CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

GATILLO Y CONTAGIO DE IMPUNIDAD

El pibe de 16 años, uno de los ocho hermanos de una familia pobre del conurbano, iba al kiosco distante a una cuadra y media de su casa, en el barrio El Pericón de Parque San Martín, Merlo, en las primeras horas del viernes 3 de julio, cuando un vecino, policía federal, le disparó a quemarropa un balazo sobre el abdomen.

Como siempre, hay dos versiones. La que conocen todos, cuenta que, a escasa distancia, y de frente, partió el disparo desde el arma reglamentaria del policía federal, que “prepeó” al pibe, considerándolo un chorro. Una vez que lo hirió, el policía se refugió en su casa, que fue rodeada por los indignados vecinos del barrio, desde donde siguió disparando, incluso a la patrulla policial que venía a detenerlo.

La otra versión policial – que no pudimos comprobar en la fiscalía, pues el espíritu de cuerpo los unifica, ahora bajo la excusa de la gripe de los chanchos, y obstaculizan el acceso al expediente- contaría que al policía federal se le escapó el tiro.

La pregunta del millón se ve venir: ¿a quién le cree la justicia? Y la respuesta se conoce rápido: al policía, que sólo estuvo demorado unas horas, no fue indagado, y se fue con una prematura e insólita calificación legal de lesiones culposas.

En la misma madrugada del hecho, Emanuel Isaías Gaetán fue operado en el Hospital Eva Perón de Merlo. Su estado de salud es delicado.

El policía dela Federal (la que está “Al servicio de la comunidad”) está en su casa desde el mismo día del hecho. Hasta el momento se desconoce su identidad, pues, misteriosamente, en los registros policiales de la comisaría 3ª de Parque San Martín (Merlo) y en la mesa general de entradas de la UFI 5 de Morón sólo consta: “Averiguación de ilícito. Lesiones Culposas. Víctima Gaetán”.

El barrio usa la solidaridad e indignación popular como armas fundamentales a la hora de evitar que se propague y contagie el virus de la impunidad. Nadie cree en la “confusión” del agente y mucho menos en la pretendida impericia, imprudencia o negligencia que requiere la figura culposa. La justicia usa barbijo pero igual se contagió. Gatillo, gatillo fácil, tan fácil de disparar mecánicamente como de legitimar institucionalmente.

SENTENCIA “AJUSTADA A DERECHA”

Desde el 26 de junio se desarrolló en Mar del Plata el juicio contra el policía bonaerense retirado Roque Benítez, que el 3 de septiembre de 2007 fusiló a Carlos Alejandro Suárez, con su arma calibre 38.

Durante las audiencias, testigos y peritos corroboraron que Benítez disparó a través de un ventiluz de la cocina, cuando el chico, de 22 años, caminaba en dirección contraria a la casa del policía. Quedó así desacreditada la versión del policía y su concubina, quienes sostenían que dos personas levantaron la persiana de su dormitorio, por lo que Benítez habría hecho “un disparo al aire” para ahuyentarlos.

Pero la clara evidencia, para variar, no fue suficiente para la fiscalía, que no sostuvo la acusación de homicidio con la que el policía llegó a juicio. El fiscal acusó por un lamentable “exceso en la legítima defensa” y pidió tres años de prisión. En cambio, la familia Benítez, representada por los compañeros del Frente Antirrepresivo, acusó por homicidio y reclamó una alta pena para el homicida. De más está aclarar que la defensa solicitó la absolución.

El lunes 6 de julio, mientras fuera del edificio de tribunales se concentraban vecinos y organizaciones populares que acompañaron el desarrollo del juicio, se conoció la sentencia, a la que el Frente Antirrepresivo, con exactitud, definió como “ajustada a derecha”.

Para los jueces Carnevale, Martinelli y Sueyro, la conducta del policía fue estimada “como un estado de hecho, de necesidad y no buscado por quien se defiende contra una acción de peligro actual”. Como frutilla del postre, justificaron el disparo mortal porque la conducta homicida de Benítez “estaba destinada a suplir en cierto modo a la actividad defensiva del Estado, que por lo tardía haría al agravio irreparable”. Conclusión, el policía fue libremente absuelto, y le restituyeron el arma homicida.

Así, como dicen los compañeros del Frente Antirrepresivo en su comunicado, el tribunal “cristaliza el permiso de matar preventivamente ante la duda, y, si por casualidad existe el estorbo de personas que reclamen por los derechos humanos de las víctimas, prontos a auxiliarlos estarán los guardianes de la justicia, absolviendo al homicida y devolviéndole su arma reglamentaria, por si la necesita para volver a asesinar a sangre fría”.

