CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

GATILLO FÁCIL: 8 ASESINATOS EN 8 DÍAS
En el boletín pasado, informamos sobre la cantidad de personas asesinadas por el estado argentino desde el 10 de diciembre del 2008 al 10 de mayo del corriente, con un saldo de 81 en cinco meses, o sea, 16 por mes, superando el promedio del gobierno kirchnerista de los últimos 5 años.

Pero esta semana el recrudecimiento de la represión estatal fue realmente sorprendente. Por medio del gatillo fácil, el estado argentino asesinó ocho personas en ocho días. Si sumamos las cuatro personas privadas de su libertad, bajo custodia del estado, que murieron en la misma semana, llegamos a doce personas muertas a manos de las fuerzas represivas en ocho días.

Las muertes se dieron en las formas más variadas, en varias provincias e involucran a casi todas las fuerzas represivas. Varios casos, se dieron “en situación de robo” donde la excelente puntería de los uniformados siempre los hace salir ilesos, como por ejemplo el sargento de Policía Federal Carlos Daniel Pizarro. El 15 de mayo, en el partido de Moreno, el federal se “enfrentó” con cuatro “delincuentes armados” que lo querían robar, mató a uno e hirió a otro.

O el caso de Alberto Solaris (59), policía federal retirado, quien, trabajando de taxista, con su arma reglamentaria, mató a uno de sus tres supuestos asaltantes, el viernes pasado, en Carlos Paz. Finalmente, el caso de los hermano Daniel (26) y Norberto Pérez (30), asesinados por dos policías de la comisaría 9ª de Quilmes cuando habrían intentado robar un pool en cuya puerta estaba el patrullero. Lo notable en este caso, en el que CORREPI patrocina a la familia, es que uno de los hermanos había denunciado formalmente que integrantes de esa comisaría lo detuvieron y golpearon a principios de abril, y le prometieron “la próxima te matamos”.

Otros casos se dieron con los presuntos asaltantes huyendo. El 12 de mayo, en Lanús, un efectivo de Prefectura Naval reconoció haber asesinado a un delincuente cuando escapaba tras asaltar un supermercado. Una adolescente de 17 años que fue asesinada por un agente de la comisaría 38ª cuando perseguía a un pibe que había robado un kiosco en Soldati. Según los vecinos, el ladrón huía y estaba desarmado. El policía lo corría a tiro limpio. Uno de los disparos “al bulto” dio en el abdomen de la adolescente. Un “motochorro” de Avellaneda, que huía tras robar una cartera, fue asesinado por dos policías de la 7ª de Avellaneda. Por último, el 13 de mayo, un integrante del Servicio Penitenciario murió de un escopetazo que le dio un colega de la Unidad Nº 42 de Florencio Varela.

Más allá de la veracidad o no de la situación de robo, lo cierto es que el accionar de las fuerzas de seguridad, activas o “retiradas”, se cobraron ocho vidas, y resulta por lo menos sospechoso que en ninguno de los casos se evidencien enfrentamientos. Si los hubiera, lo cierto es también que todos los disparos mortales salieron del brazo armado del estado.

CASO DA SILVA: EL JUICIO PUEDE ESPERAR…
Una tarde de octubre de 2005, Miguel Da Silva, de 15 años, caminaba con un amigo, a metros de su casa, en el barrio Satélite de Moreno. Ese día no había clases en la escuela (estaba en 5º año), y había aprovechado para visitar a su novia. “A las 5 te quiero en casa”, le había dicho Ramona, su mamá. Era día de trabajar en la huerta comunitaria, y Miguel y sus siete hermanos tenían que ayudar.

Mientras tanto, el sargento Salto y el oficial Álvarez, a bordo del patrullero 7499, andaban buscando a tres pibes que, un rato antes, le habían manoteado el celular y una cadenita a una maestra del barrio La Perlita. Miguel y su amigo terminaban de comprar unos alfajores en el kiosko de la esquina cuando apareció el patrullero.

