CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Sumario:
1.- Fusilar: “una reacción lógica e instintiva” de la policía.
2.- Caso Bulacio: 18 años de lucha.
3.- Lanata contó hasta diez, y Fernández se escondió.
4.- Represión en Mar del Plata.
5.- Inseguridad: Cambian espacios infantiles por policías de la ciudad.
6.- Nueva sección: BarcelonAntirrepresiva.
7.- Próximas actividades: Presentación del libro “Represión en democracia”.

FUSILAR: “UNA REACCIÓN LÓGICA E INSTINTIVA” DELA POLICÍA
Cada muerte perpetrada e implementada por el brazo armado estatal, tiene su modalidad particular. Una de las más frecuentes es el fusilamiento llano y liso, sin que se produzca enfrentamiento alguno que ponga en riesgo la vida de los uniformados. En distintos contextos, con disímiles víctimas y por diferentes circunstancias -pero siempre bajo igual modalidad-, distintos funcionales represivos fusilaron a sus victimas en el correr de estos últimos días.
Walter Aguerre caminaba por las calles de los suburbios de San Carlos de Bariloche, cuando fue asesinado por la espalda por la Brigada de Investigaciones. Aguerre se había escapado hacía casi un año del penal de Viedma y era buscado por la brigada que lo fusiló. Lo detectaron caminando en el barrio, lo siguieron y le dispararon por la espalda, sin que se produzca ningún enfrentamiento.

Los vecinos del barrio Nahuel Hué 1, situado a unas siete cuadras al sur de la Ruta 40, manifestaron su repudio al asegurar que la víctima portaba un arma de juguete al momento de ser fusilado. Los dos policías de la Brigada de Investigaciones están detenidos.

El miércoles 8 de abri,l en la capital cordobesa, Renato Martín Caro Amor, un subinspector con 9 años en la función de reprimir, fusiló de un balazo a su pareja, Viviana Edith Silva, y luego se quitó la vida, dejando a su hija de cuatro años sin padre y sin madre.

Misma suerte que Silva corrió un joven bonaerense (no se dio a conocer la identidad de la víctima) la madrugada del 14 de abril en Rafael Castillo. Miguel Jonathan Acuña, agente federal de 22 años de la comisaría 49ª, lo fusiló cuando, junto a otro muchacho, intentó hurtarlo. Tras un forcejeo, el policía extrajo su arma y disparó contra los jóvenes, fusilando a uno de ellos. Para comunicar el hecho, el diario La Nación tituló: “Un delincuente murió en un enfrentamiento con un policía”, y en la bajada aseguró que “un ladrón murió al tirotearse con un policía”. A la víctima no se le han secuestrado armas de ninguna clase, por lo que el hecho de que haya habido un enfrentamiento queda descartado, y mucho menos un cruce de disparos.

El lunes 13 de abril fue procesado el policía que fusiló a Alejandro Titón, un joven de 18 años, la madrugada del 24 de marzo de este año. El cabo fue procesado por el delito de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”. Ariel Sánchez estaba durmiendo, y al oír que rompían un vidrio, se levantó a mirar y encontró a un desconocido en el living de su casa. El policía volvió al dormitorio en busca de su arma, y mientras el joven escapaba por la puerta trasera, el agente cortó camino y salió por la puerta de calle para hacer su trabajo: asesinar a otro pobre que se negaba a padecer nefastas condiciones de vida en silencio; que no estaba armado y que emprendió fuga al ser advertida su presencia.

Al salir por la puerta delantera, el policía “lo tuvo a tiro” y disparó cinco veces. El primer proyectil que dio en el blanco hirió a Titón en la pantorrilla derecha, otro le dio en la columna y después fue rematado con un tiro en la nuca con una pistola semiautomática 9 mm. Titón estaba calzado con ojotas y debajo del cuerpo “le encontraron” un revólver lechucero calibre 38 con dos cartuchos.

Las pericias dan clara alusión de que Titón fue fusilado: el dermotest dio resultado positivo sólo a Sánchez y en sus dos manos, un claro indicio de que el policía estaba perfectamente cuadrado en el borde de la vereda, desde donde ejecutó al chico. Con respecto a la lechucera que portaba -o le plantaron- Titón, las pericias indicaron que no era apta para disparar.

El juez de Instrucción Jorge Patrizi, asegura que “no cabe dudas que al momento de recibir los disparos Titón estaba de espaldas”. Por su parte, el abogado del asesino explicó que “fue una reacción lógica e instintiva”. Es totalmente cierto. La policía tiene una reacción lógica e instintiva de fusilar; sobre todo si las víctimas son pobres, jóvenes y morochas.

