CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

POLINARCOSECUESTRADORES
Desde CORREPI sostenemos que el control, la recaudación y el gerenciamiento del crimen organizado está en manos de las distintas fuerzas represivas del estado, siempre amparada y en connivencia con el poder político: desde punteros de barrio, hasta el poder ejecutivo o el judicial.

Frecuentes y recientes noticias, publicadas con más o menos extensión por distintos medios, nos cuentan, en parte, cómo estos elementos coexisten e interactúan. Tráfico de drogas, secuestros extorsivos, comisarios, zonas liberadas, contratos y permisos otorgados por el estado, asesinatos, dinero del narcotráfico donados a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, escuchas telefónicas, funcionarios públicos, información filtrada desde despachos judiciales y de asuntos internos, conviven en la radio y la TV, y se consumen como si fueran una “novedad”. Algo poco frecuente o excepcional.

Un gran rompecabezas mediatizado (poco accesible y difuso) que expone con qué impunidad opera el crimen organizado en la Argentina, impunidad que sólo el propio aparato estatal puede autoblindarse.

La triangulación, por orden judicial, de los llamados que realizaron los secuestradores de Leonardo Gabriel Bergara (capturado en Ranelagh el 22 de diciembre pasado y por el que se pide medio millón de dólares de rescate) fue una de las llaves que abrió la “nueva” caja de Pandora.

El comisario de la misma jurisdicción donde fue secuestrado Bergara, el oficial Víctor Ariel Vega, y el capitán Juan Vicente Cardozo (al que le encontraron 6 kg de marihuana en su casa) fueron detenidos por haber mantenido conversaciones telefónicas con los secuestradores. Pero el comisario se enteró de esto antes que se libraran las órdenes de captura y de allanamientos.

“Justo cuando esa comunicación fue descubierta, el capitán se presentó ante los investigadores de la DDI de Quilmes para decirles que mediante un informante había logrado contactarse con gente de la banda de secuestradores” pudimos leer en el diario Crónica. Pero luego se desdijo, y al prestar declaración indagatoria ante la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, y la conjueza María Linares, planteó que lo habían llamado pero no había contestado porque “no conocía el número”.

Todo indica que el comisario fue alertado desde la propia fiscalía o desde asuntos internos de la policía bonaerense o de los dos lados…

La esposa de Leonardo Bergara dijo a los investigadores que fueron sorprendidos por al menos “cuatro hombres que simulaban ser policías y llevaban sus rostros ocultos y estaban fuertemente armados”…

Pero ahí no termina todo, los policías de la jurisdicción de Quilmes que fueron detenidos, y otros cuatro con pedido de captura, todavía prófugos, “seguían una pista en la que vincularían a un funcionario de segunda línea del Registro Nacional de Armas (RENAR) con el secuestro de Leonardo Bergara (37)”, señaló Crónica.

El funcionario del RENAR, del que no ha trascendido su nombre, a su vez está relacionado con “la famosa causa de la ruta de la efedrina, porque se presume que actuó como nexo en la misteriosa reunión que Sebastián Forza mantuvo con un grupo de tenebrosos narcotraficantes en (un Shopping de) Quilmes, horas antes de ser asesinado”, completa el matutino.

El 13 de agosto de 2008, en un descampado de la localidad de General Rodríguez (zona liberada) fueron fusilados Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35). Fuentes del Frente para la Victoria confirmaron al diario Clarín que el asesinado Sebastián Forza donó 200 mil pesos (unos 65 mil dólares) para el financiamiento de la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner, a través de la droguería Seacamp S.A.

En tanto, su socio Ariel Vilán, quien se habría suicidado tiempo después, aportó otros 160 mil pesos (unos 52 mil dólares) por medio de la droguería farmacéutica Unifarma.

La ministra Ocaña explicó que Seacamp S.A. y Unifarma “formaban parte de una red de 10 droguerías que eran las únicas beneficiadas con los permisos para importar efedrina por parte del Ministerio de Salud de la Nación” (diario Los Andes). Un negocio que garantiza una buena rentabilidad. “Acá el kilo de efedrina vale 2.000 pesos y en México 10.000 dólares”, señala el ex comisario de la bonaerense Luis Vicat, otrora hombre de la intervención de Lugones en la policía provincial, dedicado hoy al asesoramiento privado en seguridad bancaria y menesteres afines, después de que los coletazos del caso Cabezas lo hicieran rodar.

