CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LA FOTO QUE NUNCA VAN A TENER
Como venimos informando, desde que la Corte IDH hizo más intenso su reclamo al gobierno argentino para que se digne cumplir la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2003 en el Caso Bulacio, se suceden los anuncios oficiales con más pompa que circunstancia. Primero fue el absurdo de que el propio estado -y el mismo ministerio- responsable de la detención y muerte de Walter Bulacio se presentara como querellante en la causa penal interna. Enseguida, el ridículo manifiesto del juez que admitió a Duhalde “el bueno” en el rol de víctima que la justicia argentina le quitó en 2002 a la familia y sus abogados de CORREPI, y que sigue negando.

La semana pasada, fue el represor de escraches a genocidas y jefe kirchnerista de la federal, Néstor Vallecca, pidiendo al ministro Fernández que dicte la cesantía del comisario Miguel Angel Espósito, divertida nota en la que todo lo que Vallecca dice de su colega y subordinado le es aplicable a él mismo.

Sin darse por vencido, el gobierno redobló enseguida el esfuerzo, apostando a que funcionara con nosotros la política de seducción y cooptación que tan buenos resultados le ha dado con otros referentes históricos de los DDHH. El jueves por la tarde, el portal de internet de la Presidencia anunciaba, en la sección de agenda, que a las 19:00 la presidenta y el ministro de justicia, seguridad y derechos humanos recibirían a la madre de Walter Bulacio para hacer “importantes anuncios” en conjunto. Casi simultáneamente circuló un cable de la agencia oficial Telam en el mismo sentido. Poco antes, Graciela Scavone de Bulacio se había comunciado con nosotros porque había recibido una llamada de la abogada que representa al estado en la causa internacional, Dra. Andrea Gualde, citándola en la Casa Rosada para una reunión con Aníbal Fernández y Cristina de Kirchner. Le sorprendía que se hubieran comunicado directamente con ella, cuando desde hace 17 años los abogados de CORREPI son, como es público y notorio, sus apoderados para los trámites judiciales.

Advertida por nosotros de que no había trámite alguno pendiente que requiriera nuestra presencia, resolvió Graciela no presentarse a la cita, y nos pidió que lo comunicáramos al gobierno. Nuestra llamada para transmitir la negativa a concurrir a la reunión fue seguida por cinco llamados de la Dra. Gualde, directora nacional para asuntos internacionales del ministerio, insistiendo con que “el ministro tenía grandes anuncios que efectuar” y que “la presidenta quiere conocer a Graciela y manifestarle su apoyo”. Finalmente el argumento trocó a que “no podíamos cambiarle al agenda a la señora”, jurando que la reunión sería privada y sin prensa. En el interín, varios medios ya estaban reproduciendo el cable de Telam, y tuvimos que desmentirlo públicamente, aclarando, igual que hicimos con la atribulada funcionaria, que no pensábamos legitimar con nuestra presencia al gobierno que desde hace 5 años nos habla de los derechos humanos mientras es responsable 961 asesinatos cometidos por su aparato represivo en ese mismo tiempo.

Para las siete de la tarde había cambiado la entrada en el portal de internet, que para entonces sólo anunciaba una reunión de la presidenta con su ministro, luego de la cual Fernández anunció a la prensa la exoneración de la fuerza del ex comisario Miguel Ángel Espósito … un poquito tardía, 17 años después.

Tan armada estaba la escena, con las cámaras preparadas para la foto, que el diario El Argentino publicó, al día siguiente, que la reunión se había hecho. Los demás medios, correctamente informados, consignaron, en cambio, que nos negamos a concurrir.

Siguieron los anuncios. El sábado el diario Página/12 publicó que en la reunión del Consejo de Seguridad Interior, el ministro Fernández pidió a los gobernadores que revisen la legislación de cada provincia sobre contravenciones y averiguación de antecedentes. Claro que no explicó por qué el poder ejecutivo nacional no ha enviado todavía un proyecto de ley al congreso para que derogue la ley 23.950 que faculta a las fuerzas federales a detener personas por averiguación de antecendentes o “para identificar”, una de las normas fulminadas por la sentencia de la Corte IDH.

Puro jarabe de pico, porque sabemos todos que ni éste, ni ningún gobierno que administre el estado en beneficio de los poderosos, se suicidaría quitándole a la policía y al resto de las fuerzas de seguridad las mejores herramientas de que disponen para el control social.

