CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

VENGA CON SU BANDERA A PEDIR MÁS REPRESIÓN

“Unidos en la defensa de la Constitución y la Soberanía Nacional, por la aplicación de todo el rigorismo policial sobre la delincuencia rural de los mapuches, venga a la reunión de socios portando una bandera argentina”.

No se trata de un segmento de filmación desechado de la emblemática película LA PATAGONIA REBELDE, dando cuenta de los crímenes de estado cometidos en los años 20. Tampoco es una convocatoria de los capitalistas ingleses dedicados a la lana y a la ganadería. Es el texto de la invitación para la reunión de la SOCIEDAD RURAL DEL NEUQUEN el 4 de septiembre de 2009, con el auspicio de empresas mineras.

En el contexto de esa reunión, destinada a “evaluar” los sucesivos episodios de desalojos violentos sobre comunidades originarias en lucha por su derecho a la tierra para la subsistencia, Carlos Sapag (terrateniente y hermano del gobernador de la provincia) dijo: “Los Mapuches constituyen bandas de delincuentes rurales que afectan nuestro derecho de propiedad y están respaldados por las FARC y los terroristas de la ETA”.

La reunión concluyó en la necesidad de acompañar las denuncias formuladas con el patrocinio de “reconocidos abogados”, pidiendo que se extremen los recursos represivos del estado contra los delincuentes rurales.

El caso no pasa inadvertido. Por el contrario, es paradigmático del interés de clase y las respuestas que articula el estado, importando poco si se trata de la versión dictatorial o democrática. De hecho, no se conoce ningún repudio de parte del gobierno nacional o sus direcciones de derechos humanos.

Sólo interesa “hacer cumplir la ley”: el derecho de propiedad por sobre el de subsistencia, la legislación por sobre la historia, el negocio sobre la naturaleza.

No nos equivocamos cuando denunciamos que el capitalismo reniega del estado cuando sospecha algún límite a su voracidad. Lo reivindica en el rol que mejor sabe cumplirle: la represión que ejerce sobre las comunidades originarias en lucha en la Patagonia constituye una auténtica política de estado.

No nos equivocamos cuando denunciamos que, detrás de la Ley 26.268, conocida como antiterrorista, se escondía la necesidad del estado burgués de agudizar los instrumentos represivos destinados a ejercer el control cada vez más explícito sobre todas las formas de resistencia y lucha contra la depredación capitalista.

¿Piensa alguno que lo expresado por el hermano del gobernador es un exceso?

¿Acaso puede alguien, sensatamente, decir que hay ingenuidad en el planteo del terrateniente vinculado al poder estatal?

La ley referenciada contempla la aplicación de penas severísimas para toda protesta que resulte siquiera sospechada de vinculación con organizaciones del tipo de las denunciadas por el hermano del gobernador. Una ley como la denunciada se aplicó en Chile contra la misma Araucania y, por estos mismos motivos, se viene aplicando desde el año 2006.

La declaración, entonces, persigue el indisimulado fin de instalar aquella sospecha para después “blanquearla” con la intervención judicial, para la que cuentan con los “reconocidos abogados” Juan Carlos Cassagne (socio de Dromi en las privatizaciones menemistas), Carlos Sánchez Herrera (defensor del represor J. B. Sassain) y Jorge Vanossi (radical, Ministro de Justicia de Duhalde y mentor de la masacre de Avellaneda), siempre vinculados al estado, sea éste dictatorial o democrático.

El estado burgués maneja el consenso y el monopolio de la fuerza. Con estas declaraciones de sus verdaderos mandantes empieza a hacer uso del primero para legitimar su consecuente violencia. Los oprimidos empezamos de a poco a organizar la lucha, independiente del estado y de sus patrones. A lo largo y ancho del país se advierte esta tensión. Si bien es cierto que la historia es una espiral que difícilmente repita su tramo consumido, ella es una sola, continua y continúa.

No se trata de una vieja película, lo que resulta conocida es la trama. Acción.

COMPAÑEROS ABSUELTOS

Los compañeros Oscar Furchi y Maximiliano Verón fueron absueltos en la causa iniciada después que ambos fueran detenidos el 13 de marzo durante una movilización popular. Ese dí­a, vecinos y organizaciones de San Cristóbal se manifestaron contra la polí­tica macrista de querer enrejar la Plaza Martí­n Fierro de San Cristóbal, y construir un estacionamiento debajo de ella. La plaza ocupa el predio en que funcionaban los Talleres Vassena, donde se inició la huelga que fue reprimida a sangre y fuego por el gobierno radical en enero de 1919. La manifestación de los vecinos fue duramente reprimida por la policí­a federal, con el saldo de varios heridos y tres detenidos.

Se iniciaron dos causas, una ante la justicia nacional contra los tres detenidos por atentado y resistencia a la autoridad, en la que se obtuvo el sobreseimiento a los pocos meses, y otra ante la justicia de la ciudad, por daño agravado, que llegó a juicio contra Oscar y Maximiliano.

