CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

OTRO CHICO MUERTO EN UN INSTITUTO DE MENORES

Maximiliano Ezequiel Rodríguez tenía 17 años cuando fue detenido por un robo que intentó cometer y no consumó. Como vivía en Villa Fiorito, estaba dentro de la jurisdicción de la ya conocida comisaría 5ª de Lomas de Zamora, lugar de empleo de torturadores y asesinos que mantienen aterrorizado a este barrio de la zona sur del gran Buenos Aires. Los guardianes del orden que allí revistan lo detuvieron el 14 de agosto y lo pusieron a disposición de la justicia, que lo encerró en el “Centro de Recepción”, por no decir cárcel para niños de Lomas de Zamora, edificio lindante con los tribunales.

Ezequiel fue visitado por su madre el día 15, le dijo que estaba bien y que no se preocupara por llevarle nada, ya que la defensora oficial le había explicado que por no tener otras causas y tratarse de una tentativa saldría pronto excarcelado. A las 3 de la mañana llegó un patrullero de la comisaría 5ª a la casa de la madre, que le informó que a las 22:00 su hijo se había ahorcado con un pedazo de tela del colchón. Según lo que informa el instituto, Ezequiel aprovechó que su compañero de celda había sido llevado al baño y en ese breve lapso se suicidó. Con suerte habrán llegado a ser 24 horas las que Ezequiel sobrevivió en el Centro de Recepción.

El suicidio es el argumento favorito para encubrir asesinatos, torturas y abandonos en los depósitos de pobres que salpican nuestro país, pero existe también la mucho más ridícula excusa de la muerte natural. Así Marcos Dunda, de también 17 años, perdió la vida en el Centro de Recepción de Lomas. Preso por robo, sufría de dolores abdominales que jamás fueron estudiados y el mismo día en que fue cambiado de celda para ser trasladado al centro Los Tilos en City Bell amaneció muerto. Sin examen médico, el instituto de Lomas determinó que el 22 de marzo de 2007 Marcos había muerto de simple y llana muerte natural. El padre de Marcos todavía no sabe qué le pasó a su hijo, el entonces director del instituto, Carlos Barreto, ejerció su derecho de vigilante de no dar explicaciones por la muerte de nadie y se rehusó a hablar con los medios que le pedían entrevistas.

En otro mecanismo para disfrazarse de cuidador del pueblo, el estado postula su interés u obligación de velar por los “derechos de los niños” en general (que levante la mano quien conozca a un chico de 17 años de clase media o clase alta que por robar o drogarse haya ido a parar y morir en un instituto de menores) y separándolos en instituciones especiales, mata a los niños pobres con los mismos suicidios misteriosos y abandono a ser consumidos por las enfermedades con que mata a sus padres y tíos en las cárceles comunes.

POLICÍAS TUCUMANOS VENDEN ARMAS SECUESTRADAS
La iniciativa del entonces ministro del interior, hoy de justicia, seguridad y derechos humanos, Aníbal Fernández de implementar un plan de desarme a través del cual cualquier persona podía anónimamente entregar a cambio de dinero un arma de uso particular dejó bien en claro, esta semana en Tucumán, quién gerencia y usufructúa el jugoso negocio del tráfico de armas en todo el país.

En la provincia del radical K Alperovich, a través del cruce de datos entre los registros provinciales y nacionales de armas, salió a la luz que en el marco de este plan fueron entregadas armas que deberían haber estado en el área de secuestros judiciales de la policía provincial; y su jefe, Hugo Sánchez, circunscribió las responsabilidades de lo que llamó “irregularidades” a ocho efectivos, incluido el subcomisario Carlos Rotger Espíndola, quien manejaba las llaves del depósito.

Por supuesto, los efectivos no fueron detenidos como cualquier delincuente común que venda o alquile armas; para la policía tucumana alcanza con pasarlos a disponibilidad. Seguirán cobrando su sueldo y seguramente trabajando en alguna otra dependencia o agencia de seguridad privada.
Según la fiscalía interviniente, el “negocio” de los delincuentes de uniforme no sólo se limitaba al tráfico de armas; también incluía la venta de autopartes y demás objetos secuestrados, y las cifras de tan redituable actividad ya se calcula en millones de pesos. Pero no todo ilícito a la sombra de la impunidad que garantiza pertenecer a las fuerzas de seguridad necesariamente tiene su lado lucrativo, sino que también se pone de manifiesto la camaradería, el “espíritu de cuerpo” que hace que para un policía no haya mejor cosa que otro policía: entre las armas desaparecidas de la sección secuestros judiciales se cuentan las de policías con procesos judiciales, es decir, de efectivos que, en cumplimiento de la política de control social encomendada por el estado, asesinaron, como sucede cada 40 horas, a algún pibe pobre de algún barrio periférico al que, seguramente, le habrán plantado un arma que no es necesario aclarar de dónde pudo haber salido.

