CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

OTRA SEMANA DE POLICHORROS
En un control de tránsito, la policía de Lanús detuvo un Ford Galaxy que circulaba sin chapas patente. Dentro del auto encontraron una pistola calibre 32, tres carteras de mujer, billeteras, chips de celulares y teléfonos varios. El conductor quedó detenido, y poco después se lo identificó como autor de varios robos en Valentín Alsina y otras localidades del conurbano sur. ¿La sorpresa? Ninguna. Era un cabo 1º de la policía federal, que ya estaba suspendido desde el pasado 13 de agosto por otros delitos.

En Orán, Salta, ya sabemos que hablar de narcotráfico o contrabando necesariamente implica a la verde gendarmería. En estos días, fueron siete los gendarmes del escuadrón 20 que quedaron detenidos, junto con cómplices civiles, por contrabandear productos textiles y juguetes.

Y en Rosario, cinco policías de la inefable santafesina fueron detenidos por integrar una banda que se dedicaba a “mejicanear” a otros delincuentes. Amparados en aquello de que “ladrón que roba a un ladrón…”, los uniformados son responsables de una veintena de robos a personas con prontuario, lo que les daba la seguridad de que sus andanzas no serían denunciadas. El modus operandi era bien simple: hacían inteligencia sobre sus potenciales blancos como si se tratar de investigaciones oficiales, y luego los robaban, siempre de uniforme y con sus armas reglamentarias. “No le hacían asco a nada. Mejicaneaban dinero en efectivo o la droga“, publicó un diario local, citando una fuente reservada. En el caso que provocó su caída, cebados de impunidad, como no encontraron suficiente dinero forzaron a la víctima a ir, con ellos, a domicilios de sus socios para recaudar una suma decente. El hombre se animó a hacer la denuncia, y pudo probar lo ocurrido con las filmaciones de cámaras de seguridad en una estación de servicio.

Casi al mismo tiempo que estos cinco entraban en prisión, una jueza condenó a seis años de prisión a otros cuatro policías santafesinos que hace dos años, en enero de 2008, extorsionaron a dos turistas en un peaje cerca de Rosario. Como uno de ellos era un ciudadano español, subieron la apuesta, y en lugar del clásico “para el vermouth y la picadita”, le exigieron 800 euros. Mostrando su preocupación por la seguridad de los extranjeros que nos visitan, el español fue retenido hasta que los policías lo escoltaron a la oficina de Western Union donde llegó el dinero girado por su familia.

Finalmente, ya nadie se acuerda del policía bonaerense Manuel Mateos, detenido por el robo enla Secretaría de Derechos Humanos provincial, de la polibanda que secuestró al empresario Bergara, de los 1.000 kilos de droga de la banda multifuerzas de Avellaneda ni de la gran “mejicaneada” de la planta transmisora de La Plata, donde, además, se mataron entre ellos.

De nuevo: el aparato represivo estatal dirige, gerencia y protagoniza desde el delito del chiquitaje hasta el crimen organizado en Argentina.

GENDARMERÍA ARGENTINA DIRIGE LA REPRESIÓN EN HAITÍ
La ONU pidió colaboración y la presidenta argentina, “siempre lista”, no la hizo esperar para designar al comandante general retirado de la gendarmería argentina, Gerardo Chaumont, para presidir la jefatura de la policía en Haití, tras el devastador terremoto que dejó miles de muertos en ese país. “Esta decisión es, además de solidaridad, en virtud de que somos activos participantes de Minustah”, dijo Cristina Kirchner en referencia a la “misión de paz” de Cascos Azules localizada en Haití.

Es que la preocupación central de los gobiernos y de los organismos internacionales, como de costumbre, no es resolver las necesidades de un pueblo que ha sido totalmente devastado, sino tener a disposición los mejores mecanismos represivos para mantener el orden en medio de tanta desesperación.

Cristina Kirchner hizo saber los méritos del comandante retirado que ejerció el cargo de subdirector de gendarmería entre los años 2003 y 2004, mientras que participó en “misiones de paz” de la ONU en las Repúblicas de Chad, Centro de África y en la misma Haití, donde ejerció cargos similares al que le fue encomendado por la ONU.

Lo cierto es que desde 2004 los haitianos padecen a tropas de diferentes países disciplinando a pura bala, entre robos, violaciones y represión generalizada.

