CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

IBARRA REPRESOR
El martes pasado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso echar a los habitantes del PADELAI (viejo patronato de la infancia), ocupado por medio centenar de familias sin techo. Para ello contó con el concurso de todo el ejecutivo de Ibarra, incluyendo a la radical “progre” Gabriela Gonzalez Gass, al escribano Carlos Gaitán, otrora comunista, a un juez municipal de la “servilleta de la Alianza” y por supuesto a la Policía Federal.

Los ocupantes del viejo edificio fueron gaseados y en muchos casos detenidos bajo los cargos de desobediencia (nos preguntamos a quién: al gobierno de la ciudad o a los intereses inmobiliarios a los que no es ajeno otro “progre”, el intendente Ibarra); lesiones (a algún cana que fue al Hospital policial Churruca para que le dibujaron alguna lastimadura) y resistencia a la autoridad (¿a qué autoridad, la cana o Ibarra?).

Ni bien comenzó la represión familiares y compañeros de los detenidos llamaron a CORREPI, renovando la confianza de la que tan orgullosos nos sentimos. Mientras tanto, compañeros de distintas organizaciones y asambleas populares se concentraron frente a la comisaría 14ª a reclamar la libertad de las familias que vivían en el edificio y de quienes fueron detenidos por solidarizarse con ellas.

Cuando los abogados de CORREPI Stragá y Verdú llegaron a la dependencia policial, poco después del mediodía, los uniformados les negaron el acceso, lo que provocó, ante su protesta e insistencia por ingresar a la comisaría, que los compañeros movilizados comenzaran a gritar exigiendo que se les abriera el paso, y a zamarrear los barrotes del portón.

Inmediatamente apareció un individuo (sin chapa ni uniforme) que sacó su pistola 9 mm y la colocó a la altura del estómago de Stragá. Al mismo tiempo una veintena de policías de infantería la emprendía a los palazos contra todo aquel que estuviera cerca de la entrada, golpeando a varios compañeros, incluyendo a la madre de uno de los detenidos y a la compañera Verdú, que luce un feo hematoma en su pierna izquierda.

Ya dentro de la comisaría, alcanzados por el compañero Etcheverry, y a pesar del maltrato patoteril de los policías, los compañeros lograron obtener la lista de los detenidos. Eran 54, de los cuales 17 eran menores, entre ellos “peligrosos” niños de 13 y 12 años.

Cuando los compañeros, junto con Médicos del Mundo, quisieron ver a los detenidos para cerciorarse de su integridad física, apareció otro energúmeno que dijo que la jueza a cargo había ordenado que no se los viera, que estaban incomunicados y no tenía instrucciones de soltura inmediata.

La información era poco creíble dadas las características de los delitos imputados, por lo que Verdú y Stragá decidieron dirigirse al Palacio de Tribunales y averiguar en el juzgado interviniente la real situación de los compañeros. La jueza a cargo era María Cecilia Maiza, aquella que procesó al Crio. Espósito en la causa Bulacio en 1994, por lo que ambos compañeros confiaban en ser recibidos.

Efectivamente la jueza había ordenado todo lo contrario. Ante la insistencia de los compañeros, unas dos hora smás tarde se constituyó en la comisaría y dirigió personalmente el trámite de soltura de todos los detenidos.

En tanto ello ocurría, otros compañeros quisieron acercarse a la seccional para reclamar por la libertad de los aprehendidos, pero fueron interceptados por otros policías, quienes con la acostumbrada excusa de la resistencia a la autoridad, detuvieron a otra treintena de compañeros en la Cria. 22ª.

Un párrafo especial merece el tratamiento periodístico del episodio por parte de personajes como la Sra. Ruiz Guiñazú y otros escribas “democráticos”. Toda la mañana siguiente insistieron desde sus programas radiales en que los detenidos eran “infiltrados” que no tenían nada que hacer en el lugar y que merecían repudio por ejercer uno de los valores más superiores del ser humano, ser solidarios con el semejante.

