CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

“COMPASIÓN” y TUTELA: REPRESIÓN.
Según la jueza de la corte suprema Carmen Argibay, el reciente fallo que impidió la liberación de 60 menores de 16 años del instituto San Martín “protege a los jóvenes del gatillo fácil y la muerte”. El expreso reconocimiento de la práctica institucional (gatillo fácil), que nosotros definimos como política de estado, descubre la fragilidad e hipocresía con las que ese mismo estado justifica su rol de garante de intereses de la clase que victimiza a nuestros pibes.

Ello no distingue ideológicamente a quienes se ubican más o menos a la derecha o resultan más o menos progresistas. Por el contrario, en las entrañas del estado capitalista, unos y otros confluyen, aunque partan de hipótesis aparentemente diferentes. La situación de los “chicos de la calle”, o “en situación de calle” o “menores en riesgo”, o cualquier otro eufemismo con el que se intente disimular su condición de pibes pobres, se remonta y reconoce un íntimo vínculo con el modo de producción y acumulación de la burguesía, a costa de la explotación de las clases subalternas obligadas a trasladarse masivamente del campo a los centros industriales, dejando a los pibes en las calles y a la espera del regreso de sus padres de las agotadoras jornadas en las fábricas.

Históricamente, el paisaje de la ciudad se vió asi alterado, inspirando en las clases dominantes la necesidad de ejercer el control sobre la amenaza que esa masa de “potenciales delincuentes” representaba. El discurso era la caridad: “pobrecitos, están en riesgo”; el medio era la tutela: “nosotros nos encargamos”. La finalidad era la represión: “internémoslos en institutos especiales”.

El primero data de principios de siglo XVIII (dieciocho) en Illinois, EEUU. El desarrollo del sistema capitalista, la profundización de sus crisis y ciclos económicos y sobremanera el actual estadío en el que se encuentra como consecuencia de su descomposición, ha acentuado aquella realidad y se presenta ahora con las crueles imágenes de una constante y nada solapada revictimización de la pobreza.

En la Argentina del mayor crecimiento macroeconómico de los últimos tiempos, de la mayor reserva monetaria de los últimos tiempos y del mayor discurso hipócrita sobre derechos humanos, también de los últimos tiempos, mucho más del 10% de su población está compuesta por pibes hundidos en la miseria. Esta realidad –que no es solamente nuestra sino estructural del sistema capitalista- fue resumida en un reproche que la CIDH (Corte Interamicana de Derechos Humanos) hizo llegar a los gobiernos de la región: “Los estados no sólo no evitan que los niños sean lanzados a la miseria sino que además atentan contra su integridad física, psíquica y moral y hasta contra su propia vida…”

Curiosamente esto se transcribe en el reciente fallo de la corte argentina, sin embargo la contradicción con lo que termina resolviendo (impedir que los pibes salgan en libertad) es sólo aparente y esto es lo que revela la jueza Argibay cuando se desboca y dice lo que dice no porque se indigne sino porque se justifica: Si los pibes salen los extermina la miseria generada por la burguesía apropiadora, así que mejor se quedan adentro, aunque allí los exterminen las instituciones que esa misma burguesía utiliza para disciplinarlos. Es la ley con la que el derecho (burgués) se realiza.
Desde la reacción derechista o desde la compasión progresista, todos los caminos conducen a la represión.

RAZZIA, GOLPIZA Y DETENCIÓN ARBITRARIA (Y MÁS GOLPIZA) EN MISIONES
El domingo 23, Elvio Osorio fue detenido, sin causa alguna, cuando estaba en una fiesta de cumpleaños en el barrio A4 de Posadas. A la 5 de la mañana, a raíz de un supuesto llamado de un vecino (supuesto, porque cualquier vecino molesto no espera hasta las 5 am para llamar a la policía) llegó un patrullero con cuatro policías. Sin mediar palabras, o mejor dicho, insultando y amenazando a los presentes, empezaron a los golpes. A Elvio, que salió a hablar cuando llegó el patrullero, lo molieron a golpes directamente en la calle, en el suelo, entre varios, a puño, patada y cachiporra; a otros los persiguieron dentro de la casa (sin orden de allanamiento, claro).

