CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LA REPRESION DEL DENGUE
Ocurrió en Gral. Mosconi, Salta. Trabajadores desocupados cortaron la Ruta 34 exigiendo a los gobiernos (comunal, provincial y nacional) una serie de medidas que aseguren la continuidad de obras públicas adjudicadas a organizaciones sociales.

El intendente de Mosconi, Isidro Ruarte, con la complicidad de medios genuflexos, en lugar de cumplir los compromisos asumidos con los más pobres, inició una campaña contra ellos a quienes se refirió de esta manera: “son peor que el dengue” para seguidamente redoblar la apuesta y convocar al resto de la población a que colabore con gendarmería en la represión del corte.

Lejos estamos de un simple exabrupto con olor a pintoresquismo provinciano. Nos equivocamos también si pensamos que estas cosas pertenecen a los rasgos canallescos de un intendente trasnochado. Esta es una prueba del remanido recurso de naturalizar políticas selectivas y criminalizadoras contra la clase trabajadora y los sectores más empobrecidos a quienes además los responsables califican de plaga.

El estado, en el marco del recrudecimiento de su accionar represivo, legitima su violencia coronando su política sistémica de criminalizar la protesta con la pretendida complicidad del resto de la población. Complicidad que a veces buscan por comisión cuando reinstalan los “debates” sobre la inseguridad e impulsan la pena de muerte o la baja de imputabilidad pero que también logran por omisión cuando ningunean que los casos de violencia policial e institucional se reproducen cada vez con mayor frecuencia y que ha aumentado la lista de luchadores sociales con procesos pendientes.

En este contexto el modo que elige este intendente “democrático” es más directo, llama a practicar el colaboracionismo con las fuerzas de la represión. Es la lógica de un estado que en el clima de la crisis capitalista mundial acentúa sus rasgos más violentos contra los más pobres, se potencian las prácticas neofacistas. Esta es una de ellas.

MUERTE EN COMISARÍA POR UNAS MANDIOCAS
El pasado 23 de marzo, Isidro Pared (55), fue detenido por la policía de la localidad de Mburucuyá, Corrientes. Eran las siete de la mañana. Lo fueron a buscar a su casa acusado de haber robado mandioca de una chacra vecina, delito gravísimo si los hay. Seguramente iba a revender los tubérculos en el mercado negro.

Pasadas las 24 horas de detención, la policía llamó a la familia de Isidro para informarle que estaba detenido y que “por una convulsión” lo habían llevado al hospital de Saladas y luego al hospital escuela de Corrientes. Esa “convulsión” que afirma la policía resultó ser, según el parte médico, producto de un “fuerte golpe en la cabeza” que lo llevó a un coma profundo y días después a la muerte.

La familia de Isidro ya hizo la denuncia en la fiscalía de Saladas, pero la investigación quedó a cargo de Asuntos Internos de la policía, o sea, a cargo de quienes le dieron muerte.

¿Que piden los que piden mano dura?, ¿qué piden los que piden la pena de muerte? ¿Hay una mano más dura que la asesina?, ¿no es esto pena de muerte, y encima sin juicio previo? ¿Y de qué derechos humanos nos hablan los “garantistas” de la corte suprema y los que “no son la derecha” en la Casa Rosada?

EL COMISARIO SE ACORDÓ TARDE DE SUS COLEGAS PROXENETAS
Hace dos semanas, el diario Página/12 publicó una entrevista al ex comisario Hugo Ledesma, que se despertó un domingo de 2009 queriendo contar que, cuando era jefe de Migraciones de la policía en el año 2004, quiso investigar el tráfico de personas para la prostitución en la provincia de la Pampa. Según él, sus superiores se negaron a dejarlo investigar, por la sencilla razón de que eran los jefes de la banda de trata, y lo destacaron a una comisaría a unos 300 kilómetros de Santa Rosa, donde ni siquiera tenían teléfono en el destacamento, situación que para el comisario fue suficiente excusa como para no denunciar a sus colegas.

En estos tiempos de tanto debate sobre la “inseguridad”, parece que la confesión tardía del comisario Ledesma no conmovió tanto la “opinión pública”. Parece que no afecta la “seguridad” que incontables chicas estén siendo violadas diariamente y que recién cinco años después, ya retirado, al Sr. Ledesma se le ocurra denunciarlo.

Sus superiores, los que serían los jefes de esta “banda”, siguen estando en sus funciones. Sabemos que, al igual que las drogas, la trata de blancas es uno de los negocios que más plata deja a la policía. Y así los policías pueden comprarse los autos importados, las 4×4 y los chalets en barrios privados, esos lujos que vemos a diario, y que no se pagan con los sueldos ni con los bonos por reprimir en la cancha o en una manifestación.

