CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

ESTUDIANTE A JUICIO ORAL POR UNA PINTADA
Mientras el juez federal Aráoz de Lamadrid decretó el prcesamiento, embargo y prohibición de salida del país de diez dirigentes estudiantiles de la FUBA acusándolos de “secuestro coactivo agravado” en represalia por la toma del rectorado que centenares de estudiantes protagonizaron para reclamar la reapertura del CBC Merlo, el Tribunal Oral Criminal nº 18 fijó fecha para el juicio oral y público contra Fernando Grenno, estudiante de la facultad de ciencias sociales y militante de la agrupación estudiantil Plan B.

Se trata del mismo tribunal que se tomó más de dos años para similar trámite en el caso del policía Justo José Luquet, asesino de Marcelo Báez (16), al que finalmente absolvió escandalosamente a pesar de haberse probado, más allá de toda duda, que el uniformado disparó a la espalda al chico que había caído al suelo de su bicicleta.

Con una diligencia que no tuvo entonces, el 26 de noviembre, a las 9:30, los mismos jueces darán inicio a la audiencia para juzgar a Fernando, acusado por el delito de “daño calificado”. El hecho que origina la causa ocurrió el 1º de mayo del año pasado, cuando Fernando, en el marco del Día del Trabajador, fue detenido mientras participaba de una actividad de reclamo por la aparición con vida de Jorge Julio López.

La fiscalía lo acusa de haber realizado “graffitis” con pintura indeleble en un muro de la calle Riobamba, que resultó ser la parte de atrás del edificio de los juzgados comerciales de la calle Marcelo T. de Alvear y Callao, con la particularidad de que la foto que ilustra el supuesto delito muestra la leyenda “Laissez Faire - Rock”, correspondiente a la propaganda de una banda de música juvenil que se promociona con tales pintadas, y que ningún vínculo tiene con el compañero. Por descontado que los únicos testigos de la fiscalía son los policías que realizaron la detención, y dos personas que fueron requeridas con posterioridad para presenciar la lectura de derechos.

Fernando fue sometido al procedimiento sumarísimo por el cual la causa se elevó a juicio sin que se pudiera desvirtuar la ridícula acusación en la instrucción, y, del mismo modo, buena parte de la prueba ofrecida por sus defensores, abogados de CORREPI, ha sido rechazada por el tribunal oral.

Otro ejemplo de cómo el “gobierno de los DDHH” muestra su única cara, criminalizando a los sectores populares mientras defiende a capa y espada a sus fuerzas de seguridad, las mismas que nos dejan como saldo el asesinato de un pibe cada 40 horas en nuestro paí­s.

Organizaciones políticas, estudiantiles, sociales y gremiales ya han anunciado el envío de veedores para presenciar la audiencia, mientras que, junto a CORREPI, convocan a concentrar, el 26 de noviembre, dese las 9:30, frente al tribunal, en la calle Lavalle 1171 de esta ciudad de Buenos Aires.

RECTORADO DE LA UBA: DISTINTAS UTILIDADES DEL DISCURSO DE LA INSEGURIDAD
“Soy peronista, de herencia familiar, y después de creencia. No milité en ningún partido pero siempre comulgué con el peronismo”, se definió el rector de la UBA, Hallú, en una nota publicada por Clarín, “No oculta su simpatía con el kirchnerismo.” (http://www.clarin.com/diario/2006/12/18).

El 18 de diciembre de 2006 el flamante rector de la UBA se lucía, luego de que los vigilantes tercerizados de APUBA, al mando de Jorge Anró, y los vigilantes empleados directos de la PFA, pusieran todos sus palos para contener la oposición de los estudiantes movilizados en la Facultad de Medicina, y así permitir la “elección” de Hallú.

