CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

SEIS GATILLOS EN MENOS DE UNA SEMANA

En la semana que pasó, la policía asesinó por medio del gatillo fácil a una persona cada 28 horas. El 66,6% de las víctimas eran menores de 25 años (uno apenas había cumplido 16). En cuatro casos, la investigación está explícitamente a cargo de los propios compañeros del policía asesino (y en los otros dos, con un poco más de disimulo). El 83.3 % de los uniformados que dispararon sus armas reglamentarias estaban fuera de servicio. Ninguno de ellos sufrió herida alguna.

Ramiro Castro (16), fue asesinado con siete balazos en la espalda luego de que un efectivo de la DDI (División de Investigaciones) de Moreno le cortara los dedos con un machete. Ocurrió en el Barrio Los Paraísos, cerca de Trujuy, el viernes 9. Ramiro y dos amigos entraron a un local de ventas de celulares cuyo dueño es el policía. Intentó, según la versión de su asesino, tomar una carcaza de celular exhibida en la vidriera. Al extender la mano recibió el machetazo que le cortó dos dedos, y, cuando corría desesperado, siete balazos por la espalda. Uno de sus amigos recibió un tiro en el pulmón. Para cuando llegaron sus colegas, el policía había esposado el cadáver, por si pretendía retomar la fuga.

El domingo 4, luego que una niña de 8 meses recibiera un disparo en el hombro, varios vecinos salieron a las calles del barrio Fonavi Parque Oeste, dirigidos por el abuelo de la nena, el sargento ayudante Orlando José Medina, para buscar al supuesto responsable. En medio de la cacería murió baleado en el pecho David Joel Domínguez (23), conocido como Pili. El sargento sitió a David en un dormitorio y le disparó. El uniformado fue detenido, y otros dos efectivos del Comando, los primeros en llegar al lugar, también fueron arrestados, como partícipes necesarios del homicidio.

Sergio Daniel S., de 21 años, fue asesinado en la zona sur de Rosario por una bala policial. La noticias hablan de un robo a un ciber, de dos personas que salieron en una moto y que “en la confusa sucesión de hechos” participó el sargento primero Luis G., que efectuó “al menos un disparo intimidatorio al aire” para abortar la fuga. Tan confuso no habrá sido, porque se ordenó al detención del policía.

Una persona de alrededor de 30 años fue asesinada en el barrio de Lanús por un policía federal durante un intento de robo a una vivienda. Según la versión policial, el efectivo, que repartía citaciones judiciales, le disparó un tiro en el tobillo y luego realizó más disparos hasta matar al asaltante. La fiscalía interviniente, hasta el momento, no dispuso ninguna medida respecto del policía.

Un sargento de la División Inteligencia Federal de San Isidro viajaba con una compañera de trabajo en su camioneta Mitsubishi 4×4 cuando dos sujetos se les acercaron. El policía, de 51 años, extrajo su arma reglamentaria y asesinó a uno de ellos a metros de la camioneta. El policía no está detenido, sin embargo el hermano de 18 años de la víctima, sí. Fue apresado cuando fue a preguntar en la comisaría que había ocurrido con su familiar.

Dos hechos similares ocurrieron en José C. Paz y Pilar. En el primero, una mujer policía mató de un balazo a una persona que se le acercó al remise en el que se trasladaba, al tiempo que otro efectivo de la bonaerense repelió a balazos un supuesto asalto en Pilar y disparó contra un joven que murió desangrado.

REPRESIÓN EN RESISTENCIA

Movimientos sociales, aborígenes y piqueteros mantenían un acampe desde el 5 de agosto en la Plaza 25 de Mayo, de resistencia, Chaco, en reclamo por el incumplimiento de compromisos asumidos por el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich. Entre las demandas se incluía el pago de becas y jornales, provisión de materiales y herramientas para la construcción de las casas y copeos para los comedores.

Por decisión del ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, y con orden de la jueza de faltas María del Carmen Fernández, el 30 de septiembre, la policía de la provincia comenzó el operativo de desalojo. Con un despliegue de 550 efectivos de distintas divisiones y el apoyo de móviles de bomberos, las fuerzas represivas cayeron sobre los manifestantes. Hubo golpes, corridas, 29 detenidos, y varios heridos, entre ellos, un fotógrafo que recibió un culatazo que le quitó varios dientes.

