CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

GATILLO FACIL DE CUSTODIO
Sucedió el 17 de julio de 2002 en el country Las Cigarras de Córdoba Capital. Como buen personal de vigilancia - tan típico de estos barrios para explotadores- al custodio le gustaba presumir de su 9mm., y se la mostraba a quien le prestara atención. A veces a los chicos ricos les encanta saber de armas. Uno de ellos, el desafortunado Marcelo Labonia de 18 años, ese día le pidió al custodio que le enseñara su pistola.

El represor privatizado no sólo se la exhibió orgulloso, sino que se le ocurrió desarmarla delante del chico. El vigilante disparó el arma. Dijo que fue sin querer. La bala le atravesó el pecho al niño rico que quería saber de armas. El fiscal consideró el hecho como homicidio culposo.

En suma: Una historia del negocio de las agencias de seguridad privada, del negocio de la “inseguridad”, de los valores de las clases pudientes y discriminatorias y de los “atributos” fálicos de aquellos que portan armas…

ENCADENARSE POR JUSTICIA
A Víctor “Frente” Vital lo mató la policía hace 4 años en San Fernando. Héctor Eusebio Sosa le pegó cinco tiros cuando el pibe estaba escondido debajo de una mesa y sin ofrecer resistencia. Una de las balas le hizo dos agujeros: uno en la mano y otro en la zona del pómulo, porque se tapaba la cara en un vano intento de protegerse mientras rogaba que no lo fusilaran.

Al cabo de seis meses la lucha de su madre Sabina Sotelo, acompañada por todo el barrio, logró que el asesino Héctor Eusebio Sosa fuera detenido acusado por homicidio simple. El 21 de noviembre de 2001 iba a ser juzgado por el Tribunal Oral nº 1 de San Isidro.

Pero en San Isidro, la policía nunca llega a juicio y las familias de los ricos del “Carmel” de Pilar tampoco. Fue entonces que el fiscal Etchegoyen Lynch, aquel que para algunos era “progre”, negoció con la defensa del policía un juicio abreviado, donde se lo condenaria a apenas 3 años de prisión por “exceso en la legítima defensa”.

Pero el encubrimiento judicial fue más lejos y directamente se absolvió a Sosa sin hacerse el juicio oral y sin dar intervención a la familia. Los jueces García Maañón, Tarsia y Olázar decidieron dejar impune un caso más de gatillo fácil. Los jueces decidieron que fue un “enfrentamiento”, sin reparar en que si Víctor hubiera estado de pie enfrentando al policía, éste, según una pericia hecha en La Plata, debía medir 3,30 metros de altura para que las balas tuvieran el recorrido y ángulo con que atravesaron el cuerpo.

Sabina Sotelo, patrocinada por CORREPI, apeló la sentencia ante la Cámara de Casación para que anulara el esperpento jurídico inventado por los jueces cómplices y que obligara a un juicio de verdad contra el policía.

Hace más de un año se presentó el recurso en La Plata. Nunca se tuvo ninguna novedad de la apelación. En diciembre Sabina Sotelo fue a La Plata para saber que pasaba con su apelación. Desde aquella primera vez se reunió en más de cinco oportunadades con el presidente de la Camara de Casación Federico Dominguez sin que se le diera ninguna respuesta. Siempre dilaciones y mentiras para seguir con la impunidad y proteger judicialmente la política de gatillo fácil implementada por los políticos del sistema.

Cansada de esta trama de encubrimiento de parte de jueces genuflexos decidió que se encadenará a las puertas de la Cámara de CAsación a partir de las 10:00 hs. del martes 11 de febrero para que se haga justicia con su hijo. Los jueces de la Casación deberán soportar la lucha por el castigo al culpable hasta que no le quede otra posibilidad que revocar la ignominia.

Hacemos un llamamiento a los organismos de DD. HH., organizaciones sociales y políticas, asambleas vecinales a acompañar a Sabina Sotelo en esta nueva fase de su búsqueda de justicia.

