no hay sorpresas de última hora, el 3 de julio debería comenzar el juicio, que reunirá en la sala a varios viejos conocidos. El tribunal y el fiscal son los mismos que intervinieron en año pasado en el juicio por la tortura seguida de muerte de Diego Gallardo en la comisaría 3ª de Avellaneda. Jueces y fiscal, recordemos, que inventaron un “homicidio calificado en concurso con apremios reiterados” para no decir “tortura seguida de muerte”, palabrita que la Corte Suprema kirchnerista les ha prohibido pronunciar.

Y el primer testigo, porque fue “casualmente” el primer policía que llegó al lugar y acomodó la versión “oficial” desbaratada por nuestra investigación, será ni más ni menos que el ex sargento Isidoro Segundo Concha, condenado el año pasado, junto con Ramón Quevedo, por “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, otro eufemismo de un tribunal oral de Lomas para no decir “tortura seguida de muerte” de Jorge “Chaco” González.

De más está decir que, como siempre, todos los militantes de CORREPI, los vecinos de Fiorito y Caraza, y quienes habitualmente nos acompañan en la calle, estaremos dentro y fuera de la sala de juicio en Lomas de Zamora, denunciando que el gatillo fácil, como la tortura, es un crimen de estado, del que toman parte los policías que aprietan el gatillo, y los jueces que los justifican y amparan.

CUANDO LA VIOLENCIA PRIVADA SE VUELVE CRIMEN ESTATAL
Dos noticias similares de esta semana: El sargento Roberto Telleo, de la PFA, discutió con su mujer en su casa de Tolosa. Después de pegarle un tiro, se suicidó. Aunque la mujer recibió el disapro en el cuello, logró sobrevivir. En Río Gallegos, el suboficial de la Prefectura Naval Aníbal Castro fue a la casa de su ex esposa, agente de la policía provincial, a ver a sus hijos. Se encontró en el lugar con el nuevo novio de la mujer, también policía provincial, y le pegó cinco tiros. Luego, se puso el arma en la boca y se mató. Milagrosamente, el herido no murió.

En 1969, Rodolfo Walsh publicó una nota titulada “La secta del gatillo alegre: el enigma de La Matanza” en la revista de la CGT de los Argentinos. Allí, además de describir casi todo el menú de herramientas empleadas por el aparato represivo del estado (la tortura, las detenciones arbitrarias, las muertes en cárceles e institutos de menores, la represión a militantes y activistas, y los fusilamientos que hoy llamamos de “gatillo fácil”), mencionaba también la recurrencia de hechos derivados de “conflictos personales y pequeños incidentes cotidianos que los policías suelen resolver por la vía del arma reglamentaria”.

El 8% de los casos registrados en el Archivo que anualmente publica CORREPI corresponde a situaciones “intrafuerza” o “intrafamiliares”, en los que el policía, gendarme, prefecto o servicio penitenciario actúa como tal, y convierte un hecho de violencia privada en uno estatal. Es habitual también que, para intentar la impunidad, se usen otros de los muchos recursos que el estado pone a su disposición para cumplir sus objetivos institucionales. Buen ejemplo es el comisario Sodano de la PFA, que está preso por asesinar a su mujer y luego tratar de presentar el homicidio como un suicidio, con ayuda de sus subordinados.

Estos episodios ponen de manifiesto cómo, también a la hora de resolver sus cuestiones particulares, los perros guardianes de la clase dominante utilizan los mismos métodos y recursos que sus mandantes les proveen para ser empleados contra los trabajadores y el pueblo.

CÓRDOBA: GATILLO FÁCIL EN BARRIO SAN VICENTE
La versión del policía que forcejea con el joven, las armas que se disparan solas y los cómplices que huyen en masa, son moneda común que se multiplica ante cada caso de fusilamiento de un pibe pobre en cualquier lugar del país, y repiten, desde la fuerza represiva al momento de armar su versión “oficial”, hasta el poder judicial al momento de iniciar la investigación y posterior absolución fácil o condena culposa. Esta vez ocurrió en la Costanera del barrio San Vicente, durante un operativo de la brigada motociclistas. Gabriel Gómez, un joven del barrio Vicor en Villa El Libertador, se trasladaba en una motocicleta y recibió dos disparos en la espalda del arma del policía Rodríguez.