Luego de que se publicó esta noticia, los diarios de La Pampa la reprodujeron escandalizados, como si acusar de tratante de blancas a un comisario y un subcomisario fuera algo novedoso. En medio de la conmoción, también se despabiló un fiscal, que llamó al ex comisario para que declare. Mientras tanto, a las mujeres y niñas explotadas hace cinco años, hay que agregar los centenares que habrán sido sometidas en ese lustro. Separadas de sus familias con engaños o por la fuerza, vaya a saber a cuántos diputados y jueces tuvieron que complacer bajo el poder de hecho y para el lucro de los policafiolos.

CÓRDOBA: CRÓNICA DE UN SECUESTRO LEGAL
Que “resistencia a la autoridad…”, que “actitud sospechosa…”, sea cual sea el motivo que inventen los uniformados de las fuerzas policiales, el resultado y las consecuencias de los secuestros legales que hacen las fuerzas policiales son siempre las mismas: un joven menor de 18 años fue brutalmente golpeado y torturado el último fin de semana de marzo en la comisaría de Balnearia de la provincia de Córdoba.

Carlos Navarrete, estudiante de la universidad de Córdoba, terminó en el hospital después de sufrir todo tipo de torturas físicas y psíquicas por parte de las fuerzas estatales. Desde la institución represiva afirman que el muchacho había golpeado a su novia dentro de un boliche. El joven había sido puesto a disposición de la fiscal de turno Betina Croppi luego de ser detenido por “resistencia a la autoridad”.

Navarrete había trabajado con su padre hasta la mitad de la madrugada en la filmación de unas fiestas regionales. Luego fue a un boliche de la zona a encontrarse con su novia, la que en un momento se desvaneció por el calor, por lo que un patovica lo ayudó a sacarla hacia afuera. Tras Navarrete y su novia desvanecida, salió un oficial que llamó por radio a un móvil por lo que arribaron al lugar dos policías más que lo agarraron de los pelos y lo metieron adentro del patrullero mientras su novia lloraba y gritaba que lo soltaran.

En el trayecto hacia la comisaría uno de los oficiales sugirió que “no valía la pena llevarlo a la comisaría, que lo mejor era llevarlo a un campo y matarlo de un tiro.” Por suerte, o mejor dicho, porque los otros funcionales represivos no quisieron, esto no ocurrió. Pero avisaron a la comisaría que llevaban “a un pesado” e ingresaron a la misma por la parte de atrás, donde lo esperaban otros cuatro uniformados que lo golpearon durante diez minutos hasta que apareció el comisario -vestido de civil- quien sugirió que la tortura había sido suficiente. A pesar de ello, lo siguieron golpeando.

Al llegar el médico policial, luego de revisar a Navarrete y comprobar las lesiones, dispuso enviarlo al hospital para realizarle radiografías y demás estudios. En el hospital fue puesto al cuidado de la misma fuerza que lo había enviado hacia ese lugar. Como no podía ser de otra manera, el joven fue dopado y al despertar estaba esposado en la camilla mientras otro uniformado le tomaba las huellas dactilares.

Esto no es todo: un amigo de Navarrete, cuando fue a preguntar a la comisaría por el paradero de su amigo, también fue chupado, encerrado y golpeado.

Nada fuera de lo habitual de los procedimientos a los que nos tiene acostumbrados esta fuerza que se ampara en el argumento de “resistencia a la autoridad” y “averiguación de antecedentes” para hacer esta clase de secuestros. Secuestro legales claro, siempre bajo la ley. Ley burguesa por supuesto.

CÁRCELES SUPERPOBLADAS Y AUMENTO SALARIAL PENITENCIARIO
Diecinueve de los veinticinco países con sobrepoblación carcelaria de América Latina se encuentran con ‘hacinamiento crítico’, que es producido por una densidad carcelaria del 120% al 250% inclusive. Las cárceles se ven superpobladas producto de las distintas políticas de “tolerancia cero” en las que se condena con todo el rigor delitos menores y se utiliza al máximo el recurso de la prisión preventiva.

La superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires se agravó tras la sanción de la ley 12.405, en marzo de 2000, que restringió las condiciones de excarcelación para delitos menores. Esta norma fue impulsada por el ex gobernador Carlos Ruckauf, mentor de la llamada “mano dura”. En 2000, los detenidos en Buenos Aires eran 18.212, en 2001 se llegó a 22.075 y un año más tarde a 24.249.

En estas unidades bonaerenses, 25.000 presos están hacinados en establecimientos que sólo tienen capacidad para unos 15.000 internos. Mientras que en la provincia de Salta, la superpoblación llega al 217%.

