CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

TRES GATILLOS CON SUERTE (PARA LAS VÍCTIMAS)

1.- Tucumán

El sábado 18 de enero, en el barrio Sur de la capital de Tucumán, un joven de 21 años fue baleado por las fuerzas de seguridad del Estado. “Todavía no me explicaron por qué me dispararon” murmuró Patricio Celenca desde una cama de la terapia intensiva del hospital Padilla. Por el gatillo fácil fueron pasados a disponibilidad y están detenidos un comisario, un cabo y un agente.

Celenca había ido a bailar a un boliche de la zona con su amigo Emmanuel Costas de 18 años. Al salir del lugar (en Tucumán los bares y boliches nocturnos cierran a las 4 am) los jóvenes subieron al Dodge 1500 de Costas, y cuando se dirigían hacia la casa de Celenca, una camioneta Chevrolet S10 blanca se les cruzó y sus ocupantes les dispararon. “Ni siquiera me pidieron que bajara del auto. Yo estaba indefenso”, declaró la víctima.

Que los policías tienen el dedo í­ndice sensible cuando agarran un arma y se les cruza un pibe pobre, es sabido. Tampoco es llamativo que el mismo comisario que el martes 20 daba declaraciones a la prensa local desde una posición ajena al hecho, hoy esté detenido. Se trata de Jorge Rodrí­guez quien declaró al matutino La Gazeta: “En esta dependencia tenemos un móvil de esas características, ordenamos que todo el personal se someta a un dermotest. Incluso yo lo hice”.

El comisario Rodrí­guez se hizo el dermotest porque lo obligó la fiscal de feria, no porque haya tenido un gesto de buena voluntad. Según el resultado de la pericia, el comisario, el cabo Carlos Fabián González y el agente José Alejandro Hassán tení­an restos de pólvora en las manos. Los tres quedaron detenidos.

Luego, acusado de intento de homicidio, el comisario confesó que en la madrugada del domingo estaba a cargo de patrullajes en la zona sur de la capital. Ante la fiscal dijo: “Celenca atropelló a otro chico y se escapó; nosotros lo único que hicimos fue perseguirlo para esclarecer el hecho. En ningún momento le disparamos”. ¿Cómo llegó entonces la bala a la zona medular de de Celenca? Por supuesto que el presunto atropellado no apareció por ningún lado.

“Estaban adormecidos. Parecí­a que estaban ebrios. A Celenca lo subimos en la camioneta de la Dirección de Drogas Peligrosas y lo trasladamos hasta el hospital, porque en nuestro vehí­culo no podíamos cargarlo”, mintió el policí­a. Rodríguez no dio ninguna explicación de cómo fue que Celenca había sido baleado y dijo que se enteró recién cuando llegó a la comisarí­a. “Me llamaron del hospital y me dijeron que el chico estaba malherido. No entiendo cómo pudo haber pasado porque ninguno de nosotros sacó su arma. El vidrio del auto se rompió con el choque, no a causa del disparo”.

A pesar de que Rodríguez se contradijo en todo y quedó en evidencia su intento de homicidio, asegura que la justicia lo absolverá, y puede que no se equivoque. Mientras tanto, y por suerte, Celenca se recupera en la sala de terapia intensiva del hospital Padilla.

2. Neuquén

El 17 de enero la policía de la ciudad de Neuquén baleó a dos jóvenes que circulaban en moto por la ciudad. A pesar de que uno de los chicos fue alcanzado por dos disparos, lograron huir hasta llegar a la toma de tierras comunales de “La Familia”, donde los policí­as que los perseguían fueron echados a piedrazos. El chico, de 20 años, terminó hospitalizado con un disparo en el abdomen y otro en el antebrazo.

La policí­a intentó justificar los disparos aduciendo que el nuevo blanco de la represión era “conocido del ambiente delictivo” y “oriundo de la toma de la Familia”.

3. Puerto Madryn

Un chico de 20 años fue tiroteado por la espalda durante un procedimiento policial. El hecho ocurrió al mediodí­a del 24 de enero en el barrio 21 de Enero de Puerto Madryn, cuando las fuerzas estatales realizaban un allanamiento. Un agente gatilló su Ithaka con proyectiles de goma e hirió a César Segundo. El chico tuvo que ser operado de urgencia. Dos familiares del herido fueron detenidos cuando quisieron defenderse de la agresión de los uniformados.

La policí­a intentó justificar al agresor diciendo que la ví­ctima habrí­a intentado huir del domicilio durante el allanamiento en el que se buscaban objetos robados. La fiscal, lejos de la imparcialidad que se jacta tener la Justicia, se entrevistó con la policía, pero no tuvo tiempo de recibir a la madre del joven herido.