Eso sí, todos los periodistas se rasgaron las vestiduras porque entre el conjunto de “infiltrados” hubo dos colegas de la prensa que recibieron algún palo por parte de los canas.

JUICIO A QUEBRACHO
La causa que inventara Corach contra militantes de la agrupación Quebracho y que mandó a prisión a tres de sus integrantes en agosto de 1997 por el término de 8 meses ha llegado a juicio oral.

La causa está basada en oscuros informes de inteligencia que, a través de diversos habeas corpus y habeas datas impulsados por la defensa, probamos que no fueron reconocidos como propios por nadie, ni la policía federal, ni la SIDE ni mongo.

Todo contó con la intervención como instructor de Liporace, típico juez del régimen menemista que luego terminó renunciando por acusaciones de corrupto y cuando su destitución por juicio político era inminente.

Al debate se llega con la acusación de delitos completamente políticos como la prepotencia ideológica, cuyas posibles penas hacen peligrar la libertad de los compañeros.

Esteche, Caviasca, Del Grosso y Franca, asistidos por nuestro compañero Gabriel Lerner, y los compañeros Liliana Mazea y Eduardo Soarez, se encontraban en la sala escuchando la elevación a juicio del fiscal. Cuando iban a exhibirse unos videos de marchas donde supuestamente habían intervenido los inculpados, un joven ingresó en la sala denunciando que afuera la policía estaba reprimiendo quienes se habían movilizado para solidarizarse con los acusados.

Efectivamente en las inmediaciones de los tribunales federales de Comodoro Py, cuando los manifestantes se aprestaban a comenzar un acto y con la excusa de unas gomas incendiadas, la Federal pretendió disolver la actividad con palos y gases.

Como el presidente del Tribunal hizo oídos sordos a la denuncia, León Zimerman de CORREPI que estaba entre el público se puso de pie e interpeló al juez ante la gravedad de la denuncia. Entonces, el magistrado no tuvo mejor idea que expulsarlo del recinto del juicio, cosa que no logró debido a que “Toto” se había retirado antes para ponerse a disposición de los represaliados.

Ante el cariz de los hechos, ni los abogados ni los imputados se quedaron en la sala, interrumpiéndose la audiencia hasta la semana próxima.

La represión fue una clara provocación policial organizada por el propio gobierno y que contó con la participación de la prensa del sistema. Los periodistas afirmaban que los compañeros querían entrar al edificio tribunalicio. Fue indiscutible que intentaron hacer quedar a los militantes como violentos para justificar una condena.

Sin embargo, la verdad fue otra ya que los cartuchos de los gases fueron dirigidos a vehículos previamente fichados que no fueron otros que los autos de los propios asistentes al acto. En dos días, dos represiones. Eso no es casualidad.

CAUSA BULACIO
El miercoles 26 de febrero de 2003, a casi 12 años de la detención y muerte de Walter Bulacio (17) el Estado Argentino reconoció oficialmente su responsabilidad en la violación a los Derechos Humanos del adolescente y su familia.

El Estado Argentino se allanó a la demanda entablada contra la Argentina por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, originada en la denuncia que la CORREPI formulara en nombre de la familia en mayo de 1997, cuando ya era evidente que el crimen iba camino a la impunidad garantizada por los tribunales nacionales.

Esta verdadera capitulación del Estado, no significa el final del Caso Bulacio, ya que a partir del próximo 6 de marzo, ante la propia Corte Interamerica de DDHH los abogados de CORREPI reclamarán que se revise la totalidad de las normas nacionales y provinciales y las prácticas no escritas y aún las interpretaciones judiciales, que habilitan a las fuerzas de seguridad de todo el país a detener personas mayores y menores arbitrariamente.

Nuestro objetivo es lograr un pronunciamiento del máximo órgano jurisdiccional regional que declare que la Argentina incumple
sistemáticamente las obligaciones emanadas en el Pacto de San José de Costa Rica.

