CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

TORTURAS INTRAFUERZA EN EL SPB

Telenoche emitió un video en el que se ve a tres efectivos del grupo de intervención especial (GEI), torturando, como parte de un “ritual de bienvenida” al cuerpo de elite, al agente Carlos Maidana en la unidad 45 de Melchor Romero.

Reportajes y notas en vivo se multiplicaron para que el ministerio de justicia garantizara al guardiacárcel que sería protegido por haberse animado a denunciar a sus camaradas. Luego, aparecieron por otro canal sus compañeros, explicando que se trató de una broma. Según su jefe, el adjutor Alberto Díaz, “es algo habitual, por el mismo motivo del trabajo que realizamos”.

“Si eso le hacen a un compañero, lo que harán con los presos” fue la exclamación asombrada de quienes pocas veces habrán leído estos boletines, con los casos permanentes de detenidos jóvenes y pobres que sufren torturas, muchas seguidas de muerte y disfrazadas de suicidios.

El reciente Informe Anual 2009 del Comité Contra la Tortura (un organismo tan oficial como el SPB) constató que los detenidos en cárceles son habitualmente sometidos a submarino seco y húmedo, picana, puntazos, manguerazos de agua fría, patadas, puñetazos, “plancha”(pastillas psiquiátricas sin receta), impactos de bala de goma, “coches bombas” (presos que atacan a otros enviados por guardias), calesita (traslados constantes) y buzón (desnudos en celdas de
aislamiento sin luz ni alimento), entre otros mecanismos de torturas.

A diferencia del penitenciario Maidana, cubierto por tantos medios, el trato recibido cuando los presos se atreven a denunciar, es el empeoramiento de las condiciones de detención y muchas veces la muerte.

El poder judicial, parte del estado que tortura, pocas veces recibe los habeas corpus y basan sus resoluciones en lo informado unilateralmente por el propio SPB.

Si no fuera por el “detalle” de que una persona muere día por medio por la tortura, daría risa el repentino interés de algunos fiscales, que según el informe de Telenoche, pidieron el tape para investigar si en otros penales se practican torturas, mientras que las autoridades, mientras las autoridades del gobierno afirman que “es la primera vez que se enteran de un hecho de estas características”. No menos patético es el repudio hecho público por organismos de derechos humanos como si Maidana fuera una víctima civil del estado. Usa el mismo uniforme que sus victimarios, y si denunció la tortura, fue porque le tocó a él.

Tanto como la filmación, está claro que las fuerzas de seguridad practican entre ellos los mismos métodos que el estado les ordena usar con los detenidos, a veces para adoctrinar, otras para solucionar diferencias, y está claro que el poder de turno los necesita así para aplicar estos métodos contra los pobres que se hacinan en las cárceles de todo el país.

TENENCIA LIBRE EN NUEVA YORK: MARCHE PRESO

En la ciudad de Nueva York, como en otros lugares de EEUU, hace décadas que la tenencia de pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal no es punible. Sin embargo, sólo en 2008, más de 40.000 personas fueron detenidas por la policía neoyorquina por ese motivo. El asunto resulta interesante para comprender mejor el juego perverso entre algunas medidas que pretenden presentarse como “progresivas” y su real función de simples herramientas para cooptar y construir consenso hacia el aparato estatal, mientras, en la práctica, nada cambia cuando se trata de reprimir a los pobres.

Desde 1977, una ley del estado de Nueva York descriminalizó la tenencia de hasta 7/8 de onza de marihuana. No fue una medida judicial, sólo aplicable en el caso concreto y en un proceso judicial ya iniciado, sino una reforma legislativa. Legalmente, en ésta y muchas otras ciudades yanquis, tener encima esa pequeña cantidad de droga no es un delito. Pero, desde ese mismo año, las detenciones de personas por tenencia de marihuana por debajo del límite legal crecieron exponencialmente.

Se calcula que son más de 100 por día los llamados “pot arrests” en N.Y., es decir, personas que son detenidas, conducidas a una comisaría, y liberadas después de tomarles las huellas digitales, obtener fotos y verificar sus domicilios, sin que se inicie causa judicial alguna, pues el arresto no responde a la imputación de un delito.

¿Les suena el procedimiento? No se equivocan. Aunque lo llamen de otra manera, nada más parecido a nuestra vieja conocida, la Doble A (facultad policial de detener personas “para identificar” o “establecer antecedentes”). Otro dato que hermana a la policía de la Gran Manzana y la criolla: De esas 100 personas detenidas arbitrariamente por día, 54 son negros y 33 latinos.