CASO BULACIO: 18 AÑOS DE LUCHA
El 19 de abril de 1991 la policía federal desplegó un operativo en las inmediaciones de un estadio donde se realizaba un recital de rock. Como cada fin de semana, antes o después de esa fecha, los patrulleros, carros de asalto, celulares, personal de comisaría, montada, división perros, etc., habían sido contratados por los organizadores del show mediante el sistema de policía adicional “para garantizar la seguridad”.

Hubo más de un centenar de detenidos, de los cuales 73 llegaron a ser anotados en los libros de la comisaría 35ª. La policía justificó las detenciones de los mayores con figuras contravencionales o con la averiguación de antecedentes. En el caso de los menores, ni siquiera tuvieron que tomarse el trabajo de resolver si consignaban “ebriedad”, “desorden” o “para identificar”. Simplemente anotaron que los detenían por ser menores.

Nada hubiera diferenciado esa noche de la infinidad de noches y días iguales, si el habitual reparto de palazos y golpes no hubiera causado la muerte de un pibe de 17 años. A las 11 de la mañana del día siguiente, Walter Bulacio era trasladado en ambulancia al primero de los tres hospitales por donde deambularía una semana, hasta morir como consecuencia del tormento padecido.

La movilización popular se sintetizó con la consigna “Yo sabía, yo sabía, a Bulacio lo mató la policía”, coreada hasta el día de hoy en marchas, canchas de fútbol y recitales por pibes que no habían nacido en 1991, y reformulada con centenares de otros nombres de pibes asesinados por el aparato estatal. La lucha antirrepresiva contó, a partir de entonces, con la referencia ineludible a Walter como su bandera. En mayo de 1992, el incipiente grupo de militantes a los que la familia confió su representación pública y judicial, constituyó CORREPI como organización antirrepresiva independiente.

Dieciocho años después, el caso Bulacio desnuda, como pocas veces, los mecanismos estatales para garantizar la continuidad de la opresión, y el perfeccionamiento constante de la herramienta central para ello, la represión.

En la causa internacional, los sucesivos gobiernos han insistido en presentar como “gran avance democrático y garantista” la derogación del Memo 40 y de los edictos policiales, los dos instrumentos paralegales que habilitaron las detenciones de los menores, en el primer caso, y de buena parte de los mayores, en el segundo.

Ocultan que la función de los edictos es hoy cumplida por el código contravencional, con la indudable ventaja sobre los edictos de ser “legítimo” en su origen, porque lo votó un cuerpo legislativo, en lugar de redactarlo un comisario.

Disimulan que, aunque el Memo no exista formalmente, el “procedimiento de detención y entrega del menor” sigue funcionando exactamente igual, como lo prueba la sentencia del juez Federico Arias de La Plata en el habeas corpus interpuesto el año pasado por un defensor de menores.

Silencian que, para limitar internamente el alcance de la sentencia de la Corte IDH, que asimiló la muerte de Walter a un crimen de estado, la Corte Suprema de los “progresistas” Zaffaroni y Argibay fijó como doctrina nacional que “un caso aislado”, como Bulacio o como los miles y miles de torturados, asesinados y encarcelados arbitrariamente por aplicación de las políticas represivas estatales, no responden a la obvia existencia de una política de estado.

La causa penal contra el comisario Miguel Angel Espósito sigue abierta y “en trámite”, sin que se pueda adivinar una sentencia al final del camino. El comisario, ya jubilado, está, como siempre estuvo, libre, y su defensa continúa dilatando el elefantiásico expediente, que técnicamente está en la misma etapa procesal que en junio de 1996.

Antes de reponer este año, tardíamente, a la madre de Walter como querellante, tal como lo ordenó la Corte IDH hace más de cinco años, el juez Facundo Cubas y la Cámara Criminal no encontraron objeciones a la petición del Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH, por intermedio de su Secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, de ser tenido también como parte acusadora. Siguiendo la lógica perversa de toda la causa, el jefe directo del asesino se ha constituido como víctima, reclamando castigo para el viejo subordinado, que no hizo otra cosa que lo que le mandaron hacer, y lo que hoy mandan a otros a hacer.