La CORREPI calificó este allanamiento como un verdadero triunfo popular que fue posible gracias a 12 años de lucha ininterrumpida, reflejada en multitudinarias marchas y movilizaciones que instalaron la consigna que hoy el estado argentino tuvo que admitir como cierta: YO SABÍA, YO SABÍA, A BULACIO LO MATÓ LA POLICÍA.

La enorme mayoría de las organizaciones populares así tambien lo han entendido, y agradecemos la gran cantidad de saludos y congratulaciones que hemos recibido.

La voz discordante fue la de Hebe de Bonafini que cuestionó, con epítetos que nosotros reservamos al enemigo, el accionar de CORREPI. Ya hemos respondido lo que correspondía a través del documento titulado “INJUSTA AGRESION DE HEBE DE BONAFINI A LA CORREPI”. Agradecemos las innumerables muestras de confianza y apoyo que recibimos al respecto, tanto de organizaciones como de compañeros del país y del mundo.

ESPERAN QUE RAJE
Así parece. La Cámara de Casación Penal platense decretó la nulidad de la absolución del policía Hector Sosa por el homicidio de Victor “Frente” Vital en San Fernando, pero dos semanas después aún no remitió la causa a San Isidro para que efectivicen la detención del represor.

Como el lector podrá recordar, después de la movilización popular que acompañó a la madre del Frente, Sabina Sotelo, en su encadenamiento en el edificio del máximo tribunal, los jueces le prometieron que la causa sería resuelta en una semana. Así ocurrió y en un fallo dividido declararon jurídicamente inexistente el burdo fallo de los paquetes jueces sanisidrenses.

Pero aquello que pasó el 18 de febrero todavía no ha podido ser hecho realidad ya que no han mandado el expediente a San Isidro, lo que nos hace pensar que le están dando tiempo al asesino para que se profugue, como ha ocurrido en otros casos. Desde la masacre de Ingeniero Budge hasta el caso Durán, pasando por Lencina y tantos otros, son muchos los policías que ante fallos adversos cuentan con tiempo suficiente para decidir adónde quieren pasar el resto de sus días, lejos de las rejas.

CRIMINALIZAR A LOS PIQUETEROS
La derecha tiene muchos medios, incluidos los medios de comunicación. Pero quizás el “oficial” de las clases dominantes es Radio 10, del sempiterno fascista Daniel Hadad. En esa radio hizo declaraciones uno de los personajes más peligrosos para las libertades democráticas: el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Bs. As., Dr. Roberto Durrieu.

Este personaje que fue subsecretario de justicia de Jorge Rafael Videla y padre de la cárcel de exterminio que significó Caseros, dijo que denunciará a Raúl Castells por la movilización al Ministerio de Educación para obtener útiles escolares para que los chicos pobres puedan tener acceso a la escolaridad.

Para este colaborador de la dictadura, la policía actuó con “pasividad absoluta” o sea que debieron reprimir a los hambrientos y se quejó de los fiscales por no denunciar a los piqueteros amenazándolos con denunciarlos él por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.

En cambio por la propio dijo que Castells debe ser represaliado esta vez por el delito de “usurpación agravada” y calificó a las organizaciones piqueteras somos “organizaciones delictivas con intereses políticos”.

No más comentarios. Esto forma parte de una campaña de prensa que está estigmatizando a los sectores populares y realzando el papel de la represión para reimponer la “ley y el orden”, que es el orden de ellos.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 3 de Marzo, 9:00, marcha de los familiares de zona sur a los Tribunales de Lomas de Zamora, a escrachar a los fiscales y jueces del “sobreseimiento fácil”.

Martes 4 de Marzo, 10:00, segunda jornada del juicio contra los compañeros Caviasca, Esteche, Del Grosso y Franca en Comodoro Py.

CORREPI