CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

EL ESTADO SIGUE GATILLANDO DÍA TRAS DÍA

Día tras día, el estado argentino, como cualquier estado con ricos y pobres, sigue persiguiendo y matando pobres. En apenas días se sucedieron tres asesinatos en manos de las fuerzas represivas en distintos puntos del país.

El primero fue el 6 de septiembre, en Concordia, Entre Ríos. El oficial David Sotelo tomó un remise vestido de civil, asaltó a la remisera y la fusiló de un disparo en la cabeza. Alertado por el disparo, otro oficial se acercó al lugar y también fue muerto por su colega. Luego, Sotelo escondió los cuerpos en un descampado cerca de la escena del crimen y huyó en el remise. Algunos vecinos, alertados por la secuencia, llamaron a más policías y Sotelo fue arrestado y quedó detenido en la misma comisaría en la que reprimía.

El segundo hecho sucedió en un barrio humilde de la localidad bonaerense de Quilmes, el 12 de septiembre, cuando un muchacho de 19 años intentaba arrancar su ciclomotor. Llegó la policía. Lo redujeron, lo golpearon, lo palparon de armas y lo subieron al patrullero, en la parte posterior, separada de la cabina por un grueso acrílico. Poco después sonó el disparo. Según la versión policial (igualita a la que urdieron cuando fusilaron a Darián Barzábal en Los Hornos, o a Raúl Mola en Córdoba, ambos arriba del patrullero), fue que el chico tenía un revólver escondido en los genitales, que no fue advertido en el cacheo porque, según el jefe dela Policía Distrital de Quilmes, comisario inspector Jorge Oquendo, “lo palparon de armas en la parte de atrás”…

Como de costumbre, apareció un oportuno “perro”, un revólver 38 viejo y trabado. A pesar de que un vecino de la zona declaró al canal Crónica TV que “hay una testigo que vio que le pegaron unas cuantas patadas, lo esposaron, lo llevaron al patrullero, lo mataron y después lo sacaron del móvil”, la fiscal Bárbara Velasco liberó inmediatamente al oficial que asesinó al muchacho, considerando que el asesino actuó en defensa propia.

Por último, el 14 de septiembre, Hugo Coronel fue asesinado de un balazo por un cabo 1º de nombre Carlos, cuyo apellido fue reservado por los medios. Mientras acusan a la víctima de haber cometido un asalto y justifican la muerte al asegurar que el oficial actuó en legítima defensa, los familiares de Hugo afirman que el policía lo contrató hace 5 meses para un trabajo, que no le pagó, que lo acusó de robo y que Coronel terminó preso por tres meses. El lunes 14, se reencontraron y se reavivó el conflicto. Comenzó con insultos, siguió con trompadas y terminó el policía asesinando a otro joven pobre y morocho, que murió desangrado en los brazos de su mujer.

LA TORTURA, MONEDA CORRIENTE EN COMISARÍAS ARGENTINAS

Aplicada siempre sobre jóvenes como forma de control y disciplinamiento por parte del estado, la sistematicidad de la tortura y la invisibilización generada por el poder judicial a la hora de juzgarla, se hace pública con la denuncia y lucha posterior de los sobrevivientes y sus familias o cierta veces cuando le toca al hijo de un funcionario público.

En Río Grande, la misma policía incriminada en 2004 por la muerte y mutilación del obrero de la construcción Oscar Voulliez, visto por última vez subiendo a un patrullero, fue denunciada por haber bajado de un taxi a unos jóvenes que salían de un boliche. Les arrojaron gas pimienta y los llevaron a la comisaría, donde 8 agentes les quitaron todas sus pertenencias, los pusieron de rodillas con el rostro contra la pared y los golpearon con tal contundencia que les provocaron rotura de tabique nasal en un caso y hematomas a todos en el cuerpo.

El sitio digital Crónicas Fueguinas publicó que estas prácticas “… son moneda corriente dentro de las dependencias policiales, al punto de haber denunciado a adolescentes atados con cables tirados sobre bancos, o jóvenes al borde del coma alcohólico que son golpeados salvajemente aprovechando que están casi inconscientes, sin que hasta ahora se haya hecho nada al respecto”.