CASO BULACIO: DUHALDE FIRMÓ
A mediados del año pasado, cuando la causa Bulacio prescribía por orden del poder político a jueces y camaristas -que si no eran de los famosos de la “servilleta” que respondían directamente al ministro del interior menemista Corach merecían serlo-, desde la cancillería y la procuración del tesoro se llamó a conciliar el juicio contra el Estado Argentino iniciado ante la Corte Interamericana de DD HH.

Como condición para cualquier acuerdo el estado argentino debía firmar un decreto presidencial que habilitara a los organismos oficiales a cargo de la causa ante la Corte Interamericana a intentar la “solución amistosa”, que en esta etapa -ya con la demanda contra el Estado en trámite- sólo es admisible si incluye el allanamiento -reconocimiento- de los hechos.

Pasaron los meses. Los representantes de la familia Bulacio reiteramos nuestras pretensiones, ya enunciadas en 1998 y 1999, en anteriores intentos de conciliación: Pleno reconocimiento por parte del estado de su responsabilidad institucional en la detención y muerte de Walter; derogación en todo el país de las normas de cualquier origen que facultan a las policías y otras fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, tanto mayores como menores, y la reparación de los daños causados a la familia, hoy reducida a la madre, la abuela y la hermana de Walter.

Se sucedieron las reuniones, pero no se podía avanzar porque el decreto no se firmaba, y tampoco el estado manifestaba si estaba dispuesto a aceptar total o parcialmente los términos de la familia. En la anteúltima reunión, y a fin de facilitar la solución que la propia Comisión propiciaba al punto de haberse reunido el profesor R. Goldman con el presidente Duhalde y los ministros Ruckauf y Alvarez por este tema, propusieron los representantes del CELS que el estado admitiera el primer y el tercer reclamo, y que la Corte Interamericana determinase si la legislación interna argentina en materia policial garantiza la libertad, la integridad física y la vida de las personas. Nos pareció aceptable la idea, mientras tratábamos de imaginar la reunión de Goldman con los tres personajes en cuestión, responsables ellos solitos por el 60 % de las muertes por gatillo fácil y torturas del país.

La última reunión fue a fines de diciembre. Aún no estaba suscripto el decreto ni había una respuesta. La Corte iba a fijar fecha para las audiencias del juicio para marzo, y la causa en Argentina estaba prescripta. La viceprocuradora del tesoro, el Dr. Fappiano del Ministerio de Justicia y DDHH y un funcionario de la Cancillería representaban al Estado argentino. Los compañeros Stragá y Verdú de CORREPI, hartos de tanta chicana y tanto manoseo, decidieron cerrar la vía conciliatoria y prepararse para las audiencias en Costa Rica.

De manera bastante poco diplomática, como corresponde, pegaron un portazo luego de decir con pocos eufemismos lo que significa la causa Bulacio en términos de lucha popular contra la represión. Los copatrocinantes del CELS consintieron la postura de CORREPI, de modo que ese día se cerró el diálogo y la Corte fijó fecha para el 6 de marzo de 2003 para escuchar a peritos y testigos.

Esta semana se publicó en el Boletín Oficial el decreto 161-2003 firmado por Duhalde, donde instruye a la Cancillería y la Procuración del Tesoro para “iniciar la negociación tendiente a una solución amistosa”. Ello implica admitir la responsabilidad del estado en el caso Bulacio, pero sacar el decreto cuando ya no es oportuno ni temporáneo demuestra una vez más que el único argumento del estado son la chicana y el manoseo.

Llegaron tarde y mal. El objetivo de Duhalde es evitar un papelón internacional, demorando que la Argentina sea condenada por primera vez desde la dictadura militar por la violación sistemática de los DDHH. CORREPI no es una organización colaboracionista con el estado ni es una ONG que aceptaría soluciones conciliatorias negociando la dignidad y los derechos del pueblo.