Sin querer complejizar más aún el entramado de relaciones entre el crimen organizado, el poder político y las fuerzas represivas, también debemos recordar los 750 kilos de cocaína que fueron secuestrados en noviembre pasado en un galpón de San Miguel. En el hecho, están implicados policías de la federal y de la bonaerense relacionados con narcotraficantes mexicanos y el triple crimen de General Rodríguez.

Y para rematar, no olvidemos que el subcomisario César Antonio Eymuller, jefe de la Sección Precursores Químicos del Departamento Técnico del Narcotráfico de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, está siendo investigado a partir de cruces telefónicos entre Sebastián Forza.

Una alta fuente de la Policía Federal reconoció el 10 de septiembre de 2008 que “existirían cruces y escuchas telefónicas de los que se desprende una supuesta relación extorsiva entre el subcomisario y Forza. Se habla de un supuesto pago mensual que le hacía Forza al subcomisario para que éste no presentara determinadas pruebas que incriminaban al empresario en el manejo irregular de medicamentos y químicos”.

Una vez más, queda en evidencia la permanente y orgánica vinculación del aparato represivo del estado con el crimen organizado, y muy especialmente, con el narcotráfico, donde a cada paso saltan los vínculos entre empresarios aportantes de la campaña Cristina Presidente, los carteles internacionales y la policía.

GATILLO FÁCIL, LOS MEDIOS Y LA VERSIÓN POLICIAL
El jueves 2 de enero se produjo un nuevo caso de gatillo fácil, un ladrón había robado un local en recoleta, al salir, fue descubierto y perseguido a los tiros por la policía, y en plena huída, ultimado. Luego de matarlo, y de poner en riesgo la vida de muchos transeúntes la policía descubrió que el hombre sólo llevaba un arma de juguete.

Según la versión policial, el ladrón se metió en una veterinaria y quiso escapar por el fondo del local, pero como no pudo volvió a salir. Fue en ese momento que “sacó su arma y amenazó disparar.”

Según los vecinos el que entró a la veterinaria y luego salió fue un motoquero de 25 años que intentó salvarse de los tiros y terminó herido con dos balazos. La policía tiró mas de siete tiros (en plena calle llena de gente) para matar a un hombre desarmado que, justamente por eso, no podía ofrecer resistencia a un simple arresto.

Otro caso de gatillo fácil, que por suerte no fueron más las víctimas.

No sorprende el accionar de la policía, que primero dispara a matar y luego se fija si es motoquero o ladrón, si está armado o no. Tampoco sorprende el accionar de las medios de comunicación, que si dudarlo, publican la versión policial como verdadera.

Dicen que para muestra sobra un botón, acá reproducimos varios para que no queden dudas, se trata de algunos de los titulares de ese día:

Clarín.com: “Al menos tres hombres intentaron robar un comercio de Arenales al 1.800. La Policía confirmó a que hay un delincuente muerto y dos detenidos.”

ImpulsoBaires: “Un grupo de delincuentes se enfrentó a tiros con la Policía Federal en las inmediaciones de Arenales y Callao. En la oportunidad los efectivos dieron muerte a un presunto delincuente, mientras que hirieron a otra persona.”

Ambito.com: “Un delincuente murió al tirotearse con efectivos de la Policía en un violento episodio registrado en pleno barrio de la Recoleta”

26 Noticias: “Un delincuente murió y su presunto cómplice resultó herido tras enfrentarse con la policía luego de protagonizar un robo a un transeúnte y un intento de asalto en un comercio de ese barrio porteño.”

La Nación: “Un delincuente murió durante un tiroteo en Recoleta Se produjo en Arenales al 1800 luego de un intento de robo a una veterinaria, hay dos detenidos”

La lista sigue y sigue, y así forman la opinión y algunos términos. Porque cabe preguntarse ¿de que hablan cuando hablan de “enfrentamiento”, o de “tiroteo”? ¿De qué hablan y para quién lo dicen, cuando piden seguridad?

DE SALTA A SANTA CRUZ, LA REPRESIÓN ESTATAL ES UNA Y AUMENTA
Ni el invento de motines, ni de cuadros depresivos sorpresivos, logra disimular la política que el estado, gobernado por los Kirchner, viene ejecutando mediante la tortura en los centros de detención, con los presos pobres hacinados en cárceles y comisarías provinciales y federales.