Pueden seguir haciendo anuncios para mostrarse derechos y humanos, pero se van a quedar con las ganas de la foto con CORREPI. La única foto en la que nosotros salimos es con Walter, con los 2.500 pibes asesinados desde 1983, con los 961 desde que los Kirchner se turnan en la presidencia. Con los presos políticos, con los trabajadores represaliados. Nunca en la foto de palacio, con los que sonríen para la cámara, mientras abrazan sus garrotes.

LOS RESPONSABLES SON SÓLO TESTIGOS EN LA MASACRE DE CORRIENTES
En la madrugada del 17 de diciembre de 1999, un operativo multifuerza, integrado por gendarmería, prefectura y fuerzas locales, intervino por orden conjunta del ministerio del interior, entonces a cargo del autodenominado “progre” Federico Storani y el juez federal Soto Dávila para terminar con la toma y corte del Puente General Belgrano, que une la ciudad de Corrientes con su vecina chaqueña, Resistencia. Después de un largo proceso de movilización popular, con meses de acampe en la Plaza de la Dignidad, los trabajadores correntinos, autoconvocados frente a la crisis que hacía que no cobraran sus haberes desde más de seis meses atrás, había tomado el puente interprovincial el mismo día que De la Rúa y Chaco Alvarez asumieron el gobierno.

La represión, perfectamente orquestada, contó con operaciones de distracción a cargo de camioneros apostados en el extremo chaqueño del corte y con fuerzas especiales que provocaron un apagón en toda la ciudad de Corrientes, saboteando la usina. Tripulando lanchas anfibias de prefectura, los gendarmes con asiento en Santa Fe, conocidos como “Rompehuesos” por sus particulares habilidades, desembarcaron en el puente en medio de la oscuridad, desalojándolo a sangre y fuego. La cacería se prolongó toda la madrugada y parte de la mañana en los humildes barrios aledaños a la bajada del puente, causando medio centenar de heridos de bala, y dos muertos, Mario Ojeda y Francisco Escobar.

Dos días después, “pacificada” la provincia, según dijo Storani, asumió como su nuevo interventor el radical-menemista Ramón Mestre con un selecto grupo de hombres del riñón de Storani, encabezados por el actual “economista de izquierda” y diputado de la ciudad por el partido de Lozano, Martín Hourest, quien desde su cargo de ministro de gobierno de la intervención intentó comprar con subsidios y planes a las familias de los asesinados.

CORREPI siempre estuvo junto a los correntinos, denunciando a los responsables de la represión. Fuimos los denunciantes iniciales en la causa que no tiene, al día de hoy, un solo imputado, y que tramita ante el mismo juez que fue parte del operativo. En diciembre de 2004, cuando se cumplían 5 años de impunidad, patrocinamos a las familias Ojeda y Escobar, y a varios heridos, junto a la Comisión Provincial de DDHH, en su denuncia contra el estado argentino ante la CIDH.

Casi tres años después, y cuando la Comisión Interamericana anunció la inminencia de audiencias entre las partes del caso, el juez despertó de su letargo y convocó a cuatro oficiales jefes de gendarmería y dos ex funcionarios ministeriales como simples testigos. El 23 de septiembre declararán los comandantes Mussumessi, Miranda, Contreras y Caruso, y el 24 el ex secretario de seguridad interior Enrique Mathov y su segundo, Walter Ceballos. Las audiencias se harán en los tribunales federales de Buenos Aires, ante la jueza Servini de Cubría, pues los gendarmes y los ex funcionarios argumentaron que no pueden costear los pasajes hasta Corrientes…

Será un escenario familiar, en especial para Mathov, procesado por otro juzgado del mismo edificio por los homicidios y heridos de la represión del 20 de diciembre de 2001, entre ellos nuestro compañero Carlos “Petete” Almirón. Allí estaremos, representando a las familias de Mauro y Francisco, y a los heridos del Puente.