PERSECUCIÓN A MILITANTES POPULARES EN TRELEW

Un grupo de docentes y estudiantes de Trelew, que salieron a denunciar con carteles la represión contra los docentes durante una protesta frente al Ministerio de Educación de la provincia, vienen sufriendo todo tipo de amenazas, insultos y aprietes en las calles.

Los compañeros denuncian que hubo un incremento de la persecución “en los días previos a la última elección, viviéndose un clima muy complejo en la ciudad de Trelew para los militantes populares que desde hace años venimos dando la lucha por un sistema social más justo, tanto durante los gobiernos radicales como durante el gobierno justicialista ahora.”

Refieren que, tras las elecciones, aumentaron los aprietes: “insultos a compañeras militantes cuando van solas por la calle haciendo referencia a sus posiciones políticas, amenazas directas a militantes del movimiento estudiantil universitario y a distintos integrantes de agrupaciones docentes, autos de reconocidos militantes del PJ con vidrios polarizados estacionados por las noches frente a las casas de compañeros militantes”, etc.

No es nueva esta modalidad para el peronismo: apretar o reprimir con sus patotas a sueldo, ya sean punteros o barras bravas, que son usadas para no pagar el costo político de la represión abierta. De todas formas, siempre tendrán a mano a la policía y gendarmería para cuando las patotas sean sobrepasadas y no alcancen a frenar las luchas.

CAMBIO DE GABINETE: NO LOS UNE EL AMOR, SINO EL ESPANTO

El llamado “cambio de gabinete” es, en verdad, un reacomodamiento de viejos conocidos. Si para muestra alcanza con un botón, ahí tenemos al superministro Aníbal Fernández, que viene transitando todos los despachos de los distintos gobiernos peronistas con su fama de “discutidor que va de frente y da la cara”, ganada entre los periodistas top del mismo establishment que, al estilo de los “transgresores” Zlotowiagzda y Tenembaun, consideraron positiva su gestión coronada (siempre según estos dos empleados del grupo Clarín) por la “ausencia de represión”.

Como los colegas de Neustadt y Grondona pueden estar mal informados o al menos carecen de buena memoria recordamos algunas cuestiones insoslayables:

El pase desde el ministerio de Justicia y Seguridad ¿y DDHH? hacia la jefatura de gabinete, va precedido de una gestión que, desde los inicios del kirchnerismo, ha dado como resultado el más alto crecimiento de la represión de carácter preventiva (un muerto cada 40 horas por el crimen institucional y en especial el gatillo fácil y la tortura); la desaparición física de personas (Julio Jorge López y Luciano Arruga son los más coocidos); trabajadores muertos en represión de protestas sociales (Cuéllar en Jujuy, Fuentealba en Neuquén, Erazo en Mendoza); la militarización del espacio público (gendarmería, prefectura y policía federal, sumadas a las provinciales y a los aparatos de seguridad privada, pululando en estaciones ferroviarias, plazas, barriadas populosas, hospitales y ciudades enteras); imputaciones falsas sobre militantes y organizaciones populares en casos de reacciones populares como Las Heras, Haedo y Castelar (trenes de TBA), etc.; hechos gravísimos como en Corcovado, Chubut, con desaparecidos por el accionar de fuerzas especiales de responsabilidad del propio Ministerio; el impulso a las leyes antiterroristas; centenares de presos políticos, como el reciente caso de los militantes detenidos en ocasión del repudio al estado terrorista israelí, que acaban de ser liberados, entre otros antecedentes que harían interminable este boletín.

Que el grupo de empresas periodísticas y sus empleados calificados, cuyas acciones en la Bolsa subieran fuertemente como resultado de la derrota electoral del kirchnerismo, sin embargo elogien este cambio y lo hagan en base a la mentira más descarada confirma varias cuestiones.

Una es que el cambio es un maquillaje. Otra, que el gobierno y sus presuntos opositores representan los mismos intereses de clase, y a la hora de resolver los conflictos sociales que sus políticas generan, no dudan en avalarse recíprocamente. Parafraseando a Borges, no los une el amor, sino la REPRESION.

SANTA FE: EL PODER JUDICIAL MUESTRA SU APORTE A LA REPRESIÓN

Tituló el diario digital Noti-Fe: “Un preso dijo que lo iban a matar y lo hallan muerto”. Pero la muerte por torturas de Enrique Alejandro Bin (28) en la alcaidía de la jefatura de Santa Fe, no fue un simple aviso, ya que el joven había denunciado, junto a su abogado, ante la jueza de turno, que los policías querían asesinarlo y habían fomentado la falsa versión de que Bin había abusado de su sobrina.