“Recorriendo la jurisdicción, en prevención de delitos y contravenciones, avistamos tres menores que respondían a la descripción de los cacos”, declaró ante el fiscal el oficial Juan Sebastián Álvarez, de sólo 24 años. ¿Que eran dos, y no tres chicos? ¿Que buscaban alguien de 1,70 m., y Miguel pasaba el metro 90? Tampoco.¿Que la mujer de la cadenita dijo “remera marrón chocolate”, y Miguel tenía una chomba celesta, azul y blanca? Un detalle…

Miguel paró en seco cuando el policía le gritó, se dio vuelta y levantó las manos. El disparo le pegó junto al ombligo. Cortó la vena cava, y Miguel se desangró.

Ramona escuchó el disparo, y llegó corriendo con otras vecinas justo a tiempo para ver al sargento Salto plantando un arma al lado del cuerpo.

El jueves pasado, después de casi 4 años, tenía que empezar el juicio por homicidio calificado contra el policía, que nunca estuvo preso porque, para los jueces, no tiene “riesgo de fuga”.

Pero el miércoles se murió un familiar del fiscal, y suspendieron el debate. Claro, con el dolor, se olvidaron de avisarnos, así que ahí estábamos, con un centenar de compañeros que salieron a la madrugada desde Fiorito, Villa Tesei, Pilar, General Rodríguez o Moreno, con los volantes, las banderas y el megáfono, sin juicio.

Si ese día se hubiera juzgado al pibe que robó la cadenita, y no al policía que fusiló a Miguel, dos cosas hubieran sido distintas: el chico hubiera estado preso desde el primer día, y no en su casa, como el policía asesino. Segundo, no hubieran tardado un minuto para reemplazar al doliente fiscal. No se hubieran privado de juzgar y condenar al peligroso delincuente…

UN “PERRO” CON HISTORIA… JUDICIAL
El 6 de agosto de 2006, Víctor Paulesak y su amigo Jonathan Aragón, vecinos de Villa Fiorito, estaban en la esquina de Benito Pérez Galdós y Baradero. Se les acercaron dos hombres de civil, armas en mano. “¡Pará, guacho, que te quemo!” gritó uno. Víctor se quedó congelado en el lugar, pero Jonathan salió corriendo. Recibió dos balazos, uno en la espalda y otro en la pierna. Logró llegar a la casa de su tía, a dos cuadras del lugar, pero murió poco después.

A todo esto, los atacantes resultaron ser el teniente 1º Hugo Gutierrez y el subteniente Ricardo Panadero, contratados por la empresa DOTA para viajar simulando ser pasajeros, en prevención de asaltos. Argumentaron que vieron desde el colectivo 28 seis o siete personas que estaban a los tiros, por lo que se bajaron en Pío Baroja y Baradero para detenerlos. Dos de ellos los atacaron, por lo que cada policía hizo tres disparos. Se “secuestró” el infaltable revólver atribuido al muerto y su amigo.

Cuando accedimos al expediente, hace apenas unos días, cuando nos contactó la familia de Jonathan, encontramos lo habitual cuando no hay particular damnificado activo: sólo se está investigando la presunta portación de arma de guerra, y no el homicidio. Pero lo que nos llamó la atención fue otra cosa.

El revólver que, según la policía, portaban Víctor o Jonathan, tiene su número de serie intacto. Es un Colt, calibre 38 largo, nº 332.225. Un primer informe señala que esa arma fue informada, como relacionada con un delito, por el juzgado criminal de Mercedes en 1984. Un segundo informe, proveniente de Mercedes, corrobora que el revólver fue secuestrado el 17 de febrero de 1984, en la causa nº 65.322, caratulada “Rodríguez, Rubén Alberto y otros s/asociación ilícita y robo calificado”, hecho ocurrido en Moreno, y decomisado (es decir, entregado para su destrucción) el 29 de abril de 1992.

Fuimos al juzgado de transición de Mercedes, que tiene en su archivo la causa en cuestión. Pudimos constatar que, efectivamente, esa arma estuvo guardada en la caja de seguridad del juzgado criminal nº 1 de Mercedes desde 1984 hasta que se cerró la causa, en 1992, y que, en esa fecha, fue entregada por el juzgado a personal del Servicio de Seguridad de la Suprema Corte provincial, o sea, policías.

