2ª Edición, con AVISO URGENTE.
Sumario:
1. Torturan a dos Pibes del Barrio Facundo Quiroga II en Olavarría. 2. Tucumán: De nuevo, no hay condena para la tortura. 3. Polichorros, el crimen organizado. 4. Tortura progresista. 5. El estado burgués, peor que el terremoto.
6. Próximas actividades.
AVISO URGENTE:
EL TOC Nº 2 DE SAN ISIDRO SUSPENDIÓ EL JUICIO POR ROMINA LEMOS PORQUE NO ES PRIORITARIO JUZGAR A UN POLICÍA QUE FUSILÓ UNA NENA PORLA ESPALDA. EL MARTES 16, ESCRACHE A LOS JUECES QUE SE NIEGAN A JUZGAR A LOS POLICÍAS FUSILADORES.
Cuando este Boletín ya estaba saliendo, nos enteramos que el Tribunal Criminal nº 2 de San Isidro decidió SUSPENDER el juicio oral contra el policía Cristian Luján González, que el 30 de abril de 2006 fusiló por la espalda, con una pistola ametralladora UZI, a la niña Romina Lemos, de 15 años de edad. Por eso emitimos esta nueva edición corregida.
Según el despacho firmado por los jueces, resulta necesario ordenar la agenda de juicios del Tribunal, dando prioridad a las causas con detenidos, por lo que suspendieron sin fijar nueva fecha el debate que debía comenzar el próximo martes 16 de marzo a las 9:00.
Dos aclaraciones necesarias: 1) Es la segunda vez que se suspende este juicio. Ya ocurrió el año pasado, en el mes de septiembre. 2) Es cierto que en esta causa no hay detenidos. No los hay porque el homicida está excarcelado desde el mismo momento del hecho, sólo porque es policía. Cualquier otra persona acusada por homicidio (simple, según el fiscal, con pena de 8 a 25 años; calificado según la familia, que pide prisión perpetua) estaría detenida durante el proceso.
Es decir, primero beneficiaron al asesino con una libertad de la que no gozan los miles y miles de presos sin condena por delitos contra la propiedad, y ahora, usando ese privilegio de excusa, se niegan a juzgarlo por segunda vez. Con creciente frecuencia vemos este tipo de ardides para sustraer a los represores de la condena. El año pasado una maniobra similar suspendió el juicio por el fusilamiento de Miguel Da Silva el día que debía comenzar, y sigue sin tener fecha para reanudarse el juicio contra el policía asesino de Héctor Pule Otero, iniciado hace más de dos años.
La familia, los amigos y vecinos de Romina y CORREPI no vamos a consentir mansamente esta nueva muestra de cómo privilegian los administradores del poder a sus perros guardianes. El martes 16, a las 9:00, estaremos frente a los tribunales de San Isidro, para denunciar públicamente esta política oficial de protección a los represores y escarchar a sus ejecutores, los jueces. Simultáneamente, nuestros abogados denunciarán la denegación de justicia ante la Cámara de Apelación y Garantía Departamental, porque no dejamos de utilizar todas las herramientas disponibles. Convocamos a todos a acompañarnos, el 16 de marzo a las 9:00, en Ituzaingó 340, San Isidro.
TORTURAN A DOS PIBES DEL BARRIO FACUNDO QUIROGA II EN OLAVARRÍA
Olavarría es una ciudad con poco más de 100 mil habitantes, a unos350 km de Buenos Aires. Es una ciudad rodeada de fértiles campos y canteras que explotan grandes empresas como Loma Negra. Tiene una de las mayores concentraciones de policía de la provincia, uno cada 234 habitantes. Saliendo del centro hacia el oeste, desaparecen las anchas calles asfaltadas y las columnas de alumbrado y nos internamos en un laberinto de calles de tierra totalmente deterioradas, donde, con suerte, hay un farolito por esquina.
Es el barrio Facundo Quiroga II, donde vive un centenar de familias de trabajadores. De trabajadores sin trabajo, porque los cálculos más optimistas estiman que el 80% de los jefes de familia están desempleados. Como en cualquier barrio de trabajadores, los pibes son la mayoría de la población. Pibes que, para ir a la escuela más cercana, tienen que tomar el único colectivo que pasa por la salida del barrio, y después caminar 15 cuadras.
