CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

PROGRESISMO JUDICIAL POR LA “SINDICALIZACIÓN” POLICIAL/strong>
¿Es apenas una casualidad que la expresión pretendidamente más progresista del ámbito judicial coincida con las aspiraciones de la familia policial?

En un reciente reportaje en el diarioLA NACION el cortesano Juez Zaffaroni abogó por la sindicalización policial.

El argumento es casi pueril: “Padecen un orden militarizado que nadie sabe explicar porqué” (textual) y “ese orden militar impide la sindicalización y con ello se prohíben las peticiones colectivas, es decir se les prohíbe discutir horizontalmente las condiciones de trabajo”. Paralelamente, el supremo sostuvo que es necesario acabar con la “autonomía” policial pues “se ha constituido en un factor de riesgo en todo el mundo y en nuestro país”, poniendo como ejemplo las matanzas de Puente Pueyrredón y los acontecimientos de Diciembre de 2001…

Atribuir a la ausencia de sindicalización el mal desempeño de los policías ejerciendo el disciplinamiento social y a la presunta autonomía institucional, los homicidios de militantes populares, es, en principio, una simplificación inadmisible.

Pero, al reparar que quien lo expresa representa a uno de los tres poderes responsables del estado al que pertenece la institución policial, corresponde adjudicarle la hipocresía con la que intentan subestimar nuestra capacidad de asombro.

La sindicalización es propia de los trabajadores y el policía NO INTEGRA LA CLASE. Por más que sea verdad que pueda provenir de ella, lo cierto es que la naturaleza de su función lo coloca por fuera. Disciplinar a la clase trabajadora, constituirse en el brazo ejecutor del control social del estado, es el “trabajo” al que se refiere el Dr. Zaffaroni, que, de paso, puede encontrar allí una buena explicación a su militarización.

Hay quienes -compartiendo criterio con el juez- abogan por esa sindicalización con el argumento de que ella contribuirá a diluir el esquema absolutamente represivo en que la función se inscribe (el juez lo llama servicio civil) y que se presenta a veces como resistida por los altos mandos de la institución, pero lo que parece convincente no siempre es convincente.

De hecho, en el país existen diversas expresiones policiales a favor de la “sindicalización” y todas -sin excepción- plantean como ineludible reivindicación “la necesaria defensa de los compañeros injustamente perseguidos o enredados en bretes judiciales por cumplir con su obligación“. En otras palabras, al lado de la reivindicación salarial corre, en un mismo nivel de reclamo, el blanqueo definitivo de la impunidad que vienen gozando en innumerables casos de gatillo fácil y torturas seguidas de muerte, a la luz de recientes y escandalosos fallos judiciales que tienen a los familiares de CORREPI (entre otros) revictimizados.

No perderán jamás su rol represivo, por el contrario, la sindicalización les reforzará ese accionar.

Ni una palabra ha dicho al respecto Zaffaroni, ni una palabra siquiera los 300 policías jubilados y cesantes que, en la misma semana, en Tucumán, levantaron la necesidad de su sindicalización “porque ganan poco y nadie los defiende“.

No sólo reprimen, además mienten: ahí está la corporación judicial que los asiste con los fallos y con los reportajes.

SIN INDEPENDENCIA DEL ESTADO NO HAY INFORME ANTIRREPRESIVO QUE VALGA
El recrudecimiento de “la violencia policial va en contra de la política del gobierno nacional, que no es represiva”.

Esta manifestación pertenece a la Dra. Alicia Pierini, que en sintonía ideal con la Casa Rosada, suscribe un INFORME SOBRE VIOLENCIA POLICIAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES que mezcla conceptos, confunde deliberadamente la data, aparenta preocupación y usa el discurso derechohumanista para intentar despegar de la responsabilidad que le cabe en tanto provee “a la defensa de las víctimas” y las cooptan con el indisimulado fin de encausar (cuando no acallar) los cuestionamientos que estas víctimas hacen al sistema que la instituyó.

Dice haber recibido 100 denuncias en los últimos dos años y que, de ellas, 20 casos son de extrema gravedad (entre los cuales figuran 4 homicidios, desalojos y otras modalidades represivas). Omite los casos que no pasaron por sus oficinas y refiere que fueron llevados a la justicia aunque en la gran mayoría de ellos los responsables terminaron impunes.