El 6 de marzo empiezan las audiencias en San José. La única testigo de la acusación es Graciela Scavone, madre de Walter Bulacio. También declararán peritos expertos en legislación de menores, en prácticas policiales habituales, médicos y psicólogos. El estado argentino lleva tres testigos, que demuestran que para defenderse, necesitan defender a la policía: los dos jueces que intentaron sobreseer al comisario Espósito en 1992 (Carlos Elbert y María Cristina Camiña) y el abogado defensor del policía, el abogado del poder Pablo Argibay Molina.

El 8 de marzo alegarán las partes. La compañera Verdú pedirá que se condene al estado argentino, que necesita de la represión y la violación a los derechos humanos para imponer sus políticas de hambre y exclusión, como responsable de la muerte del adolescente, y que la Corte se pronuncie sobre las facultades policiales como la averiguación de antecedentes y los códigos de faltas. Y el decreto, se lo meten en el …

BRUKMAN EN TRIBUNALES
La CORREPI caracteriza a las fábricas autogestionadas por los obreros, junto a las asambleas populares y las organizaciones piqueteras, como los ejemplos más firmes de conciencia y de lucha del pueblo argentino. Como “si tocan a una, tocan a todas”, el pasado jueves 6 acompañamos a los compañeros del CEPRODH, patrocinantes de las trabajadoras de la textil Brukman, para colaborar con ellos ante la decisión del juez Velazquez de indagar a seis compañeros acusados por la negrera patronal de haber usurpado la fábrica que ocuparon y pusieron a funcionar cuando los empresarios decidieron cerrarla y vaciarla para perjudicar a los acreedores y los propios empleados.

Ya que estaba, el juez los inculpó también por defraudación, vaya a saber con qué argumentos. El compañero Gerardo Etcheverry cooperó en la defensa de uno de los acusados.

MEDICOS REPRIMIDOS EN EL SALVADOR
Después de meses de llevar una heroica lucha por la salud pública salvadoreña los medicos de ese país marcharon el jueves pasado en defensa de sus fuentes de trabajo y del sistema de salud que el gobierno pretende poner en manos privadas de capitales yankis.

La Marcha Blanca fue una de las gestas más importantes en movilizacion en la historia de ese país. Miles y miles de salvadoreños se solidarizaron y marcharon por las calles de San Salvador, entendiendo que la continuidad del sistema de salud en manos del estado es un derecho inalienable al que no están dispuestos a renunciar.

La movilización reclamó también mayor partida presupuestaria para la sanidad pública. El gobierno salvadoreño respondió de la misma forma que lo hacen todos los gobiernos en América Latina, reprimiéndolos en esa marcha, persiguiéndolos y deteniéndolos arbitrariamente en la toma pacífica que llevan a cabo desde hace meses de las unidades sanitarias.

Desde aquí nuestra solidaridad con los trabajadores de la salud y con el pueblo salvadoreño en su lucha por no abdicar de sus derechos. NO A LA PRIVATIZACION DE LA SALUD PUBLICA, NI EN EL SALVADOR NI EN NINGUNA PARTE DEL MUNDO.

PRIMER INTERROGANTE DEL 2003
¿Cómo se logra, en apenas tres años y un mes, transformarse de Ministro de Gobierno de la intervención de la Alianza en Corrientes en “economista progre” de la CTA, y paladín de un “modelo económico solidario”?
¿Cómo se pasa de ser el funcionario que quiso comprar con subsidios y créditos hipotecarios a las madres de Mauro Ojeda y Francisco Escobar después de la Masacre del Puente, siguiendo las instrucciones de sus jefes el Chancho Mestre y Fredy Storani, a decir hoy “que se vayan todos”, y proponer “nuevas formas organizativas”?
¿Hasta cuándo vamos a dejar que se reciclen los amanuenses de asesinos y se vendan como “economistas de izquierda”?

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

11 de febrero, desde la mañana, la compañera Sabina Sotelo acompañada por otros familiares de víctimas de la represión policial se encadenará en el acceso de los Tribunales Penales de La Plata, avenida 7 y 56. Sale un micro de Fernando Fader 343, Don Torcuato a las 8,00 horas.

CORREPI