Como se empezaron a acercar vecinos, pidiendo que le dejaran de pegar, lo llevaron detenido para seguirlo golpeando sin la presencia de vecinos y familiares molestos. Lo llevaron a la comisaría 11, pero el oficial de guardia pidió que fuera revisado por el médico periférico del barrio antes de ingresarlo. La enfermera que lo atendió le puso una venda y dijo a los efectivos que tenían que llevarlo al hospital por la gravedad de las lesiones. Hecho que nunca ocurrió, así nomás, Elvio fue llevado otra vez a la comisaría, detenido e incomunicado por 48 hs.

Para CORREPI, no son novedad este tipo de hechos de demostración de poder, de persecuciones, de arbitrariedades por parte de la policía a pibes de barrio. Lo que no es tan frecuente es que lo cuente, rompiendo la lógica de la naturalización e invisibilización impuestas, uno de esos pibes amedrentados. Dijo Elvio a los medios locales que: “Acá la juventud vive atemorizada por la forma de actuar de la policía. Son muy brutos, pegan sin dialogar. Golpean, rompen, atropellan, pasa a menudo en estos barrios es casi común que la policía actúe de esa manera. (…) No quiero que esto quede así. Tengo una vida por delante. Quiero que ellos sepan que la juventud es la que está siendo afectada, está siendo reprimida, cuando no hay motivos. Los mismos detenidos cuentan experiencias escalofriantes”.

Sencillamente, Elvio ve y denuncia lo que “nadie” ve, o, mejor dicho, no quieren reconocer, quieren ocultar, los que diseñan el discurso dominante. Y en sus palabras sencillas, ratifica que, en Misiones, como en el resto del país, la policía reprime en los barrios humildes, infunde terror a los jóvenes. En una palabra, disciplina preventivamente.

OTRA IDEA PARA DANIEL
Durante la campaña electoral, y en el transcurso de su primer año como gobernador, Daniel Scioli aprovechó cuanto micrófono tuvo a mano para declarar que la inseguridad es “el principal problema que aqueja a los bonaerenses”. La expresión, lejos de convertirse en una de las tantas promesas a las que nos acostumbran los gobernantes de turno, se cristalizó con la saturación de efectivos en las calles, las constantes entregas de patrulleros a distintos municipios, el pedido expreso del ministro de seguridad Carlos Stornelli de disponer de “más policías con mayor poder de fuego”, y hasta con el proyecto del ejecutivo provincial de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, anunciado por el gobernador en conferencia de prensa, flanqueado nada más ni nada menos que por su ministro de desarrollo humano.

En una provincia donde los empleados de la salud pública paran exigiendo el nombramiento de 700 cargos, y los docentes insisten, por su parte, con la creación de 15.000, el gobernador, coherente con las necesidades de la clase a la que representa, se dedica a optimizar el funcionamiento de su aparato represivo. Esta semana tuvo media sanción en la legislatura provincial el proyecto que habilita a policías retirados a incorporarse a los servicios de vigilancia adicionales, ya sea en organismos oficiales o entidades privadas. El proyecto de ley ideado por el comisario Scioli “responde a la necesidad de contar con más efectivos en la calle debido a la preocupante situación de inseguridad que se vive en la provincia”, justifican los medios de comunicación, que destacan: “de esta manera reemplazarían a los activos que cumplían esas funciones y que pasarían a tareas destinadas a combatir el delito”, con su correlato de detenciones arbitrarias, gatillo fácil y torturas que minimizan o directamente ningunean en sus ediciones.

Y como si fuera escaso el menú de ideas pergeñadas desde el poder político para “combatir la inseguridad”, allí aparece la burocracia sindical para dar su invalorable aporte en la cruzada: Juan Carlos Berón, del Sindicato Unión de Conductores de Taxis de La Plata, propuso que los taxistas se conviertan en colaboradores rentados de las fuerzas de seguridad. A través del programa “Guardianes al volante”, aquellos taxistas que habitualmente colaboran con la policía, ahora además lo podrán hacer por un sueldo.