Innumerables negocios han hecho Hallú y Anró en el tiempo que pasó. No pretenden dejar de hacerlos, por eso, dieron la semana pasada una nueva manifestación de la comunión de sus intereses con un cinematográfico montaje en el Rectorado de la Universidad. A dos días de una asamblea antiburocrática e interfacultades, convocada para discutir, entre otras cosas, la privatización del sector de medicina laboral de la UBA (Reconocimientos Médicos) que funciona en el Hospital de Clínicas, sucedió un misteriosísimo hecho: A la una de la mañana, tres hombres encapuchados y de traje redujeron a los serenos de la universidad y revolvieron las oficinas administrativas. No robaron nada, pero sí urgaron los cajones de no docentes integrantes de una lista opositora a Anró en las próximas elecciones de comisión interna que tendrán lugar el 11 de diciembre.

Los “ladrones” se fueron y no faltó más que un CD…

Al día siguiente, La Nación publicó una nota dando por seguro el “robo”, que ningún trabajador del rectorado siquiera sospecha que haya sido cierto, pero que el medio criminalizador de víctimas decidió convertir en realidad. Para colaborar un poquito más con la gestión universitaria, agregó el diario, como al pasar: “El robo ocurrió a poco de conocerse el fallo del juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid por el cual procesó a 10 dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) por un hecho sucedido en mayo pasado en la sede del rectorado. En esa oportunidad, los dirigentes estudiantiles bloquearon la salida de los consejeros superiores y los mantuvieron encerrados durante varios minutos para lograr una respuesta sobre el Ciclo Básico Común de la localidad bonaerense de Merlo, que estaba a punto de cerrarse.”

Inmediatamente, las autoridades del rectorado salieron a agitar la tan conveniente inseguridad, invitando al personal a quedarse encerrado en la oficina para que no los agarre por sorpresa algún robo comando, si se les ocurría ir, por ejemplo, a una asamblea o algo así… Para resguardar aún más la seguridad, comenzaron a disponer cámaras de vigilancia en la universidad, a hacer propaganda de la conveniencia de las tarjetas magnéticas de identificación y anunciaron que el día de la proxima asamblea, no podría entrar al rectorado nadie que no perteneciera a la planta de empleados y que no estuviese acudiendo en su horario laboral. Para garantizarlo dispusieron un operativo policial a la vueltita con celulares y motos (¿para los chorros?) y tres vigilantes de naranja y uno de traje en la puerta con una lista de accesos permitidos…

El “robo comando” también sirvió para explicar que no es por deporte que han creado una Secretaría de Seguridad en el rectorado, donde el capo mayor es un no docente (¿será amigote de la burocracia de APUBA?) que recibió a cambio un conveniente aumento de categoría.

Mientras continuán privatizando la educación pública, Anró y Hallú se llenan los bolsillos, se sacan del camino a trabajadores y estudiantes y se franelean con el discurso K mientras le hechan putas al neoliberalismo. ¿Cómo harán para que los no docentes de Reconocimientos Médicos, que queden en la calle gracias al nacionalismo “popular y progresista”, lo acepten de buena gana? ¿Usarán la patota de APUBA o la PFA?.

LA IMPUNIDAD PARA EL APARATO REPRESIVO NO CONOCE FRONTERAS
En el año 2001 hubo una manifestación anticapitalista que la policía reprimió con cuerpos especiales, antimotines, apaleando, gaseando y disparando contra jóvenes, varones y mujeres. Centenares fueron heridos, 250 fueron detenidos, y un manifestante de 20 años fue fusilado con dos tiros policiales a la cabeza.

Luego, los policías plantaron elementos de prueba contra los manifestantes y ocultaron las que los responsabilizaban a ellos. Gracias a esas maniobras, en menos de un año, se cerró la causa por el muchacho asesinado, porque fiscal y jueces acordaron que el policía actuó amparado por la legítima defensa, exactamente como lo había declarado el ministro del interior apenas ocurrido el crimen: “estábamos seguros desde el primer momento: es legítima defensa”.

Siete años después, en otro juicio, los principales responsables de la represión fueron absueltos. De los 29 policías identificados e imputados, sólo 13 fueron condenados a levísimas penas excarcelables, a pesar que se probó que plantaron bombas molotov a los manifestantes; que los detenidos fueron torturados y que encubrieron al camarada fusilador.