En marzo del año pasado, con la excusa de buscar a un ladrón, se desató sobre el Facundo Quiroga II un operativo monstruoso, donde centenares de policías arrasaron con las humildes viviendas, hirieron a más de 20 vecinos y torturaron a los que detuvieron. La movilización popular y la firmeza con que grandes y chicos denunciaron la represión policial costó la militarización del barrio y un férreo control sobre sus habitantes.
A mediados de año, cuando viajamos a presentar el libro Represión en Democracia en el espacio cultural Insurgentes, comprobamos personalmente el nivel de saturación policial y sus blancos favoritos. Unos chicos del barrio que asistieron a la charla fueron interceptados por policías apenas pisaron la calle. La cosa no pasó a mayores sólo porque los demás compañeros que salían de la actividad los rodearon y rescataron.
El viernes pasado, dos policías de la comisaría 2ª interceptaron a dos chiquilines de 15 y 16 años en el barrio Facundo Quiroga II. Los detuvieron e interrogaron por un presunto robo de una consola de videojuegos. Luego, uno de los policías, de apellido Molina, los increpó, desafiándolos a pelear a trompadas. Finalmente dispararon sus Ithakas, provocando 27 perforaciones de balas de goma en las piernas del chico de 16 años y dos en las del pibe de 15.
Inmediatamente los vecinos -grandes y chicos- protegieron a los heridos frente al desembarco de una flota de seis patrulleros que tuvieron que emprender regreso sin lograr el cometido de detener a sus víctimas. Sin embargo, como siempre decimos, la cadena de impunidad no se completa sin la mano del poder judicial. La madre del joven más perjudicado fue invitada por el defensor oficial Dr. Samuel Bendersky a no avanzar con un habeas corpus preventivo, postergándolo hasta que pasara algo.
CORREPI, junto al espacio Insurgentes, acompañará la denuncia de los jóvenes y sus familias, y la movilización a la que muchos de los habitantes de Olavarría se han comprometido, para hacer saber que no se van a acostumbrar a que la tortura siga siendo la regla para los pobres en sus barrios.
TUCUMÁN: DE NUEVO, NO HAY CONDENA PARA LA TORTURA
El 8 de octubre de 2006, como ya estamos más que acostumbrados, los diarios titularon “confuso episodio…”. En el marco de una detención, el sargento Vera y el cabo Carrizo, mataron a golpes a una persona. Según los policías, David Pérez se estaba escapando cuando trató de saltar una reja y al caer se autoprovocó todos los golpes.
“Les juro por mis hijos que lo único que hicimos de corazón es auxiliar a ese hombre. Somos inocentes“, dijo uno de los policías. El miércoles 3 de marzo un tribunal, integrado por María Raquel Asís, Elena Grellet de Barrionuevo y José Alfredo Garzia, entendió que mentían y los condenó por abuso de autoridad en la persecución de la víctima y falsedad ideológica. Aunque todavía no esta firme la condena.
Los resultados de la autopsia forense, develaron que David Páez presentaba 12 lesiones en todo el cuerpo, pero el tribunal condenó a los policías a 6 años de prisión por tratar de detenerlo arbitrariamente y por mentir en sus declaraciones, negando una vez más la existencia de tortura por apaleamiento que condujo a la muerte de Paéz.
De nuevo, dos policías asesinos saldrán nuevamente a la calle dentro de poco y, seguramente, ofrecerán sus servicios como custodia privada. De nuevo comprobamos que el artículo que castiga la tortura seguida de muerte con prisión perpetua no está en los códigos penales que usan los jueces.
POLICHORROS, EL CRIMEN ORGANIZADO
Para lavarle la cara a la institución encargada del control social y, por lo tanto, de la represión a los trabajadores y el pueblo, cada tanto hacen públicas acciones de autopurga.
Esta vez sacaron a la luz el caso del suboficial Milton C. de la policía de Santa Fe, que quedó detenido por robar 14 pistolas 9 mm. de la Jefatura de San Lorenzo, para venderlas.
También hicieron pública la detención de un oficial y seis agentes de la policía de Misiones por apropiarse de $300.000 que habían sido robados a un comerciante. Parte del botín fue escondido por un policía en un pastizal cercano al destacamento de Santa Ana. Otro poco fue encontrado en el cielorraso de la casa de uno de los policías detenidos.