Pero no hace falta viajar tantos kilómetros para saber lo bien preparada que está la gendarmería nacional para garantizar el “orden” en casos de catástrofes. Bien lo saben los santafesinos, que, en 2003, al igual que hoy en Haití, sufrieron que, a punta de rifle, se garantizara con represión que las víctimas de la gran inundación se resignaran, “pacíficamente y con paciencia” a esperar las migajas repartidas en las famosas “ayudas humanitarias” que tanto demoran en llegar.

REPRESIÓN Y PICANAS EN SALTA
Salta, viernes 15 de enero de 2010. Tras las constantes subas del boleto de transporte publico, se anunció una más. Un grupo de 300 personas, en su mayoría estudiantes universitarios, se manifestaron en contra. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los “delfines” jóvenes que aspiran a conducir la “renovación” postkirchnerista del PJ, demostró no ser menos que su antecesor (recordemos la represión a los docentes “Noche de las Tizas”), y mandó a la infantería a “despejar la manifestación”. Luego de una primera tanda de balas de goma, vinieron los gases y las picanas portátiles, las mismas que veremos en manos de la policía de Macri.

Estas picanas portátiles (stunt gun), útiles para el bolsillo del caballero policía o la cartera de la dama ídem, son funcionales para inmovilizar, torturar y matar y están vetadas para su uso por el Comité Contra la Tortura de la ONU y hasta por Amnistía Internacional. En la ciudad de Buenos Aires, con la sinceridad represiva que lo caracteriza, Mauricio Macri anunció públicamente que su policía las usaría, lo que generó un hipócrita coro de repudio encabezado por sus “opositores” locales, en un arco que va desde los “progres” de Proyecto Sur hasta la Coalición Cívica, el kirchnerismo y otros sectores peronistas. Ninguno de ellos, obviamente, objetó su uso por la policía del promisorio gobernador salteño.

En la manifestación hubo un detenido y decenas de golpeados, gaseados y electrocutados. El hombre de 60 años fue acusado de “resistencia a la autoridad” (no se dejo picanear tranquilo) y “hurto” (quiso sacarle el handy al oficial a cargo para que no recibiera más ordenes de reprimir).

Una vez más, vemos cómo la policía reprime personas que pelean por sus derechos. Ni a la dirigencia política, ni a la policía este tema les toca, pues son ellos los que viajan gratis a todo lujo (aviones, coches privados pagados con los impuestos, etc.), mientras los trabajadores, docentes, estudiantes pagan fortuna por un servicio pésimo y que no da abasto.

REPRESIÓN Y MOVILIZACIÓN POPULAR EN FRANCIA
Woippy, una ciudad de 15.000 habitantes en el noreste de Francia, fue escenario de una masiva movilización que culminó con fuertes enfrentamientos con la policía frente a la comisaría local. Los manifestantes denunciaban la muerte de un joven de 19 años, Malek, asesinado por la policía durante una persecución. Malek, su hermano y un amigo circulaban en un ciclomotor sin usar cascos, por lo que los gendarmes los persiguieron hasta causar que cayeran del vehículo. Malek murió y los otros jóvenes resultaron heridos. La fuerte represión policial contra la marcha de homenaje, encabezada por la madre de la víctima, generó la defensa de los jóvenes, con piedras y palos.

El episodio no es único ni aislado. En julio pasado, en los suburbios de Firminy, la muerte de un joven en una comisaría fue el inicio de una serie de protestas juveniles contra la policía. Otros hechos similares en diversos lugares, siempre con jóvenes hijos de trabajadores pobres o inmigrantes como víctimas, se encadenan hasta llegar a las jornadas de rebelión que sacudieron los suburbios de Paris en 2005, cuando por varios días los vecinos organizados resistieron a la policía.

Dijimos entonces: “El capitalismo no distingue por su división política, ni traza sus meridianos en relación a los puntos cardinales. El capitalismo divide entre ricos y pobres. Pero, desde hace un tiempo, se va quedando sin coordenadas para ocultar que el pueblo se empieza a cansar de los límites, de las fronteras y de las habituales prácticas de sus prefectos, policías, gendarmes, carabinieris, securité, o como sea que llamen a sus desclasados de reglamentaria y uniforme. Todos, aquí y allá, fusiladores de pobres, por orden y cuenta de la burguesía”.

