CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

DOS PIBES POBRES
Son dos pibes pobres, los hermanos Guilllermo y Gustavo Aguilera. Están presos en el penal de Saavedra (a 600 km. de su casa) desde hace tres años. Los acusaron de haber robado en un predio de Gendarmería. Allanaron su vivienda varios hombres armados y de civil. Creyendo que los estaban robando, uno de los hermanos se defendió con un escopetazo que hirió a un policía sin gravedad alguna. Los dos hermanos y otro vecino fueron llevados a la Brigada de La Matanza. Las torturas (que los legitimadores llaman apremios) sobre los tres detenidos, desgastaron al vecino, que, amenazado, imputó a los dos hermanos el crimen de otro policía ocurrido en el barrio seis meses antes del mentado robo.

Aislados de su familia, fueron traídos a juicio oral y público ante el Tribunal Oral N° 4 de La Matanza, donde se realizó un trámite tan extraño como la acusación: testigos claves que no declararon; otros que lo hicieron previo desalojar la sala, incluyendo a los propios imputados; imposibilidad de reveer declaraciones incriminatorias que evidenciaban las irregularidades producto de las torturas; confesiones armadas desde una defensa oficial que soslayó cualquier explicación, prestando más atención a presuntas rebajas de pena que a negar la autoría y desentrañar la verdad. Esas son algunas de las características que tuvo el enjuiciamiento. Pese a que ninguno de los testigos presenciales del hecho (incluídas la esposa y la tía del policía muerto) reconocieron a los hermanos como los autores, y, por el contrario, describieron a otros sujetos (uno de ellos, curiosamente, tenía aspecto de policía, según el testigo que fue desistido por el fiscal y la defensa en la audiencia oral), pese a todo ello, la condena fue de prisión perpetua por homicidio agravado por la condición de policía de la víctima.

Quienes conocen a los hermanos Aguilera, todos de una comunidad semirural de La Matanza, saben de su completa ajenidad e inocencia, y también de su docilidad y vulnerabilidad a las palabras de la autoridad, aspectos todos que los policías que tejieron la trampa tuvieron en cuenta a la hora de vengar el disparo de la noche de la detención, pero sobremanera a la hora de desviar la investigación sobre el homicidio de su camarada, al que, curiosamente, pese a matarlo en su propia casa, no le robaron nada.

El mismo Tribunal que los condenó por el homicidio que no cometieron debe ahora tratar el caso del robo que la policía usó de pantalla. Sugestivamente, este juicio se aplazó, casualmente cuando tomó cuerpo la indignación popular frente a la parodia de juicio que habían realizado.
He aquí un ejemplo terriblemente práctico de justicia selectiva, de criminalización de la pobreza. ¿Será que el sistema penal está llamado a encubrir los crímenes de sus agentes para no deslegitimarse socialmente? ¿Será que la institucionalidad democrática se nutre de prácticas dictatoriales? ¿Será que el estado de derecho consagra las formas jurídicas por sobre la verdad?…

O será, simplemente, como reconoció el mismo defensor oficial cuando respondió a las exigencias de los vecinos y familiares de los dos hermanos, que: “estas cosas son normales en La Matanza y nosotros no podemos hacer nada”. A la luz del caso Aguilera; del caso Brian y los otros pibes engarronados por el crimen del ingeniero también producto de un allanamiento en barrios pobres de La Matanza, habrá que creerle al defensor oficial, pero sólo en parte.

A diferencia de los agentes de la institucionalidad cómplice, nosotros podemos hacer y mucho. La de los hermanos Aguilera es una causa emblemática de lucha antirrepresiva.

LOS NARCOPOLICÍAS DE LA SEMANA
El viernes 13 de noviembre, una noticia circuló por los diarios de todo el país: “Golpe al narcotráfico: secuestraron 750 kilos de drogas de un galpón de San Miguel”. Los conspirativos de siempre, acostumbrados a leer entrelíneas las noticias policiales, notamos algunas inconsistencias en la información. En Clarín pudimos leer: “Un grupo de la Policía Federal estaba frente a un galpón de San Miguel vigilando a unos narcos mejicanos y esperando a que aparecieran sus cómplices. Habían llegado hasta ahí luego de investigar y realizar escuchas telefónicas durante dos meses por orden del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Cullotta, a partir de datos que le habría pasado la DEA. Pero, mientras aguardaban, vieron cómo tres policías de la Bonaerense llegaron en un auto Renault Megane, sin identificación alguna y se metieron en el lugar.”.

