CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

20 DE DICIEMBRE, 8 AÑOS DESPUÉS
La represión del gobierno nacional de la Alianza y de los gobiernos provinciales radicales y peronistas durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 costó 39 muertes al pueblo argentino (14 en la provincia de Buenos Aires, 9 en Santa Fe, 6 en la ciudad de Buenos Aires, 3 en Entre Ríos, 3 en Córdoba, 2 en Corrientes, 1 en Tucumán y 1 en Río Negro).

Sólo en unas pocas provincias hubo algún avance significativo en la investigación de los asesinatos. En ninguna, excepto la ciudad de Buenos Aires, y de manera más que acotada, hay alguna posibilidad futura de castigar a los responsables políticos de la masacre. Respecto de los autores materiales, en los pocos casos que se los sometió a proceso, son menos aún los condenados, y, casi no hay, en todo el país, presos por ninguna de las 39 muertes.

En la provincia de Buenos Aires, con 14 muertos, sólo llegó a juicio oral el homicidio de Damián Ramírez, de 14 años, y Ariel Salas, de 31, en La Matanza. Dos comerciantes fueron condenados a 15 y 6 años de cárcel respectivamente, pero el único integrante del aparato represivo juzgado fue absuelto.

En Entre Ríos, siguen impunes los homicidios de Romina Iturain (15) y de José Daniel Rodríguez (25). El cabo Silvio Martínez fue condenado, en mayo de 2003, a 10 años de prisión por haber baleado a Eloisa Paniagua (13). Por su “buena conducta” fue premiado con el beneficio de la libertad condicional.

En Santa Fe, a pesar de los esfuerzos de familiares de las víctimas y de organizaciones populares, nunca prosperó la imputación contra el gobernador Reutemann, sus ministros y los intendentes, como Binner, de Rosario, por el operativo que costó 9 muertes. Sólo hubo condenas en los dos casos más conocidos públicamente, por tratarse de militantes. En 2009, cinco policías fueron absueltos y otros cinco fueron condenados por encubrimiento, con una pena de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso, en la causa por el asesinato de Pocho Lepratti. Unos años antes, el autor material del disparo, Esteban Velásquez, había sido sentenciado a 14 años de prisión. En el caso de Graciela Acosta, el sargento Luis Armando Quiroz fue condenado a 11 años de prisión.

En Córdoba, después de siete años, un fiscal imputó por homicidio simple al policía Hugo Cánovas por el crimen de David Moreno (13).

Finalmente, en la ciudad de Buenos Aires, está elevada a juicio una parte de la causa que abarca tanto las responsabilidades materiales como las funcionales respecto de las cinco muertes en Plaza de Mayo. Si algún día los jueces se deciden a poner algún límite a los eternos recursos dilatorios de las defensas, habrá juicio oral contra el ex secretario de seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la federal Rubén Santos y el resto de la cúpula policial, mientras el ex presidente De la Rua sigue evadiendo, con la bendición judicial, su indiscutible responsabilidad.

Todavía más silenciadas están las muertes causadas por la represión nacional y provincial en el Puente de Corrientes, el 17 de diciembre de 1999. En el expediente que “investiga” el fusilamiento de Mauro Ojeda y Francisco Escobar, y las heridas causadas con armas de fuego a un centenar de manifestantes autoconvocados, nunca hubo, formalmente, un imputado. Desde el comandante de gendarmería Chiappe, hasta el ministro del interior del recién asumido gobierno de la Alianza, Federico Storani, pasando por todos los funcionarios que tuvieron mando y responsabilidad en el operativo multifuerza, como el actual diputado de la ciudad Martín Hourest (ayer, ministro de gobierno de la intervención radical-peronista de Ramón Mestre, hoy muy “progre” acompañante de Lozano) declararon, a lo sumo, como simples testigos. Hace ya 5 años que denunciamos la situación de impunidad ante la CIDH, causa que fue declarada admisible por el organismo internacional.

Como vemos, muchos años y muchos gobiernos después, el resultado de las causas judiciales iniciadas con motivo de los fusilamientos de 1999 y 2001 ilustra claramente cómo el aparato estatal, sea cual fuere el sector de la burguesía que lo administre, funciona cohesionado a la hora de legitimar la represión al pueblo.

