CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

MÁS GENDARMES PARA CONTROLAR A LA POBLACIÓN
La gendarmería es una fuerza de seguridad federal que, en teoría, al igual que las FFAA, fue creada para “combatir a los enemigos externos de la Nación” pero curiosamente, al igual que las FFAA, en algún momento u otro queda evidenciado que estas fuerzas no protegen a ningún país, ni ningún interés nacional, sino los intereses privados de aquellos que encuentran en el estado al defensor de sus negocios, sean nacionales o extranjeros.

Así, esta semana pudimos ver cómo la gendarmería, en consecuente y consonante actitud con la feroz campaña mediática de inseguridad, va a avanzar en la ocupación de más territorios considerados “calientes” por su alta concentración de pobreza. Los intendentes que llevan la voz cantante en el actual reclamo de más militarización son los de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez, y de Mar del Plata, Gustavo Pulti, que azuzan y piden más vigilantes. Y el pobre Gobernador Scioli no puede hacer más que hacerse eco de sus reclamos y pedir a la Nación más hombres y más armas para los barrios populares. Y el gobierno nacional no puede más que oír los reclamos de todos y planificar el desembarco de 2.400 gendarmes en el conurbano bonaerense. Ya hay 2.000 gendarmes apostados en el conurbano, mayormente en La Cava y San Isidro, pero Stornelli y Aníbal Fernández tienen el ambicioso proyecto de llegar a los 5.000, y de modificar lo necesario para que gendarmería y policía puedan “articular” sus acciones.

Todos felices, más hombres, más armas para controlar a cada vez más pobres. El “problema” lo tiene el departamento de personal de gendarmería, que tiene “toda la voluntad de cumplir con los deseos de sus superiores” pero se ve en el aprieto, doloroso pero necesario, de retirar gendarmes de otras tareas para destinarlos a patrullar el conurbano. Las tareas de las cuales serán removidos serán los puestos de fronteras y los delitos complejos, léase narcotráfico. Dos pájaros de un tiro: más disponibilidad para fusilar jóvenes pobres y más facilidad para distribuir las drogas que los inutilicen. En Argentina el control social se mejora y se profundiza, un país en serio.

“LUGARES PARA EL TRATAMIENTO” DE PIBES ADICTOS AL PACO
Ante el recurso de amparo presentado por el asesor de menores Gustavo Moreno pidiendo que “la ciudad cese en su omisión de asistir adecuadamente a los menores adictos al paco”, esta semana, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el amparo concedido por la jueza Andrea Danas, que insta al poder ejecutivo a “realizar las acciones”, “dictar las normas” y “establecer lugares para el tratamiento”. Esos “lugares para el tratamiento”, cerca o dentro mismo de los barrios más pobres o las villas, no son más que nuevos lugares de detención y reclusión, ya que la “internación” para el “tratamiento” puede ser “voluntaria o coactiva”.

Según el propio Moreno, “siempre es mejor el tratamiento ambulatorio, pero requiere una familia continente: si está disgregada, si hay violencia familiar, si el grupo de pares sigue consumiendo, si el chico golpea a su madre, si vomita sangre o tiene escaras en las piernas, como hemos llegado a ver, entonces la internación puede ser necesaria; esto no tiene nada que ver con la despenalización de la tenencia para consumo, con la cual estamos de acuerdo, de otro modo, el chico suele terminar encerrado por vía penal”.

O sea, si el pibe no tiene una “familia continente”, si en el barrio se sigue vendiendo y consumiendo paco, si “vomita sangre o tiene escaras en las piernas” la respuesta es encerrarlo antes que delinca. Porque según el amparo “en las villas resulta muy difícil que un niño, niña o adolescente pueda sostener un tratamiento ambulatorio, ante la falta de contención familiar y social”. Evidentemente resulta mucho más fácil encerrarlo en estas seudo-cárceles (ahorrándose además el problema de la imputabilidad), que solucionar el problema social que genera estas situaciones.