En Chaco, la diputada oficialista Gladys Soto denunció públicamente que un grupo de policías torturó a su hijo y otros jóvenes que fueron encerrados en una celda de la comisaría 3ª de Resistencia, contando con una pericia que determinó lesiones producto de golpes de culata de arma de fuego. También en Chaco, pero en la ciudad de Sáenz Peña, un empleado judicial fue al comando radioléctrico a buscar a su hijo Maximiliano (27), presuntamente detenido por una contravención. Allí presenció una sesión de torturas que relató por Radio Atlántica: “para verlo me dirigí a la parte trasera interna del edificio donde lo encontré tirado, desmayado y totalmente bañado en sangre. También pude ver a otro detenido en el mismo lugar, esposado y tirado en el piso; el cual estaba siendo golpeado por cuatro policías”.

La tortura no tendría continuidad si no fuera complementada por la actuación del poder judicial, que la disimula bajo la el artificio del “debate jurídico” apelando a figuras como vejaciones o apremios ilegales en los pocos casos que llegan a juicio. Así se puede comprobar en dos casos cuyas sentencias se conocieron esta semana, en Sarmiento y en Esquel, Pcia. de Chubut.

El hecho juzgado en Sarmiento, ocurrió la madrugada del 27 de abril, en inmediaciones del puesto sanitario de Ricardo Rojas, donde la víctima habría concurrido para acompañar a dos mujeres que requerían asistencia médica porque habían sido rociadas con gas paralizante en la vista. A ese lugar llegaron los policías lo agredieron y lesionaron para luego conducirlo a la rastra por dos cuadras hacia la comisaría de la localidad, donde lo dejaron en el calabozo. Los imputados fueron tres policías, inicialmente bajo la figura de apremios ilegales, y luego acusados, en el debate oral, por vejaciones, solicitando el fiscal cuatro años de prisión. El viernes 11 de septiembre todos fueron absueltos por el Juez Alejandro Rosales, bajo el beneficio de la duda. Uno de los policías absueltos, en actividad como jefe en Paso de Los Indios, reconoció que hay más de veintinueve casos donde están implicados sus compañeros de fuerza. En una clara señal de espíritu de cuerpo, pidió la intervención de sus superiores para que “revean” la situación.

En tanto en Esquel, el tribunal reconoció en la valoración de la prueba producida en juicio que: “en relación a los coimputados Montecino, Morales, Llancamán y Cárcamo, encuentro que el acuerdo o propósito común resulta haberse determinado a darle un escarmiento a los foráneos que habrían acometido contra Huincaleo, al punto de imponerle mediante acciones físicas y amenazas que se fueran del lugar y no regresaran, con el expreso fin de mortificarlos, violando lisa y llanamente sus derechos.” Y a continuación dieron rienda suelta al “debate jurídico” explicando el significado etimológico de la palabra vejaciones, calificando de maniobras excesivas el accionar policial, para terminar demostrando con el fallo que el significado ideológico de las figuras jurídicas que siempre aplican a estos casos es que, si hay tortura, no se note.

POLICÍA EN EL AULA

Si todavía alguno se sorprende con la sanción de la ley que responsabiliza penalmente a chicos de 14 años de edad como si fueran adultos, eso no es nada, comparado con lo que ocurre en Catamarca.

En la Escuela Municipal Nº 1 del departamento de Valle Viejo, los chicos de 4º grado se encuentran vigilados por la policía, por orden de la jueza de menores Hilda Figueroa.

La cuestión empezó con una pelea entre dos alumnos de 9 años de la Escuela, y continuó luego con la discusión entre los padres de los chicos, convocados por la maestra. Uno de los padres, policía de la provincia, acudió a sus colegas y realizó la denuncia, argumentando que el otro nene era “peligroso”.

La jueza a cargo, que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, seguramente acongojada por la situación de inseguridad provocada por una criatura de 9 años, dispuso inmediatamente una vigilancia policial, apostando de modo permanente un agente armado en la puerta del aula.