Cumpliendo a la perfección con su rol, y naturalizando la explotación, dijo Berón sin inmutarse: “si (la iniciativa) se concreta va a haber una larga cola de interesados. Qué taxista no va a querer tener un ingreso fijo adicional de 800 o 900 pesos siendo que hoy vivimos al día y si en una jornada nos va mal a la siguiente no tenemos para comer”.

El proyecto “Guardianes al volante” se suma a otras ya célebres propuestas del gremio, como por ejemplo la habilitación para portar armas, el pedido de prohibición de carros con tracción a sangre manejados por menores en el microcentro y hasta el traslado de la casa de gobierno para evitar los cortes y piquetes en el centro de la ciudad.

Nada que envidiar a sus compañeros de calle y de uniforme y su dirección política. Cuando no son su fuerza de choque, la burocracia sindical se despacha con brillantes aportes, en este caso “para mejorar la seguridad de todos”, siempre en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Otra idea para Daniel…

TUCUMÁN: CONDENA A TRES POLICIAS POR TORTURAS
El 18 marzo de 2001, Raúl Francisco García (20) fue torturado por tres suboficiales de la comisaría de Ranchitos, provincia de Tucumán. De camino a su hogar, luego de salir de un baile, pasó frente de esta dependencia. Sin cruzar palabra alguna, los uniformados lo corrieron y comenzaron a golpearlo ferozmente, lo que derivó en una doble fractura de mandíbula y la perdida de varias piezas dentales. Luego de la paliza recibida, Raul García quedó semi inconsciente. Fue levantado por los tres agentes, llevado dentro de la comisaría y tirado en el interior de un calabozo.

Sin atención medica, ni aviso alguno a su familia de la detención, permaneció allí por aproximadamente tres horas, hasta que alrededor de la medianoche el cuñado de García recibió un llamado para ir a retirarlo. Lo obligaron a ingresar con el auto por la parte trasera de la seccional, sin permitirle el ingreso a la misma. Luego de unos minutos, dos policías sacaron el maltrecho cuerpo del muchacho a rastras y lo tiraron dentro del auto. Con heridas internas desencadenadas por la paliza recibida, García regreso a su domicilio.

Al día siguiente, el padre de García, al ver que su hijo sufría de agudos dolores, decidió trasladarlo hasta el Centro de Salud. Tras recibir atención médica, radicó una denuncia en la sede regional este en Lastenia.

El, en ese momento, fiscal de instrucción, Dr. Hector Musi, luego de analizar la causa decidió, como de costumbre, que las torturas llevadas a cabo por los uniformados Néstor Alderete, Hector Rufino Avila y Hugo Reguera no merecían una condena y pidió su sobreseimiento. Lo insólito fue que el juez de instrucción, Dr. Alfonso Zottoli, no pensó lo mismo. Según su dictamen, a los imputados debía acusárseles del delito de lesiones gravísimas. Ante estas dos posturas contradictorias, intervino el fiscal de cámara, Dr. Juárez, quien hizo lugar a la petición del Dr. Zottoli. Los policías fueron procesados y pasados a disponibilidad.

Luego de siete años de espera, los jueces de la sala l de la Cámara Penal dictaron un fallo poco frecuente. Decidieron, por primera vez en la historia de esta provincia, condenar a los tres agentes por torturas. El fallo dictó una condena de ejecución efectiva, pero al no estar firme la sentencia, los policías -vaya novedad- siguen en libertad.

Nuevamente vemos como la justicia, aun cuando por las particularidades del caso cierre una puerta, siempre les abre una ventana a los perros guardianes del estado, facilitándoles la posibilidad de arreglar todos sus asuntos pendientes antes de fugarse, como estamos cansados de verlo sin que nadie se agite por la inseguridad de tener torturadores condenados sueltos en la calle.