Según Pedro Lipcovich en su nota para Página/12 del 25 de marzo, “Los lugares de “internación coactiva”, como los denomina el fallo, responden al modelo de la “comunidad terapéutica”, cuyas tasas de recaída tras la internación se aproximan al ciento por ciento. Funcionan sobre la base de la abstención total del consumo de la mayoría de las sustancias psicoactivas –compensada por la aceptación y promoción del tabaquismo–, bajo un sistema de encierro con altísimo control social.” Y agregó que existen “…dos objetivos inconfesados: sacar de la vista de la sociedad a los niños, niñas y adolescentes indeseables, e introducirlos en el sistema de reclusiones y castigos donde pasarán el resto de sus vidas.”

El círculo represivo y de control social se cierra perfectamente, por un lado el “estado social” le niega a las familias pobres el derecho a la salud, la vivienda digna, la educación, el trabajo. Por otro lado, el mismo estado, a través de la policía y los punteros, llenan los barrios de drogas baratas y fulminantes para los hijos de esas familias. Finalmente, cuando el problema sale a la luz, porque para unos es escandaloso el nivel de drogadicción o simplemente porque estos pibes, convertidos en adictos, atentan contra la “santa” propiedad privada, está el “estado represivo” para encerrarlos o directamente matarlos.

Todo el aparato estatal (judicial, legislativo y ejecutivo) destinado a reprimir y disciplinar a la juventud pobre, convertida por ellos mismos en adicta a las drogas, y el aparato mediático para estigmatizarla, acusarla y convertirla en el “enemigo” de la sociedad, de la sociedad “bien”.

RECRUDECEN LAS TORTURAS SEGUIDAS DE MUERTE EN LAS CÁRCELES Y COMISARÍAS DEL PAÍS
Sesenta y ocho personas murieron en establecimientos de detención durante 2008, tal lo registrado en el Archivo de CORREPI presentado en noviembre pasado.

Veinticinco son los detenidos asesinados en cárceles y comisarías durante el corriente año como consecuencia de la política represiva del gobierno kirchnerista en todo el país, en lo que va del trabajo de investigación de nuestra organización.

En el penal de Marcos Paz, el 20 de marzo, un hombre cuya identidad no se difundió recibió una herida cortopunzante de lado a lado del tórax que le provocó la muerte, y, como consecuencia de una medida de reclamos de presos con una posible zona liberada de parte de los guardiacárceles, varios reclusos sufrieron heridas de distinta gravedad.

El 24 de marzo, Radio Fénix de La Rioja, reportó el homicidio de un detenido en el servicio penitenciario provincial informando que: “Al muerto lo habrían encontrado colgado en su celda durante el control de reclusos que se realiza en forma habitual con cada cambio de guardia. Todavía no trascendieron los motivos. Y personal de la cárcel guarda silencio hasta el momento”.

Tomó estado público la semana pasada, la denuncia de los padres de Jaime Exequiel Ruarte (18) detenido por una contravención el 18 de noviembre de 2008 en la comisaría de Chilecito, La Rioja y entregado al día siguiente muerto bajo la típica versión de suicidio por ahorcamiento. La familia de Jaime logró reunir las pruebas suficientes como para demostrarle a la justicia, cómplice de los torturadores, que el joven fue desnucado. Con antecedentes locales como la muerte de Cristian Ruiz en una celda junto a tres jóvenes torturados con picana eléctrica y sometidos al submarino seco en la Dirección de Investigaciones, impune desde 1999, sólo una muestra más de que los jóvenes pobres que llenan celdas de cárceles y comisarías son el objetivo a aniquilar para la política represiva estatal.

PISTOLA “SE DISPARÓ SOLA” APOYADA EN LA NUCA
Los diarios titularon “Muere murguero en enfrentamiento con la policía”. Mauricio Vega tenía 34 años. La madrugada del 1º de marzo, después de bailar con la murga “Los Incansables de Chacarita”, de la que participa toda su familia, recibió un balazo policial que lo mató. La bala entró a su cabeza por la nuca. Mauro no va a conocer al bebé que lleva sólo cuatro meses en la panza de su compañera.