Parece que a los encargados del trámite les dio pena romperla, y la guardaron, por las dudas… hasta que, 17 años después, otro policía la plantó junto al cuerpo del hombre que acababa de fusilar. ¡Guau!

POLIPROXENETA JERÁRQUICO
Fue noticia en pocos diarios, y no precisamente en la primera página. Una investigación realizada por una ONG y avalada por el obispo de Río Gallegos probó, una vez más, que la trata de personas y la prostitución son uno de los negocios que administra la policia. En la zona conocida como “Las Casitas”, pequeños ranchos con las consabidas lamparitas rojas que se ven en tantos pueblos, funcionan a la luz del día unos 35 burdeles, con un promedio de cinco chicas explotadas en cada uno. La investigación se remonta a octubre de 2006, cuando desapareció en Río Gallegos Otoño Uriarte (16), luego encontrada sin vida.

Como para que no quede duda que no se trata de uno o dos policías corruptos, sino del rol que la fuerza en su conjunto juega por orden de sus patrones, en el video exhibido en la conferencia de prensa, obtenido en Las Casitas con cámaras ocultas, se ve al jefe de la policía de Santa Cruz, Alejandro Martín, charlando muy cómodamente con la madama del burdel “Venus”. También se ven llegar, todos los días, patrulleros para la hora del cierre de los locales, es decir, cuando se hace la caja y se reparte…

Un caso testigo (uno más…) de cómo operan las redes que siempre tienen policías de gerentes, y políticos de financistas. Hace algo más de un año, desparecieron en la provincia de Chubut dieciséis chicas entre 16 y 17 años. Fueron captadas por un red de trata y obligadas a prostituirse. “Eran chicas de un barrio periférico de Rawson, las invitaban a fiestas, las inducían a consumir droga (cocaína) y cuando lograban la adicción les decían que para conseguir la droga tenían que prostituirse”, contó uno de los participantes en la investigación extrajudicial.

Mientra se vaya apilando el polvo sobre el expediente judicial iniciado con esta denuncia, seguirán siendo secuestradas y explotadas centenares de personas, especialmente adolescentes pobres. Y cuando sus familias vayan a hacer la denuncia porque desaparecieron, en la comisaría y el juzgado, a lo sumo, escribirán “Fuga de hogar” en una carátula que será sólo eso, cartón pintado.

REPRESIÓN EN CHUBUT
El 8 de marzo, 30 policías de Chubut asesinaron a Wilson Ruperto Bustos (19) y torturaron a su hermano de 16 años, Marcos Abraham Bustos, hasta dejarlo parapléjico luego de pegarle un tiro en el pecho. Al tercero, Daniel Ernesto Bustos (22), le dispararon en la pierna cuando se encontraba arrodillado y con las manos en alto. Durante el traslado, y en el hospital de Esquel, Daniel recibió amenazas de muerte y golpes de puño sobre la pierna herida. Las torturas continuaron en la comisaría 1ª donde fue golpeado brutalmente y obligado a beber orina de los policías.

Todo comenzó cuando Cristian Bustos, prófugo de la justicia por homicidio, decidió entregarse en su casa, en presencia de su familia y de un defensor oficial, pues temía por su vida. Antes de que llegara el abogado, los policías, fuertemente armados, invadieron la casa al grito de “los vamos a matar a todos”. Forzaron puertas y ventanas. Cristian huyó junto a algunos de sus hermanos por temor al ver la violencia de la policía.

Buscándolo, más de cien hombres del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) invadieron el pueblo de Corcovado, a 100 Km. de Esquel, provincia de Chubut. Para ello tomaron y retuvieron por dos días “Radio Del Pueblo”, la emisora del lugar. Desde la radio decretaron un estado de sitio y anunciaron que “no se podía salir a la calle después de las 22.00 sin documentos” relató Omar Bustos, padre de Cristian. “Se llevaron muchas personas. Garrotearon y tirotearon a otras. Estuvimos siete días escuchando balazos por todo el pueblo. Parecía una guerra” agregó Omar.