Por los derechos de los niños, vigilancia policial para ellos. No sea cosa que crezcan sin sentirse vigilados, o, peor aún, sin saber quién es el que manda…

MASIVA MOVILIZACIÓN POR LA AMNISTÍA DE LOS PRESOS POLÍTICOS VASCOS

(Nota aportada por el compañero Willy Nocetti)
La Asociación Etxerat, colectivo de familiares de presos políticos vascos, integrada al Movimiento Pro Amnistía, convocó días pasados a una gran movilización. Desafiando la dura política represiva del gobierno español, más de 12.000 personas marcharon por las calles de Donostia (San Sebastián) en apoyo a los luchadores presos, y rompiendo, con sus ovaciones e irrintzis (grito de guerra vasco) el intento del estado español de silenciarlos.

Los allegados de los represaliados vascos abogaron por “estrechar lazos y aglutinar fuerzas y compromisos” para que se refleje que la mayoría social, política y sindical del país demanda que cesen las vulneraciones en las cárceles y las calles. Etxerat resaltó la situación crítica que padecen sus seres queridos encarcelados e hizo especial hincapié en aquellos que, habiendo cumplido su condena o encontrándose gravemente enfermos, continúan en prisión, lejos de sus hogares.

Una cerrada ovación saludó el final del acto, en el que se reclamó la amnistía y la libertad para los casi 600 presos políticos vascos en España y más de 150 en Francia, víctimas todos, además del encierro y de torturas sistemáticas, de la política oficial de dispersión y traslados constantes, dirigida a dificultar las acciones solidarias y entorpecer el contacto son sus familiares.

UNA FAMILIA MUY NORMAL (POLICIAL)

A partir de un informe televisivo que, curiosamente, tuvo bastante poca repercusión en la prensa radial y escrita, se conoció hace unos días la historia de Claudio “Orejón” Brítez, subcomisario de la comisaría de Matheu, cerca de Escobar, provincia de Buenos Aires. El oficial fue desplazado de la fuerza por estar involucrado con el narcotráfico junto a uno de sus hermanos, apodado Cartucho.

El 3 de septiembre pasado, el ahora ex subcomisario Brítez, recibió un llamado en su despacho. Media hora después estaba en la Villa 9 de Julio, en Villa Ballester, con varios de sus hombres, los que dispararon más de 300 balas. El objetivo era asesinar a unos narcos que intentaban robarle el control de la venta de cocaína en la zona a su hermano, Daniel “Cartucho” Brítez. El hermano del subcomisario y su socio, Carlos “El Negro” Gómez, habían copado la villa, y, ante la amenaza de otra banda, llamaron a los refuerzos.

Los vecinos del lugar aseguran que “es frecuente que Brítez venga al barrio, lo hace con tres policías más y se hacen llamar los “Cuatro Fantásticos”. El subcomisario Brítez, conocido también como “El Cheto”, se jactaba de haber asesinado a más de “21 negritos”.

Como siempre ocurre en estos casos, la familia policial salió a respaldarlo: “Trabajó toda su carrera en San Martín y conoce la delincuencia”, apuntó el jefe departamental de Zárate -Campana, Mario Caballero. Como para no conocerla, si son ellos…

Pero esta particular familia policial es grande y activa. Además del narco Cartucho y el ex subcomisario Cheto, hay un tercer hermano: Omar Britez, también policía, pero no cualquiera. Es oficial, perito balístico de la Policía Científica de Zárate-Campana. La noche del 20 de agosto de este año, el tercer Bríez entró a la casa de su ex esposa, Fernanda Verón (31). Descargó por completo su arma reglamentaria y otra pistola contra la mujer, hiriéndola con 9 disparos, y asesinó a la actual pareja de Fernanda, Hernán Ibiris (29), que recibió 11 tiros.

Después, el policía asesino se entregó… en la comisaría de Matheu, la misma en la que su hermano Claudio todavía era subcomisario.