El relato trae a la memoria la Masacre de Corrientes, la del 20 de diciembre o la del Puente Pueyrredón; hace pensar en Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón o Luis Cuéllar. Pero no estamos hablando de Argentina, ni de sus policías, jueces y fiscales, que, según dice la propaganda “progre”, tienen tanto que aprender del primer mundo…

Loq ue estamos contando pasó el 20 de julio de 2001 en Génova, Italia. En el democrático primer mundo, ese que quieren que imitemos para ser civilizados. Era la reunión de los presidentes de las naciones del Grupo de los 8. Miles de manifestantes anticapitalistas se convocaron en el puerto italiano para repudiarlos. La policía italiana fue encargada de “asegurar que la reunión se pudiera desarrollar con “normalidad”. El ministro del interior anunció que iba a utilizar todos los medios necesarios para garantizar el evento.

El resultado, lo dicho. Heridos, detenidos, y Carlo Giuliani, de 20 años, muerto por las balas de un policía antimotines. Su asesino, Mario Placanica, de 22, fue absuelto al año siguiente, a pesar de los esfuerzos de la familia Giuliani, y de la evidencia que surgía de la filmación del crimen. En el video se ve que el uniformado bajó del carro de asalto, apuntó contra el joven desarmado, y le disparó, directamente, dos veces a la cabeza.

Esta semana, un tribunal italiano absolvió a 16 policías, entre ellos los jefes del operativo, y sólo dictó leves condenas contra otros 13, acusados, por ejemplo, de obligar a las mujeres detenidas a permanecer desnudas en su presencia, y de plantar cócteles molotov a los detenidos para justificar los arrestos.

Nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el imperio del capitalismo. El estado, esa junta de gobierno de la burguesía, tiene por objeto asegurar las condiciones para la explotación. Para eso, debe reprimir. Aunque prefieran hacerlo de formas más sutiles e invisibles, no dudan en masacrar a los trabajadores y el pueblo cuando les resulta necesario, y en garantizar la impunidad de su brazo armado. En Argentina, o en Italia.

SIGUE EL ÚTIL “JUEGO DEL ABSURDO” EN LA CAUSA BULACIO
Para el gobierno kirchnerista, el nombre del juego es “que parezca que hacemos algo” para cumplir con la sentencia de la Corte IDH en la Causa Bulacio. Y así, se van sucediendo movidas que serían absurdas si no respondieran a la clara política del gobierno, de hacer como que hace algo mientras avanza sostenidamente en endurecer su política represiva, la misma que mató a Walter.

Primero, el propio ministerio que dirige a las fuerzas de seguridad federales, entre ellas la policía, presentándose como querellante, a través de la tan útil Secretaría de DDHH, en la causa interna. El patrón querellando al subordinado. Segundo, el juez Cubas, que admitió esa presentación, al mismo tiempo que volvía a rechazar la reposición de la madre de Walter, patrocinada por CORREPI, en el rol de querellante del que fue apartada, en junio de 2002 para que los jueces pudieran tratar de cerrar la causa. Tercero, el comisario Espósito y su defensor, el Dr. Pablo Argibay Molina, queriendo ser ellos también querellantes (¿por qué no, si su jefe ya lo es?).

Después, el circo para anunciar la tardía, y por demás inútil, a esta altura, exoneración de retirado comisario de la PFA, todo armadito con invitación a tomar el té para la mamá de Walter y su abogada de CORREPI, informado a la prensa como si fuera un hecho. Cristina y Aníbal, los sensibles, se cansaron de esperar sentados, y se quedaron, obviamente, sin la foto.

Ahora, fue una nota de Aníbal Fernández al Consejo de la Magistratura, instándolo a “efectuar un exhaustivo estudio de la conducta de los magistrados” que, como lo dice la Corte IDH en su sentencia, son co-responsables de la “gravísima situación de impunidad”. Como si, cinco años después de la condena internacional, los pobrecitos del Consejo no se hubieran enterado de la sentencia.

