CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

EL MACABRO JUEGO DE LAS DIFERENCIAS

El 19 de julio, Juan Cruz Márquez (26), fue fusilado en Zárate por el policía Pablo Sanhuesa. A contrapelo de lo que suele suceder con la veintena de casos similares que ocurren por mes, todos los medios cubrieron el caso, y desde el jefe de la departamental hasta el gobernador Scioli se mostraron consternados por el hecho.

Supongamos que en Juan Cruz Márquez, en lugar de un estudiante de periodismo deportivo, hubiese sido un “fierita”. ¿El asesino Sanhuesa sería un policía alienado de la fuerza?

Supongamos que en lugar de venir de celebrar el día del amigo, el “fierita” viniera puesto y sin rumbo. ¿El policía asesino Sanhuesa sería una mancha negra para la institución?

Supongamos que, en lugar de estudiar periodismo, el “fierita” transcurriera entre la esquina y las nubes. ¿El policía asesino Sanhuesa sería un error imperdonable del sistema?

Supongamos que la única fotografía que pudiera mostrarse del “fierita” fuera la del “prontuario”. ¿El policía asesino Sanhuesa sería el reflejo de una conducta personal por la que su jefe sentiría vergüenza?

De algunas cosas estamos seguros:

Si Juan Cruz hubiera tenido tiempo, el tiro le hubiese entrado por la espalda, como al “fierita”. Pero a diferencia del “fierita”, a su lado no hubieran florecido las armas no aptas para el disparo. Si Juan Cruz hubiera pedido clemencia, tendría más de un tiro sobre su cuerpo, como el “fierita”. Pero, a diferencia del “fierita”, no hubieran dicho que previamente gritaron alto policía.

De otras cosas más estamos seguros:

Si Juan Cruz hubiera sido el “fierita”, su fusilamiento no hubiera tenido la cobertura mediática que tuvo, ni se hubieran escuchado las reacciones hipócritas del jefe policial Baratta y el gobernador Scioli.

A diferencia del caso del “fierita” -en el que hasta sería posible que el asesino Sanhuesa peleara una figura culposa y pasara su proceso en libertad- aquí tendrá la perpetua que merece.

La madre de Juan Cruz fue clara y valiente ante la desvergüenza del jefe de Sanhuesa, que no acepta su definición. Dijo: “es un caso de gatillo fácil”. Con todo el dolor reciente instalado, dijo lo que decimos siempre. La diferencia con la madre del “fierita”, es que a ella la publican.

De lo que no tenemos ninguna duda:

Sanhuesa es un policía que no se diferencia del estado que lo estimula. La policía no se diferencia.

TORTURAS A MILITANTES EN NEUQUÉN

Es sabido que dentro de las fuerzas represivas del estado, la tortura es moneda corriente ante cualquier detención. Esta vez, no fue un detenido el que ha tenido que sufrir las torturas y humillaciones, sino tres compañeros (un chileno, un francés y un argentino allegado al Movimiento Colectivo 1º de Marzo) que fueron a visitar al Penal de Neuquén número 11 a los presos políticos Marcelo Villarroel Sepúlveda y Freddy Fuentevilla Saa, ex militantes del Mapu Lautaro y el MIR (Movimiento Izquierda Revolucionaría).

El hecho ocurrió hace diez días. Las víctimas ingresaron al penal sin problemas, o sea, presentando la documentación necesaria y soportando la cotidiana requisa abusiva que se hace en toda cárcel. Al salir, otro compañero que los esperaba fue detenido sin razón alguna y llevado a la comisaría 20ª, en la cual, ni bien acudieron sus compañeros, también fueron “chupados”.

Al ingreso, fueron agredidos por gran parte del personal represivo. Golpes, amenazas de violación a la mujer detenida, amenazas de fusilamiento a punta de pistola, fueron algunas de las cosas que tuvieron que soportar. También les mostraron elementos de tortura y todo el tiempo les recordaron que la causa de su detención era que eran “zurdos, comunistas, terroristas y que esto les pasaba por ir a visitar a quienes no tenían que hacerlo”.

Luego los trasladaron a la comisaría 1ª, donde la tortura continuó. Ante cada pregunta que les hacían, se les propinaba un golpe y cada uno de los oficiales los fotografió con sus celulares cuando estaban desnudos. Allí también fueron interrogados por personal de Investigaciones de la provincia de Neuquén, quienes plantearon cuestionamientos en base a su posición política y los intentaron indagar sobre algún “plan terrorista internacional”. Luego de cuatro horas de torturas físicas y psicológicas, fueron liberados, pero antes les robaron el dinero de los pasajes de los compañeros que regresarían a Chile.

Un intento más del estado capitalista por doblegar y reprimir la solidaridad con quienes son detenidos por causas políticas y así seguir reproduciendo el orden burgués.