Está probado que el uso de marihuana y de drogas en general es superior en la población “blanca” que entre negros y latinos. Pero en la cantidad de detenciones, la proporción se invierte. Tampoco tiene relación con la cantidad de habitantes. Los negros son el 26% de la población total de Nueva York, pero en 2008 fueron el 54% de los elegidos por la policía para detenerlos por esta causa. Respecto de los latinos, son el 27% de la población, y el 33% de los arrestados. El año pasado, los latinos fueron arrestados por tenencia de marihuana para consumo 4 veces más que los “blancos”, y los negros, 7 veces más. Es ocioso aclarar que hablamos de negros y latinos pobres. Claro, como acá la mayoría somos latinos, los altos porcentajes se dan en las villas, en los barrios pobres y respecto de los más morochos.

¿Cómo funciona el asunto en N. York? Simple. La corte suprema yanqui, igual que la argentina, permite a la policía requisar a cualquier persona si existe lo que llaman “causa probable” de que porte un arma, contrabando u objetos robados. Nada muy diferente del “olfato policial” vernáculo, que después explican con la famosa “actitud sospechosa” y los jueces traducen como “sospecha fundada” porque el tipo bajó los ojos al ver al policía, aceleró el paso o simplemente caminó en dirección contraria al patrullero. Una vez que te cachean, te pueden detener para dejar constancia del procedimiento, y, de paso, ficharte.

Según Harry G. Levine, en un informe publicado por AlterNet, la policía yanqui adora estos procedimientos, porque: 1) Son arrestos fáciles, seguros y que sirven como entrenamiento para los novatos. 2) Se traducen en pagos extras para los policías de narcóticos y los que patrullan las calles. 3) La enorme cantidad de arrestos sirve para mostrar “productividad policial”, que también cuenta en los ascensos y elección de destinos. 4) Permite, bajo una máscara de legalidad, obtener huellas digitales, fotos y domicilios de los candidatos puestos a “sospechosos”. Esos archivos son esenciales a la hora de fraguar causas. 5) Como no hay costo político, ya que no existe crítica pública a estas prácticas, se fortalece la imagen disciplinadora de la policía, que puede cumplir mejor su rol de ejecutor del control social.

Un último detalle: los números actuales de detenciones policiales arbitrarias en Nueva York no tienen nada que enviadiarle a los tiempos del sherifff-alcalde Rudolph Giuliani. Al contrario, bajo la gestión del alcalde Bloomberg, han aumentado.

Queda claro, entonces, que ni el criterio judicial de que la tenencia para consumo no es punible, ni la despenalización legislativa en el congreso sirven para que haya un joven pobre menos preso, tenga o no drogas encima. La función policial pasa por otro lado, el que ni jueces ni legisladores tocarán jamás, porque es parte de una política de estado que necesita de las detenciones arbitrarias como herramienta de disciplinamiento y control social sobre la clase trabajadora.

GATILLO FÁCIL BAJO LA MÁSCARA DE “VENGADORA ANÓNIMA”

En la tarea de recopilar datos para el Archivo de Casos de personas asesinadas por el estado por torturas o fusilamientos de las fuerzas de seguridad, durante todo el año, CORREPI realiza una exhaustiva búsqueda que tiene como una de sus fuentes, las noticias de los medios gráficos y digitales de todo el país. Los medios prefieren, como fuente directa, a la policía, los mismos victimarios, por lo que, si no media la lucha inmediata de los familiares de las víctimas, la verdad muchas veces desaparece bajo mentirosos titulares sobre la “inseguridad”.

Finalizaba enero de este año y el diario Crónica tituló “Vengadora eliminó a ladrón”. La protagonista de la noticia era una mujer llamada “vengadora anónima” por el diario, que había logrado “abatir a un hampón de 14 años”. Luego, “la valiente mujer, escapó”. Más allá de una situación por demás violenta, a través de esa redacción resultaba imposible inferir lo que realmente sucedió.

Siete meses después, llegaron para incorporarse a CORREPI los padres de Lucas Jiménez, un pibe de 14 años de la barriada de Rafael Castillo, que a comienzos de este año había ido a Merlo, Libertad, a pasar sus vacaciones del colegio a la casa de su abuelo materno, donde tenía su grupo de primos y amigos.