MACRI “PREVIENE” DE LA MANO DE LOS NARCOS
¿Es casual que el gobierno macrista se haya deshilachado en los últimos meses por presentar frentes de batalla en el área de seguridad y de educación?

Las escuchas del policía reivindicador de la dictadura Fino Palacio y del agente de la SIDE Ciro James, más la designación y fugaz estadía en el ministerio de Educación del gorila Posse, lejos están de constituir un acto torpe y poco inteligente del gobierno del torpe y rudimentario ingeniero Macri.

Una y otra referencia, necesariamente, señalan el diseño de una política que tiene en el disciplinamiento y en el control social, los objetivos fundamentales de una burguesía (en este caso porteña) que confía en la represión la contención de las reacciones que causa entre los afectados por sus políticas de apropiación de riquezas.

Acaso, ¿será también mera torpeza que entre los cursos intensivos de verano que se dictarán para 20 mil docentes capitalinos, se haya asignado a la DIVISION PREVENCION SOCIAL DE TOXICOMANIAS DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA el dictado del denominado “EL DOCENTE ACTUAL FRENTE AL FENÓMENO ADICCIÓN”?

Leemos en la convocatoria que: “A través de estos cursos se pretende brindar a los docentes herramientas para intervenir desde una mirada preventiva en la problemática del uso indebido de sustancias psicoactivas con niños, niñas y adolescentes“.

La policía puesta en función educativa es uno de los logros más significativos de quienes postulan la naturalización de la represión. Puestos en formadores de formadores, estos “profesionales” de la institución más comprometida con la multiplicación del delito en tanto negocio y dato sistémico (que se empeñan en llamar “fenómeno” o “flagelo”) seguramente no incluyen en su mirada preventiva todo lo referente al manejo del narcotráfico, quiénes son los responsables de liberar zonas para el tráfico, cómo y quienes articulan con los “distribuidores”, quiénes son los encargados de reclutar pibes pobres en las barriadas más humildes para fomentar y asegurar la multiplicación del negocio, cómo es que se “suicidan” tantos pibes en los lugares de detención vinculados al último escalón del negocio… Nada de eso.

Así como la revictimización es el abordaje de todo “niño, niña o adolescente” que ha caído en la trampa, la mirada preventiva de quienes resultan institucionalmente responsables de un aspecto esencial del negocio del narcotráfico no puede constituir otro objetivo más que el de garantizar su permanente regenteo bajo la apariencia de “lucha contra el fenómeno”.

Desde el poder, la generalización del consumo y la proliferación de sustancias tóxicas están destinadas a sustituir la realidad, no a transformarla. Necesitan ellos monitorear, vigilar, controlar.

No es casual que el negocio se profundice allí donde falta trabajo, comida, vivienda digna, salud, es decir en las barriadas pobres donde la realidad se torna insostenible y donde esa misma institución policial se encarga tantas veces de frustrar futuro transformador, mediante el gatillo fácil y sus complicidades empresarias, políticas y judiciales.

Quienes no dudan a la hora de ejecutar políticas de “limpieza social” de la mano del sistema penal y de seguridad, ahora también echan mano al sistema educativo.

¿Seguirán creyendo algunos que la respuesta al interrogante del inicio se encuentra en la casualidad?

Atribuir a las pocas luces del ingeniero Macri semejantes intentos para naturalizar la represión, es como mínimo un acto de ingenuidad, que en algunos casos deviene en complicidad encubierta. Los intereses de la burguesía superan ampliamente las evidentes carencias de sus representantes, y cuando el Poder diseña un modelo neofascista de intervención opresora lanza intentos, pruebas, ninguna de ellas por casualidad y mucho menos por ingenuidad.

STORNELLI Y SU “DENUNCIA”: TODO VALE EN LA INTERNA
Hace casi 20 años que CORREPI dice (y los hechos prueban) que todo el crimen organizado, desde las grandes bandas con alto poder de fuego y logística, hasta el último “chiquitaje”, es dirigido, gerenciado y explotado por las fuerzas de seguridad, especialmente las policías. Y que nadie puede ignorar el rol de jueces y fiscales, encargados de asegurar la impunidad de los ejecutores de uniforme.

Unos meses atrás, lo novedoso fue que esto mismo fue dicho por un juez de La Plata, Luis Federico Arias. Cuando Arias ¡un juez! dijo lo obvio sobre el reclutamiento de pibes para delinquir, se armó un escándalo bárbaro. El gobernador Scioli, indignado de que ensuciara a “su” policía, lo desafió a que presentara pruebas. El ministro Stornelli lo acusó de buscar “proyección mediática”, y lo denunció penalmente.

