CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

UN NUEVO PREMIO DEL PODER JUDICIAL PARA EL GATILLO FÁCIL EN MORÓN
En nuestro boletín nº 472 informábamos sobre la prisión preventiva dictada en febrero por homicidio simple con uso de armas de fuego a los policías Luis Fabián Zaffonte y Sandro Soria, quienes dispararon contra Damián Salcedo (23) hace casi cinco años en Villa Tesei, armando la típica escena de enfrentamiento con testigos inventados y la infaltable ayudita del poder judicial que estuvo a punto de archivar la causa por tratarse de un pibe pobre. También adelantábamos que los ejemplares de la comisaría 2ª de Hurlingham no demorarían mucho en recibir la atenuación de la medida que el fiscal no tuvo otra que tomar y el juez de garantías debió confirmar ante la lucha sostenida de los compañeros de CORREPI Zona Oeste.

Y así llegamos, en menos de tres meses, a Zaffonte (32) y Soria (33) con prisión domiciliaria porque: “no son peligrosos y con la prisión preventiva es suficiente para que no se vayan a escapar”. Se ha llegado a escuchar de funcionarios que “ahora la bonaerense ya no sigue matando mal a los pibes” y que “no es conveniente que una organización como CORREPI destaque tal situación porque le daría la razón a los que dicen que esta causa es política y eso embarra la cancha”.

Los compañeros que no bajan los brazos, conscientes de que no hay causas políticas sino política del estado para eliminar pobres, saben de estos “consejos” reiterados en despachos de funcionarios públicos. La miopía del poder judicial tan fingida como los perros policiales, demuestra lo bien que los brazos del estado cumplen su tarea represiva contra el pueblo.

YANQUIS ENTRENAN POLICÍAS PARA TORTURAR EN AMÉRICA LATINA
Un policía coloca el pico de una botella en las fosas nasales de una persona, y la sofoca echándole agua gaseosa. Luego hunden la cabeza de la víctima en un agujero lleno de excrementos y ratas. Varios policías hacen rodar a un sujeto en su propio vómito, bajo la atenta mirada de un individuo que les da instrucciones en inglés. Estas son sólo dos de las escalofriantes escenas grabadas en los videos de entrenamiento polcial que varios diarios mexicanos divulgaron esta semana, causando una crisis en el aparato de seguridad que, por ahora, ya se cobró las cabezas del jefe de policía de la ciudad de León y del jefe de entrenamiento de esa ciudad.

El jefe policial Carlos Tornero intentó defenderse diciendo que las imágenes no son lo que parecen: “No es que se esté capacitando a la gente para que ponga en práctica este tipo de medidas (…) son simulacros que llamamos ‘de expresión real’, de alto estrés, en donde a las personas en un momento dado se les sujeta a condiciones en un juego de entre ‘bueno y malo’, de cómo actúan algunas organizaciones o algunos sujetos”. Está claro: de cómoa ctúan, por ejemplo, policías y otros sujetos integrantes de los aparatos represivos estatales.

Lo que la policía mexicana tuvo que admitir es que el hombre que aparece en los videos hablando en inglés pertenece a una empresa de seguridad privada de Estados Unidos que ayuda al adiestramiento de los agentes. Un pacífico contratista yanqui, seguramente, como los que pululan en Colombia o Irak.

Hace ya varios años, el paradigma de dominación del imperialismo se apoya de manera explícita en la “gobernabilidad democrática” (con gobiernos dependientes), el “libre comercio” (para los yanquis) y la cooperación militar (bajo comando yanqui). En sintonía con esa trilogía, está en marcha la “Iniciativa Mérida”, especie de “Plan Colombia” adaptado a Mexico y otros países de Centroamérica con la siempre funcional excusa del “combate al narcotráfico”. Para acceder a los millonarios fondos de la Iniciativa Mérida, los países están sometidos a la condición de “mejorar su respeto a los derechos humanos”, que seguramente es lo que el asesor norteamericano enseñaba a los policías en esos videos.

DESALOJO Y REPRESIÓN EN LA PLATA
Desde hace unos días, alrededor de cuarenta familias sin techo tomaron un terreno desocupado en las calles 6 y 600 del barrio Aeropuerto de La Plata. Sin recibir ningún tipo de solución al problema habitacional por parte del municipio que gerencia Bruera, y tras la respuesta del delegado municipal que ante el reclamo por una vivienda digna les sugirió esperar un año, los ocupantes, familiares de vecinos del barrio, decidieron tomar el predio de tres hectáreas que siempre estuvo abandonado y desalambrado.

Pasadas las 14.30 del miércoles, alrededor de cien efectivos de infantería, con el apoyo de personal policial de la comisaría 8ª, procedieron a desalojar como suelen hacerlo cuando de pobres se trata: con balas de goma y gases contra hombres y, en su mayoría, mujeres y niños que ocupaban el predio y sobre las casas linderas, que sufrieron numerosos impactos en sus frentes y dentro mismo de las viviendas. La policía disparó sobre los sin techo y sobre todo aquel que se acercaba a mirar o pasaba por el lugar. “Fue terrible, no sólo destrozaron la casilla sino que también dispararon hacia las viviendas cercanas”, contó una vecina, mientras otra mostraba las heridas de bala en la frente y en el cuello.