Era la madrugada del 30 de enero. Lucas, con sus primos y un amigo de su misma edad, caminaba por la avenida Eva Perón. Faltaban un par de cuadras para llegar a la casa. Fue allí donde recibieron una descarga de más de diez balas de parte de Noemí Mioniz, policía federal de 23 años, con cinco de antigüedad, que luego de herir en la mano a uno y herir de muerte a Lucas con tres impactos en el cuerpo, guardó su arma reglamentaria y subió al colectivo a prestar servicio a la división ingeniería vial y forense.

A los pocos días, la “vengadora anónima” de Crónica, denunció que le había sido sustraída su arma en un asalto. Sin embargo, varias semanas después, pudo ser reconocida por los vecinos de la zona que a la hora de la balacera iban a tomar el colectivo a su trabajo.

Ni vengadora, ni anónima, ni hampón. Un caso de gatillo fácil de parte de una integrante de las fuerzas de seguridad, nacida y formada en “democracia” para disparar su arma reglamentaria contra los pibes pobres. Además de quitarle la vida y destruir familias enteras de trabajadores, los mismos victimarios se encargan de quitarles identidad. Sólo tenemos el camino de la organización y la lucha de quienes padecemos la represión para combatirla.

EN ESPAÑA, EL MUS Y EL FÚTBOL SON “ACTIVIDADES SUBVERSIVOS”

(Agradecemos al compañero Willy Nocetti su valioso aporte).

El mus y el fútbol son subversivos si se juegan en el marco de la campaña por la amnistía de los presos políticos. Así lo decidió el juez de la Audiencia Nacional española, Grande Marlaska, que prohibió la celebración de un torneo de mus, un partido de fútbol y una comida popular organizadas en Hernani, en apoyo a la amnistía a los presos políticos.

Según el juez, estas actividades lúdicas son un “claro homenaje al conjunto de presos de la organización terrorista ETA”. Haciendo referencia a que el logo de la ilegalizada organización Askatasuna aparece en la convocatoria difundida por Internet, el magistrado concluye que los organizadores “bajo el paraguas del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, cumplen las directrices que son marcadas desde la vanguardia, y siempre relacionadas con actos a favor y de reconocimiento de los presos” etarras.

Además, el juez de la Audiencia Nacional justificó la prohibición expresando que Iñaki Miner Canflanca, el contacto de la organización de las actividades, fue detenido hace 9 años por “formar parte de un grupo de apoyo a la organización terrorista ETA en Hernani”.

La gran democracia española, y sus jueces, de tan buena prensa en el exterior, no se andan con vueltas a la hora de la represión, y muestran que, con estos “estados de derecho”, la burguesía no precisa dictaduras. A la enorme cantidad de presos políticos en sus cárceles, y a las constantes denuncias de tortura, se suma la permanente campaña de hostigamiento y persecución al movimiento de apoyo a los presos, que llega en este caso al absurdo de prohibir que se juegue a las cartas o a la pelota.

GATILLO FÁCIL EN ESCOBAR

El 21 de agosto a la madrugada, Fernanda Verón y su pareja, Hernán Ibiris, dormían en la casa de ella, en Escobar, cuando los despertó el primero de 20 disparos. Omar Brítez, teniente de la bonaerense y ex marido de Fernanda, había entrado a la casa, y, ya en el dormitorio, comenzó a disparar con dos armas: la Browning reglamentaria, y una Taurus legalmente registrada a su nombre. Después de que once proyectiles impactaron en Hernán y nueve en Fernanda, Brítez salió calmadamente a la calle, subió a su auto, y se fue a la comisaría de Matheu, donde, casualmente, trabaja su hermano. Entró, le dio el arma al policía de guardia, y le dijo “Me mandé una macana”.

Hernán pudo llegar hasta la calle en un intento por pedir ayuda, pero murió antes que la muy demorada ambulancia lo trasladara al hospital. Fernanda, en grave estado, fue operada varias veces, y se está recuperando lentamente.

La misma fiscalía que hoy investiga el homicidio y la tentativa de homicidio, ambos calificados, había recibido una denuncia de Fernanda Verón el 11 de agosto. Ella declaró que su ex marido policía permanentemente la acosaba, ingresaba a su domicilio por la fuerza, y en varias ocasiones, la última el 5 de agosto, la había amenazado con el arma reglamentaria, diciéndole “Vas a ver que un día voy a hacer una macana”.

El oficial Brítez, al que no le han faltado cursos ni instrucción, pues es perito balístico de la delegación de policía científica de Zárate-Campana, estuvo en la fiscalía el 20 de agosto, citado en esa causa. La perspicaz funcionaria judicial que lo recibió destacó su buena predisposición a “resolver el conflicto familiar en el marco de la mediación” y que lo vio “normal en su actitud”. Unas horas después, el bien dispuesto para la mediación vaciaba dos cargadores sobre la madre de su hijo de 7 años y su nuevo compañero.

