CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CASO MAXIMILIANO RODRÍGUEZ: LA RESPUESTA DEL ESTADO A LOS JÓVENES POBRES CON ADICCIONES
Un balazo en el esternón con balas antitumulto a menos de un metro de distancia: Las postas completas del proyectil de la escopeta portada por el cabo de policía Carlos Darío Argüello penetraron el en cuerpo de Maximiliano Alexis Rodríguez (14) durante la madrugada del 10 de marzo cuando se bajaba indefenso del techo de su casa. Sucedió en Córdoba, en el barrio San Ignacio, donde la familia de Maxi, como la de cualquier trabajador cuando pide ayuda del estado para salvar a sus hijos de las adicciones, recibe más condena y represión. A veces en establecimientos carcelarios como le sucedió a Germán Medina (17), luego de que sus padres pidieran tratamiento a un juez de menores, y fuera derivado al Instituto Rocca, donde apareció “suicidado” en enero de 2007, en una celda de aislamiento. En el caso de Maximiliano, con el gatillo fácil de la fuerza policial en el hogar del joven enfermo y frente a sus propios padres.

Maximiliano, a sus 14 años, era un esclavo más de sustancias como el “paco”, arma de destrucción de los jóvenes y, a la vez, negocio que la propia policía administra y explota. En medio de una crisis, se subió al techo de su casa. La familia pidió ayuda a la policía. Cuando llegó el patrullero, el pibe tenía un tenedor en la mano. El disparo de escopeta fue, según las pericias, a menos de un metro de distancia. La certeza del fusilamiento no alcanzó para que el fiscal indagara al policía. Quizás espera más pericias, para establecer de qué calibre era el tenedor y dibujar una linda legítima defensa.

EN 24 HORAS, TRES PERSONAS ASESINADAS POR FUERZAS DE SEGURIDAD EN PRESUNTOS INTENTOS DE ASALTO
Durante la madrugada del 16 de marzo un guardia de seguridad de un zoológico privado de Grand Bourg provocó la muerte de un hombre que habría intentado, junto a otros dos, ingresar al predio.

A la mañana del mismo día, un joven de 18 años en el barrio San Alberto de La Matanza resultó muerto por un policía federal integrante de la delegación Morón cuando, según su propia versión, “entendió que iba a robarle su moto”.

Por la tarde, en Parque Avellaneda, otro federal, pero de la comisaría 54ª, respondió a los tiros ante la cercanía de un joven en la puerta de su domicilio provocándole la muerte en la vereda, donde sus compañeros de fuerza solo pudieron encontrar (¿?) un cuchillo tramontina.

Tiroteos en los que sólo el policía está armado. Peligro de muerte donde el único herido resulta el presunto asaltante. Ataques de personas desarmadas. Fuga de acompañantes que jamás serán hallados porque nunca estuvieron. Todas las características de la escena del gatillo fácil contra los jóvenes pobres.

24 DE MARZO
En los ‘70, con el capitalismo en riesgo y los trabajadores organizados dispuestos a darle batalla, la burguesía necesitó del terrorismo de estado, usando herramientas como la desaparición sistemática de personas, la tortura, los asesinatos, los vuelos de la muerte y los centros clandestinos de detención para aniquilar al enemigo interno. Una vez exterminadas la lucha y la resistencia, había que garantizar que NUNCA MÁS se cuestionaría al sistema que garantiza la opresión de la clase trabajadora hace menos de 300 años con pretensiones de eternidad… pero esa no era tarea de la dictadura. De eso, se ocuparía la democracia.

Las políticas económicas que la dictadura no llegó a profundizar, fueron implementadas desde gobiernos constitucionales “presentables”, legitimados en su origen electoral. Desde 1983 la presencia de los militares en el gobierno era innecesaria y hasta contraproducente. Minaba la legitimidad del estado, precisamente cuando desde el imperio se imponía la línea de la defensa de la “gobernabilidad democrática” y el fortalecimiento de sus instituciones. Así, cumplida la función de “limpieza contrainsurgente”, la represión explícita de la dictadura, cedió el paso a más sutiles métodos orientados preventivamente al control social.

El tan sacralizado “estado de derecho” busca aplicar toda la represión necesaria, con todo el consenso posible. Porque la coerción es la ultima ratio de las políticas represivas de un estado, y su mecanismo más costoso, pues desnuda de manera explícita la dominación. No hay represión más eficaz que la que no es percibida como tal, y que aparenta contar con el consentimiento del dominado. De allí, el esfuerzo puesto por los gobiernos “democráticos”, y como ningún otro, por el actual gobierno kirchnerista, en fortalecer, a cualquier costo, el consenso.