En La Nación de 20 de noviembre, seguimos leyendo:
“Hacía dos meses que [los federales] seguían los pasos de dos bandas de mexicanos y colombianos que almacenaban allí cocaína. Ya habían visto cómo almacenaban dos embarques y esperaban un tercero. En eso estaban cuando vieron llegar un Renault Mégane del que bajó el comisario inspector retirado de la policía bonaerense Alberto Molina y dos policías con chaleco antibalas. El policía retirado retuvo los pasaportes de los mexicanos mientras hablaba por teléfono y los policías fueron al fondo del galpón.

Los bonaerenses con chaleco, comisionados por el Ministerio de Seguridad, estaban afectados a la investigación que realizaba el juez federal de Campana Federico Faggionatto Márquez. En cambio, nadie sabe que hacía allí el comisario inspector retirado Molina. Los federales llamaron al juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Cullotta, que les ordenó irrumpir. Ese día, para las cámaras de TV, ambas fuerzas hablaron de un operativo conjunto. La policía bonaerense dijo que llegó hasta el galpón siguiendo una pista encontrada en el allanamiento efectuado en la mansión de General Rodríguez de Hernán de Carli. Pero los federales se quejaban de que sus colegas bonaerenses les habían arruinado la investigación.

En menos de una semana, el “operativo conjunto” se convirtió en descomunal fiasco policial que abortó a destiempo el plan del juez federal, con un notable y fétido olor a complicidad.

Los bonaerenses no tenían orden de allanamiento, y justificaron su actuación con el nunca bien ponderado “detectamos algo sospechoso”. Lo que no pudieron explicar fue la presencia del comisario retirado, Alberto Molina, (a) “Patón”, que trabajaría en una “investigación paralela” para la viuda de Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. Interrogado por los medios, Molina dijo: “Soy colaborador de la investigación. Llevé a los muchachos de la policía con mi automóvil porque el de ellos no funcionaba. Mi única participación fue como testigo”.

El juez federal Faggionatto Márquez aclaró que él no mandó a los policías al galpón, que no conoce al comisario retirado, y desmintió que los de chaleco estuvieran afectados a su investigación. “Fueron comisionados por el Ministerio de Seguridad”, aseguró el juez Márquez. En este juego del gran bonete, Stornelli, hasta ahora, hizo mutis por el foro. El juez de Campana está estudiando si cita a indagatoria a los intrusos bonaerenses. Y mientras estudia y estudia, la División Asuntos Internos de la policía abrió una investigación sobre “las irregularidades”.

Mientras tanto, los mal pensados de siempre, concluimos que el comisario Molina y los bonaerenses fueron mandados para abortar el operativo y proteger a los jefes. Los narcotraficantes, alertados de que se vigilaba el lugar, decidieron sacrificar dos peones y un poco de mercadería para evitar males mayores. Nada nuevo. Una vez más, queda en evidencia la permanente y orgánica vinculación del aparato represivo del estado con el crimen organizado, y muy especialmente, con el narcotráfico, donde a cada paso saltan los vínculos entre los aportantes de la campaña Cristina Presidente, los carteles internacionales y la policía.

TUVIERON QUE ABSOLVER A FERNANDO GRENNO
El Tribunal Oral nº 18 no tuvo más remedio que absolver libremente y sin costas a Fernando Grenno, el estudiante acusado por el delito de daño calificado por una pintada reclamando la aparición con vida de Jorge Julio López. El fiscal de juicio, abrumado por la forma escandalosa en que se derrumbó la acusación durante la breve audiencia que comenzó a las 10 de la mañana y terminó apenas pasado el mediodía, se vio obligado a pedir la absolución, de manera que los jueces tuvieron que declarar inocente al estudiante de Ciencias Políticas.

Seis testigos desfilaron por la sala de audiencias: los dos policías que detuvieron a Fernando el 1º de mayo de 2007, acusándolo de ensuciar con pintura la pared de un juzgado comercial; los dos encargados de edificios de la cuadra que fueron convocados como testigos del procedimiento; el autor de un “informe pericial” sobre la pared; dos compañeros de Fernando y el director de la carrera de Sociología de la Facultado de Ciencias Sociales, aportado como testigo de concepto.