Según el cabo Segovia de la Cría. 33ª, versión que, es obvio aclarar, reprodujeron los medios, “iba en un móvil, recorriendo la jurisdicción en prevención de delitos y contravenciones, cuando su acompañante, Sgto. Chávez, cuando vio una moto parada en Arredondo al 2.600. Le resultó sospechosa porque la tripulaba un menor de edad. Frenaron, hicieron marcha atrás y se acercaron. Una persona mayor de edad que estaba dentro de un Fiat Uno al que le habían roto el ventilete trasero para abrirlo se bajó del auto y subió a la moto, pero hicieron una mala maniobra al arrancar y cayeron al piso”. Mientras el sargento Chávez bajó del patrullero y redujo al menor, al que puso boca abajo en el piso, Segovia, en el patrullero y arma en mano, persiguió a Mauro.

Lo alcanzó en Zabala y Moldes, junto al terreno aledaño a las vías del tren. Se bajó del patrullero con su Browning reglamentaria sin seguro, amartillada, con bala en recámara y el dedo dentro del guardamonte, sobre la cola del disparador. En la indagatoria dijo que el muchacho trató de saltar una reja hacia el terreno ferroviario, pero él lo agarró por el hombro izquierdo. Entonces, dijo, “por la presión que hace el caco para zafarse, el arma queda debajo de su nuca, y por el golpe se dispara sola”.

La autopsia determinó que el recorrido de la bala fue de atrás hacia delante, ligeramente de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La herida de entrada tiene forma estrellada, y hay quemadura y ahumamiento tanto en las partes blandas como en la tabla ósea externa. Esos tres signos indican, sin dudas, que el disparo se produjo a boca de jarro (con el cañón apoyado en la piel) o a quemarropa (distancia de 0.5 cm a 3 cm como máximo). Aunque hay que esperar los análisis histopatológicos para precisar si fue lo primero o lo segundo, de lo que no hay dudas es que el disparo no pudo ser a más de 3 cm.

Por descontado que los policías “encontraron” un conveniente revólver a metros del cadáver. Otra vez, es tan “perro” que ladra. Si bien es apto para producir disparos, su funcionamiento, como siempre en las armas plantadas, es anormal. Claro, no se plantan armas buenas, esas se alquilan o se venden, no se tiran. Igual que cuando plantan droga, que siempre es ultra cortada. Lo más importante de los defectos del arma es que para dispararla hacen falta las dos manos, porque hay que alinear el tambor con la aguja percutora y el cañón (está roto el seguro del tambor, entonces gira loco). Además, hay una falla que hace que las percusiones sean débiles, por lo que hay que gatillar varias veces apuntando hacia el suelo hasta que estalla el fulminante. También está roto el martillo.

El policía, en cambio, tenía su reglamentaria cargada con balas de punta plana, con la ojiva en forma de cono truncado. Este tipo de proyectil, igual que los de punta hueca, expansivos o “dum-dum”, también está prohibido por la Convención de Ginebra para su uso en la guerra, porque no hieren, sino que matan. Según la propaganda de sus fabricantes, el proyectil que usó el cabo Segovia “incrementa el poder de volteo y la gravedad de las lesiones que provoca”, por lo que las aconsejan para uso policial.

Aunque el cabo está imputado y fue indagado, está en libertad. No se han escuchado voces airadas de ricos y famosos, ni de periodistas e indignados ciudadanos “de bien”, reclamando al juez Daffis Niklison que “cumpla la ley” manteniendo detenido a un sospechoso de homicidio calificado. Esta semana se iba a hacer, en el lugar y a la misma hora del fusilamiento, la reconstrucción del hecho. El juez, seguramente muy ocupado en garantizar la “seguridad” de los argentinos, se olvidó de avisar a la familia de Mauro y sus abogados de CORREPI que decidió suspenderla a último momento.