La decisión política del desalojo fue justificada por Pedrini, argumentando que “se atentó contra los derechos ambientales de los habitantes de Resistencia” y que “se debe permitir el uso y goce por parte del conjunto de la población de un espacio verde y público”.

Los movimientos sociales no frenaron la lucha, aunque el gobierno de la provincia ha intentado desviar la atención hacia un nuevo problema matrimonial entre Capitanich y su esposa, Sandra Mendoza, quien intervino en el momento de la represión en defensa de las agrupaciones que acampaban.

Existe y se defiende con palos y represión el derecho de andar por una plaza o de circulación en la vía pública, pero no los derechos de alimentación, trabajo y vivienda.

VIOLADORES SIN INSEGURIDAD

Esta semana las violaciones perpetradas por integrantes de fuerzas de seguridad fueron noticia.

En Misiones, un suboficial de la policía provincial, pese a haber sido denunciado por su sobrina de 18 años inmediatamente luego del hecho, recién fue detenido cuando estuvieron los resultados del ADN de la criatura nacida como consecuencia de la violación.

Sin perjuicio de la imputación, por el hecho de pertenecer a las fuerzas, tendrá, por parte del poder judicial, el mismo trato preferencial que los policías de Escobar, violadores de la joven discapacitada Paula Lauro en 2004. Los acusados llegaron en libertad al juicio oral esta semana. Aunque tres de ellos fueron condenados a 13 años de prisión, seguirán libres hasta que la sentencia, algún día, si llega, quede firme. Se supo que uno de ellos maneja un taxi. No es de extrañar que los demás estén, como tantos otro exonerados, al servicio de la represión como seguridad privada.

LA CÁMARA DE LA PLATA HACE LOS DEBERES

¿A quién se le ocurre el tremendo dislate de decir que la policía no debería detener pibes de menos de 18 años porque sí? ¿A un juez contencioso administrativo que resolvió un recurso de amparo aplicando nada más que lo obvio? ¿Que no tuvo mejor idea, para salir en los diarios, que hacer lugar a un recurso de habeas corpus presentado por otro delirante, un defensor de menores que “descubrió” que la policía detiene todos los días pibitos que no cometieron otro delito que ser pobres? A no preocuparse, camaradas, ahí está la Cámara Criminal, con sus excelencias siempre listas a decir el derecho de los poderosos…

El año pasado, el defensor oficial de menores de La Plata, Julián Axat, se enteró que la enorme mayoría de las detenciones de chicos menores de 18 años son “justificadas” por la policía con la averiguación de antecedentes, las contravenciones o faltas, o el inefable recurso del procedimiento de “entrega del menor” a sus padres, que ni siquiera intenta una justificación normativa. Indignado (aunque algo tardíamente, porque nada de eso es novedad desde que la policía existe), interpuso un habeas corpus, con un argumento imbatible: un chico sólo puede ser detenido si se sospecha que cometió un delito, o si se lo pesca en flagrancia (“con las manos en la masa”, y siempre, siempre, dando aviso al juez y al asesor de menores de turno.

Con la misma lógica elemental, el juez Luis Federico Arias dictó sentencia diciendo lo casi obvio: para que alguien sea detenido, es necesario que haya una causa razonable, y más aún, si se trata de un niño. Citó la constitución nacional, la provincial, los tratados y convenciones internacionales y la condena de la Corte Interamericana de DDHH contra el estado argentino en el Caso Bulacio.

En nuestro Boletín nº 504 dijimos que ese fallo era un típico ejemplo de temporaria “esquizofrenia judicial”. No nos equivocamos. Ya la Cámara Penal platense, a partir de la apelación del ministro de seguridad Stornelli, se encargó de poner las cosas en su lugar, revocando la sentencia del díscolo Arias, al que por poco mandó a lavar los platos y a ocuparse de los juicios de apremios en su juzgado contencioso administrativo. Impecable el argumento de los señores camaristas: “Se trata de una cuestión que hace a la esencia de la forma republicana de gobierno ya que compromete la separación de Poderes”. Nunca falla el recurso de la división de poderes cuando se trata de justificar el ejercicio de las políticas represivas estatales.