LOS QUE HACEN “OLAS”

Durante el mes que se fue, con el caso del secuestro del empresario Bergara, ya abordado en nuestro Boletín, pudo verse lo que CORREPI sostiene: la policía, como brazo armado del estado, gerencia el delito, desde el más complejo en su organización como el de los polinarcosecuestradores, hasta el que requiere menos infraestructura como el de la coima semanal. Pero no fue el único suceso mediático que desnudó lo sostenido, también con menos trascendencia se conoció el accionar de dos bandas organizadas que en sus diferentes rubros, demuestran quiénes se encuentran al mando de esa especie de fiebre disparada cada tanto para repercutir en la opinión pública.

Ola de asaltos a jubilados: el diario El Día en su volanta describía: “fueron sorprendidos en la zona de 7 y 40, en pleno Barrio Norte platense. En su poder tenían armas de fuego, proyectiles, precintos, handies y una picana eléctrica de 120 volts. Uno de los detenidos sería un conocido comerciante”.

El “conocido comerciante” –probablemente atrapado para sacarlo de la competencia o por desacuerdo con la parte de sus botines- es dueño de una empresa de seguridad privada y una flota de taxis en La Plata. La operatoria es la que sólo dentro, o en sociedad con, la fuerza policial, se puede lograr. Negocio redondo el de la seguridad privada, que luego de obtener los datos en los viajes en taxi, torturar a los ancianos y llevarse grandes sumas de dineros, les vendía protección para sus hogares para continuar vigilándolos.

Ola de asaltos a restaurantes: En uno de los pocos casos que llegan a juicio por causas armadas -no por escasos sino porque son convalidados por el poder judicial- esta vez, en lugar de sobreseer a los acusados, la justicia les dio una manito a los policías federales demorando el juicio por más de diez años. Al comenzar febrero demostrará que, como describe el diario Crítica Digital “las víctimas de estos policías eran siempre inmigrantes sin documentos, desocupados y personas que viven en la calle. A ellos les plantaban pruebas y luego los detenían acusándolos de delitos gravísimos como robo, asalto y venta de droga”. Estos pobres eran los “perejiles” que daban motivo para las “olas de asaltos a restaurantes” y que entre otros objetivos, lograron que el ministro Fernández, jefe de los federales, premiara a uno de los policías imputados poniéndolo al mando de su custodia personal.

OTRO MUERTO EN LA PROTESTA DEL GOBIERNO K

Un asesinato más debe sumarse a la lista de muertos en la protesta social del gobierno K. Durante la era de Néstor y Cristina fueron asesinados Marcelo Cuellar, Carlos Fuentealba y Juan Carlos Erazo mientras luchaban contra el gatillo fácil o por mejores condiciones laborales; a partir del 14 de enero hay que sumar a la lista de asesinados para escarmentar la protesta social a Jaime Vargas, conocido por sus compañeros como “Popeye”, trabajador desocupado que participaba de un piquete en reclamo de trabajo en las puertas de Repsol.

El periódico digital Tiempo Sur publicó la noticia “Murió piquetero tras un allanamiento en Las Heras”. Si bien la noticia pareció merecedora de dos míseros párrafos, dedicó dos tercios de los mismos a reafirmar la versión policial, comenzando con el título. La policía contó que Vargas era un ladrón que ellos fueron a buscar a su domicilio para un trámite procesal, que los recibió “descontrolado”, les soltó los perros que mordieron a un efectivo, se volvió a meter en la casa, salió con un cuchillo en una mano y una pistola en la otra, abrió fuego pero no le dio a nadie (la clásica y milagrosa mala puntería del delincuente abatido en tiroteo). Entonces, los efectivos pidieron refuerzos, Vargas siguió tirando y lastimó a uno y entonces “ante la seguidilla de disparos dirigidos hacia todos lados y temiendo por la integridad física de terceros y del propio personal, se efectúa un disparo a zona no vital sobre la humanidad de Vargas”.

El informe sigue diciendo que Vargas entró a la casa, luego salió, se desplomó, pero continuó con la agresividad. Llevado al hospital, murió a la media hora.

Sus compañeros, en cambio, cuentan que, estando en el piquete en las puertas de Repsol, llegó un móvil policial a citar a Vargas, que se lo llevó y veinte minutos después escucharon disparos, ambulancias, patrulleros y recibieron la noticia de que “Popeye” estaba muerto.