Mientras tanto, los medios aturden con el discurso de la “seguridad” y nos aseguran que nuestra vida está en riesgo porque hay menores asesinos sueltos en las calles. Esos mismo chicos que, según la jueza Argibay, hay que mantener encerrados, porque son “blancos móviles para el gatillo fácil policial”. Esos mismos chicos, siempre hijos de la clase trabajadora, que seguirán siendo explotados como mano de obra barata y cautiva por los transas de drogas de uniforme, y seguirán muriendo a razón de uno día por medio por el gatillo fácil y la tortura.

Dieciocho años después, el caso Bulacio mantiene su vigencia como síntesis de las consignas fundacionales de CORREPI. Organización independiente y lucha consecuente contra la represión estatal.

LANATA CONTÓ HASTA DIEZ Y FERNÁNDEZ SE ESCONDIÓ
Entre plumas y vanidades periodísticas, Jorge Lanata citó a CORREPI:
“…Más de 1.000 muertos víctimas de gatillo fácil en lo que va de la gestión…”. “¡Nombres!… ¡quiero nombres!” respondió enfáticamente el ministro Fernández con tono descalificador, igualito que Carlos Corach allá por 1999.

El periodista, fiel a su manera inveterada de presentar complicidades como si fueran valientes interrogaciones, calló.

El ministro –cuya habilidad mediática es indiscutible- tiró el perro más lejos que el hueso e intentó relativizar y desacreditar el informe de CORREPI, a sabiendas que su interlocutor amigo dejaría las cosas ahí.

Si el periodista hubiera profundizado y la realidad no hubiera sido invocada como una media verdad, la entrevista hubiera continuado con la cita del Archivo de casos presentado públicamente en Plaza de Mayo cada año, y reproducido por infinidad de medios de todo el mundo. Así, el ministro se hubiera “informado”, no sólo de los nombres y apellidos de las víctimas, sino del nombre y grado de los asesinos de uniforme, de las circunstancias detalladas de cada caso y de su evolución investigativa y judicial.

Hay que reconocerle al ministro que esta chicana mediática nos ha sorprendido. Esperábamos el consabido “fueron excesos, hay policías buenos y malos, investigaremos hasta las últimas consecuencias, el peso de la ley caerá sobre los responsables…” Nada de eso. Su lógica es la misma que en su momento “popularizó” el genocida VIDELA. “El desaparecido es una incógnita, no tiene entidad, no está… NI MUERTO NI VIVO…no está…”.
No fue la simple desviación personal de “un hombre de la democracia”. Es la estructura racional del sistema que representa, que ratifica lo que siempre repetimos:

El estado, gobierne quien gobierne, necesita disciplinar para proteger los intereses de la burguesía que representa. Para eso, tiene todo su aparato de violencia legal organizada. Cuando con eso no le alcanza, recurre a otras formas, más o menos “ilegales”, de represión, desde el terrorismo de estado explícito hasta la represión cotidiana, invisible, naturalizada, del gatillo fácil. Y Fernández, ministro nacional de Seguridad y Justicia, al negar el gatillo fácil, lo legitima.

Para terminar, una curiosidad. Es notable que reclame nombres de casos de gatillo fácil el mismo ministro que suele desparramar nombres de militantes y organizaciones frente a cada puebladas, como las que produjo el hartazgo de los pasajeros del Sarmiento o el Roca, para alentar su persecución penal.
“Una incógnita… no tienen entidad… no están…ni muertos ni vivos… no están”. “Nombres, quiero nombres…” Piedra libre, señor ministro.

REPRESIÓN EN MAR DEL PLATA
Después de varios meses esperando que el gobierno municipal diera una respuesta a su reclamo de una vivienda digna, el pasado 15 de enero las familias de Barrio Pueyrredón de Mar del Plata tomaron las casas del Plan Dignidad, abandonadas sin terminar por la empresa constructora.

A pesar de que se sumaron al reclamo las voces de vecinos de todos los barrios de la ciudad, allí sí la respuesta oficial fue contundente. El fiscal Trill ordenó a la policía provincial echar a las familias del lugar. Efectivos de infantería y caballería rodearon las casas y al cordón de resistencia formado por los vecinos e infinidad de compañeros que acercaron su solidaridad ante la anunciada medida.

La represión, a cargo del jefe de la Departamental, Gustavo Salvá, terminó con 24 detenidos, numerosos heridos por balas de goma y palazos y las 54 familias nuevamente en la calle. Entre los detenidos se contó a Juan Pablo Gelemur, abogado del frente Antirrepresivo Marplatense, quien representó legalmente a las familias en todo el proceso de negociación desde la toma de las viviendas. También se detuvo y agredió a periodistas que se encontraban cubriendo el hecho.