Para que la represión esté legitimada, los estados cuentan con los medios de difusión, que condicionan la opinión pública, es decir, la opinión de la clase que cuenta. En los ‘70 se infundía el miedo a los revolucionarios, los rojos, los subversivos. Hoy, la paranoia colectiva apunta a los adolescentes pobres, esos pequeños monstruos que, nos dicen los medios, hay que combatir con más policía y más mano dura. Y con gusto, el estado democrático accede a los reclamos que él mismo impone y saca más policía y gendarmes en las calles, rodea villas y barrios de trabajadores, compra más armas y equipamiento para controlar y administrar mejor sus negocios del crimen organizado, y todo, encima, con más legitimación para seguir adoctrinando a palos a la clase trabajadora y al pueblo.

Y junto al consenso de la “opinión públicada”, están las herramientas de represión directa. Pero cuidado, que el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias no son novedosos inventos post dictatoriales. Es simplemente la forma que debió asumir, en la nueva etapa, la represión estatal, con cambios respecto del período anterior, porque las circunstancias eran otras. No había ya un enemigo real, organizado, combatiendo, sino un enemigo potencial, el trabajador explotado, al que había que disciplinar preventivamente para que no volviera a organizarse y confrontar. Para eso era más útil otro brazo armado, vestido de azul, más que de verde, que retomara métodos ya probados como eficaces para ejercer el control social. En dictadura o democracia, diferentes modalidades y expresiones de una única política de estado que encuentra su origen en la necesidad del estado burgués -gobierne quien gobierne- de garantizar la opresión a través del control y el disciplinamiento social.

La plena vigencia de los derechos humanos no es una asignatura pendiente que la democracia no ha sabido o no ha podido resolver. No puede haber otro sistema de libertades dentro del capitalismo, como no puede haber otro mecanismo de distribución de la riqueza. Los defensores del estado de derecho, de la gobernabilidad democrática, de la legalidad, se horrorizan cuando descubren un pedacito de esta realidad, y se desesperan cuando les decimos que no hay plan alternativo posible, que esto es así, y lo seguirá siendo, mientras vivamos en una sociedad dividida en clases. No hay otro camino, para el pueblo trabajador, que la organización independiente, y la lucha consecuente.

POLIPROXENETAS EN LA RIOJA
Una mujer riojana asistió con total normalidad a un casting en un hotel 5 estrellas de la capital de su provincia. Para ella era una posibilidad de conseguir un trabajo. Pero durante la entrevista hubo algo que la hizo sospechar de los fines con que se la contrataría. Eran demasiados los beneficios y comodidades que le ofrecían: trabajo, documentos y mucho dinero para trabajar en una empresa radicada en México. Sus sospechas no fueron en vano. Gracias a su denuncia dos personas fueron arrestadas por estar involucradas en una red de trata de personas. Y como siempre que se trata del crimen organizado, está la policía.

Los oficiales arrestados son Jesús Carreño y Evangelina Herrera. También otras jóvenes riojanas fueron tentadas con la misma oferta, pero sólo una hizo la denuncia ante el juzgado federal, luego de haber intentado, sin éxito, hacerla en la Dirección de Investigaciones de la provincia. Por lo tanto, se sospecha también que personal jurídico de esa dependencia también esté involucrado en el negocio de trata de personas.

La mujer policía era la persona que contactaba a las víctimas con Carreño. Herrera reclutaba mujeres dentro de su grupo de amigas o conocidas y, como señuelo para atraparlas, habría vinculado en la oferta laboral al diputado nacional Alberto Paredes Urquiza. El oficial, según admitió el jefe de policía provincial, ya tenía antecedentes: “Ha tenido denuncias en Chepes, cuando desempeñaba funciones en la comisaría de Ulapes, las que obran en un sumario penal y administrativo”. Nada que le impidiera seguir trabajando como policía y proxeneta.

Carreño permanece detenido en el cuartel del Cuerpo de Bomberos de la Policía, mientras que Herrera fue alojada en la Unidad de Asuntos Juveniles. Ante el escándalo público, ambos oficiales fueron apartados de la institución represiva, que sigue organizando el crimen desde la legalidad institucional que el estado brinda a los policías.

GATILLO Y TORTURAS EN ENTRE RÍOS
La semana pasada, en Paraná, Entre Ríos, comenzaron dos juicio orales contra policías locales. Uno por torturas y otro por un gatillo fácil. En ambos casos las vícitimas tuvieron la suerte de sobrevivir. Pero también en los dos casos queda claro cómo funciona el amparo judicial a los perros guardianes del sistema.