Lo vieron con vida por última vez cuando el trabajador subió al patrullero de la policía local. La versión de los manifestantes es corta, sin detalles espectaculares y mucho más creíble, sobre todo por la represión constante con secuestros y torturas que reina en la localidad de Las Heras hace ya más de 2 años.

Si la justicia sigue su fin y su curso normal, los diarios continuarán hablando del piquetero muerto en un tiroteo; se disfrazará a sus verdugos de “víctimas que sólo se defendían”, y encubrirá todo con la habitual “legítima defensas”, o, a lo sumo, con un piadoso “homicidio culposo”, es decir, sin intención. Así continuarán con su tarea de dar ejemplos palpables de qué espera a los pobres que, como Jaime Vargas, tozudamente se niegan a morirse de hambre sin chistar.

REPRESIÓN DE LA PROTESTA EN EL CHACO Y A LA PROTESTA POR LA REPRESIÓN EN BS. AS.

El discurso de DDHH del gobierno es parte de su política represiva: un discurso “setentista”, el descuelgue de cuadritos, el juicio a algún viejito represor y los cursitos de DDHH a las actuales fuerzas represivas, todo junto para generar el mayor de los consensos y reprimir tranquilamente casi sin costo político.

Un buen ejemplo de esta política represiva fue lo ocurrido en el Chaco. El 8 de enero, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia presentaba el “Observatorio de Derechos Humanos por el Buen Trato Institucional”, cuyo objetivo es monitorear y prevenir “los apremios o lesiones a la dignidad de las personas en los diferentes ámbitos institucionales”. El subsecretario Marcelo Salgado recordó el alineamiento de su gobierno con el nacional “este es un gobierno que tiene prioridad en la política de derechos humanos”.

El 19 de enero, la policía provincial reprimía brutalmente una manifestación en Resistencia convocada por varias organizaciones sociales en reclamo de renovaciones de becas y por contratos laborales. El saldo (de la política de DDHH) fueron palos, gases, balas de goma, 70 detenidos, decenas de heridos, un compañero pisoteado por un caballo y encarcelado mientras vomitaba sangre en una comisaría de Tirol a 10 km de Resistencia.

Pero la represión no terminó allí, ya que, como siempre sostuvimos, es inherente al estado, gobierne quien gobierne. En la Ciudad de Buenos Aires la “derecha macrista”, usando la policía del “gobierno de los DDHH”, reprimió la manifestación en repudio a la represión frente a la casa de la provincia del Chaco, con la excusa de agresiones a un taxista (quien con su auto, arremetió contra los manifestantes). Nuevamente detenidos, esta vez 14, entre ellos 5 menores, algunos de 13 y 15 años.

Los menores, a disposición de un juzgado nacional, fueron liberados la misma tarde, pero los mayores permanecieron detenidos más de 36 horas, que la fiscal contravencional “justificó” ante los abogados de CORREPI, que asumieron la defensa de los compañeros, con la burocracia procesal propia de su fuero.

Más allá de los discursos y de las poses, no existen diferencias de fondo a la hora de reprimir la protesta popular, entre el gobierno nacional, el porteño o los provinciales. Todos defienden los mismos intereses y privilegios. Más allá de los matices, todos son de derecha.

POLINARCOSECUESTRADORES: STORNELLI: “ESTE SECUESTRO NO FORMA PARTE DE UNA INTERNA POLICIAL, SINO DE UNA BANDA DE DELINCUENTES”.

A partir del secuestro del empresario Leonardo Bergara podemos divisar con mayor profundidad como opera el crimen organizado que controla, recauda y gestiona el aparato represivo del estado. Hasta el día de hoy, todos los implicados en el secuestro son integrantes o ex integrantes de la policía bonaerense.

A raíz de la investigación judicial, la fiscal federal Silvia Cavallo y el juez federal Luis Armella apresaron a varios uniformados: Jorge López, dueño de la casa de El Pato donde apareció Bergara; los tenientes Víctor Vega, de la Jefatura Distrital Berazategui, y Maximiliano Costa, de la comisaría 1ª de Quilmes; el ex cabo Néstor Daniel “El Oreja” Ocampo, el capitán Juan Cardoso, procesado junto a Vega por el delito de “secuestro extorsivo”, el ex policía José Pardini, cuyo auto fue usado en el secuestro, y el jefe de la Distrital Berazategui, comisionado Luján. Éste, Costa y Ocampo fueron excarcelados sin que se modificara su vinculación en la causa. Pardini estuvo tres semanas muy tranquilo en su propia casa, mientras su nombre aparecía en diarios, radio y TV. Sólo decidió entregarse después que el gobernador Scioli hiciera, en la puerta de la fiscalía, un público llamamiento ante los medios para que se presentara. Obediente, el “prófugo” se entregó esa misma madrugada.