Con o sin un plan de seguridad de nuestra presidenta, incorporando más gendarmes y policías retirados, con balas prohibidas por la Convención de Ginebra, el gatillo fácil sigue siendo la principal herramienta del estado para asesinar a la clase trabajadora.

EL “NUEVO” PLAN DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO
“El plan lanzado por el gobierno tiene un inocultable signo de mano dura”, decíamos en mayo de 2004, cuando, con la excusa de la campaña fomentada por el falso ingeniero Blumberg, el gobierno nacional anunció, con bombos y platillos, el “Plan Nacional de Justicia y Seguridad”.

El entonces presidente Néstor Kirchner, y su ministro Gustavo Béliz, se encargaron de presentar el “plan” que prometía terminar con la “inseguridad” al compás de baja en la edad de imputabilidad de los menores, más cárceles, más efectivos policiales y de otras fuerzas de seguridad en las calles, aumentos de penas para algunos delitos (no, por cierto, los que a diario cometen empresarios, políticos o su aparato represivo), más prisión preventiva (para los únicos que van presos, desde luego, no para ricos y famosos o sus perros guardianes), etc.

Nada muy diferente a lo que esta semana anunció la presidenta Fernández de Kirchner, de la mano del ministro Aníbal Fernández: Reincorporación de 4.000 policías y gendarmes, incluyendo exonerados (ministro, no se olvide del comisario Espósito); 400 millones de pesos para engrosar el presupuesto para la represión; gendarmes en las “zonas calientes”, es decir, los barrios pobres; 500 nuevos patrulleros; 21.500 celulares para las “redes de alerta vecinal” (o sea, “avise si ve un morocho pobre en su barrio”) y 5.000 cámaras de video “en puntos clave del conurbano”.

Aunque el INDEC intente mostrar cualquier cosa, nadie puede ocultar que se deteriora cada vez más la situación de los trabajadores. Despidos, suspensiones, recorte de horas extras, pérdida de beneficios, más trabajo en negro, más pobreza e indigencia. El gobierno necesita estar preparado para dar su respuesta de siempre a los reclamos que ya asoman. Necesita más aparato represivo, mejor armado y equipado. Y si es posible, legitimado y con consenso, haciéndonos creer que lo hace para protegernos.

Lo único que disminuirá con el “nuevo” plan de seguridad nacional, será la seguridad de los trabajadores y el pueblo.

REPRESIÓN A LOS DOCENTES EN RÍO NEGRO
Los docentes de Río Negro de la UNTER vienen encabezando uno de los conflictos de más duración en el país. Ante la negativa del gobernador radical K, Carlos Saiz, de brindar fondos para atender los reclamos de los docentes, sostienen un paro por tiempo indeterminado.

Desde los comienzos de la protesta los maestros han sido reprimidos por la policía, y al ver que cada vez más el pueblo se suma a la causa docente, el estado provincial ha empezado a cambiar la forma de represión: hay dirigentes de UNTER judicializados, atropellados con vehículos, con el cuello cortado, familiares de los mismos golpeados, dirigentes amenazados por civiles en la vía pública, otros demonizados por las declaraciones de los funcionarios, locales atacados, y todo amparado por las grandes corporaciones mediáticas locales.

Imitando “el método Varizat” en Santa Cruz, un docente fue atropellado en Chinchinales durante un corte de la ruta 22 y otro atacado por un supuesto civil con una trincheta que le produjo una herida de 10 cm en el cuello. El compañero fue internado en el hospital de Villa Regina donde fue intervenido quirúrgicamente y su estado evoluciona en forma favorable. A esto se le suma que en El Bolsón existen “zonas liberadas,” como táctica represiva y también se utilizan grupos de choques parapoliciales para acallar los reclamos de los trabajadores de la educación.

Como se ve, el estado siempre acalla las protestas de los trabajadores, sea por la vía del palo y bala, o tercerizando la represión, como en este caso.