¿Y el resto del botín? Fue objeto de maniobras policiales, asumió el comisario general Víctor Rutschman, subjefe de la policía misionera.
Se da muestra una vez más, como venimos publicando en este boletín, de la frecuencia, habitualidad, sistematicidad e impunidad de la organización de las instituciones represivas.
TORTURA PROGRESISTA
El Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR) fue esta semana escenario de nuevas protestas contra las condiciones de hacinamiento en las que están obligados a vivir los pibes que allí se están rehabilitando.
En un edificio con cuarenta y ocho plazas, hoy son sesenta y uno los jóvenes que están alojados en condiciones infrahumanas. Algunos de ellos en celdas sin agua ni baño.
Son también habituales las torturas aplicadas contra los chicos por parte del servicio penitenciario, que controla al lugar pese a las denuncias ante organismos internacionales de DDHH por la violación que eso representa a la legislación en materia de infancia. El último caso conocido es el de dos chicos de 16 años que, esposados, fueron golpeados por personal de esa fuerza, dejando marcas visibles en la espalda y en la cabeza.
Esto desencadenó un lógico y desesperado reclamo: el 1º de marzo los chicos iniciaron, en varios sectores del instituto, una protesta con quema de colchones pidiendo mejores condiciones de vida. Es sabido que una modalidad tan riesgosa (en abril de 2007 se cobró la vida de Néstor Salto, de 17 años, en una celda del lugar) sólo puede ser llevada adelante cuando ya están agotadas todas las instancias previas de reclamo.
Es que el gobierno del socialista Binner, a más de dos años de haber asumido, continúa dando muestras de ser uno de los más hábiles representantes de las políticas represivas del estado: mientras pregona sobre progresismo, somete a los pobres, desde pibes, a la tortura sistemática en sus institutos.
EL ESTADO BURGUÉS, PEOR QUE EL TERREMOTO
La tierra tiembla. Como a la clase dominante, a la tierra no le interesa si sobre sus placas reina la democracia o la dictadura. Desde Pinochet, Chile es orden y autoridad, consumo desenfrenado para algunos y sálvese quien pueda para casi todos. Si algo le faltaba al sufrido pueblo hermano era un terremoto como el que lo azotó recientemente, y, además, que el estado de la “socialista” Bachelet y del “exitoso pinochetista” Piñera “se ocupara” de su situación.
Si la tierra se conmueve como lo hizo y deja en el desamparo y la desolación a millones de hombres y mujeres pobres, la respuesta del estado es la misma siempre: estado de excepción, toque de queda y represión.
¿Es sólo paradójico que a la zona de desastre llegaran primero más de 10 mil uniformados armados que el agua y la comida?
El mismo estado al que ayudan los medios con su espectáculo del horror instalado para que nos acostumbremos y los micrófonos que “muestran” cómo una “horda delincuencial” ataca la propiedad privada… de los hipermercados, no trepida en enviar miles de uniformados para reducir, detener y restablecer el orden en medio de los escombros.
¿A quiénes redujeron y detuvieron? ¿Qué orden restablecieron? ¿Redujeron acaso a los funcionarios que no previeron ni organizaron respuestas frente a la magnitud de una tragedia anunciada? Estudios científicos predijeron que el fenómeno de la subducción se daría en la zona del Maule y con la intensidad que finalmente tuvo (revista de ciencia “Physics of the earth and planetary interiors” N° 175 pág. 78-85 del 2009).
¿Detuvieron quizás a los empresarios del circuito inmobiliario que construyeron y vendieron casas cuyos defectos de estructura fueron trampas mortales para centenares?
¿O redujeron y detuvieron a gente desesperada, sedientos y hambrientos de futuro, pobres que en situación extrema dejaron al desnudo la verdadera cara del país espejo, del modelo a imitar?.
La tierra, de tanto en tanto, tiembla y hace lo que hizo en Chile. El estado burgués tiembla siempre y en todos lados y sus víctimas superan holgadamente los muertos en catástrofes naturales. ¿Queda claro cuál es el orden que intentan restablecer?
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
16 de marzo, a las 9:00, movilización y ESCRACHE frente a los tribunales de San Isidro, Ituzaingó y Acassusso, en repudio a la suspensión del juicio oral al policía Cristian Luján González, por el fusilamiento de la niña Romina Lemos.