Unos días después, Scioli volvió a la carga: “con esta policía estamos dando una lucha contra la delincuencia en todos sus frentes, abatiendo delincuentes en enfrentamientos, o secuestrando volúmenes récord de drogas; desmantelando desarmaderos”, mientras Arias hacía públicas 23 causas penales como ejemplo de cómo los policías fuerzan a los pibes pobres a robar para ellos.

Como si todo eso nunca hubiera pasado, tres meses después, el mismo ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli, denunció que policías en actividad, retirados y exonerados, reclutan menores de edad para que cometan delitos. Específicamente, Stornelli dijo que tres recientes crímenes de mujeres (una docente, una arquitecta y una bioquímica, fusiladas para robarles sus autos), que fueron ultraexplotados para hablar de la peligrosidad infantil, fueron ordenados por policías.

Y agregó que lo hicieron como parte de una campaña para “desestabilizar al gobierno de Daniel Scioli”, como represalia por los cambios que Stornelli hizo en la Dirección de Prevención de Delitos contra la Propiedad Automotor, buscando “neutralizado actividades delictivas y negocios espurios”. Como prueba de su acusación, Stornelli señaló que esos tres hechos puntuales ocurrieron, todos, en los 20 días siguientes al relevo del jefe del área Automotores.

En una palabra, según Stornelli, ahora resulta que “su” policía, la que daba “lucha sin cuartel contra los desarmaderos y el narcotráfico”, no combate el delito, sino que, a lo sumo, elimina la competencia, mientras arma operaciones para tumbar gobiernos.

En el escenario de tensión de la disputa de poder en el PJ, con epicentro, como siempre, en territorio bonaerense, no es difícil entender esta movida como “manotazo de ahogado” para ayudar a disciplinar la tropa que empieza a buscar nuevos (viejos) liderazgos.

Mientras tanto, en los pasados 25 días, 35 personas –la mayoría, pibes jóvenes, y todos, pobres- fueron asesinados por el gatillo fácil o la tortura. Nuestro Archivo, que el 20 de noviembre tenía 2.826 nombres, ya supera los 2.860.

No deberían preocuparse mucho los policías acusados por el ministro. Cuando resuelvan sus internas, negociando o a los tiros, los Patas Negras van a volver a ser La Mejor Policía del que triunfe en la intriga palaciega.

POLICHORROS MENDOCINOS
En Mendoza, esta semana, un muchacho sufrió un accidente con su moto. Lo llevaron al hospital, y cuando fue a la comisaría a retirar el vehículo, un policía lo amenazó con incautarle la moto y hacerle una multa, porque le faltaba alguna documentación. Claro que, tras la amenaza, vino el ofrecimiento de arreglo: “Pagate la cena, y listo”, dijo el oficial Echavarría. La víctima de la extorsión juntó $150 y se fue con su moto, pero después hizo la denuncia y el policía fue detenido.

En los mismos días, y en la misma provincia, cuatro policías fueron condenados por golpear, disparar y robar a un grupo de turistas chilenos en marzo de 2008. Los turistas fueron perseguidos a los tiros, apaleados y encerrados por 18 horas, acusados de ser ellos los agresores. Cuando los liberaron, les habían robado su dinero y pertenencias. Se probó que la persecución fue infundada, y que sólo hubo disparos policiales. La pena para los cuatro agentes de la ley, dos años de prisión y otros cuatro de inhabilitación.

CONTRA LOS POBRES, MÁS GATILLO FÁCIL Y TORTURAS
La imagen del cortejo fúnebre avanzando por Plaza de Mayo con el ataúd de Juvelio Aguayo Pérez (29), albañil, padre de tres hijos y uno por venir, hacía evidente en los rostros de sus familiares y vecinos del barrio Olimpo de Lomas de Zamora, que la pertenencia a la clase trabajadora es el eje de la política de estado que descarga la represión con el gatillo fácil y la tortura y que la nacionalidad pasa a un segundo plano cuando lo determinante es la pobreza.

Solo así puede explicarse que el grupo Halcón invadiera su casa la noche del 11 de diciembre, lo torturara y los fusilara delante de su familia.