Ya con las declaraciones de los policías y los testigos de actuación quedó claro que todo estaba oscuro. Contradicciones, inconsistencias y falta de memoria a la orden del día, como siempre que las actas policiales sirven de base a una acusación. Pero el plato fuerte fue el “perito” cuyo informe sobre la pared, la pintura y la pintada fundaron la acusación por “daño calificado”, un delito con hasta 4 años de prisión. Resultó que el Sargento Salas no era químico ni nada parecido, sino pintor de brocha gorda. Apenas un policía con estudios primarios, cuya “experticia” en la materia derivaba de ser el encargado del mantenimiento de la pintura en la comisaría 17ª…

Dos aspectos son destacables en este juicio. Primero, la evidencia empírica de la utilidad práctica que tiene el procedimiento de flagrancia, también llamado de instrucción sumarísima, para reprimir a destajo. Como juez y fiscal estuvieron de acuerdo en que Fernando había sido detenido en flagrancia, es decir, en el momento mismo que cometía el delito, no hubo instrucción alguna, por lo que la primera oportunidad de la defensa para escuchar a los testigos y cuestionar la acusación fue el juicio oral. Como dijimos cuando se implantó similar sistema en la provincia, con esta “justicia express” el que cae en este tipo de proceso no tiene ni tiempo de entender de qué lo acusan, y mucho menos de defenderse, cuando ya está camino al juicio oral.

En segundo lugar, no es cualquier tribunal el que tuvo -seguramente a regañadientes- que absolver al militante estudiantil. Es el mismo que, hace apenas meses, absolvió escandalosamente al policía Justo José Luquet, el federal que fusiló por la espalda al adolescente Marcelo Báez en Villa Lugano, cuando el pibe había caído de su bicicleta. Y es el tribunal que hoy preside la misma jueza que, en 1992, siendo integrante de la Sala VI de la Cámara del Crimen, sobreseyó, no una, sino dos veces, al comisario Miguel Angel Espósito, asesino de Walter Bulacio, fallos luego revocados por la Corte Suprema a instancias de la querella.

Además de la masiva y ruidosa manifestación del movimiento estudiantil en la calle, destacándose la presencia de los diez dirigentes de la FUBA procesados por “secuestro coactivo agravado” por defender el CBC de Merlo, fue notable la presencia en la sala de referentes de organismos y organizaciones que manifestaron su repudio al enjuiciamiento y celebraron la absolución de Fernando. A algunos -los menos- los vemos a menudo acompañándonos cuando acusamos policías torturadores y de gatillo fácil. A los otros, a los que nunca vimos denunciando la política represiva kirchnerista, esperamos verlos también cuando el acusado sea un integrante del aparato represivo de este gobierno, que además de reprimir la protesta y perseguir estudiantes y trabajadores organizados, nos mata un pibe cada 40 horas con el gatillo fácil y la tortura.

CUANDO EL GATILLO FÁCIL SE DISFRAZA DE “INSEGURIDAD”
Hace una semana, todos los diarios reprodujeron, con mínimas variantes, esta nota que transcribimos de Infobae:

“Tiroteo y muerte en un colectivo de la línea 188.- Uno de los cuatro delincuentes murió y otro resultó herido tras enfrentarse con un policía que estaba vestido de civil y viajaba a bordo del ómnibus.

Un delincuente murió y otro resultó herido, tras un tiroteo con un policía que viajaba en un colectivo de la línea 188 que fue asaltado en el partido de Lanús. Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió hoy a la madrugada en la calle Don Orione al 3900, en el barrio Villa Caraza, partido bonaerense de Lanús. Los cuatro delincuentes ingresaron al ómnibus y a punta de pistola amenazaron a los presentes con fines de robo. El policía, que iba vestido de civil, se identificó como tal y le impartió la voz de alto al delincuente, y luego le disparó provocando su muerte y otro de ellos resultó herido. La comisaría de la zona investiga los hechos”.

Nada nuevo para los medios. Otro caso de “inseguridad”, de esos que agitan para pedir más policía, penas más duras, más presupuesto para el aparato de seguridad, menos garantías para los sospechosos de siempre.

Pero la verdad es bien diferente, y no hizo falta mucho para probarla. De acuerdo al relato de los testigos que declararon en la causa penal que tramita en Lomas de Zamora, el 12 de noviembre pasado, a las once de la noche, Cristian Francisco Lezcano, de 25 años, subió con su novia Verónica al interno 1750 de la línea 188 en la esquina de Recondo y Murature, Villa Fiorito. Una segunda pareja, que ellos no conocían, también subió en la misma parada. Mientras Crisitan y Verónica se ubicaban en el segundo asiento doble del lado derecho, la otra pareja fue hacia el fondo del colectivo. En la siguiente parada, Recondo y Hornos, subió un sujeto robusto, morocho, con rulos, vestido con remera verde. Se acercó al chofer, Ramón Rodolfo Peralta, le mostró un arma y le pidió plata. Cuando el colectivero le dijo que no tenía, el hombre sacó una bolsa de la cintura, y se sentó en el primer asiento, delante de la pareja. Mientras apuntaba con el arma al abdomen de Verónica, le ordenó a Cristian que se parara y recogiera las pertenencias de los pasajeros en la bolsa.