Mariana Ocampo, una de las detenidas, logró armar, a duras penas, una casilla que fue arrasada en cuestión de minutos por los efectivos policiales. “A Mariana se la llevaron mal, tiene 22 años, dos hijos y está embarazada. No tiene dónde vivir. Se la llevaron de los pelos, arrastrándola por todo el campo, pegándole patadas. Las femeninas le pegaban patadas, hay fotos de eso, tenemos todo registrado. Le hicieron una ecografía y el bebé tiene un hematoma a la altura de la clavícula. En la comisaría no la querían llevar al hospital y ella estaba con pérdidas. Tuvo que ir la madre y hacer un escándalo bárbaro porque no la querían llevar al hospital”, afirmó Cristina, una de las ocupantes que lucha por un terreno para sus hijos.

Denunciando la brutal represión y exigiendo la libertad de los dos detenidos, los vecinos del barrio Aeropuerto cortaron la esquina de 7 y 600 hasta que, entrada la madrugada, los presos fueron liberados. “Nosotros somos laburantes. Lo único que queremos es un pedazo de tierra para limpiarla, mantenerla, para que nuestros hijos tengan un techo. Si ellos (los dueños) tienen los papeles del terreno nosotros nos vamos. Pero acá nadie nos mostró nada y nos mandaron a reprimir. Si tienen todo en regla como dicen, que vengan sus abogados y nos muestren los papeles, porque acá nosotros no queremos estar en la ilegalidad, pero ellos están en la ilegalidad porque le deben un millón de pesos al fisco, entonces, ¿quién está en la ilegalidad? ¿Ellos son los buenos y nosotros los malos?”, continuó Cristina, quien desde el jueves, junto con el resto de los compañeros sin vivienda, volvieron a ocupar el predio.

TORTURAS EN PENAL TUCUMANO
En la unidad 9 de Villa Urquiza, de la provincia de Tucumán, se confunden los ecos de los gritos de los detenidos-desaparecidos torturados durante la dictadura, con los gritos de los presos que hoy están encerrados en lo que sus familiares han definido, correctamente, como “campo de concentración”.

Los familiares de los 30 detenidos que se encuentran alojados en el pabellón de máxima seguridad, inaugurado hace apenas unos meses, han llevado adelante protestas en las que denuncian que sus seres queridos están subalimentados, que han bajado en algunos casos entre 7 y 12 kilos, y ante la hambruna que padecen han llegando incluso a comer papel higiénico, y que son frecuentemente sometidos a golpes y vejámenes de todo tipo, prácticas que, cometidas por el aparato represivo del estado, constituyen torturas. Entre otras cosas, por ejemplo, se los somete a permanecer encerrados en celdas individuales, sin luz natural, durante 23 horas seguidas, con sólo una hora de recreo diaria.

Es costumbre en todas las cárceles del país que los detenidos reciban poco o nada de la mercadería que sus familiares les llevan, principalmente alimentos, así como de las partidas presupuestarias previstas para su manutención, que es obviamente obligación del estado que los tiene presos. Cada tanto salen a la luz escándalos similares, cuya investigación jamás se profundiza, sobre los brillantes negocios que los guardiacárceles -incluyendo altos mandos de los servicios penitenciarios- hacen con la reventa de vituallas y otros enseres. Los familiares de Villa Urquiza también denunciaron que sus paquetes y encomiendas nunca llegan a destino, y seguramente terminan como los que se enviaban a Campana o a Magdalena, cuyas cúpulas debieron ser removidas al probarse los negociados.

Los familiares de los detenidos interpusieron un habeas corpus correctivo, a fin de intentar resguardarlos de las torturas. Las condiciones de detención en Tucumán se suman al panorama general de las cárceles en toda la Argentina, donde estar preso es la principal causa de muerte a manos del estado y donde las torturas, la mala alimentación y la pérdida de cualquier derecho o garantía reconocidos en las leyes son el pan de cada día.

EL ESTRÉS DE LA REPRESIÓN COTIDIANA
Las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza resolvieron quitarles las armas reglamentarias a 350 policías de la provincia debido a que evidenciaron problemas de stress durante los exámenes psicológicos a los que fueron sometidos. Según se informó, los estudios, realizados sobre un total de 7.500 efectivos, determinaron que estos policías “no están en situación de equilibrio para poseer un arma”.

Fuentes oficiales indicaron que la “sobrecarga laboral” es la primera causa del estrés. Si bien los policías mendocinos cumplen un régimen de 12 horas de servicio por 24 de descanso, la mayoría “matiza” su franco con servicios adicionales o vigilancias privadas, haciendo por cuenta de particulares el mismo trabajo de siempre.