La versión policial recreó el hecho como un forcejeo entre el policía y Gabriel, cuando intentaron, junto al compañero de fuerza, identificarlo a él y a otro joven que corrió por la Costanera. En ese momento el apoyo de Rodríguez afirmó haber escuchado un disparo, por lo que inexplicablemente habría soltado al otro joven, que ya tenía detenido, y volvió donde se encontraba su compañero. Allí se encontraba Rodríguez en el suelo con un dedo lesionado, mientras que Gabriel circuló unos metros. Uno de los cuatro patrulleros del CAP que testigos afirmaron se encontraban en el lugar, lo ubicó desvanecido a unos metros. Gabriel murió en el Hospital Municipal.

En la misma semana, dos días antes, en un operativo similar en el barrio Patricios ante dos jóvenes en una motocicleta, se reportó un hombre de 40 años herido por un escopetazo de uno de los integrantes de la brigada motorizada.

El inverosímil forcejeo, donde el joven que presuntamente se resiste a ser detenido resulta con disparos en la espalda, se vio reforzado “porque una cámara de seguridad de la propia Policía de Córdoba montada justo en esa zona de la Costanera captó el momento en que ocurrió todo. El análisis de la secuencia de las imágenes permitió anoche aclarar casi en un todo cómo sucedieron los hechos, señalaron fuentes calificadas a La Voz del Interior”.

La cámara referida, una de las tantas que se instalaron en la ciudad de Córdoba por orden del jefe de policía, Alejo Paredes: ¿tendrá la particularidad de poner brazos y ojos en la espalda que sirven para forcejear y suicidarse con dos balazos? Si así fuera, el negocio que hicieron para controlar y coartar la libertad de la población, les salió redondo, ya que también sirve, al igual que las sentencias judiciales, para que la eliminación sistemática del pueblo, no se note.

La esposa de Gabriel, con una hija de tres años, afirmó que iba solo y que la motocicleta era propiedad de su hermano. Testigos afirmaron que sólo el policía disparó su arma reglamentaria, quitándole la vida como el estado lo hace cada cuarenta horas a un pibe pobre.

ALTO VALLE: INTIMIDACIÓN EN EL ANIVERSARIO DE LA DESAPARICIÓN DE UN ESTUDIANTE
El sábado 14 de junio de 2003, Sergio Avalos, de 18 años, fue a bailar a un boliche tropical de Neuquén llamado “Las Palmas”. Era estudiante de la Universidad del Comahue. Ya entrada la madrugada, sus amigos vieron que estaba con una chica, lo saludaron y se fueron. No volvió a la pensión de estudiantes donde vivía, pero como el domingo era el “día del padre”, sus compañeros supusieron que habría ido a visitar a su familia en Picún Leufú. Nunca se supo más de él.

Desde el inicio de la causa, las sospechas de sus amigos y familiares, y de las organizaciones como ATEN e HIJOS Alto Valle que se involucraron en el reclamo por su aparición, se dirigieron al sitio de diversión nocturna y a su sistema de seguridad. Es que los “patovicas” del boliche, hoy cerrado, eran integrantes del ejército, que se hacían unos pesos extras como custodios privados.

A cinco años de su desaparición, la “investigación” es tan frustrante que la fiscal ni siquiera pudo establecer si Sergio salió vivo del local bailable, o si murió en su interior. Las cámaras de seguridad, que no eran pocas, curiosamente se quedaron sin película a las 2 de la mañana del día en cuestión.

En lo que sí hubo novedades, en cambio, es en los aprietes y amenazas a militantes. En cada aniversario de la desaparición se han repetido los anónimos y las amenazas, pero este año el asunto tomó un cariz más grave. El jueves 12 de junio, mismo día que se habían reunido con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue para exigirle que la casa de estudios se presentara como querellante en la causa judicial, alguien dejó una bolsa que contenía un cráeno humano, absolutamente limpio y completo, frente a la casa de un referente de la agrupación HIJOS en Cipolletti, Río Negro.

Además de la desaparición del estudiante, HIJOS sigue de cerca el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de represión “La Escuelita”, y recientemente denunció a Luis María Fernández, profesor del Colegio Militar durante la dictadura y de la Escuela de Policía en los ’90, hoy uno de los jueces que interviene en la causa por el fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba. La fiscalía de turno envió muestras del cráneo a La Plata para determinar si se trata de la cabeza del estudiante desaparecido, o la de un testigo del “triple crimen” de Cipoletti, que fue asesinado y decapitado, y cuya cabeza nunca se halló.