GERENCIADORES DEL DELITO: PIRATAS DEL ASFALTO Y DE CALEFONES
El gerenciamiento del delito por parte del brazo armado del estado, con la policía a la cabeza, con la concurrencia del resto de las fuerzas, ha ocupado gran espacio en los medios con el cambio de figuras que se vio obligado a hacer el gobierno kirchnerista con Bendini. Pero no solo Garré ha tenido que salir a la palestra esta semana. También Fernández, por menos millones quizás, cuando debió separar de la fuerza a tres suboficiales de la federal que fueron encontrados, al parecer “robando en cooperativa”, un negocio de calefones del Bajo Flores. Uno pertenecía a la comisaría 34ª, otro a la 31ª y el tercero a la 42ª, todos de la PFA.

En tanto, en una serie de allanamientos en las localidades de General Pacheco, Pilar, Tigre, Morón, Hurlingham y San Miguel, entre los nueve detenidos, como siempre, había dos policías en actividad que se ocupaban de la logística para una banda de piratas del asfalto dedicada a la venta de autopartes de camiones robados en el Gran Buenos Aires. Los policías, valiéndose de las herramientas tecnológicas que Scioli y los intendentes del conurbano incorporan “para mejorar la seguridad del ciudadano”, proporcionaban datos precisos sobre los movimientos de los camiones que posteriormente eran asaltados.

ASESINATO EN COMISARÍA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Norberto Alejandro Gómez (el “Mono”), de 35 años, fue detenido por la policía santiagueña el 7 de septiembre en la calle, en la localidad de Beltrán, a unos 30 km. de la ciudad capital, donde se encontraba trabajando temporariamente una finca donde juntaba cebollas. Según la versión policial, se había recibido una denuncia por hurto en su contra, aunque otra versión habla de una detención por averiguación de antecedentes.

Ninguno de sus familiares fue notificado de la detención por doce días, a pesar de que su domicilio correcto consta en el informe luego presentado por la policía. La policía sostiene que, al momento de la detención, dio parte por radiograma a la comisaría 2ª de Santiago, en cuya jurisdicción vive la familia, para notificar a los parientes, cosa que no pudo ser verificada.

El viernes 19 de septiembre, cuando su esposa, una de las responsables locales del Movimiento Teresa Rodríguez, estaba viajando hacia Beltrán, recién enterada de la detención, supo por teléfono que alrededor del mediodía Norberto había muerto. Según el informe policial, se ahorcó con el borde de una frazada.

Según datos que recabó la familia de los vecinos en Beltrán, durante su detención el “Mono” fue llevado tres veces al juzgado, pero “por falta de instructor” no fue atendido. Su esposa verificó que el cuerpo presentaba golpes, y desconfían de la autopsia, realizada por el mismo forense que hizo las de los masacrados en el Penal de Varones de Santiago del Estero.

Por otra parte, el Movimiento Teresa Rodríguez denunció que, no hace mucho, durante un corte y piquete del que Norberto participó, fue detenido y golpeado brutalmente por los policías, que antes de liberarlo le advirtieron “que la próxima iba a ser peor”.

Frente a estas evidencias, el juez del juzgado de La Banda, Dr. Medina, tuvo que ordenar la detención de todo el personal de la comisaría y el secuestro de los libros.

CRIMINALIZANDO LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
Freddy Fuentevilla Saa y Marcelo Sepúlveda son militantes chilenos que fueron detenidos el 15 de marzo pasado en San Martin de los Andes por portación ilegal de armas, cuando escapaban de la persecución de la policía chilena, y de una intensa campaña mediática que los acusa de asesinar a un carabinero en un asalto bancario ocurrido en octubre pasado. En caso de que sean extraditados, los juzgará un tribunal militar, ya que están acusados bajo la ley antiterrorista sancionada durante la dictadura de Pinochet, que convierte al Estado Chileno en el único del mundo donde un tribunal militar juzga a civiles.

Este jueves, cuando Andrea Macarena Urzua, cuñada de Marcelo, los visitó junto con otra compañera en la Unidad 11 de Neuquén donde se encuentran detenidos, fue sancionada con la privación de visitas por un plazo de 30 días por haber intentado ingresar medicamentos que su familiar necesitaba.

A la mañana siguiente, en un matutino neuquino y en el noticiero local, se informó que lo secuestrado, en lugar de medicamentos (Clonazepán, un antidepresivo) habría sido en realidad nitrocelulosa, material explosivo, y que en la requisa realizada en la celda de los militantes, se encontró una carta a un familiar donde se anunciaba “el sábado vamos a hacer una movida, no importa cuantos caigan”. También se informa que dos efectivos penitenciarios fueron detenidos por el “error administrativo” de no detener a quien habría cometido tan grave delito, intentando ingresar explosivos al penal.