GATILLO Y REPRESIÓN EN DON TORCUATO
El viernes 15 de enero, dos personas robaron un auto en Don Torcuato. Como de costumbre, el operativo policial se descargó a los tiros sobre la villa San Jorge, uno de los barrios más pobres de la zona. Uno de los escopetazos impactó en la cabeza de Héctor Omar “Coco” Villanueva, un vecino del barrio de 60 años, que salió a la puerta del comercio donde estaba, en medio del tiroteo, para pedir a los policías “no tiren, que hay chicos”. El dueño del comercio, que quiso auxiliarlo, recibió un disparo en la pierna. Cuando la esposa del trabajador quiso acercarse al herido, un policía le gritó: “Si te acercas te mato a vos también”. “Coco” murió un par de horas después, en el hospital de Pacheco.

Los vecinos de la villa San Jorge, movilizados en repudio a la represión, cortaron las vías del Ferrocarril Belgrano y el sábado 16 se concentraron frente al destacamento de la Policía Buenos Aires 2, en Avenida Del Trabajo al 1300. El mismo día, personal del Comando de Patrullas de Tigre y San Fernando, de la Comisaría 3ª de Don Torcuato y de gendarmería, protagonizaron un operativo represivo en el que las balas policiales mataron a un joven de 16 años, Facundo Vargas, que participaba de la marcha.

La familia Villanueva, patrocinada por abogados de CORREPI, ya está interviniendo en la causa que instruye la fiscal de Pilar. Aunque la versión policial intenta probar que el disparo que mató a Villanueva no fue hecho por los policías, la fuerte reacción popular ya logró que dos efectivos fueran desafectados administrativamente.

La represión policial y la lucha organizada en su contra no es una novedad para el barrio, epicentro de la actividad, a principios de esta década, del Escuadrón de la Muerte que lideraba el sargento Hugo Cáceres, alias “el Hugo Beto”, condenado con su lugarteniente Anselmo Puyó por el homicidio de Guillermo “Nuni” Ríos, ocurrido en 2001, y responsables de una docena de ejecuciones de pibes de la zona… Como entonces, se repitan los nombres de las dependencias policiales intervinientes, las mismas que nutrían con sus hombres al escuadrón, que, aunque desarticulado tras la condena de su jefe en 2004, goza de buena salud.

MÁS MUERTES EN LUGARES DE DETENCIÓN
El 21 de noviembre, Marcelo Paniagua Sánchez (28), preso en Melchor Romero, murió de una puñalada en el pecho. Romina Leota apareció “suicidada” en el pabellón nº 5 de la UP 3 de Ezeiza el viernes 27 de noviembre a la noche. El 5 de enero, en Rawson, Sergio Antonio Alderete (34) murió por fuertes convulsiones, debido a que no recibía atención médica ni la medicación necesaria por la epilepsia que sufría hace años a causa de una grave herida que tuvo en la cabeza. En 10 días salía en libertad. En la UP 13 de Junín, el 24 de enero, Diego Céspedes Díaz (28) murió luego de recibir un puntazo en la zona de la clavícula. El 17 de enero, en Viedma, Pablo Coliqueo, joven mapuche, murió “ahorcado” en los calabozos de la comisaría 1ª apenas dos horas después de ser detenido por una contravención.

Buena parte de esas muertes, presentadas como inverosímiles suicidios o resultado de peleas entre presos, son consecuencia directa de la aplicación sistemática de torturas a detenidos. En la misma semana, personal de la comisaría de Viedma donde murió el joven Coliqueo fue denunciado por tormentos por un muchacho de 18 años y otra denuncia similar fue hecha por los padres de dos chicos de 16 y 18 años en Corrientes. Y en Chaco, un grupo de familiares de presos se movilizó para denunciar las permanentes torturas a detenidos, y la muerte, en uno de los casos, del joven Ramón Martínez, fallecido once días después de ser apaleado en su celda.

En estos días se conoció un informe del CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos de la CTA) que enumera 78 muertes en lugares de detención durante 2009, cifra similar a la que surge de nuestro Archivo de Casos. La sintética lista de los párrafos anteriores permite inferir que, sin dudas, la cantidad real de personas muertas en cárceles, comisarías e institutos de menores es todavía mayor, y confirma que estar preso representa, después del gatillo fácil, la principal causa de muerte a manos del estado.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Sábado 30 de enero, 20:00, escrache de vecinos y organizaciones locales a la comisaría 1ª de Villa Gesell, para denunciar la represión policial sostenido contra trabajadores y jóvenes de la zona. Llevará la adhesión y el saludo de CORREPI a la actividad nuestro compañero Antonio Espasa (esposo de Sonia Colman).