ROSARIO: PATOTAS SINDICALES, BARRAS BRAVAS Y POLICÍAS
La batalla campal protagonizada por dos sectores enfrentados de ATILRA, el sindicato de los trabajadores de la industria lechera, que culminó con 13 heridos y un muerto, vuelve a mostrar la permanente asociación de la burocracia sindical y sus patotas, las barras bravas del fútbol, y la policía. El episodio no es nada novedoso, si recordamos tantos otros similares donde usan para dirimir sus conflictos internos los recursos que más a menudo emplean contra los trabajadores y el pueblo. Como en San Vicente, cuando se enfrentaron sectores de distintos gremios en la disputa por estar más cerca del féretro de Perón; el asesinato, también en Rosario, del tesorero de Camioneros, Beroiz; las disputas en el sindicato de Luz y Fuerza de Villa María, con tiroteos al por mayor, o, más recientemente, la gresca, con un muerto, entre las patotas de dos sindicatos petroleros en La Pampa.

Menos novedosa aún es la asociación de las patotas sindicales peronistas con barras bravas futboleras, y a su vez con la policía, como ya se verificó, por ejemplo, en el caso de los tres bonaerenses asesinados en la planta transmisora de La Plata en octubre del año pasado, donde los imputados pertenecen a los tres grupos, cuando no son de dos a la vez.

Mientras en Rosario la noticia posterior a la fatal batahola es la denuncia de que la policía liberó la zona para dejar actuar a las patotas (otra situación nada novedosa), lo destacable son las declaraciones del “socialista” gobernador Hermes Binner, que no deja dudas sobre la utilidad práctica de los grupos de choque “privados” para preservar el “buen nombre y honor” policial.

Dijo Binner: “Si la policía hubiese actuado como lo hacía en otros tiempos, hoy estaríamos hablando de gatillo fácil y de los crímenes que quedaron impunes”. En cambio, como los que actuaron (de uno y otro lado) fueron los patoteros del sindicato, hoy, en Rosario, la policía (una de las más fusiladoras y torturadoras del país) está a salvo de todo reproche, y puede recibir el halago de su jefe político, que aspira a tener “… una policía que prevenga, que sea amiga de la gente. (…) porque el policía tiene que ser amigo de la vecinal, del club, de la parroquia, de la escuela, tiene que ser una parte integral de nuestra sociedad, y nosotros debemos abrir el espacio para valorizar el servicio que debe prestar la policía”.

PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO 2008
Como todos los años, CORREPI realizará el próximo viernes 12 de diciembre, a las 17:00, en Plaza de Mayo, el acto de presentación del Archivo de Casos de personas asesinadas por la represión estatal en el último año. Como lo hicimos bajo los gobiernos de Alfonsín, Menem, De La Rua, Duhalde y Kirchner, este año, junto a los familiares de víctimas de la represión policial institucional, expondremos, con la crudeza de los datos y números, que el actual gobierno lleva asesinados más de un millar de pibes de nuestro pueblo con el gatillo fácil y la tortura.

El año pasado, en esta misma fecha, decíamos que el gobierno que venía, con Cristina Fernández a la cabeza, traería consigo la profundización de la represión. No nos equivocamos. Además del uso sistemático del gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías, se han incrementado las detenciones arbitrarias, y vemos a diario cómo la represión se descarga sobre los trabajadores y sus organizaciones, a través de la coerción directa, o la más sutil pero efectiva utilización del aparato judicial.

También como todos los años, estamos convocando a todas las organizaciones y compañeros del campo popular acompañarnos en esta actividad, cuyo eje central es la denuncia de la política represiva del estado argentino en cualquiera de sus variantes, la del control social sobre los sectores sociales más vulnerables con el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias, y la que se descarga contra esos mismo sectores organizados, bajo la forma de la represión política, la persecución, las amenazas, la criminalización de la protesta y el encarcelamiento por razones políticas. les pedimos que nos confirmen si su presencia y participación puede ser posible.

Los convocamos, compañeros:
FRENTE A LA REPRESION, ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 12 de diciembre, 17:00, acto en Plaza de Mayo para presentar los datos del Archivo de Casos.