El documento, pese a tener, aun con recortes y omisiones, 65 páginas, 10 capítulos y 3 anexos, conceptúa el accionar policial como excesos individuales, irregularidades policiales, prácticas indebidas. Y se lo atribuye a “la falta de formación en derechos humanos de sus cuadros“.

Se entiende: si la defensoría llamara política a los excesos, gatillo fácil a las irregularidades o tortura a las prácticas indebidas, no hubiera podido afirmar que la violencia policial va en contra del gobierno que registra el más alto crecimiento del índice de estas “prácticas” en los últimos 5 años (sobre un total de 2.826 casos desde 1983 a noviembre de 2009, 1.323 casos desde el 25 de mayo de 2003).

Si la defensoría reparara en que los cuadros policiales de la democracia no difieren conceptualmente de los cuadros policiales en dictadura, advertiría que no es la falta de formación en materia alguna lo que mueve a la institución policial a actuar como lo hace. Por el contrario, si hay algo para lo que están específicamente formados es para lo que hacen. Claro, tampoco podría afirmar que la política de su gobierno no es represiva.

El dato final e insoslayable, es que la data del informe corresponde al égido de la ciudad autónoma de Buenos Aires, gobernada por el inescrupuloso referente de la derecha ingeniero Macri, quien está armando su propia agencia policial, a imagen y semejanza - claro está- de la que depende del gobierno nacional.

¿Sirve el documento? Sí, para demostrar que la verdadera lucha antirrepresiva sólo puede darse con independencia absoluta del estado que la origina.

PARA MUESTRA, BASTA UN BOTON
El domingo 10 de enero, el diario “La Nación” dio como noticia que el 25% del personal de la policía bonaerense de Scioli-Stornelli fue sumariada por distintos hechos delictivos en el último bienio.

Esto, que ahora parece sorprender a los herederos de la familia Mitre, es algo que CORREPI viene denunciando desde su fundación. Las agencias represivas, y, entre ellas, muy especialmente la policías provinciales o la federal, son quienes articulan, dirigen, conforman y son parte de distintas bandas delictivas a lo largo y ancho del país.

Muchas son las noticias que lo testimonian. Incluso los periódicos reflejan en sus páginas, diariamente, la ligazón de miembros de las fuerzas de seguridad del estado en delitos como narcotráfico, secuestros extorsivos u otro tipo de extorsiones, amenazas, trata de personas, asaltos comando, etc., que delatan la permanente connivencia entre el brazo armado del estado y las bandas delictivas.

Tampoco son pocas las oportunidades en la que están sospechados o involucrados funcionarios del gobierno de turno o de la propia justicia.

Pero no por reiterada deja de ser develadora la cifra que nos proporciona en esa crónica el mencionado matutino: En dos años, 872 efectivos fueron exonerados de la fuerza y 1.779 fueron desafectados del servicio que prestaban, lo que demuestra, a las claras, algo que CORREPI tampoco deja de señalar: las purgas de nada sirven, ni sirvieron jamás.

MÁS MUERTES EN CÁRCELES Y COMISARÍAS
La primera semana del año se inició con dos personas muertas en su lugar de detención, mientras que seguimos conociendo casos del año anterior.

En Mendoza, Julio Silvestre Balmaceda Elly (23) fue encontrado por la mañana del 6 de enero, según las autoridades del penal de Boulogne Sur Mer, ahorcado en su celda. Como la mayoría de la población penal, no tenía condena y había sido derivado de un hospital psiquiátrico para continuar “recibiendo asistencia”.

Menos de 48 horas después, en el penal de Roca, Río Negro, Javier Arias (26) fue reportado como asesinado por varios puntazos en su propia celda.

Se conoció que luego del cierre del informe 2009 sobre violencia policial elaborado por la defensoría del pueblo de la ciudad, comentado en este mismo boletín, Juan Alberto Vera, que presentaba signos de tortura tras su detención durante siete días en la comisaría 36ª, apareció suicidado en el hospital penal de Ezeiza donde había sido trasladado por orden del juez que entendía en su proceso.