Durante el juicio, que se desarrolló los dí­as 14, 15 y 16 de octubre ante el Juzgado Penal Nº 2 de la ciudad de Buenos Aires, los abogados de CORREPI, Daniela Juri, Gustavo D’Afflitto y Ramiro Geber, lograron deshacer la estrategia de la Fiscal que intentó acusarlos por la pintadas en el CGP Nº 5 y por la rotura de un tacho de basura. “La fiscalí­a ni siquiera pudo argumentar por qué la policí­a secuestró y trajo al juicio una bicicleta, un alambrado, un aerosol y un tacho de basura con los que pretendí­an culpar a los compañeros”, contó el abogado Ramiro Geber luego de la sentencia.

Desde las 9:30, distintas organizaciones polí­ticas se concentraron frente al juzgado para apoyar a los compañeros Verón y Furchi. Nuevamente se demostró que la lucha contra la criminalización de la protesta se gana en las calles y organizados.

EL JUEZ QUE DESCUBRIÓ AMÉRICA

Lo venimos diciendo una y otra vez: la organización policial está detrás de cada uno de los golpes que da el crimen organizado. Es política de estado. Se genera sensación de inseguridad, se crea la necesidad de más policía en las calles para prevenir el delito, y, de paso, también se llenan los bolsillos. El crimen organizado es un negocio redondo que tiene al propio estado como patrón y garante.

Sin embargo, los medios de comunicación han levantado las declaraciones del juez Luis Arias con aires de novedad. “Sabemos la relación que existe entre la Policía y la criminalidad, en la provincia de Buenos Aires los problemas de drogadicción y de juego clandestino tienen que tener una red de complicidades políticas y policiales” declaró el juez contencioso administrativo de La Plata.

Ejemplificó su postura revelando que un policía de la Comisaría de Valentín Alsina dijo que “el mismo menor que protagonizó el asesinato de Capristo recibía por parte de oficiales 40 pacos por casa o automóvil que lograba robar.”

Nada nuevo, excepto la difusión que tomó la noticia. Es que cuando esta realidad la sugiere un juez provincial (y no una organización antirrepresiva) es infinitamente más publicable que cuando la denuncia viene del lado del pueblo y de la lucha.

12 DE OCTUBRE: ASESINATO A ORIGINARIOS AL GRITO DE “SOMOS POLICÍAS”
La fecha fue emblemática. El 12 de octubre pasado, mientras los estados burgueses celebraban el “día de la raza” y los pueblos originarios de América recordaban el 517º del comienzo de su genocidio, otro indígena fue asesinado por las fuerzas represivas en Tucumán.

El hecho ocurrió ese lunes por la tarde en la comunidad de Chuschagasta, un pueblo diaguita. Un terrateniente llamado Darío Amín se presentó en el lugar, arguyendo que era el propietario del lugar. Lo acompañaban dos policías exonerados, Luis Gómez y José Valdivieso. La entrada al pueblo era vigilada por un grupo de originarios, que desde hace un mes hacen guardia para evitar que algunos continúen con el despojo de sus tierras que se practica desde hace más de 500 años.

El terrateniente y los represores llegaron en una 4 x 4. Hubo una discusión. El policía Gómez empujó a un indígena, sacó una pistola y empezó a disparar. Los originarios se defendieron, lo desarmaron, pero entonces fue el terrateniente Amín quien siguió disparando. La escena represiva terminó con un indígena muerto que murió desangrado y otros dos que resultaron heridos.

Amín ha sido denunciado por usurpación de tierras a originarios. Luis “el Niño” Gómez supo ser compañero de andanzas del comisario Mario “el Malevo” Ferreira, represor tanto durante la dictadura como cuando, ya en “democracia”, hasta le dedicaron una cumbia llamada “Justicia Veloz”, en homenaje a su rapidísimo y fácil gatillo.

Chuschagasta se asienta sobre una cantera de piedra de laja, recurso natural codiciado para emprendimientos privados. En la zona de los Valles Calchaquíes tucumanos se había comenzado, hace unos veinte días, a realizar un relevamiento por una norma que declara la emergencia para las comunidades indígenas, suspende los desalojos y acciones judiciales contra de los pueblos originarios del país. Sin embargo, los indígenas de Tucumán vienen denunciando que el Poder Judicial está haciendo caso omiso de lo que ocurre y no respeta las leyes que ellos mismos dictan como normas.

Un día emblemático fue el 12 de Octubre. Otro asesinato se cometió contra los originarios. Esta vez no llegaron en carabelas ni con espejitos de colores, sino en camioneta importada, con armas y gritando: “Somos policías”.

Polichorro en libertad mata a su ex mujer

En Mendoza, el 14 de este mes, el policía Walter Morales, de 45 años, mató a su ex mujer luego de una discusión que tuvieron en el galpón donde ella vivía junto con sus cinco hijos. La mujer murió a causa de los golpes que recibió por parte del asesino, que luego se suicidó.