Esta semana, lo que se perfila como la masacre de Orán, produjo la quinta víctima cuando Alejandro Cruz (17) falleció luego de diez días de agonía en el hospital, como consecuencia de las quemaduras e intoxicación tras el incendio en la comisaría 20 de San Ramón de La Nueva Orán, tal como informáramos en nuestro Boletín anterior.

Y como la represión no es cuestión de “malas policías cuyas prácticas sus gobiernos no pueden desterrar” ni de “policías jóvenes inexpertos o mal entrenados”, sino la deliberada acción de una política de estado, también en la provincia de Santa Cruz, la de los K, además de existir funcionarios que atropellan docentes en lucha y reciben penas tan leves como una absolución por el poder judicial, cuenta con el GOE, grupo de operaciones especiales, fuerza policial creada en 1986 “para prevenir disturbios políticos o sociales”, léase para reprimir la protesta. Esta semana, tal como seguiremos destacando, el
GOE ha demostrado que no hay reforma ni cursitos de derechos humanos que paren las torturas y el gatillo fácil.

Marcelo Ruben Aguilar Igor “Pájaro” (36), denunció públicamente que el 27 de diciembre estaba en la puerta de un recital en homenaje al grupo Yito Guisande, con bandas de rock de su ciudad, Río Gallegos.

Salió a tomar aire, junto a su cuñado, en la camioneta. Los
interceptó la patrulla 4×4 del GOE. Como es práctica común en todo el país, simultáneamente con el pedido de documentos y el
interrogatorio, los esposaron. A Marcelo lo sujetaron del pelo y comenzaron a golpearlo en las costillas con sus borceguíes e
insultarlo hasta cansarse. Después, lo tiraron sobre la caja de la camioneta para dejarlo, no sin antes golpearlo por más tiempo con puños y patadas, ocasionándole hematomas en el ojo y fractura en la nariz.

Marcelo, que temió por su vida en el traslado y jamás intentó
resistirse, reducido y esposado, fue alojado en una celda con orines y vómitos, hasta las 8 de la mañana del domingo junto a gran cantidad de otros jóvenes detenidos.

La imputación: resistencia a la autoridad y “ebriedad”, la figurita repetida en las miles de detenciones arbitrarias que abren la puerta a las torturas, porque de eso hay que hablar en lugar de “abuso” o “maltrato”, eufemismos que sólo sirven para que no se note esta práctica sistemática en “democracia”.

A la denuncia que Aguilar se animó a hacer, luego de que el médico policial firmara que no había recibido golpes, y que el hospital municipal se negara a atenderlo, se le suman otros casos de detenciones arbitrarias. Ya comenzando el año, el de Víctor Raúl Retamal (27) quien se encontraba bajo el régimen de salidas transitorias y apareció ahorcado en una celda de la comisaría seccional primera en Caleta Olivia, a la que habría sido llevado por imputarle una contravención. De más está decir que no hay ningún funcionario detenido ni investigación activa.

¿Acaso los policías torturadores desde Salta a la provincia K, son menos que Varizat? Todos elementos de un mismo brazo, el que golpea sobre el pueblo.

LOS 18 KG. DE MARIHUANA “DESAPARECIDOS INCREÍBLEMENTE”
El 28/12/08 el diario La República de Corrientes titulaba: “Desaparece droga de un Juzgado Federal”, y el 02/01/09 Crónica agregaba que ese hecho era “Increíble pero real”.

Ambos diarios se referían a los 18 kg. que estaban (según Crónica) “bajo estricta custodia policial”, en el juzgado federal de Paso de los Libres, Corrientes, y que “desaparecieron” sin dejar rastros ni sospechosos.

El juez Juan Ángel Oliva ordenó la investigación del caso al fiscal Benito Antonio Pont. Éste, después de una semana de “intensa investigación” no ha podido encontrar ni un responsable ni una pista, ni un sospechoso…. y como hay feria judicial, seguirá investigando intensamente recién en febrero.

Si bien esta noticia nos aporta pocos datos, los que hay son
suficientes para sacar alguna conclusión, por ejemplo, algo sencillo: la droga no desaparece. En el mejor de los casos, ha sido robada para el consumo personal de algún oficial encargado de cuidarla, o de algún empleado de la dependencia, pero se trata de 18 kg… una cantidad enorme para ese fin.

Otra conclusión que se desprende de la “sorpresa” del diario Crónica es que el robo de 18 kg. de marihuana, que no puede estar destinada al consumo personal, sino a la venta, no es un hecho “increíble”, sino más bien cotidiano ¿quién puede robar esa cantidad de droga de un juzgado y burlar su custodia?.