Dado que la medida sólo afecta su servicio “oficial”, nada impide que los efectivos involucrados sigan cumpliendo esas tareas privadas portando otras armas que estén, o no, autorizados a poseer. Es inevitable recordar los muchos casos de gatillo fácil protagonizados por policías con licencia psicológica, como Carlos Docampo, el bonaerense que estaba en esa situación cuando vio al joven Walter Repetto al volante de su Fiat Uno 0km, circunstancia que le resultó altamente sospechosa, tratándose de un pibe joven y morocho como “Masita”. Con licencia por estrés y todo, Docampo salió en musculosa, short y ojotas de la remisería en la que trabajaba su novia, y dirimió la “sospecha” metiéndole un tiro en la nuca a Walter, hecho por el que fue condenado a 14 años de prisión por la cámara criminal de La Matanza.

Los desarmados mendocinos no serán licenciados, sino que continuarán prestando funciones administrativas, y serán reemplazados en las calles por quienes se desempeñaban en las oficinas. No se aclaró, sin embargo, si los que ya estaban cumpliendo esas tareas administrativas y ahora vuelven a las calles son los que no pasaron los exámenes psicofísicos en oportunidad de la última revisión, hace tres años.

EL GOBIERNO ARGENTINO TENDRÁ QUE DAR EXPLICACIONES A LA CORTE IDH
El 18 de septiembre de 2003 la Corte Interamericana de DDHH dictó sentencia en el Caso Bulacio, condenando al estado argentino como responsable por la detención y muerte de Walter Bulacio, y la violación al acceso a la justicia de su familia. Como formas de reparación, el tribunal regional ordenó una serie de medidas, algunas meramente simbólicas, como la publicación de las partes pertinentes de la sentencia en el Boletín Oficial y otras de carácter indemnizatorio para la familia. Hasta ahí, el estado argentino cumplió.

Pero lo central de la condena, referido a los tres aspectos en que hicimos eje los representantes de CORREPI en la denuncia, la prueba y los alegatos, sigue sin ser cumplido. Por eso la Corte IDH, cansada de reiterar intimaciones a nuestro gobierno, convocó a una audiencia el próximo 14 de agosto a las 9:30, donde los representantes de la víctima reiteraremos los graves alcances del incumplimiento y los representantes del estado tendrán que dar las explicaciones del caso, si se les ocurre alguna nueva excusa. La audiencia se celebrará en la ciudad de Montevideo, pues de acuerdo a su reglamento, la Corte sesiona cada tanto en otros países de la región, además de su sede en San José de Costa Rica.

En primer lugar, el estado argentino “adeuda” a la Corte IDH, a la familia Bulacio y al pueblo argentino llevar la causa penal interna hasta la sentencia, castigando al responsable material de la detención y muerte de Walter. Ni miras hay de que eso sea realidad. El comisario Miguel Angel Espósito no ha sido condenado todavía -recordemos que desde 1996 hay un pedido formal de 15 años de prisión en su contra- y ni siquiera fue exonerado de la policía federal, donde sigue disfrutando de su condición de retirado con jubilación de lujo.

Más importante aún, por su trascendencia institucional, es la exigencia de la Corte IDH de que Argentina realice los cambios legislativos que sean necesarios para terminar, en todo su territorio, con las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. A cinco años de la sentencia, allí están la averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones y las razzias gozando cada vez de más salud, reconfirmadas y ampliadas en cada reforma legislativa, en cada fallo judicial y en la práctica cotidiana.

Por último, pero no menos importante, la Corte dijo en su sentencia que el crimen policial es un crimen de estado, y debe ser así considerado por los jueces argentinos, para los cuales son obligatorios los fallos del tribunal internacional. Como los fusilamientos de gatillo fácil, las torturas y otros delitos policiales o de otras fuerzas de seguridad son violaciones a los DDHH cometidas por el aparato estatal, son crímenes imprescriptibles, que pueden ser perseguidos en cualquier tiempo y lugar.

En este punto, que es de crucial importancia cuando nuestra realidad cotidiana es que el aparato represivo estatal nos mata un pibe día por medio con el gatillo o en cárceles y comisarías, el estado argentino, no sólo no ha cumplido, sino que la “renovada” y “garantista” corte suprema “de los DDHH” se alzó deliberada y expresamente contra lo ordenado por su superior, declarando en el caso del comisario René Jesús Derecho que la tortura no es crimen de estado en democracia.

Hace cinco años que sostenemos lo mismo, y seguramente en esta audiencia lo confirmaremos: el estado argentino no puede, ni con este gobierno, ni con ninguno que defienda los mismos intereses, cumplir la sentencia en el caso Bulacio, porque hacerlo implicaría renunciar a su más valiosa herramienta de control social, las detenciones arbitrarias, y reconocer su responsabilidad institucional en cada caso de gatillo fácil o tortura, admitiendo que cuando mata un uniformado, mata el estado.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.

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