El subcomisario Sergio Dreher fue acusado, en 2003, por haber torturado a un vecino que fue a la comisaría de General Ramírez, en el Departamento Diamante a realizar un trámite rutinario. En poco tiempo se sumaron tres denuncias más, tanto por privación ilegal de la libertad como por aplicación de tormentos. En 2005 un oportuno incendio destruyó el expediente penal, y hubo que reconstruirlo, por lo que la causa recién llegó a juicio ahora. Claro que al subcomisario no se lo acusa por torturas, sino por “apremios ilegales”, delito menor que, de no ser considerado prescripto por los jueces, le garantizará, al menos, una pena mínima y sin dudas excarcelable. No menos significativa es la cobertura mediática local. En el diario UNO, se puede leer esta opinión del cronista: “el jefe de comisaría no sólo se extralimitó en su accionar, sino que agredió, amenazó y lesionó al hombre por una verdadera zoncera”. En otras palabras, si hubiera sido “dentro de los límites” y por algo más serio…

Casi al mismo tiempo, comenzó el juicio oral y público al cabo de la comisaría 17ª de Paraná, Carlos Alberto Ramírez, que disparó su arma reglamentaria sobre su vecino Miguel Ángel Mayer, de 18 años, para poner fin a una discusión verbal entre Mayer y un amigo del policía. El disparo lesionó estómago, páncreas, duodeno y colon de la vícitma, y no lo mató de pura suerte. Por descontado que no se lo acusa de homicidio calificado en grado de tentativa, sino de simples lesiones graves.

Y como si hiciera falta probar que la tortura es sistemáticamente aplicada en todo el país, y sistemáticamente amparada por el poder jucidial, al mismo tiempo la Justicia de Instrucción de Chajarí, en la misma provincia, tuvo que detener preventivamente a otros dos policías denunciados por torturadores. De nuevo, la imputación formal fue por “apremios”, lo que permitió la libertad inmediata de los funcionarios, a pesar de que se comprobaron las lesiones sufridas por la víctima.

BARRABRAVAS DE LA CARNE
Como ha ocurrido en muchas ocasiones, los barrabravas de los clubes de fútbol son contratados por los sindicatos como “grupos de choque” que les permiten dirimir diferencias gremiales o impedir manifestaciones de otros sectores (como cuando golpean estudiantes universitarios, o a trabajadores organizados por fuera de la burocracia). Este tipo de tercerización de la represión, no sólo es efectiva a los burócratas. También permite al gobierno eludir la responsabilidad por los ataques protagonizados por sus patotas de la UOCRA, APUBA, UTA, Municipales, etc.

Pero, igual que los policías, que cuando tiene que ajustar cuentas entre ellos utilizan los mosmos recursos y métodos que empelan a diario contra el pueblo, también las burocracias sindicales del PJ usan sus patotas par resolver sus propias internas. Pasó en San Vicente, durante el traslado del cuerpo de Perón, y volvió a pasar en estos días cuando se enfrentaron, frente a la Federación Gremial de la Industria de la Carne de Argentina, en pleno centro porteño, los sindicalista alineados con la CGT de Moyano, y los de la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo, acompañados por una singular mélange de empresarios de la Federación Agraria y CARBAP entre otros.

Lo llamativo del intercambio de golpes y tiros fue que en medio de la trifulca se pudo reconocer a cinco barrabravas de Boca y de Newells. Dos de ellos, según publicaron los medios, son Horacio Enrique, alias el Ninja, y Hugo Rodríguez Horacio, conocido como Huguito, que pertenecen al grupo que lideraba Rafael Di Zeo.

Y como para cerrar el círculo de barrabravas, patotas sindicales y policías, al mismo tiempo surgió la denuncia de que el responsable de “seguridad” del club Boca Juniors serí ni más ni menos que el ex principal de la policía federal Néstor Gago, uno de los policías que intervino en el fusilamiento de Cristian Robles en 1997. Ese hecho, con todas las características de un caso de gatillo fácil, desde la forma de la ejecución al posterior entramado de encubrimiento, también tuvo su ingrediente intestino: el padre de la víctima era también un policía, conocido de los asesinos, al punto que cuando uno de ellos se acercó al joven agonizante, el pibe alcanzó a llamarlo por su apellido, y le dijo “soy yo”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Martes 24 de marzo, 14:00, concentramos en la Plaza Lorea (Congreso) para un acto propio, antes de participar de la marcha a Plaza de Mayo.