ASESINADO EN PROTESTA CONTRA EL FMI

A pesar de que, día a día, las fuerzas represivas se cobran vidas en todo el mundo, hay algunos nombres que resuenan, como Carlo Giuliani y Jean Charles de Menezes.

Ambos fueron asesinados en contextos en los que un estado veía en peligro su “orden capitalista”. Giulinani fue asesinado a quemarropa por la policía italiana durante una protesta anti-globalización en Génova, en 2001. Menezes fue fusilado de 7 balazos por el Scotland Yard por ser morocho, extranjero y correr con una mochila en el subte, en plena paranoia “antiterrorista”.

Esta vez, la represión estatal sumó otro muerto en un contexto similar. Le tocó a Ishak Kavlo, de 55 años, que protestaba en Estambul, Turquía, contra la asamblea del FMI y el Banco Mundial.

El manifestante denunciaba, junto a otros 4.000 militantes de movimientos sociales, sindicatos y grupos de izquierda, las políticas económicas voraces de estos organismos al grito de “FMI: amigo de los patrones, enemigo de los obreros” y “Vuestra democracia es dictadura, vuestra economía es esclavitud. Váyanse, ladrones.”

Kavlo murió de un paro cardíaco luego de que se produjera una brutal represión con balas de gomas y gases lacrimógenos en el centro de la ciudad, donde también fueron detenidas unas 100 personas. Unos días antes, un estudiante turco le pegó un zapatazo al director general del FMI, Dominique Strauss-Kahn, quien dictaba una conferencia en la universidad de Bilgi.

Una vez más, el Estado muestra su carácter represivo para adoctrinar a los que pretenden protestar contra el status quo imperante a nivel global.

BARCELONANTIRREPRESIVA:

LA POLICÍA METROPOLITANA ADMITIRÁ QUE SUS AGENTES PORTEN PICANAS “PERO SOLO CON FINES DISUASORIOS”

La puesta a punto de la primera camada de la Policía Metropolitana avanza más allá del procesamiento de quien había sido propuesto inicialmente como jefe, el malogrado Jorge “Fino” Palacios, hoy en la mira de la justicia por el supuesto delito de encubrimiento en el atentado a la AMIA. “Minucias”, dicen en las filas del macrismo policial, en donde ya pueden encontrarse algunas pistas no sólo del uniforme color caqui de la nueva policía sino también del equipamiento que tendrá cada agente. Esposas, armas de grueso calibre, el clásico machete, gas paralizante y -aquí la novedad- la moderna “picanita porteña”.

“No la van a usar, es sólo con fines disuasorios”, dicen con una sonrisa inocultable los voceros consultados. Se refieren a la flamante “picana porteña”, el nuevo accesorio con el que los agentes de la Policía Metropolitana saldrán a patrullar las calles de la ciudad. “Estamos afinando detalles, y tenemos que pasar las últimas instancias de aprobación”, revelan.

Se trata, sin duda, de un motivo para la polémica. Recargable (“encima es ecológica”, se entusiasman sus pregoneros), con una capacidad de descarga similar a los 220 voltios y una autonomía de una hora (“alcanza para que canten hasta los mudos”, se restriegan las manos sus defensores), “la picana porteña” es la vedette de la nueva policía. Y ya despierta polémicas.

Quienes la proponen dicen que servirá para que los delincuentes piensen dos veces antes de llevar adelante sus delitos. Quienes se oponen se dividen en dos: los que creen que los delincuentes no piensan ni una ni dos veces antes de delinquir, y los que creen que los agentes no dudarán en usar su arma, con lo cual las posibilidades de abuso están a la mano. “No podemos permitir caer en el riesgo de la picana fácil”, advierten.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

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Miercoles 14, jueves 15 y viernes 16, desde las 9:00, movilización frente a los tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires, Tacuarí 138, durante el juicio oral contra los compañeros Oscar Furchi y Maximiliano Verón, acusados por protestar contra la instalación de rejas en la Plaza Martín Fierro.

Miércoles 28 de octubre, 21:00, presentación del libro de María del Carmen Verdú REPRESIÓN EN DEMOCRACIA – de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos” en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Viernes 20 de noviembre, 18:00, acto en Plaza de Mayo presentando la actualización del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. “2009: MÁS CRISIS, MÁS REPRESIÓN”.