REPRESIÓN EN CHACO Y CÓRDOBA

En la provincia del Chaco, donde desde hace una semana una veintena de organizaciones sociales acampan en la plaza central de Resistencia, denunciando la política de hambre y represión del gobierno, se suceden los ataques oficiales a militantes populares. El miércoles 8 de julio, por ejemplo, varios trabajadores desocupados que estaban en la puerta de la casa de uno de sus compañeros en Villa Horqueta, fueron agredidos por oficiales de la policía, que los golpearon a puñetazos e itakazos.

El 20 de julio, en Córdoba, una movilización de los trabajadores municipales, en repudio de la decisión de reducir los salarios que tomó el gobierno, fue violentamente reprimida, con el saldo de 23 detenidos y varios heridos. Uno de ellos, un trabajador de 45 años, sigue hospitalizado.

Al día siguiente, otros 11 trabajadores fueron encarcelados durante una nueva protesta, y uno de los dirigentes del gremio municipal fue imputado por incitación a la violencia colectiva.

Dos ejemplos de cómo recrudece la represión sobre los trabajadores, sean ocupados o desocupados, cuando se atreven a protestar frente a la creciente profundización de la explotación y la miseria.

FRANCIA: DETENIDO “SUICIDADO”, PROTESTA POPULAR, REPRESIÓN POLICIAL

En la mañana del lunes 6 de julio, Mohamed Benmouna (21) fue detenido por “intento de extorsión” en el supermercado donde trabajaba. El mismo lunes por la tarde se “suicidó”, según la versión policial, con “los hilos que sobresalen del colchón, con ellos hace la cuerda y utiliza los huecos en los muros de su celda para ahorcarse.” El miércoles 8 falleció en el hospital de St-Etienne.

La ira desde los suburbios de Firminy no se hizo esperar. Al día siguiente, como en París en 2005, cientos de jóvenes trabajadores, en su mayoría negros y árabes, salieron a la calle convencidos de que fue la policía quien asesinó a Mohamed, reclamando justicia, denunciando los constantes abusos policiales y la impunidad que ostenta el aparato policial.

La respuesta estatal, tampoco tardó en aparecer. La policía reprimió la manifestación y acrecentó la bronca popular. La resistencia se extendió por tres noches consecutivas, enfrentándose a la represión, piedras contra gases, incendiando patrulleros y autobombas, y sólo se “calmó” cuando llegaron refuerzos: un helicóptero, 150 policías más y grupos de elite.

No casualmente, lo sucedido en Francia tiene muchas similitudes con lo que pasa diariamente en Argentina. El “problema” de Mohamed, no era ser inmigrante, sino, y por sobre todas las cosas, ser joven y pobre. La represión policial, las muertes en cárceles y comisarías, la represión de la protesta, son siempre para el pueblo trabajador.

El “problema” en Argentina no es tener una “joven democracia”, sino tener una democracia como la de Francia, que por más antigua que sea, es una democracia burguesa.

PIBES DE 14 A 17 AÑOS: MARCHEN PRESOS

Hace unos días, calladitos, calladitos, los senadores dieron media sanción a la reforma del régimen penal para los menores de edad. Aprobaron, por unanimidad, una combinación de tres proyectos: del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista versión no kirchnerista, y de la Unión Cívica Radical. Un ejemplo bien claro de que, cuando se trata de reprimir, no hay internas significativas entre las distintas fracciones del partido de la burguesía.

Por supuesto, el texto está plagado de invocaciones a derechos y garantías procesales, con frases rimbombantes como las “condiciones necesarias para la formación y protección integral y del desarrollo pleno de las capacidades” de los chicos, para establecer enseguida que, a partir de los 14 años, son penalmente responsables.

Para decirlo con más claridad: lo que se aprobó en el senado es bajar a 14 años la edad a partir de la cual un pibe puede ser sometido a un proceso penal. Hasta ahora, las leyes consideraban que a los 14 o 15 años no se tiene la suficiente madurez psicofísica para ser juzgado, aunque eso nunca significó que “entraran por una puerta y saliera por la otra”. Más bien, todo lo contrario. El juez de menores, con total discrecionalidad, decide qué hacer con ese pibe, aplicando las medidas de seguridad que le parezcan oportunas.

Esas medidas varían desde la simple entrega del menor a su familia, hasta la internación compulsiva en un instituto que en nada se diferencia de una cárcel –muchas veces son todavía peores-. La diferencia entre uno y otro extremo depende, siempre, de la condición de la familia. Como dice un graffiti anónimo frente a la alcaidía de la calle Lavalle, “el rico nunca entra, y el pobre nunca sale”.

También, para aparentar algún criterio “tuitivo”, el proyecto dice que, hasta los 15, sólo se podrá condenar por delitos dolosos con pena mínima de tres años de prisión, y a los de 16 y 17 años, si la pena mínima es de dos años.