Si, si, ¡adivinó!. Sus propios cuidadores, quienes, además, son los que pueden luego venderla en el mercado que ellos mismos administran, gerencian y organizan.

A buen entendedor, pocas palabras. Ni “desaparecida” ni “increíble”. Otro hecho más de fuerzas de seguridad del estado cometiendo un delito que evidentemente quedará impune.

DOS PRESOS MUERTOS EN TUCUMÁN
Víctor Hugo Zelarayán (51) se encontraba alojado en la celda 103, sector C, de la Unidad II del penal de Villa Urquiza. El lunes 01/12/08 apareció ahorcado, en su celda, con un cordón. Así y todo, los guardiacárceles lo llevaron al hospital, donde entró sin vida.

Extrañamente, en un penal hacinado (como todos) no hubo testigos, nadie vio ni escuchó nada. Víctor estaba solo en su celda cuando murió. La causa que le atribuyen al suicidio es “un fuerte estado depresivo”…

Un mes después, el 02/01/09, Julio Alberto Cisneros (18), que estaba alojado en la Unidad V del penal del mismo penal, se suicidó en idénticas condiciones. Fue encontrado en el suelo y con un cable cerca de su cuerpo. Lo llevaron al hospital, donde también entró sin vida. En este caso, tampoco nadie vio ni escuchó nada, y también, dicen, que sufría un “fuerte estado depresivo”.

Las casualidades no existen, pero que las hay la hay, sobre todo en el penal de Villa Urquiza. Más allá de si se trataron efectivamente de dos suicidios, que (conociendo el servicio penitenciario argentino) es poco probable, estas dos muertes son responsabilidad del estado. La integridad física y la vida de toda persona privada de su libertad es responsabilidad del estado, así esté apresada con condena o sin ella.

Las inhumanas condiciones de hacinamiento, los castigos,
humillaciones, etc., que debe afrontar un preso (pobre, por supuesto) serían, según sus sostenedores, las causas de los cuadros depresivos que presentaban los dos presos (si ello llegase a ser cierto). También sería responsabilidad estatal que un preso, en estado depresivo, pueda estar solo en su celda y con un cinto o un cable a mano.

Las cárceles argentinas, son, lisa y llanamente un depósito de
pobres. Son la institución del castigo (para el condenado y para el que está sin condena), son la amenaza latente de que el estado, puede convertir la vida del que le toca caer en sus manos, en muerte, o en el peor de los infiernos, una pata más del terror para el adoctrinamiento del pueblo.

POLICHORROS: TRES POLICÍAS INTENTARON PREVENIR EL VERANITO EN LA PELADA
Tres policías de la seccional La Pelada, 230 km al norte de Rosario, fueron detenidos por haber robado 13 acondicionadores “split”, DVDs y cámaras digitales de un camión que sufrió un accidente y debían cuidar. El robo lo realizaron en connivencia con el dueño de la empresa de transportes. Varios de los aparatos fueron encontrados en la propia comisaría.

Los uniformados, que según señala un medio “incursionaron en el
terreno delictivo”, son el oficial principal, que estaba a cargo de la seccional, de apellido Córdoba y dos sargentos ayudantes, de apellidos Carruega y Bo.

El 19 de diciembre de 2008, un Scania que había salido de Pilar rumbo a Salta, transportando mercadería para la empresa Megatone. Sufrió un accidente y obstruyó la ruta provincial 4, a la altura del kilómetro 80. El vuelco se produjo en jurisdicción de La Pelada, un pueblo de 1.500 habitantes, y que cuenta con una seccional en la que trabajan en total 7 policías, incluido el titular.

Los policías acudieron para ordenar el tránsito, y terminaron
arreglando el robo con el dueño de la empresa de camiones. Ninguno de los medios difundió su nombre.

Aparentemente, los polichorros no compartieron su botín con sus
cuatro compañeros de comisaría, que terminaron denunciándolos ante el jefe de la Unidad Regional XI con asiento en Esperanza, comisario mayor Jorge Negri. Tomó intervención al juez de instrucción nº 6 de Santa Fe, Carlos Ferrero, “quien ordenó allanar los domicilios de los policías que estaban a cargo del operativo, del dueño de la empresa de cargas y de sus oficinas, que se encuentran en Frank”, contó Negri. Lo que el comisario mayor no relató a los medios fue que parte del cargamento estaba dentro de la comisaría, ni que la denuncia se
hizo porque los polichorros “puentearon” a sus colegas.