Varias horas después, y mientras llegaban a la comisaría muestras de solidaridad locales y de otros lugares del país, los compañeros fueron liberados, aunque todos –incluido Juan Pablo- quedaron imputados en la causa penal.

Coordinaremos la defensa de los compañeros con el Frente Antirrepresivo Marplatense y APEL.

INSEGURIDAD: CAMBIAN ESPACIOS INFANTILES POR POLICÍAS DE LA CIUDAD
¿Qué es Puerto Pibes? Según la página web de la ciudad “Es un Complejo Integral para la organización y realización de actividades recreativas, culturales y turísticas para niñas, niños y adolescentes” y tiene como objetivos “Promover la recreación, el turismo social educativo y el uso del tiempo libre para chicos con necesidades básicas insatisfechas a través de colonias, campamentos, intercambios y eventos”. También funciona una escuela y jardín de infantes. Por año llegaron a pasar por Puerto Pibes 30 mil chicos de villas y barrios obreros. De las 120 camas que había, sólo quedan hoy 30. Los colchones han desaparecido, no se reponen insumos, se recortan recursos, no se llenan las vacantes que se producen en los puestos de trabajo y no tiene suministro de gas.

La forma de comunicar la noticia a los trabajadores fue a través de un comisario de apellido Ferrón que llegó con su arma de fuego en la cintura y con un cuchillo de caza. Los superiores de Ferrón son, entre otros, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y su madrina política, la vicejefa de gobierno porteño, Gabriela Michetti.

Como denuncia un e-mail que circula por internet: “La política macrista no podría estar mejor ilustrada: se quita un espacio donde niños y jóvenes de bajos recursos pueden hacer uso de su derecho al juego, recreación y deporte, y se pone allí una escuela de policía para entrenar a quienes van a perseguirlos, maltratarlos y reprimirlos”.

BarcelonAntirrepresiva (damos la bienvenida a esta nueva sección, en la que publicaremos notas de la Revista Barcelona)
En el Ejecutivo repudian “la legalización de las ejecuciones por parte del Estado”
El Gobierno y las provincias firman un acuerdo para “rechazar a pena de muerte mientras este vigente el gatillo fácil”
“La pena de muerte es una aberración porque significa la legalización del crimen por parte del Estado”, aseguró un funcionario de primera línea del Ministerio del Interior, con llegada directa al ministro Florencio Randazzo, que no especificó si ese vinculo lo transformaba, “en una persona con incidencia en las decisiones del Gobierno” o si, por el contrario, “está absolutamente dibujado, igual que el Ministro”, tal las opciones que barajó.

“De modo que el Poder Ejecutivo va a seguir oponiéndose a la implementación de la pena capital, al menos mientras sigamos viviendo en la era dorada del gatillo fácil y el abuso policial en la Argentina desde el retorno a la democracia”, agregó la fuente de Interior, siempre en riguroso off the record.

El ministro Randazzo explicó que “la pena de muerte es algo demasiado exhibicionista”, que nada tiene que ver con el sello que le quiere dar a su paso por el Ministerio, signado por un bajo perfil lindante con el anonimato. “Prefiero el gatillo fácil, que tiene una discreción mucho mas acorde a la forma en que entiendo que se debe ejercer la función pública. ¿Cuántos argentinos saben que soy Ministro? Muy pocos ¿Y cuántos argentinos saben que en las comisarías se tortura, se maltrata, se humilla y hasta a se mata a gente? También muy pocos. Bueno, eso es tener coherencia”, explica Randazzo.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo explicó que acaba de firmar un acuerdo con las provincias para mantener “el enérgico repudio a la pena de muerte” y al mismo tiempo “mantener bien altas las banderas del gatillo fácil, la picana, la represión policial y demás instituciones señeras que han llevado bien lejos el nombre de nuestro país en el concierto de las naciones”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Jueves 30 de abril, 20:30, en el Salón Auditorio del Hotel Bauen, Callao 360, ciudad de Buenos Aires, CORREPI y Ediciones Herramienta invitan a la presentación del libro: Represión en democracia (de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos”). Panel a cargo de los periodistas Ricardo Canaletti (TN-Canal 13), Marcelo Orlando (Radio América) y Rolando Barbano (Clarín). El periodista Herman Schiller (Radio Ciudad) oficiará de moderador.