¿Hace falta preguntarse, una vez más, quién dirige el crimen organizado en la Argentina?

CASO BULACIO: SIGUE EL DISPARATE
La semana pasada comentamos la ridícula autoquerella del estado argentino en la causa Bulacio. En resumen, por decreto de la presidenta Cristina Kirchner,se ordenó al ministro de justicia, seguridad y derechos humanos (¿?), Aníbal Fernández, que su secretario de derechos humanos (de nuevo, ¿?) se presentara ante el juez Facundo Cubas para ser parte querellante contra el comisario de la PFA, y por lo tanto, subordinado directo de Fernández y Fernández de Kirchner, que le pagan su haber de retiro, Miguel Angel Espósito.

El juez, en un nuevo dislate de los que vienen sucediendo hace 17 años, y que explican la dura condena contra el estado argentino por parte de la Corte Interamericana de DDHH, organismo de la OEA, tuvo a Duhalde “el bueno” como querellante, y en el mismo despacho reiteró, en cambio, que la mamá de Walter Bulacio y sus abogados de CORREPI deben continuar apartados del trámite.

Desde luego que el asunto, además, dio la oportunidad a la defensa del comisario para una nueva chicana. Como si hiciera falta, ahora se ha formado un nuevo incidente en la causa, que ya va para las 4.000 fojas, porque el abogado Pablo Argibay Molina planteó la nulidad del absurdo resolutorio que admite como querellante al jefe de su defendido.

Ahora entró en acción otro dependiente del poder ejecutivo, nuestro viejo conocido (sobre todo por su puntería para disparar cartuchos de gases) Néstor Vallecca, el jefe de la PFA. Vallecca, que fue jefe de policía con Kirchner y lo sigue siendo con su mujer, ahora presentó una resolución ante su superior, el inefable ministro Fernández, pidiéndole que declare cesante a su colega Espósito.

Diecisiete años después, parece que el jefe de la federal se avivó que el sumario administrativo, cerrado en 1991 con el argumento de que “el comisario Espósito actuó de acuerdo a la normativa vigente”, fue reabierto a raíz de la causa ante la Corte IDH, y ahora pide que se lo deje cesante (no que se lo exonere) por haber violado “normas contravencionales”…

En el reino del disparate, todo vale. Mientras tanto, la policía de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y Néstor Vallecca mata con el gatillo fácil, tortura sistemáticamente, realiza centenares de arrestos arbitrarios por semana, persigue y encarcela pobres que protestan y luchadores populares. Total, se cubren con un par de decretos y resoluciones absurdas, y su troupe de adictos aplaude al “gobierno de los derechos humanos”.

NINGUNA SORPRESA EN LOS TRIPLES CRÍMENES
Los dos sirvieron para agitar la bandera de la “inseguridad”, siempre útil para justificar saturaciones policiales, aumentos de presupuesto para armamento y logística, ampliaciones de facultades para detener, allanar y requisar sin orden judicial, en fin, para fortalecer el aparato represivo y legitimar su permanente presencia vigilante.

Uno, el triple crimen de policías en la planta transmisora de La Plata. Otro, el de los tres narcos que juntaban millones con la efedrina destinada a producir drogas de diseño. Del primero llegaron a decir (la propia presidenta lo dijo) que era una venganza “de la derecha” contra “la política de derechos humanos de este gobierno popular”. Del segundo pudieron decir poco una vez que salió a la luz que una buena parte d elos aportes “empresariales” a la campaña presidencial del Frente para la Victoria vino de esas cristalinas fuentes.