Si a esto le sumamos que la realidad represiva que se construye a través de las políticas de estado y los medios de difusión tienen como objeto legitimar y fortalecer nuestra propia represión por distintos medios, tendríamos que prestar atención a lo que ocurre en México.

En Guadalajara, capital del estado de Jalisco, el sistema penitenciario cuenta con 441 centros de reclusión. Más de la mitad tiene sobrepoblación. Según publicó el Informador.com.mx, “Proponen mejores condiciones laborales de custodios penitenciarios”. Es decir, la “solución” que ofrece el estado mexicano al hacinamiento penitenciario del que el mismo estado es responsable, pasa por… ¡aumentar el sueldo de los guardiacárceles!. Así, dicen, estarán en mejores condiciones para ocuparse de más y más internos.

Probablemente leeremos estos mismos argumentos en los diarios argentinos en un futuro próximo, cuando le aumenten el salario a los integrantes de los servicios penitenciarios que, como en Buenos Aires, son los ejecutores de 1.515 casos de tortura sólo en el período de marzo de 2000 a septiembre de 2002, según las denuncias en la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires.

Más cárcel para los pobres es sinónimo de mejores negocios y salarios para los integrantes de los servicios penitenciarios y demás fuerzas represivas.

EL “PADRE DE LA DEMOCRACIA”
Cualquiera que haya tenido que atravesar la ciudad el miércoles a la tarde se dio cuenta que tardaba tres veces lo habitual. ¿Se le ocurrió reparar en que, al día siguiente, los diarios titularían “Multitudinaria Despedida”, y no “Caos de Tránsito”, como cuando son los trabajadores los que salen a la calle?

La cureña que trasladó el féretro de Raúl Alfonsín fue acompañada por otros tantos muertos vivos de la política argentina, como Enrique “Coti” Nosiglia, Fernando De la Rua, Federico Storani, Aníbal Ibarra, Antonio Cafiero, Leopoldo Moreau, Facundo Suárez Lastra, Marcelo Stubrin, y hasta Graciela Fernández Meijide. Todos dijeron, más o menos, lo mismo. Democracia, libertad, constitución, paz, tolerancia, humildad, honradez, derechos humanos. Hasta se permitieron justificar, como Fernández Meijide, el dictado de las leyes de la impunidad con la vieja y corroída excusa de la “defensa de las instituciones”.

Pero, ¿quién era, de verdad, el que se murió?

El presidente que vino a continuar el proyecto económico que se escribió con sangre durante la última dictadura, a través del Plan Austral, de la economía de guerra y del Plan Primavera. El que inició el proceso de privatización de las empresas públicas, como ENTEL, el que llevó el país a la híper inflación, con precios que aumentaban un 1% diario. El presidente de los saqueos y el estado de sitio, que mandó 2.000 gendarmes para reprimir a los trabajadores hambreados que buscaron comida en los supermercados de Rosario, y detuvo, sólo en el conurbano bonaerense, centenares de personas a disposición del P. E. N. en un solo día.

El presidente de los presos políticos, los de su propio gobierno, y los que heredó de la dictadura, a los que el padre de la democracia hizo cumplir las condenas que dictaron los jueces de la dictadura. El defensor de la paz, que autorizó el uso militar de fósforo blanco y nunca se hizo cargo de los torturados, asesinados y desaparecidos de La Tablada.

El presidente de los dos demonios, del juicio chico y limitado a los comandantes para lavarle la cara al resto del aparato represivo y a los que casi no se nombra, sus mandantes civiles. El tolerante y humilde que nos deseó Felices Pascuas, después de pactar con los represores a los que llamó Héroes de Malvinas.

El presidente del punto final y la obediencia debida.

El presidente de la masacre de Budge, la de Solano, la de Villa Albertina. El presidente cuyo gobierno acusó de subversivos a los primeros militantes antirrepresivos y familiares de víctimas del gatillo fácil que empezaban a organizarse para denunciar esa política de estado.

El gran republicano que abandonó la presidencia, igual que lo haría otro correligionario en 2001. El enamorado de la constitución y defensor de las instituciones, que, para asegurarse un rato más cerca del calor del poder, pactó en Olivos la reforma más oportunista de la historia constitucional argentina. El gran estadista, que se cansó de trenzar y destrenzar, el que inventó la Alianza, el que primero mandó a Cobos a aliarse con el peronismo, después lo echó de su partido, y ahora lo trataba de recuperar porque el voto no positivo sigue midiendo bien en las encuestas.

El Padre de la Democracia, dijeron todos los que fueron a llorarlo en cámaras. Sin duda, el padre de esta democracia, la democracia que genera más pobres, explotados y reprimidos, la democracia de la mano dura. La democracia de los presos y perseguidos políticos, la democracia que reprime trabajadores. La democracia del gatillo fácil y la tortura.