Pero lo notable, que devela el jueguito oficial, es el listado de cuatro nombres que el ministro de Justicia, Seguridad y ¿DDHH? manda investigar. Son los cuatro de primera instancia, incluidos los dos que procesaron, por diversos delitos, al comisario. Ni una palabra de los camaristas, en las sucesivas composiciones de las salas que intervinieron una y otra vez a lo largo de casi 18 años, y que, en definitiva, fueron los que quisieron sobreseer al comisario; los que apartaron a la querella; los que quisieron declarar prescripta la causa.

Claro, es que entre esos camaristas hay renombrados amigos del gobierno, muchos hoy ya ascendidos, a los que no conviene molestar. Del mismo modo, ni una palabra tiene el ministro para pedir que se incluya en la “investigación” a los integrantes de la Corte Suprema, la anterior y la actual, que con sus demoras y sus funcionales omisiones vienen garantizando desde 1991 la impunidad de los responsables por la muerte de walter Bulacio.

En una palabra, otra pieza retórica llena de rimbombantes adjetivos para hacerse el preocupado, mientras sus policías, gendarmes y demás perros guardianes siguen deteniendo gente ilegalmente, siguen torturando y matando con el gatillo fácil.

CÓMO NOS LIBRAN DE LOS DIABÓLICOS “MENORES”
Cuando el gobierno y los medios hablan de los turistas correntinos que, en Brasil, apalearon hasta matarlo a un amigo, dicen “los chicos”. Cuando hablan de los tres narcos que aparecieron fusilados en Gral. Rodríguez, también dicen “los chicos”. Pero cuando se trata de los hijos de los pobres, de los que hay que disciplinar a fuerza de detenciones arbitrarias, torturas y gatillo, son “los menores”. Esos monstruos que hay que encerrar, y tirar la llave.

Dos de esos “menores”, de 16 y 17 años, recluidos en un “instituto” de régimen cerrado (carcelario) de La Matanza, que no contaba con personal médico y ni profesional, abierto hace apenas 10 días, murieron ahorcados en menos de 24 horas, entre el 14 y el 15 de noviembre. El sábado a la noche, Cristian Candela, de 16, fue encontrado muerto en su celda. La noche siguiente, su amigo Damián Caballero, de 17, corrió igual suerte.

Como Germán Medina en el Instituto Rocca en enero del año pasado; como Ezequiel Rodríguez en el instituto lindero a los tribunales de Lomas de Zamora hace apenas unos meses, Cristian y Damián ya no aterrorizarán a la sociedad. Ya están muertos, sin necesidad de que se baje la edad de imputabilidad. No importa si, como Germán, no estaban acusados de delito alguno, sino “dispuestos judicialmente para remediar su situación de riesgo”, o para resolver su “abandono y desamparo”. Ni siquiera gastaron una bala para librarse de ellos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 5 de diciembre, 19:00, en la sede de ADEMYS, Venezuela 1455, charla a cargo de compañeros de CORREPI: “Informe de la
situación de los DDHH en Argentina 2008″.

ARCHIVO 2008
Estamos ya ingresando a la etapa final de la recopilación de datos para la actualización 2008 de nuestro ARCHIVO DE CASOS, que sistematiza toda la información disponible sobre las personas asesinadas por el aparato represivo del estado usando sus diferentes modalidades (gatillo fácil, torturas, muertes en cárceles, desapariciones, etc.). Este año, lo presentaremos, como venimos haciendo, en el marco de una jornada antirrepresiva y acto en Plaza de Mayo, el viernes 12 de diciembre. El acto central comenzará a las 17:00.

Necesitamos, como cada año, el aporte de los compañeros y organizaciones de todo el país, que nos puedan enviar los datos de los casos locales que conozcan, y que generalmente no trascienden en los medios de comunicación. También es importante la actualización de casos de años anteriores, para que cada diciembre nuestro Archivo, que está pensado como una herramienta de denuncia a disposición de todos los que quieran usarlo, sea un poco más completo y preciso.

Toda la información que puedan enviar a correpi@fibertel.com.ar nos sirve, cuanto más completa, mejor. Gracias a todos.

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En La Plata, escuche Atando Cabos, el programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad .gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
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