Las denuncias realizadas por distintas organizaciones hablan de más 20 allanamientos violentos, sin orden judicial, con rotura de puertas y mobiliario, robos, golpes de todo tipo sin diferenciación de sexo y edad, abusos sexuales y violaciones a mujeres y niñas, torturas y desaparición forzada de personas. Todos los integrantes del GEOP “trabajaron” encapuchados.

“A una nena de 5 años y a un nene de dos los sacaron de su casa a punta de pistola” contó Moira Millán a la agencia Walsh. Moira es una de las referentes que vino a denunciar a Buenos Aires el terror vivido durante esos días. “A una chiquita de ocho años que se estaba bañando la sacaron desnuda del baño y abusaron de ella delante de la madre a la que apuntaban con un arma en la cabeza”, dijo.

El estado de sitio impuesto se extendió desde Corcovado, hasta Cerro Centinela. El 11 de marzo, el GEOP detuvo a dos hermanos y los torturó en una comisaría. El delito: charlar y tomar un vaso de vino durante el estado de sitio. A uno de ellos, Jaramillo, lo liberaron en Trebini a 70 Km. de allí, pero Luciano González, de 42 años, se encuentra desaparecido. “Ellos dicen que lo llevaron a la comisaría y lo liberaron. Pero la verdad es que los vieron detenerlo pero nunca liberarlo”, relató Moira Milán.

De las más de veinte familias atacadas, sólo once se atrevieron a hacer la denuncia a la fiscalía de Esquel. Como en otras situaciones de violación a los derechos humanos en democracia, los consuelos, la legitimidad a las fuerzas represivas y la promesas del poder ejecutivo fueron a través del ministro de justicia , Aníbal Fernández: “Tomaremos cartas en el asunto inmediatamente y enviaremos a funcionarios para iniciar la investigación correspondiente”, declaró.

El jefe de la policía y comisario general de Chubut, Juan Luis Ale, a cargo del grupo especial, señaló que “no consta que haya habido hechos de violencia”, y se cubrió aclarando que “se utilizó la fuerza necesaria para detener a un prófugo y para irrumpir en los domicilios”.

En tanto, el gobernador de la Provincia y aspirante a presidente, Mario Das Neves, salió a respaldar a su fuerza, elogió su “arrojo” y “todo lo que ponen de sí”.

BARCELONANTIRREPRESIVA: Para alguna gente, está bien claro que “la defensa de la vida poco tiene que ver con los derechos humanos de los delincuentes”

POR QUÉ PARA LOS ARGENTINOS DE BIEN APLICAR LA PENA DE MUERTE A ADULTOS DE TEZ OSCURA ES “JUSTICIA”, PERO TERMINAR CON EMBRIONES ES “ASESINATO”.

“Todo embrión es un católico en potencia o un futuro votante del PRO hasta que se demuestre lo contrario”, sostiene, off the record, el titular de una asociación antiabortista. “Ahora, si se pudiera determinar que el pequeño ser terminará siendo un militante trotskista o un motochorro, otro sería el cantar”, agrega.

Para un poderoso industrial con muy buenas relaciones con el Episcopado, la pena de muerte es una aberración. “Yo soy católico y, por ende, esta práctica me parece deneznable, inaceptable, injustificable”, dice y agrega: “Pero creo también que hay que buscar una solución definitiva a la inseguridad; es decir, creo que para evitar llegar a esa instancia habría que matar a todos los villeros y no andar haciendo uso de este instrumento tan selectivo”.

Según un dirigente peronista, “la pena de muerte no es buena ni mala en si misma; es un instrumento, y todo depende de como se la use”. Por el contrario, el político, de muy buena relación con la iglesia, cree que el aborto es una atrocidad insoportable. “Para nosotros los peronistas; los únicos privilegiados son los embriones”, sostiene.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 28 de mayo, 11:30, movilización y acto en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. A las 12:00, acto frente a la Cámara Federal en la que las querellas fundamentarán el pedido de procesamiento del ex presidente Fernando De La Rua por la represión a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001.