Dos noticias que fueron rápidamente silenciadas eximen de todo comentario. Por un lado, el fiscal Marcelo Romero de La Plata -insospechado de cualquier tendencia antipolicial- pidió la detención de un civil y de un policía por su presunta participación en los homicidios. Ambos sospechosos aparecen vinculados a la hipótesis de la venta de droga, que ahora investigará gendarmería. “No podemos trabajar con policías en hipótesis que investigan a la propia policía”, admitió el fiscal que se hizo célebre cuando ordenó a sus ahora sospechosos fotografiar y filmar a cualquier manifestante que se atreviera a hacer un piquete en La Plata.

Por el otro, el subcomisario César Antonio Eymuller, jefe de la Sección Precursores Químicos del Departamento Técnico del Narcotráfico de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, está siendo investigado en el crimen de los mnarcos de General Rodríguez, a los que parece que extorsionaba.

¿Alguien se sorprende?

DE SAN ISIDRO, CON AMOR A LOS NIÑOS
Durante una exclusiva exposición de autos clásicos, Gustavo Posse, intendente de San Isidro, disparó: el problema de la inseguridad reside en que “el 80% de los delincuentes son chicos a los que la ley ampara (…) los delincuentes menores de 16 son los más peligrosos.” Después explicó: “La policía los atrapa y luego los sueltan porque no se los considera competentes”. En consecuencia, “lo que debe cambiarse son las leyes”, y propuso que la edad para ser penalmente responsable por un delito se baje a 13 años.

Nadie le preguntó, por ejemplo, de dónde salieron los pibes que rebalsan los mugrientos institutos de menores, con o sin causas penales en su contra, que suelen terminar colgados de una sábana en el buzón de castigo, después de haber sido abusados y vejados, como Germán Medina en el Rocca o Ezequiel Rodríguez en Banfield.

El intendente de San Isidro no dio mayores precisiones sobre la fuente del sorprendente dato de que, según dijo, el 80% de los delitos graves (es decir, homicidios, asaltos comando, secuestros extorsivos, narcotráfico, etc.) sean organizados y ejecutados por chiquilines de 13 a 16 años. Lo que sí se pusieron a debatir “duros” y “progres” es a partir de qué edad se debe tratar a un niño que comete un delito como a un adulto.

Hay que aclarar que la inimputabilidad por la edad no quiere decir que el chico que comete un delito antes de los 16 se vaya a su casa, si la tiene, como si no hubiera pasado nada. Todo lo contrario. El menor imputable es juzgado, y si es condenado, cumple su pena. El inimputable, en cambio, está totalmente desamparado. No enfrenta un proceso penal, pero por eso mismo no puede defenderse ni discutir si es o no culpable. Se lo somete a una causa asistencial, sin abogado defensor, en la que el juez tiene poderes discrecionales para aplicar la medida de seguridad que mejor le parezca.

Eso no va a ser un problema para el hijo de alguien con dinero o poder, que va a impresionar bien al juez y seguramente logrará la entrega del pibe porque “la familia le puede dar adecuada contención”. Sólo es un problema para los pibes pobres, carne de instituto igual que son carne para el gatillo fácil y la tortura.

En el Congreso nacional ya hay varios proyectos de reforma dando vueltas, con propuestas para bajar la edad a menos de 14 años. Si siguen así, dentro de poco van a pedir el aborto obligatorio para los pobres, cosa de cortar “el problema” de raíz.

Claro que ni a Posse se le escapa que hay que ser políticamente correcto y hacer alguna referencia a la necesidad de proponer políticas sociales, así que agregó que en su municipio se planifican nuevas instalaciones de cámaras de seguridad viales “para mejorar las condiciones de vida”. Además, informó, “incorporamos 70 policías nuevos, hay 550 uniformados que comenzarán a transitar con la policía de Buenos Aires, además habrá 48 móviles más que agregamos para que transiten en la municipalidad”.

Hacer que los pibes de 13 o 14 años sean penalmente responsables como un adulto no tiene nada que ver con “el problema de la inseguridad”. Es una efectiva herramienta de control social para los gobiernos que gerencian temporalmente esa maquinaria llamada estado, cuya función es garantizar la explotación, lo que requiere profundizar la represión. Y como siempre, los niños primero… especialmente si son morochos y pobres.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

En La Plata: Jueves 18, 17 hs. movilización frente a Casa de Gobernación a 2 años de la desaparición de Julio López..

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Los jueves, a las 12:30, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com. ar.

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