Así se explica, también, que, para disciplinar a los jóvenes de los barrios de trabajadores, el 15 de diciembre, en una barriada de la zona oeste de Rosario, el comando radioeléctrico fusilara con seis tiros a Lucas González (16) rematándolo cuando ya estaba reducido delante de todos los vecinos. O que, días antes, en el barrio 16 de Noviembre de Córdoba, una patrulla de la distrital 9 disparara contra un joven de 17 años que aún lucha por su vida. Su padre declaró al diario La Voz: “Él salió corriendo por el nerviosismo cuando se topó con un móvil policial. Uno de los policías, sin que fuera agredido por mi hijo, lo ejecutó de un tiro por la espalda”.

En tanto, sucede lo mismo en cárceles y comisarías. Hace poco se conoció que, en la Unidad Penal de Gualeguaychú, considerada de Máxima Seguridad, el 6 de diciembre, Matías Gómez, un joven alojado junto a su padre y hermanos, fue asesinado de un puntazo en la garganta.

El sistema carcelario sigue sumando víctimas y excusas, ya que el hacinamiento o la sobrepoblación carcelaria no es quien cierra las celdas con llave para que los internos se prendan fuego ni libera el área para que los “coches bombas” (presos armados pagados para matar) cumplan su objetivo.

REPRESIÓN AL COSPELAZO EN CÓRDOBA
El jueves 17 de diciembre, centenares de manifestantes se concentraran frente al concejo deliberante cordobés para repudiar el aumento del transporte urbano, votado en una de las últimas sesiones extraordinarias de 2009. La represión policial, con palazos, gases y balas de goma, culminó con más de 40 detenidos, entre ellos menores de edad y un abogado.

Algunos manifestantes se protegieron del ataque policial refugiándose en el Sindicato Provincial de Obras Sanitarias (SIPOS), que fue invadido por los policías, que apalearon y detuvieron a los compañeros, detenidos igual que el secretario general del gremio.

En los últimos seis meses, el intendente Daniel Giacomino (del Frente Cívico) intentó y logró, junto a radicales y peronistas, aumentar el cospel en un 33%, llevándolo de $1,50 a $2. Este aumento beneficia al sector empresarial agrupado en la FETAP, e impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. Sin embargo, para el intendente “es poco” ya que cree que el cospel debe costar $2,30. En los 6 últimos años, el transporte colectivo aumentó casi un 300%. El consejo deliberante también aumentó en un 20% la tarifa de los remises y taxis.

Parece ser una modalidad de los funcionarios de gobierno cordobés, esperar fin de año para introducir estas medidas antipopulares. A fines de 2006 la legislatura votó la entrega del agua a Suez-Roggio, y, siempre represión mediante, el 28 de diciembre de 2005 impulsaron el Tarifazo del Agua, en una de las provincias más afectadas por de la escasez de agua. También, ese mismo mes, con Juez como Intendente, se aprobó otro aumento del cospel.

En los carteles publicitarios del gobierno, que anuncian en las calles cordobesas: “Incorporamos 2.707 efectivos más a la policía de la provincia”, el ingenio popular agregó, en aerosol: “para reprimirte”.

BARCELONANTIRREPRESIVA:
La policía de Río de Janeiro fue declarada la de más casos de gatillo fácil del mundo y se burló de la Bonaerense acusándolos de “garantistas peito gelados”

Apenas se conoció el informe de Human Rights Watch que ubicaba a la policía carioca al tope del ranking del gatillo fácil mundial, centenares de uniformados salieron a festejar por las calles de Río de Janeiro con una balacera que, según fuentes oficiales, “sirvió para fortalecer el liderazgo”.

Los efectivos brasileños le dedicaron el triunfo a los policías bonaerenses, a quienes calificaron como “um corpo muito cagao” y les adjudicaron actitudes blandas: “som unos chupa paos de merda, quando ven ao sospechos nao tiram rápido y perdem oportunidade, argentinos peitos gelados”.

En 2008, la policía de Río mató a 1.131 detenidos, un récord que esperan batir este año que termina.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Lunes 28 de diciembre, 16:00, en Plaza de Mayo, FESTIVAL ANTIRREPRESIVO. Tocan Resistencia Suburbana, El Bordo, Ojos Locos, Los Umbanda, Ser Utópico, La Colosa, Metiendo Plancha y bandas sorpresa.