Empezando por el fondo, Cristian, muerto de miedo por su compañera, empezó a pasar la bolsa. En el anteúltimo asiento simple se encontraba sentado Gabriel Alejandro Rojas, cabo primero de la comisaría 32ª de la federal. Iba de civil, y cuando Cristian se acercó puso su celular en la bolsa. Pero mientras el muchacho le daba la espalda para aproximar la bolsa a otro pasajero, el policía se le acercó por atrás y le efectuó varios disparos a la cabeza. Al escuchar los disparos, el ladrón ordenó al chofer que abriera la puerta del vehículo, y saltó a la calle. El policía corrió a la puerta e hizo varios disparos inútiles. Cristian murió camino al hospital.

A pesar de la claridad con que están probados los hechos, para la fiscalía el delito del policía es “homicidio con exceso en la legítima defensa”, y obviamente está excarcelado, sin que se haya escuchado a Scioli quejarse de tal injusta situación. Tampoco hemos sabido que los diarios hayan corregido su errónea versión.

EL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL DE SCIOLI
Además de agitar a la “opinión pública” con la peligrosidad de los monstruosos menores de 12, 13 o 14 años a los que quiere juzgar como si fueran adultos, tema que requiere una ley del congreso nacional, el gobernador Daniel Scioli envió a la legislatura de su provincia un nuevo proyecto de reforma para el procedimiento penal.

La iniciativa tiene puntos de contacto con el intento similar realizado por su antecesor Solá en enero de 2007, que fracasó ante la furibunda oposición de jueces y camaristas, especialmente los de casación, órgano que la proyectada reforma eliminaba. Ahora, sin tocar fueros, vuelve a la carga el gobernador peronista de turno, con una serie de modificaciones a la legislación procesal que sólo prometen más presos, más represión, menos garantías, y, por cierto, menos seguridad (de la de verdad) para los trabajadores y el pueblo.

Uno de los ejes del proyecto se apoya en el recorte de las posibilidades de obtener una excarcelación o una morigeración de la prisión preventiva, estableciendo límites que prácticamente hacen desaparecer ambos beneficios. Claro que ya le encontrarán la vuelta para que policías, guardiacárceles y otros perros guardianes del sistema puedan seguir fuera de la cárcel en los pocos casos en que se los procesa o condena por homicidios, torturas y otros graves delitos.

El establecimiento de instancias unipersonales para juicios orales por delitos con menos de 15 años de prisión como pena máxima y las limitaciones en materia de doble instancia y recursos prometen avalanchas de condenas infundadas para todo el que no pueda pagar una defensa privada.

Si el engendro es aprobado por la legislatura, el resultado inmediato será un incremento todavía mayor de las ya superpobladas cárceles, problema que este gobierno trata de resolver, de tanto en tanto, con drásticas reducciones de la cantidad de detenidos, como en las masacres de Magdalena o Santiago del Estero…
PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 5 de diciembre, 19:00, en ADEMYS, Santiago del Estero 443, charla a cargo de compañeros de CORREPI: “Informe de la
situación de los DDHH en Argentina 2008″.

Viernes 12 de diciembre, 17:00, acto en Plaza de Mayo para presentar los datos del Archivo de Casos.

ARCHIVO 2008
Estamos ya ingresando a la etapa final de la recopilación de datos para la actualización 2008 de nuestro ARCHIVO DE CASOS, que sistematiza toda la información disponible sobre las personas asesinadas por el aparato represivo del estado usando sus diferentes modalidades (gatillo fácil, torturas, muertes en cárceles, desapariciones, etc.). Este año, lo presentaremos, como venimos haciendo, en el marco de una jornada antirrepresiva y acto en Plaza de Mayo, el viernes 12 de diciembre. El acto central comenzará a las 17:00.

Necesitamos, como cada año, el aporte de los compañeros y organizaciones de todo el país, que nos puedan enviar los datos de los casos locales que conozcan, y que generalmente no trascienden en los medios de comunicación. También es importante la actualización de casos de años anteriores, para que cada diciembre nuestro Archivo, que está pensado como una herramienta de denuncia a disposición de todos los que quieran usarlo, sea un poco más completo y preciso.

Toda la información que puedan enviar a correpi@fibertel.com.ar nos sirve, cuanto más completa, mejor. Gracias a todos.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Visite nuestros espacios de difusión: http://correpidifus ion.blogspot. com/ y http://correpi. lahaine.org

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