Como para caramelizar el postre, ahora resulta que se está investigando el vínculo de este secuestro con el triple asesinato de los narcos de Gral. Rodríguez, ya que el “entregador”, un empresario vinculado a las fuerzas de seguridad, sería el mismo.

“No hay estructura civil para poder manejarse de esta manera”, se escuchó decir a allegados a la investigación, según publicó un diario digital. Pero los medios no dejan de reproducir las hipótesis del ministro de seguridad bonaerense Carlos Stornelli, del gobernador Daniel Scioli y de “fuentes judiciales” que señalan que “La Banda” estaría integrada por “mano de obra desocupada”, por uniformados de otras fuerzas o de ex convictos con experiencia en secuestros que fueron recientemente liberados. Y como es de esperar, de una “interna policial”.

Pero ese es “un” aspecto, ya que podría haber sido la policía federal, la de algún caudillo provincial o de cualquier otra fuerza, como la gendarmería. Hombres y mujeres que operan con zonas liberadas, pleno conocimiento de los puntos de control policial, logística, equipamiento, recursos y hasta uniformes que les permitieron secuestrar, mantener oculto a Bergara, cobrar el rescate y liberarlo. La detección de una banda, también de policías, pero federales, especializada en salideras bancarias, en la misma semana que termina es buena prueba de que la criminalidad policial no es patrimonio exclusivo de la bonaerense.

Ni “maldita policía” que vuelve (¿cuándo se fue?) ni “bolsón mafioso: un par de buenas muestras de que el aparato represivo tiene, entre sus funciones, la de gerenciar y administrar el crimen organizado.

A CRÍTICA NO LE GUSTÓ

El 3 de febrero una periodista del diario Crítica se comunicó con nuestra compañera María del Carmen Verdú para pedirle que escribiera una breve columna con nuestra opinión sobre la que era la noticia del día, la “banda de salideras bancarias” de la PFA, y la explosiva situación de la bonaerense con el secuestro de Bergara. La nota fue recibida y agradecida, pero parece que no gustó. Al día siguiente, junto a la nota sobre la banda federal, se publicó otra columna, firmada por una funcionaria del Programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH y madre de una víctima del gatillo fácil, que abogaba por la “depuración policial”. Esta es la columna que no fue:

CONFESIÓN DE PARTE:

Hay delitos más temibles que otros, porque ponen en evidencia un alto grado de organización criminal, logística, inteligencia, poder de fuego, manejo de comunicaciones, zonas liberadas y, sobre todo, impunidad. Es el “crimen organizado”, que maneja los grandes negocios delictivos: secuestros extorsivos, piratas del asfalto, narcotráfico, “protección” mafiosa, contrabando, trata de blancas, tráfico de armas, asaltos “comando” y “salideras” bancarias, asesinatos por “ajustes de cuentas” o “facturas pendientes”.

De vez en cuando, generalmente porque se rompió algún pacto con el poder o se esquivó algún escalón en la red de reparto de ganancias, alguna de esas bandas es expuesta. Viene entonces la “sorpresa” de descubrir que, casi sin excepción, hay miembros de las fuerzas de seguridad involucrados. Hoy son noticia, como “hechos novedosos”, la participación de la bonaerense en el secuestro del empresario Bergara y el protagonismo de sus colegas federales en una banda de “salideras” bancarias.

¿Y la Fiorino con 116 kg. de drogas conducida por el jefe de la delegación federal en Salta, descubierta por un vuelco? ¿Y los 1.000 kg. de Avellaneda, de una banda con policías federales, bonaerenses, santafesinos, servicio penitenciario y hasta un preso “en comisión”? ¿Y el triple crimen de la planta transmisora de La Plata, con su trasfondo de ajuste de cuentas por tráfico de drogas y armas? ¿Y los policías dirigidos por un comisario retirado que “arruinaron” la investigación del juez Faggionato Márquez sobre el tráfico de precursores? Y sigue la lista, que muestra sin dudas quién dirige y administra el crimen organizado en nuestro país.

Ninguna parte del aparato represivo se “autogestiona” ni tiene “políticas autónomas” que expliquen su criminalidad, como tampoco explican el gatillo fácil o las torturas. En su debate con Zaffaroni, el ministro Stornelli, sin querer, dijo la verdad: “el control de la policía está intacto en cuanto a la autoridad política”. A confesión de parte, relevo de prueba.