Según el Ministro de Seguridad de Mendoza, el policía había sido echado de la fuerza por “abandono de servicio” y se encontraba en libertad condicional por varios robos. O sea, no lo echaron por los robos, sino porque descuidó el servicio… Y a pesar de ser varios los robos, estaba en libertad.

Evidentemente la “justicia” imparcial no existe. Cuida a los guardianes del capitalismo a la perfección, aun cuando están retirados de sus filas, permitiendo a los reales criminales, los asesinos de la clase trabajadora, cometer los hechos por los cuales miles de pibes hoy son torturados, asesinados, encarcelados o acusados sin pruebas en los barrios de nuestro país.

ARCHIVO DE CASOS

Como lo venimos haciendo desde hace años, como lo hicimos bajo los gobiernos de Menem, De La Rua, Duhalde y Néstor Kirchner, nuevamente este año, iremos a la Plaza de Mayo a mostrar, en una jornada de denuncia pública, la magnitud de la represión en democracia.

El viernes 20 de noviembre, a las 18:00, CORREPI, junto a las organizaciones políticas, estudiantiles, de trabajadores, de desocupados y todos los compañeros que nos acompañen, presentará la actualización anual del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado argentino.

Basados en datos irrefutables, ni más ni menos que los nombres de los hijos del pueblo asesinados por el gatillo fácil, desaparecidos, muertos en la tortura, en cárceles, comisarías e institutos de menores, vamos a exponer públicamente que el actual gobierno, el que dice que es el gobierno de “los derechos humanos”, masacró con sus fuerzas de seguridad, durante su segunda gestión, varios centenares más de pibes, que se suman al millar de asesinados entre 2003 y 2008, y superan, desde diciembre de 1983, los 2.750.

Los convocamos porque las fuerzas de seguridad nos matan un pibe por día. Porque cuando un chico es picaneado, le dan submarino seco, o lo golpean hasta la muerte, los jueces dicen que no es tortura sino “apremios ilegales”, “severidades” o “vejaciones”, y, para la Corte Suprema, “si es en democracia, no es tortura”.

Los convocamos porque quieren hacernos creer que los gatillos fáciles son “excesos” de algún loquito suelto que se solucionan con más y más “purgas” o con cursitos de DDHH, o que el “problema” es que la policía no es democrática.

Los convocamos porque todos los días, en cualquier lugar del país, miles de personas son víctimas del “olfato policial” y las detenciones arbitrarias.

Los convocamos a acompañarnos, porque la represión no empezó ni terminó con la dictadura, sino que se adapta para funcionar en democracia o dictadura. Y este año se ve con claridad que, a más crisis y más pobreza, más reprimen preventivamente los gobiernos.

Los convocamos porque los gobiernos persiguen a los trabajadores organizados y a los militantes populares, los reprimen en la calle y los encarcelan.

Los convocamos a ir con nosotros a Plaza de Mayo el 20 de noviembre, porque presentar el Archivo cada año no es sólo mostrar la lista de los hijos de trabajadores asesinados cada año. Es un acto de denuncia y lucha, porque, frente a esta realidad, no podemos mirar tranquilos desde la vereda, y sólo reaccionar cuando nos tocan a nosotros. Todos podemos contribuir para organizarnos contra la represión, que no es un “problema” que la democracia no pudo resolver todavía, sino una política de estado, gobierne quien gobierne, en cualquier sociedad con ricos y pobres.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Martes 20 de octubre, 20:00, presentación del libro de María del Carmen Verdú REPRESIÓN EN DEMOCRACIA – de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos” en el Profesorado Joaquín V. González, Ayacucho 632. Organiza: Corriente Estudiantes del Pueblo.

Miércoles 28 de octubre, 21:00, presentación del libro de María del Carmen Verdú REPRESIÓN EN DEMOCRACIA – de la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos” en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Organiza: Corriente Estudiantes del Pueblo.

Viernes 20 de noviembre, 18:00, acto en Plaza de Mayo presentando la actualización del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. “2009: MÁS CRISIS, MÁS REPRESIÓN”.

PEDIDO A TODOS LOS COMPAÑEROS

Las cifras y datos de nuestro Archivo son sólo una aproximación al real alcance y extensión de las políticas represivas de los gobiernos nacional y provinciales. Dependemos de los informes de los compañeros y organizaciones de todo el país para poder incluir los casos que no trascienden en los medios, o que aparecen bajo el título mentiroso del “enfrentamiento”.

Por eso les pedimos a todos que nos envíen, antes del 10 de noviembre, toda la información de que dispongan de hechos represivos en cada provincia, en cada pueblo. Fusilamientos de gatillo fácil, muertes en cárceles, comisarías o institutos de menores, desapariciones. En fin, cualquier hecho en el cual un agente del aparato de seguridad estatal hay matado a una persona.

También agradeceremos el envío de actualizaciones de casos anteriores, de esos que nunca más aparecen en los medios, después de haber logrado alguna visibilidad inicial.