Las familias Ibiris y Verón, patrocinadas por abogados de CORREPI, ya se han incorporado como parte al expediente.

Una vez más, vemos que Rodolfo Walsh tenía razón cuando escribía: “La vocación de violencia de los policías bonaerenses no se agota en estos episodios. Sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria”.

MÁS CRISIS, MÁS REPRESIÓN

Así como recrudecen los fusilamientos de gatillo fácil y las muertes en la tortura (ya superamos, sin haber empezado octubre, 200 casos registrados desde el cierre del Archivo 2008), día a día se multiplican los hechos represivos contra el pueblo trabajador a lo largo y ancho del país. Ambos extremos muestran que la represión es la primera y principal respuesta de los gobiernos en un escenario de crisis económica y social.

En la ciudad de Trelew, en la madrugada del 28 de agosto, se desplegó sobre el asentamiento popular Dignidad, un operativo conjunto de empleados municipales, policías provinciales y efectivos de gendarmería nacional, con el objetivo expreso de expulsar a las 200 de familias que habían levantado sus ranchitos en un terreno baldío fiscal a mediados de junio.

El operativo represivo que incluyó más de un centenar de funcionarios municipales, equipados con topadoras, y todo el aparato policial, con participación de la Policía Montada, Infantería, bomberos, otros grupos especiales, brigadas de motos, perros, cuatriciclos y efectivos de distintas jurisdicciones, mientras numerarios de gendarmería controlaban el tránsito y aseguraban el perímetro.

Hubo docenas de apaleados y una decena de detenidos, posteriormente torturados en las dos comisarías (2ª y 3ª) a las que fueron conducidos, mientras las topadoras reducían el barrio, nuevamente, a un baldío. Tanto en el momento, como en días posteriores, vecinos e integrantes de organizaciones que manifestaron su solidaridad con los represaliados y que repudiaron el accionar represivo fueron explícitamente amenazados por personal policial.

La orden fue dada por un juez municipal de faltas, apoyado en una ordenanza de 2003, que prohíbe “toda modalidad de asentamiento u ocupación ilegal de terrenos baldíos de dominio público y privados en el ejido de la ciudad de Trelew”, y habilita a la autoridad municipal a proceder al “lanzamiento inmediato, y de ser necesario, con auxilio de la fuerza pública”.

La respuesta popular fue rápida y contundente. Marchas, actividades de denuncia pública, solidaridad activa con los trabajadores represaliados, que ya están levantando sus casitas en otro terreno, y una denuncia penal conjunta contra los responsables materiales y políticos de la represión, preparada y presentada por compañeros de CORREPI que viajaron de inmediato a Trelew.

El mismo día que se presentaba la denuncia contra el ministro nacional de seguridad Julio Alak y varios funcionarios provinciales y municipales, en Mar del Plata, la misma represión se descargaba, por mano de la infantería local, contra manifestantes de organizaciones sociales y estudiantiles que repudiaban a los participantes en la V Cumbre de los Alcaldes en esa ciudad.

En este caso, de tres detenidos y varios heridos de balas de goma y palazos, dos de ellos hospitalizados por su gravedad.

Días después, en Buenos Aires, era el turno de los trabajadores de Terrabusi-Kraft, duramente reprimidos por el delito de reclamar la reincorporación de 150 despedidos.

Como decíamos, unas pocas muestras de cómo, en todo el país, los aprestos represivos se convierten en directo ataque al pueblo trabajador, cada vez más arrinconado por las duras condiciones de la vida cotidiana en tiempos de crisis.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Domingo 13 de setiembre, desde las 13:00, peña y kermesse antirrepresiva en la casa de CORREPI, Agustín Caffarena 84, La Boca.

Martes 15 de setiembre, a las 12:00, movilización a los tribunales de Comodoro Py 2002 a 20 meses del fusilamiento de Mauricio Vega.

Sábado 3 de octubre, a las 15:00, en la plaza San Martín de Morón, radio abierta y festival por Rodrigo Corzo.

Próximas presentaciones del libro “Represión en Democracia” de María del Carmen Verdú:

Lunes 14 de septiembre, en Mar del Plata.
Miércoles 16 de septiembre, en Azul.
Jueves 24 de septiembre, en Paraná.
Jueves 8 de octubre, en Esquel.