Se sabe que esos códigos carcelarios tienen poco de “naturales”, y mucho de herramienta represiva para “vender seguridad” al preso a cambio de dinero, además de utilizar a los presos que “trabajan” para sus perros guardianes, siempre con la venia del poder judicial que se dice garantista a la hora de asegurar los derechos de burgueses con poder y no de los pobres.

Es así que lo único que Enrique recibió en respuesta de su pedido de auxilio fue el encierro en celda de aislamiento en el mismo establecimiento. No llama la atención que, enseguida, apareciera en el mismo escenario montado que se repite en todos los centros de detención: “suicidado”, colgando de una sábana y señales de haber sido fuertemente golpeado. Claro, el “cuidado” que le dio el poder judicial, garantizó que no haya testigos y, así, alcance con la versión de sus verdugos anunciados.

POLIRACISTA INTENTÓ ASESINAR A TRABAJADOR AFRICANO

Fue el sábado 4 de julio en la puerta del bar “Quitapenas”, ubicado en Garay y Lima Oeste, del barrio de Constitución. Un vendedor ambulante de bijouterie, de tez negra, pasaba por la vereda y se detuvo porque dos hombres discutían. Uno ellos resultó ser un policía que actuó caso por reflejo: “¡¿Qué mirás, negro de mierda?!” le dijo. Se le tiró encima y empezó a golpearlo. El trabajador senegalés se defendió, esquivó algunas trompadas y le conectó alguna. “Se la re bancó el negro”, aseguró un testigo.

Ante la impotencia de no poder doblegar al vendedor, el oficial sacó su 9 mm. y le apuntó a matar a un metro de distancia. Éste, al darse cuenta, le agarró el brazo y, aunque el policía logró disparar, la bala sólo agujereó el pantalón. El intento de asesinato terminó en el asfalto cuando el senegalés inmovilizó al policía y un empleado del bar se acercó para sacarle el cargador de la Bersa.

Unas 30 personas presenciaron el hecho, entre las cuales había funcionales de distintas fuerzas represivas. Uno de los testigos llamó a más policías y esta vez concurrieron uniformados de la comisaría 16ª, que detuvieron a su colega racista y a otras dos personas. También secuestraron el arma del oficial y el casquete de la bala disparada. Minutos antes, el mismo policía había puesto de manifiesto su racismo hostigando a otro vendedor negro, y personal del bar le pidió que abandonara el lugar.

Como ocurre siempre que represores detienen a represores, el oficial quedó en libertad sin ningún tipo de restricción. Sólo se lo acusó de “abuso de arma” y “lesiones”. Para dejar bien en claro lo comprometido que está el Estado en este tipo de hechos, el INADI acompañó esta tergiversación de las fuerzas que disfrazaron así un intento de asesinato de calificación xenófoba. Por su parte, las víctimas fueron tratadas en todo momento como sospechosos, como si ellos fueran los imputados.

Otra demostración de una de las políticas de cualquier Estado bajo este régimen capitalista: reprimir a los morochos, trabajadores y pobres. Si tienen más de una de estas cualidades, la represión será más dura. Y si en vez de morochos son negros extranjeros, en este país, son capaces de hasta matarlos a quemarropa.

BARCELONANTIRREPRESIVA

UN ESTUDIO REVELA QUE PARA LOS GOBIERNOS SERÍA MAS FÁCIL PONER ALGUNAS CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE ACABAR CON LA MISERIA

Diversos estudios realizados por consultoras nacionales revelan que para los gobiernos sería “bastante más accesible” y “más descansado” colocar algunas cámaras de seguridad en lugares públicos antes que erradicar definitivamente la miseria, el atraso, la marginalidad, la inanición, los hábitats paupérrimos y el analfabetismo, entre otros factores.

“Nosotros compramos 170 cámaras de vigilancia a un amigo de Mauricio (por Macri) y, si bien salieron carísimas por todos los diegos que tuvimos que pagar, no hay ni comparación con lo que hubiera costado darle una vida digna a centenares de miles de infrahumanos”, sostiene, calculadora en mano, un funcionario del gobierno porteño.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Viernes 17 de julio en Olavarría, presentación del libro “Represión en democracia”. Invita: Insurgente Espacio de Interacción Cultural. Invitan y organizan: Insurgente Espacio Cultural – CORREPI. Adhieren: Facultad de Ciencias Sociales-Unicen, APDH filial Olavarria, CTA y Partido Obrero, Centro de Estudiantes de la FACSO.