Narcos y asesinos: Una familia muy normal… policial.

DESAPARECIDOS Y ASESINADOS

La desaparición de personas es otra de las tareas represivas que llevan adelante a diario las fuerzas de seguridad. Jorge Julio López, Luciano Arruga, Miguel Bru, Andrés Núñez; Iván Torres y otra docena de desaparecidos en Chubut; Martín Basualdo y Hernán Gómez en Corrientes; Alejandro Flores en Córdoba, y un centenar más en el resto del país, son un reflejo mínimo de lo que ocurre cotidianamente en los barrios pobres y obreros.

Desde el miércoles 8 de julio Jonathan “Kiki” Lezcano (17) y su primo Ezequiel Blanco (25) estuvieron desaparecidos. Ambos aparecieron el miércoles 16 de septiembre, cada uno con un tiro en la cabeza.

Jonathan y Ezequiel vivían en Lugano, jurisdicción de la comisaría 52ª, en lo que fuera el territorio del ex Sargento Rubén “Percha” Solares, paradigma de la ejecución de la política de ‘limpieza social’ a través de fusilamientos anunciados, torturas y zonas liberadas.

El día anterior a su desaparición, “Kiki” Lezcano fue amenazado frente a su primo, por un policía de la brigada que se bajó de una moto, mientras un efectivo uniformado le tomaba fotografías con su celular. Seis meses antes, otro policía apodado “El Indio” fue a la casa de Jonathan para advertirle a Angélica, la mamá, que su hijo y su sobrino corrían peligro: “Cuidémoslos, (le sugirió) les puede pasar algo, están bardeando mucho”. Después de buscarlos una semana, la familia de Jonathan y Ezequiel recién encontró sus cuerpos en el cementerio de la Chacarita, donde figuraban como NN.

CORREPI recuerda bien a otro primo de Jonathan, Gabriel Omar “Pipi” Álvarez, que fue fusilado por el policía “El Percha”, frente a varios testigos. Pipi estaba desarmado. Como siempre, luego le “plantaron” droga y armas. Eso sí: a cambio, “El Percha” se robó sus pulseritas de oro, y las exhibió ante el estupor de la familia en el velatorio del pibe.

Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco no son los únicos asesinados en el barrio de Villa Lugano. Años antes, además de Pipi Álvarez (21), corrieron la misma suerte sus amigos Daniel Barbosa y Marcelo Acosta (ambos, 17) y, más recientemente, Camila Arjona (16). Casi todos sabían de antemano que tenían “carta blanca”: los policías les habían anticipado la sentencia con las frecuentes detenciones, torturas y allanamientos ilegales que prologaron sus asesinatos.

“El Percha”, como el “Mataguachos” de Fiorito, y como tantos otros policías, es responsable de más de una docena de fusilamientos en Lugano, donde se repitieron rituales como rematar a las víctimas arrodilladas en el piso, llevarse algún trofeo, ir a sus velorios y hasta dejar un pedazo de percha sobre el cuerpo de las víctimas para que no se dudara de la autoría.

El esquema de estos policías se repite en los distintos barrios de la capital y del resto del país, mostrando que es la regla, y no la excepción. Es una política de estado.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 24 y viernes 25, desde las 9:00, en Entre Ríos y Av. Illia, San Justo, La Matanza, sigue la movilización por la absolución y libertad de los hermanos Aguilera, víctimas de una causa fraguada por la policía.

Jueves 24 de junio, a las 20:00, en la Escuela Alem, La Paz 45, Paraná, Entre Ríos, presentación del libro de María del Carmen Verdú REPRESIÓN EN DEMOCRACIA – de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos”. Coorganizan: Mesa Redonda de Entre Ríos, UNER, AGMER, Revistas El Colectivo y PESO, entre otros.

Sábado 26 de junio, a las 16:30, en Av. San Martín y Av. Mosconi, concentramos para ir a escrachar la comisaria 8ª, responsable de la desaarición de Luciano Arruga, en Quintana y Tapalque, Lomas del Mirador, La Matanza.