LA PLATA: OTRO GATILLO
El jueves por la noche, dos adolescentes de 15 años ingresaron con aparentes fines de robo en un ciber de la calle 10 entre 64 y 65, en La Plata. Entre los clientes se encontraba -de civil, de franco pero con su pistola reglamentaria-, el policía Miguel Ángel Chocobar, de 23 años, que regularmente cumple funciones en una comisaría del Gran Buenos Aires. Según los medios de comunicación, los jóvenes estaban armados: uno con una pistola, el otro con una cuchilla. Y como el primero “amagó a usar el arma”, el policía sacó la suya, dio la voz de alto y disparó hiriendo a ambos.

Uno de los pibes murió horas después, mientras era intervenido quirúrgicamente por la herida que le afectó el abdomen. El otro fue aprehendido al solicitar asistencia médica en una clínica del barrio de Villa Elvira, con heridas en el abdomen y mano derecha. Fuentes policiales argumentaron que el policía “sintió que estaba en riesgo su vida” y que por eso efectuó los certeros disparos sin sufrir siquiera un rasguño, lo que nos da la pauta que los efectivos de la bonaerense tienen la mejor puntería del mundo y son los pistoleros más eficientes y rápidos para gatillar, o fusilan sin dar la voz de alto.

A escasos metros de este mismo ciber, hace casi tres meses, el policía federal Javier Ojeda (31) asesinaba al famoso “hombre araña” que de hombre tenía muy poco ya que contaba con 16 años de edad. A este pibe se le adjudicaban una serie de robos y violaciones a estudiantes universitarias. La noche del 24 de marzo descendía por las rejas del edificio donde había intentado cometer un robo y fue ejecutado de un disparo en la cabeza mientras huía.

Lejos de hacer la apología de los robos a mano armada y mucho menos de las violaciones, no podemos dejar de denunciar que en Argentina la pena de muerte existe, de manera extra legal, y es ejecutada por todas las fuerzas de seguridad, a razón de una muerte cada 40 horas. Las víctimas son, casi sin excepción, pibes pobres, a lo que en muchos casos se suma el argumento justificador del fusilamiento de que algo habrá hecho.

RESISTENCIA A LA PERUANA
La comunidad peruana de Moquegua sufrió los ataques de la policía tras organizarse para resistir el saqueo de sus recursos mineros. La empresa Southern Copper Corporation estaba a punto de ser beneficiada con una reducción en los impuestos que debe pagar por la explotación de sus minas de Moquegua y Tacna. La resistencia y llamado a la discusión con el gobierno peruano comenzaron hace 8 meses, y tras no ser escuchados, los obreros mineros y la población de la zona comenzaron una huelga general y el corte de la ruta nacional que pasa por el lugar.

La respuesta del gobierno fue la represión, con bombardeos desde aire y tierra hacia la Carretera Panamericana Sur, tomada por unos seis mil huelguistas. Cuando se le terminaron las bombas a la policía, los manifestantes continuaban yendo a la ruta, llegando a ser más de 15.000, y superando enormemente la cantidad de efectivos de las fuerzas policiales. En ese momento la tortilla se dio vuelta y fueron los policías los que empezaron a huir de los manifestantes que los corrían con palos y piedras, y que apresaron a 70 de ellos para obligar al jefe policial a ir hasta la catedral y pedirle perdón a la población por la represión que habían desatado. El jefe Jordán fue luego desplazado de su cargo y el presidente de Perú, Alan García, se refirió a él como un cobarde por dejarse “pasar por arriba” por el pueblo enfurecido, al mismo tiempo que pretendía desligarse de la responsabilidad de la represión acusando al mismo policía.

Luego de una clara demostración de poder, los habitantes de Moquegua liberaron a los policías, sostienen los cortes y han llamado a una huelga general para el lunes 23 de junio. Un ejemplo claro de que a la represión se la combate con organización, y de que el pueblo es mucho más poderoso de lo que se pretende hacernos creer.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Viernes 27 de junio, en Trelew, seminario en la universidad (Fac. de Ciencias Jurídicas) sobre políticas represivas estatales y ley antiterrorista, a cargo de los compañeros Ismael Jalil y María del Carmen Verdú (CORREPI).

Jueves 3 y viernes 4 de julio, en Camino Negro y Larroque, Lomas de Zamora, juicio oral al “mataguachos” de Fiorito, Ramón Peloso, por el homicidio de Matías Bárzola. Confirmaremos el horario a la brevedad.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

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