Esta burda criminalización mediática no fue acompañada de inmediato con la orden de captura de Andrea Urzua, que se expidió recién dos días después, cuando la versión oficial se había hecho “opinión pública”. Así, la represión ya legitimada no es percibida como tal, y la detención de los militantes populares pasa a ser una crónica policial más. Andrea se encuentra detenida en Zapala a disposición del juez Federal Guillermo Labate.

Desde el viernes, los miembros de la Red de Apoyo a Freddy y Marcelo que alojaban a la compañera acusada, empezaron a recibir constantes intimidaciones por parte de policías de civil de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti, que no han tenido pudor en identificarse ante los compañeros, cansados de que los hostiguen con autos particulares que los persiguen a donde sea que se dirijan.

Esta nueva detención, otro intento de atemorizar a quienes luchan por la libertad de los presos políticos, interviene particularmente en la criminalización de los compañeros chilenos a días de que se realice su juicio oral por tenencia ilegal de armas de fuego. Después de ese fallo, el juez penal de Zapala, Raúl Caro, se expedirá acerca del pedido de extradición de Chile.

En la misma semana, los compañeros de FIDELA que llevan la defensa de los seis campesinos paraguayos detenidos en Marcos Paz, denunciaron ante el juez federal Ariel Lijo, los sufrimientos causados por un innecesario reconocimiento médico ordenado en Buenos Aires. Los compañeros, pasaron cerca de 24 horas de traslados, esposados, sin agua, agravando su estado de salud, ya deteriorado por la huelga de hambre que sostienen hace más de un mes exigiendo su liberación y la concesión de asilo político.

Así trata el “gobierno de los Derechos Humanos” a los presos políticos que mantiene recluídos en franca cooperación represiva con los gobiernos de Chile y Paraguay.

“CREATIVA” CONDENA PARA UN GATILLO FÁCIL

Pablo Salías tenía 19 años el 30 de marzo de 2004, cuando discutió con Carlos Bazán y su cuñado, el policía Hugo Núñez. Núñez no dudó en poner fin al cambio de palabras. Desenfundó el arma que lo acompañaba en su “trabajo” custodiando el Mercado Central de La Tablada, y le disparó un tiro en la frente a Pablo que lo mató inmediatamente. Luego de cuatro años el caso llegó a juicio, y el 11 de septiembre el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de La Matanza decidió que la muerte de Pablo fue un accidente, y por ello condenó al asesino uniformado por homicidio culposo, es decir, sin intención.

No es para nada sorprendente, estamos ya más que acostumbrados a ver que tribunales a lo largo y ancho del país amparen a los vigilantes concediéndoles penas mínimas que en la mayoría de los casos ni siquiera cumplen, o usando las figuras más leves para asegurarse que recuperen enseguida la libertad. Lo que nunca deja de sorprender en estos “ejemplares” fallos son las justificaciones de las decisiones de los jueces, inagotables fuentes de creatividad a la hora de inventar excusas para amparar a los asesinos de los pobres. En el caso de Pablo Salías, el tribunal decidió que el homicidio fue accidental porque el policía Núñez “acostumbraba a recurrir a su pistola en las discusiones callejeras”, habitual característica de valor predominante entre los uniformados, “y a gatillarla con el seguro puesto, sólo para intimidar a sus víctimas” (que seguramente para el tribunal serán oponentes, o rivales).

En el caso de Pablo, consideraron que quizás Núñez no notó que el seguro no estaba puesto, o que el seguro pudo fallar y soltarse. Las cosas del azar no son culpa del pobre Núñez, decidió el tribunal. Dentro de poco Núñez podrá volver a las calles, no sin haber aprendido, gracias a la implacable y ciega justicia, a fijarse que el seguro esté puesto cuando sale a “simular fusilamientos”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Miércoles 24 de septiembre, 9:00, escrache a Enrique Mathov, co-responsable de las masacres del Puente de Corrientes (1999) y del 20 de diciembre de 2001, en Comodoro Py 2002 (Edificio de los tribunales federales, Retiro).

Viernes 26 de septiembre, 15:00, radio abierta y jornada cultural por los pibes de la calle atacados por una patota policial en julio, en la Plaza San Martín de La Plata.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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