Claro que los delitos excluidos no parecen ser las causas más habituales de encarcelamiento de chicos pobres: accidentes de tránsito, bigamia, duelo o instigación al suicidio, por ejemplo. Tampoco la privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público, las coimas o la tortura, siempre disfrazada como apremios, vejaciones o severidades, todos delitos con penas mínimas de menos de 2 o 3 años.

Así se garantiza el “derecho a ser condenado” de las principales víctimas del sistema, los hijos del pueblo trabajador.

EL CASO ALEJANDRO FLORES

Hace 18 años, en Córdoba, Alejandro Flores, de 5 años, desapareció. Estaba jugando en una plaza. Nunca más se lo vio. Su madre, Rosa Arias, recorrió todos los caminos. Fue a programas de televisión, siguió pistas confusas, viajó por todos lados.

Finalmente supo que, desorientado por el temporal, Alejandro había sido atropellado por un auto. No por un auto cualquiera: era un patrullero, en el que iban dos policías, Mario Gaumet y Gustavo Funez. Los policías trataron de reanimarlo, sin llevarlo al hospital. Como el nene murió, buscaron un lugar descampado y lo enterraron.

Fue otro policía, de apellido Múo, el que abrió la boca. Dijo que escuchó cuando sus camaradas llegaron a la seccional e informaron todo al comisario, que les ordenó que arreglaran el patrullero y nunca más hablaran del asunto. Hasta que Múo se quebró y habló, seguramente impulsado por alguna factura pendiente.

Múo declaró en la causa en 1994. Lo imputaron por falso testimonio, lo echaron de la policía, y la fiscalía no hizo nada más.

El 2 de julio del año pasado, cuando unas máquinas excavadoras empezaron a remover la tierra en un baldío, aparecieron unos huesitos. Los análisis probaron que era Alejandro Flores, desaparecido el 16 de marzo de 1991. La causa se tuvo que reabrir, y pasado otro año, el fiscal acusó a los dos policías. Pero como ya habían pasado 18 años, pidió su sobreseimiento por prescripción.

El juez, en un fallo a contrapelo de lo habitual, dijo que, aunque la muerte se produjo por un accidente de tránsito, que efectivamente estaría prescripto, todo lo que pasó después, sólo fue posible porque los autores eran policías. Porque eran policías, y porque su comisario los apoyó, y se sumó al encubrimiento, pudieron borrar todo rastro del accidente y desaparecer el cuerpo, desviando la investigación. Y declaró que, aunque sea un hecho que damnificó a una sola persona, y no a un grupo o al conjunto de la sociedad, los delitos cometidos por los policías son impresciptibles.

El juez se apoyó en la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Bulacio, que reconoció que el crimen de estado, es decir, el que emana de sujetos pertenecientes a los órganos del estado, produce los mismos efectos que los crímenes de lesa humanidad, así la víctima, en el caso concreto, sea una sola.

Y dijo el inusual juez cordobés, que, sin negar la posibilidad de que, en periodos de vigencia democrática, las estructuras estatales se vuelvan sistemáticamente en contra de quienes supuestamente tienen que proteger, “son verificables con mayor asiduidad hechos cometidos por funcionarios públicos que actúan con una gravedad metodológica que no difiere de la que ponen en práctica estructuras profesionales” en tiempos de gobiernos totalitarios. Así, concluye: “Configurada la virulencia de la ofensa descripta es ocioso exigir que para su tipificación se lo incluya dentro de “un ataque generalizado o sistemático”.

Finalmente, destaca la similitud con Bulacio, porque los autores se prevalieron del uso de los medios y atribuciones que por el cargo detentaban para realizar los actos violatorios con indemnidad y eficacia.

Lástima, que, casi con seguridad, este caso va a terminar en la Corte Suprema, donde ya sabemos lo que va a pasar. Los muy progresistas cortesanos se calzarán sus brillantes anteojeras de oro, y repetirán lo que ya dijeron en el caso Derecho/Bueno Alves. Obedientes, sirviendo a sus amos, dirán que, si fue en democracia, la desaparición de un chiquito de 5 años a manos de la policía no es crimen de estado, igual que ya dijeron que la tortura, en democracia, no es un crimen de lesa humanidad.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 27 de julio, en Neuquén, presentación del libro REPRESIÓN EN DEMOCRACIA –de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos”, organizado por ATEN.

Viernes 14 y sábado 15 de agosto, en Trelew y Comodoro Rivadavia, presentación del libro REPRESIÓN EN DEMOCRACIA –de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos”.

Domingo 16 de agosto, desde las 15:00, en la Plaza de la estación Lanús, acto homenaje y radio abierta en el cumpleaños de Carlos Petete Almirón, fusilado en la represión a la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Convocan CPS 29 de Mayo y CORREPI.