A diario personas detenidas sin haber recibido condena, reciben en cárceles o comisarías tortura y muerte. La investigación judicial no requiere más que la firma del funcionario a cargo para archivarla en el mínimo de tiempo, cumpliendo, de esa manera, el objetivo que el estado tiene previsto para los pobres.

GATILLO FÁCIL, DENUNCIA Y REPRESIÓN
En la ciudad de La Plata, 150 efectivos de la guardia de infantería reprimieron a palos a 30 manifestantes que denunciaban, frente a la gobernación bonaerense, un caso de gatillo fácil. Se cumplía un mes del asesinato de Ezequiel Heredia (18), asesinado el 8 de diciembre de 2009 de un disparo en la cara, gatillado por el inspector Sergio Aguirre de la comisaría 2ª de La Plata. Si bien el policía está detenido y procesado por homicidio agravado, familiares y amigos de Ezequiel se habían concentrado para denunciar el caso y pedir que el asesino no tenga privilegios en la cárcel.

Como siempre, aparecieron enseguida los funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos y del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas por la Represión Policial, que hicieron entrar a los padres de Ezequiel al edificio de la gobernación. Mientras los especialistas en cooptación entretenían a los padres de Ezequiel, la policía cargó contra los manifestantes, que sostenían pancartas con la imagen de Ezequiel y hacían sonar tambores. Hubo 10 detenidos: cuatro menores –uno de quince años y una adolescente embarazada– y seis mayores. A una mujer le fracturaron dos costillas.

“Esperaron a que estemos adentro de la Gobernación, donde nos hicieron esperar una hora, para atacar a los amigos de Ezequiel. Cuando llegamos a la calle los mataron a palos, les daban patadas, los arrastraban y se los llevaron presos“, afirmó Carina Martínez, mamá de Ezequiel.

Como ejemplo de libro de la función de desarticulación de las luchas que cumplen las agencias estatales destinadas a mostrar el “rostro humano” del estado represor, el Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas por la Represión Policial, luego de que sus compañeros uniformados reprimieran mientras ellos distraían a los padres, realizó una denuncia contra la bonaerense ante la fiscalía en turno. En la misma fiscalía, los manifestantes detenidos, aunque puestos en libertad, están imputados por “resistencia a la autoridad” y “daño contra edificio público”.

BARCELONANTIRREPRESIVA
Los números de la policía desmienten el Gatillo Fácil
LA FEDERAL NIEGA QUE HAYA MÁS REPRESIÓN: “Si muere una persona cada 28 horas por algún exceso es porque a los negritos de ahora les disparás y enseguida palman”

La mala alimentación y la debilidad como consecuencia de un inadecuado o nulo ejercicio físico entre los sectores más humildes de la población, han comenzado a ser advertidos con preocupación también por las fuerzas del orden, otrora a los vaivenes de la salud de los que menos tienen. “Es un desastre, ahora los negritos no se bancan una, los cagás a patadas un poco y al toque te plantean una fractura de cráneo, así es muy difícil”, se quejan los agentes de la policía federal. El dato, de alguna manera, viene a contradecir la idea que busca instalar cierto sector de la prensa acerca de que la represión de jóvenes, bajo cualquier circunstancia, haya ido en aumento. “Es que los negritos palman como moscas”, advierten en la federal.

“Antes un groncho fornido te aguantaba una buena molida a palos, unas cuantas sesiones de máquina y hasta un par de días sin morfi en el calabozo; en cambio ahora, pegás un par de bastonazos y tenés un pibito con fractura de cráneo; así no se puede laburar” aclara el cabo Jonathan R. Su compañero, Pablo S. coincide. “Están tan debiluchos que son capaces de caerse muertos por un par de balazos de goma”. “Si hay más muertos a manos de la policía, no es porque haya más represión sino porque los negros no tienen aguante”, coinciden.

Según la experiencia de los agentes, “los pibes chorros están cada vez peor alimentados”. El cabo sostiene que “muere una persona cada 28 horas por algún exceso policial y enseguida dicen que es por la represión”, y concluye: “Y lo que pasa es que los chorros ya no son como antes”.